martes, 31 de marzo de 2009

SAN LUIS SIN JUSTICIA: HABLO EL SUPERIOR TRIBUNAL Y LE ATRIBUYE LA CULPA A LOS ABOGADOS...
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Para el STJ fue “insólita” y “advierte un trasfondo político partidario”
El Superior Tribunal de Justicia de San Luis, salió al cruce de la marcha realizada el viernes pasado, contra su mal funcionamiento, con un comunicado de prensa, donde la tilda de “insólita” y “advierte un trasfondo político partidario” en su organización, al señalar, de arranque nomás, que “luego de una insólita marcha por las calles de la ciudad -encabezada por una parodia de la justicia, que agravia a la JUSTICIA con mayúscula y desmerece a sus mentores- se presentó ante este Superior Tribunal, el 27/3/09, una nota suscripta por miembros del Directorio del Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis y otros abogados”.Al STJ puntano el árbol le tapa el bosque, y en vez de declarar de oficio la inscontitucionalidad de la la ley Nº IV-0655-2008, solo dice que lo hará con prudencia y mesura... ( los Rodríguez Saá, desde ya agradecidos...
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En su tercer párrafo, se lamentan porque sostienen que el Colegio de Abogados de San Luis “no haya podido transmitir adecuadamente a los Jóvenes Profesionales y al resto de sus asociados, con claridad y precisión, los temas considerados, como la posición del Tribunal frente a los mismos”, y aunque señalan no tener “ánimo de polemizar”, aducen que “se advierte un trasfondo político partidario y de intereses de otro tipo en la realización de la marcha”, por lo que emiten el comunicado “para evitar confusiones en la opinión pública”.
En primer lugar, sostienen que “este Tribunal no coincide con la calificación dada de ‘crisis existente’”, pero a pesar de ello, admiten que “se reconocen expresamente los esfuerzos denodados que realizan magistrados, funcionarios y empleados para paliarla y superarla, la mayoría de los cuales colaboran sin retaceos en tal tarea, en la que también participan algunos pocos conspicuos y distinguidos abogados de las tres circunscripciones judiciales” y endilgan la morosidad judicial a abogados que “más allá de la legítima defensa de los derechos de sus clientes, abusan de los vericuetos procesales, dilatando en demasía los procesos”.
El máximo tribunal puntano, respecto de la ley que limita a seis meses, la duración de los funcionarios judiciales provisorios, “rechaza la exhortación que se realiza -aunada a la de la Federación Argentina de Colegios de Abogados- que pretenden un pronunciamiento del Tribunal en relación a la limitación al mandato de los mismos introducida por ley, sin la existencia de un ‘caso’ judicial, máxime cuando ninguno de los magistrados y/o funcionarios directamente afectados, ni los Colegios Profesionales han realizado planteo formal alguno” y le reprocha al Colegio de Abogados de San Luis, la presentación realizada por el Superior Tribunal “a los otros Poderes del Estado un anteproyecto de ley, prorrogando el plazo a un año, y con la intención de paliar las consecuencias previstas de la ley sancionada”, porque “no fue considerado o compartido por los mismos”, y que “tampoco fue acompañado u apoyado por los letrados del foro”.
En su defensa, sostienen que “para mitigar esas consecuencias, este Superior Tribunal acaba de concretar la realización de un concurso para cargos de Secretarios que, concluído (sic) el proceso de selección y designación, serán destinados, a breve plazo, a reforzar los Juzgados y dependencias del Ministerio Público que se encuentran vacantes”, y también a modo de reproche, aclaran que “la demora en la consideración de las propuestas para la designación de Magistrados y Funcionarios remitidas por el Poder Ejecutivo, no es responsabilidad de este Tribunal, ignorando las gestiones que el Colegio pudiera haber realizado al efecto”.
Sobre el pedido para que el Superior Tribunal, “se abstenga, sin más, de aplicar la ley Nº IV-0655-2008”, sostienen que “no prejuzgará y SÍ JUZGARÁ con la prudencia, mesura y responsabilidad que el caso merece, cuando lo deba hacer, destacándose -al igual que en el caso anterior- que ni los interesados ni los Colegios Profesionales han realizado, hasta la fecha, presentación formal alguna que obligue al Superior Tribunal a expedirse jurisdiccionalmente”.
En respuesta a las críticas que sostienen que la informatización no se realizó en la forma adecuada, afirman que “las bases y condiciones de la licitación fueron programadas y establecidas por este Superior Tribunal a través de su Secretaría de Informática”, y aunque admiten que “en la implementación del sistema, lento y complejo, sin duda que se presentan inconvenientes y problemas que deben irse superando paulatinamente”, pero sostienen que “se concretará inexorablemente, mal que pese a los detractores que siempre existen”.
Finalizando el comunicado, reiteran que “este Superior Tribunal -como lo ha hecho desde su actual integración- defenderá a ultranza la independencia y autoridad de todos los estamentos del Poder Judicial de la Provincia, no sólo frente a los otros Poderes del Estado, sino ante cualquier otra entidad pública o privada, personas físicas o jurídicas, que pretendan avasallarla respondiendo a intereses sectoriales, a veces espúreos (sic)”, y que “ejercerá en plenitud -a su sola discreción y cuando lo considere oportuno- las facultades que le son concedidas por la Constitución Nacional y por la Constitución de la Provincia”.
Nota de la Redacción: En el comunicado, se menciona “la ley Nº IV-0655-2008”, como la que establece que los juicios perdidos por los Poderes Judicial y Ejecutivo, deben ser afrontado con el presupuesto del primero, pero figura como “Ley Nº X-0655-2008” en la versión digital del Boletín Oficial, aunque en el “DECRETO Nº 7541-MGJyC-2008” que la promulga, figura el mismo número que en el comunicado del Superior Tribunal de Justicia de San Luis. ¿Este error de publicación podrá dejar sin efecto la ley?
http://ministerios.sanluis.gov.ar/res/media/pdf/18462.doc

Informe: Carlos Rubén Capella carlosrcapella@yahoo.com.ar
http://www.periodistasenlared.info/marzo09-31/nota1.html
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Crisis judicial
Un delicado equilibrio entre los poderes en pugna

La situación en la justicia es crítica, más allá de quien quiera o no reconocerlo. Las tensiones están llegando a su punto máximo, aún cuando los propios actores de esta disputa no tengan el convencimiento pleno de seguir estirando la cuerda hasta cortarla.
Se equivoca el Superior Tribunal al no admitir la crisis, ya que por solo tomar un par de ejemplos, en San Luis de los tres juzgados del crimen de primera instancia existentes, solo funciona correctamente uno. El Nº 3 no tiene juez desde que se creó. Primero tuvo jueces provisorios y ahora actúa por el mecanismo de subrogaciones y el Nº 1 funciona apenas, debido a la enfermedad de su titular, Mirtha Esley, que podría llevarla incluso a pedir su jubilación.
En Villa Mercedes, la falta de nombramientos también ha paralizado gran parte de la estructura judicial. Muchos juzgados se encuentran abarrotados y los judiciables esperando desde hace tiempo.
Si esa situación no es crítica, ¿a qué se denomina crisis?
Pero también es cierto que a pesar de la lentitud con que se producen, han habido algunos cambios significativos a partir de la designación de los actuales ministros del Superior Tribunal. Y eso, los abogados más viejos, lo saben. Quien conoció la era Sergnese o el período Catalfamo, pueden reconocer las diferencias perfectamente.
"Aunque no se trate de la composición ideal, es la que ha terminado con algunas situaciones que se venían dilatando en el tiempo, que beneficiaban al Ejecutivo y minaban la independencia de la Justicia en relación al poder político", indicó un profesional del derecho de dilatada trayectoria. "Pero con eso, obviamente, no alcanza", aseveró.
"Esas desobediencias, entre comillas, de los actuales integrantes, ha hecho de que el poder político presione para conseguir sus renuncias", porque "pretende sumisión completa" agregó y "a la mala calidad en la prestación de justicia se le suma el fogoneo que se viene haciendo desde algunos sectores del oficialismo" para conseguir que se vayan.
El Colegio de Abogados de San Luis estaría, de alguna manera, entrampado en esta situación, ya que algunos de sus integrantes consideran "un salto al vacío" si se presiona al actual tribunal, pero también saben que la falta de definición en algunos temas -el más grave el de la ley que obliga a la justicia a pagar de sus propios recursos los fallos que salgan en contra del Estado- irá aumentando el descontento y la situación se haría insostenible.
Alberto Rodríguez Saá, en la vereda de enfrente, se ha sentado a esperar "como pasa el cadáver de su enemigo" y mirá el espectáculo en el que él parece manejar sutilmente (o no tanto) los hilos.
En el escenario, los colegios de abogados de las dos circunscripciones más importantes, exigen definiciones del STJ, mientras que éste les enrostra que "ninguno de los magistrados y/o funcionarios directamente afectados, ni los Colegios Profesionales han realizado planteo formal alguno" en relación al tema de los jueces provisorios y un texto similar escribieron para problemática que genera la ley Nº IV-0655-2008, que maniata a la justicia. Pareciera que esperan que alguien tome el guante y los obligue a decidir, algo que por mandato constitucional pueden hacer de oficio.
Hay un delicado equilibrio a punto de romperse, desde ambos sectores realizan fintas y los pronunciamientos no parecen más que avivar el fuego y recalentar el aceite de la sartén. Pero lo peligroso sería, como dice el refranero popular, "tener que saltar de la sartén al fuego".
Informe: Gustavo Senn gustavosenn@gmail.com
http://www.periodistasenlared.info/marzo09-31/nota3.html

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Caso Jairo González
Duro comunicado de su cuñado donde no se salvan ni el juez, ni la fiscal, ni Poder

Pablo Guerra, cuñado de Jairo González, el joven asesinado por el policía Garay Lepez, emitió un durísimo comunicado de prensa, en el cual reparte culpas por la falta de justicia al juez Jorge Sabaíni Zapata, a la fiscal Elizabeth Giménez y al ministro de Seguridad, Daniel Poder, por su falta de políticas prometidas contra el abuso policial, a la vez que agradece “a los medios en general por apoyarnos en este dolor, y difundiendo”, las actividades de la familia en su pedido de justicia, y “que otros (medios) pretenden tapar”.
Tilda de “manoseado” al caso, además de “borroso y sucio”, desde el 10 de enero, cuando “el ‘señor’ juez (Jorge) Sabaini Zapata (apoyado en la decisión por la fiscal (Elizabeth) Giménez) decide no solo dejarlo en libertad, sino de paso cambiar la carátula de homicidio simple a culposo”.
“La justicia suele ser lenta”, dice, y va más allá al señalar que “cuan lenta será que ni se llamó a declarar a su testigo principal, María Guerra, esposa de la víctima, obvio sabemos el por qué”, hablando de los testimonios vertidos en la causa, Guerra sostiene que son “testigos inventados”, quienes “aportaron lo suficiente como que para que el juez y la fiscal de gran bondad cambie la carátula y deje libre a un asesino y de yapa a su cómplice”, y “de esta manera salvar el honor de la policía, tan cuestionada y ridiculizada (con razón) y el dicho acá nada pasó”, porque “pareciera que morir por parte de la policía ya es moneda corriente o los que mueren por algo será o en algo andaban”.
Pablo Guerra, sostiene que en el hecho “un policía fuera de sí, asesina a sangre fría a jairo un chico de solo 25 años padre de familia, esposo, hijo, trabajador, artista, músico, que solo había bebido y tenido un cruce verbal con su mujer nada más”, producto de “la ineficacia policial de dos inservibles agentes, un alférez Lepez que no pudo imponer su sabiduría como policía, para el cual de hecho a estudiado, (y) un auxiliar del plan ¿armado? Sí. Que jamás intervino ni para bien ni para aun peor”.
Según su cuñado, a Jairo “Lepez lo acribilló no antes de acorralarlo por 10 m y 80 metros a un patio lindero al barrio. Este policía realizó dos tiros intimidatorios a una persona desarmada, ebria, que jamás lo atacó, como quieren hacer creer, y ni se defendió, solo que no acato la manera de este policía de hacer las cosas a lo matón. Hoy ese matón tiene miedo de venir al barrio mismo donde fue un criminal. Lepez el tercer tiro se lo dio en la nuca, tal cual. Coria que hacia? Se tapó los ojos y no sabía que hacer”.
Respecto de Daniel Poder, sostiene que es “un aprendiz de ministro (o periodista diría) con promesas vanas como que si existe un responsable pagara... O habrá que ser duro con el policía. Quedaron en el olvido, se las llevó el viento chorrillero de seguroo alguna voz un poco mas arriba la soplo?” y refiere a las amenazas recibidas por “la mamá de Jairo, ‘Pety’ una mujer de 65 años, humilde, trabajadora, en dos motos un par de cobardes de seguro pagados con monedas por alguien al que le molesta las marchas tan pacificas y familiares, otra cobarde actitud”.Cuestiona las dos suspensiones de la reconstrucción del hecho, por cuestiones de seguridad, según los funcionarios judiciales, y no se olvida del gobernador Alberto Rodríguez Saá, de quien señala su “furia por las marchas” y menciona hechos donde hay policías vinculados, como “al pibe Lucero, las torturas, el robo de expedientes, el poli-ladron de autos y más casos recientes, lo que debe hacer deducir a todos que la policía de la provincia no anda muy bien, no? O que el inoperante periodista, ahora ministro Daniel Poder no está haciendo nada bien las cosas?”.
Por otra parte, denuncia la presencia en los actos de homenaje a Jairo, de policías de civil, integrantes del “cuerpo de inteligencia que merodeaba el festival, tristes matones a sueldo”.
Para finalizar, agradece a “los medios que nos apoyan en esta lucha tan dolorosa y rogamos si existe la justicia en san luis, que aparezca!! Se llene de pureza y castigue a estos asesinos, hoy libres y haciendo de las suyas de nuevo. La familia de Jairito, el alma de nuestro Jairo, lo agradecerá”.
Informe: Carlos Rubén Capella carlosrcapella@yahoo.com.ar
http://www.periodistasenlared.info/marzo09-31/nota5.html