lunes, 13 de abril de 2009

SAN LUIS SIN JUSTICIA: De como Rodríguez Saá aprieta a los jueces de la Corte puntana

Hace 11 años el Supremo Tribunal puntano echó a 11 funcionarias inconstitucionalmente. Ahora tiene que reincorporarlas e indemnizarlas por 11 millones de pesos. El Gobierno puntano, y la permanente presión a los jueces.
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Alberto Rodríguez Saá llegó al departamento de San Carlos el 10 de marzo como si fuera un colonizador para inaugurar una obra de pavimentación en aquella ciudad del Valle de Uco, gobernada por el demócrata Jorge Difonso. La empresa constructora estatal puntana tuvo a cargo la realización del proyecto vial, producto de una ingeniería administrativa donde la comuna contrató de manera directa a la constructora pública de la provincia vecina.
Así el gobernador de San Luis, gracias al intendente sancarlino, desembarcó en territorio mendocino para cortar las cintas y con una indisimulada intención proselitista. “El Alberto” quiere ser presidente; ya lo intentó en 2007, y pasó casi desapercibido, y en San Luis se asegura que insistirá en 2011.
La idea de Alberto, que junto a su hermano “el Adolfo” han dominado el poder político puntano desde el retorno de la democracia, es salir a vender una vez más el supuesto exitoso “modelo” de gestión.
Los Rodríguez Saá ven a Mendoza como un territorio a conquistar desde el mismo momento en que asumieron el poder hace 26 años. Y siempre han visto a los gobiernos mendocinos con recelo. Por ejemplo, es conocida la aversión de Adolfo contra el también justicialista mendocino José Pilo Bordón. Adolfo gobernó su provincia entre 1983 y 2001, mientras que el Pilo hizo lo propio en nuestra provincia entre 1987 y 1991.

Además los hermanos puntanos mantienen vínculos locales porque aquí tienen amigos y familiares como el primo Raúl que es médico (a la izquierda), y hasta la madre del último hijo de Adolfo es la mendocina Gisella Vartalitis, una auténtica adolfista.
En términos electorales a los Rodríguez Saá no les ha ido mal en Mendoza. Sólo basta recordar la perfomance de el Adolfo en la elección presidencial en 2003 donde compitió con los también peronistas Carlos Menem y Néstor Kirchner y el radical Ricardo lópez Murphy. Fue la urgente votación de abril de ese año luego de la debacle socio económica que sufrió el país.
De acuerdo a los votos mendocinos Rodríguez Saá tendría que haber sido presidente porque lo eligieron por encima de López Murphy y Kirchner, en ese orden.
Ahora bien, teniendo en cuenta este antecedente es mejor curarse en salud ya que la historia le ha dado una nueva oportunidad a los mendocinos para que mediten antes de la próxima elección para presidente.
Los constitucionalistas coinciden que para conocer el estado de un sistema democrático y republicano hay que conocer la situación del Poder Judicial. Para esto, y por recomendación de un observador puntano, hay que abstraerse de todas las otras aristas cuestionables que caracterizan a este San Luis de los hermanos Rodríguez Saá. El San Luis de las obras faraónicas como el autódromo de Potrero de los Funes y el San Luis con un creciente índice de indigencia social que se puede ver en las calles de la ciudad capital.
En este informe se relata un caso judicial que ya tiene 11 años y que por esa dilación se debe pagar 11 millones de pesos como indemnización. El asunto es una prueba de cómo el poder político de los Rodríguez Saá somete al Poder Judicial, primero por adicción, y luego por asfixia económica.


La increíble historia de las 11 secretarias
Hace 11 años los jueces supremos puntanos acataron las ordenes de los Rodríguez Saá, y ahora, desde 2005, otros ministros de la Corte puntana, menos maleables y con aspiraciones de independencia, son apretados por los poderosos hermanos obligando al Poder Judicial a pagar con su propio presupuesto indemnizaciones producto de las sentencias que ellos dictan contra el Estado “adolfista” y/o “albertista”.

Entre el 10 y el 12 de febrero de 1998 se verificó en San Luis uno de los capítulos más vergonzosos de la historia de las instituciones republicanas, señalan los abogados puntanos. En esos días el máximo tribunal de justicia de la provincia apoyado en una ley de emergencia decidió cesantear a 11 secretarias de juzgados.
Aquel Superior Tribunal de Justicia (STJ) puntano señalado como "obscenamente adicto" al poder político era presidido por José Carlos Antonio Serénese y los otros integrantes eran: Elvecia Gatica, Guillermo Catalfamo, Atilio Astudillo, y Oscar Gatica éste último es el único sobreviviente de aquella época.
La trascendencia nacional hizo que intervinieran de organismos como la Federación Argentina de Magistrados y Funcionarios y la Federación Argentina de Colegios de Abogados y desde el gobierno nacional de entonces, el Ministerio del Interior y el INADI, se movilizaron ante el escándalo puntano, sin precedentes durante esta etapa democrática.
Desde esos sectores reaclamaron a San Luis para revertiera la medida sin lograr respuesta alguna.
Las funcionarias echadas son: Adriana Carranza, María del Carmen Costanzo, Alicia Ceballos, Gabriela Marchisio de Mignon, Mariana Gabriela Estrada, Myriam Susana Segura, Laura Beatriz Ferrara, María Carolina Pérez Pinto, Estela A. Aragón, María Dolores Montes y Magdalena Luisa Olmedo.
En su mayoría tenían “una dilatada antigüedad y una trayectoria inobjetable” en el Poder Judicial, tal como se señala en los expedientes de los juicios que promovieron contra el Estado puntano. Salvo tres de las daminificadas, el resto presentó acciones de inconstitucionalidad y contencioso administrativas, y aún se siguen tramitando ante el STJ . La arbitrariedad fue evidente. Las mujeres judiciales fueron expulsadas sin sumario administrativo previo, que garantizara su derecho de defensa
Por supuesto que el mismo órgano de Justicia que las echó -con su anterior composición- rechazó las demandas, por lo que fueron apeladas ante la Corte de la Nación. En esa instancia se anularon los procesos y se ordenó al alto tribunal puntano que dictara un nuevo fallo acorde a sus gravedad de los casos.


El Procurador General de la Nación, y la Corte Nacional consideraron que la Corte puntana al rechazar las demandas con el único argumento de la vigencia de una ley de emergencia judicial, no abordó ninguno de los agravios constitucionales invocados por las secretarias.
Derechos vulnerados
Los derechos vulnerados fueron: la estabilidad consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, la igualdad ante la ley según artículo 16 constitucional, el derecho de defensa en juicio y la protección contra el despido arbitrario de acuerdo a los artículos constitucionales 18 y 14 bis. Todo esto agravado porque ninguna de las afectadas fue indemnizada.
Recién en 2006, el Superior Tribunal local con la actual composición, y con la lógica disidencia de Gatica ya que fue uno de los autores de las cesantías masivas, hizo lugar a la primera demanda de inconstitucionalidad presentada por una de las reclamantes Magdalena Olmedo.

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Los supremos jueces puntanos Florencio Rubio (presidente, arriba foto), Omar Uría, y Horacio Zabala Rodríguez ordenaron la reincorporación de la mujer al cargo que había perdido; pero rechazaron pagar la indemnización. Esto motivó un nuevo recurso federal ante la Corte nacional que ordenó el pago sin que todavía se haya cumplido.
El caso reviste de gravedad porque todavía quedan cuatro causas esperando sentencia en manos de los ministros puntanos. Para colmo en estos once años sin justicia en su casos, ya murieron las secretarias Carranza y Ceballos. El último fallo favorable ocurrió el año pasado.
Crisis en el Tribunal Supremo
El caso de las secretarias es una de las cuentas pendientes que tiene el Estado puntano, entre otras que involucran a la justicia provincial. La particularidad es que es el asunto que más ruido produce en los ámbitos públicos.
De tal modo que el mes pasado salieron a relucir las diferencias internas entre los ministros del STJ. Más precisamente entre Gatica, el sobreviviente de aquella corte adolfista y el resto de los ministros que se sienten presionados por el gobierno de Alberto.
El 18 de marzo corrió el comentario en los tribunales puntanos de la renuncia del hasta ese momento titular del Alto Tribunal. Al día siguiente el minstro de la Corte concedió una entrevista al portal informativo de San Luis Periodistas en la red. Este medio dio a conocer junto con esta entrevista un panorama de emergencia en el Poder Judicial de San Luis. Mirá los videos de la entrevista al juez Florencio Rubio.

Primer video: Rubio desmiente su renuncia.
Segundo video: el juez responde a la críticas de los colegios de abogados de San Luis.
Tercer video: El magistrado explica por qué el STJ no ha declarado inconstitucional la ley de emergencia en seguridad que impulsó Rodríguez Saá.
Cuarto video: el juez marca su postura con el llamado "juicio de las secretarias"
ver en videos en link abajo


Una ley para apretar a jueces
La Corte puntana se alineó al alto tribunal federal y adoptó nuevos criterios doctrinarios y jurisprudenciales entonces declaró la inconstitucionalidad de otras cesantías y dispuso las reincorporaciones e indemnizaciones en varias de las causas judiciales (en total suman 11 millones de pesos), aunque claro está que todas fueron apeladas por la Fiscalía de Estado a la a la Corte de la Nación con el evidente propósito de dilatar el cumplimiento de las sentencias.
Pero también hay otra explicación a esta demora. El motivo se encuentra en la ley provincial 655 aprobada el año pasado que obliga al Poder Judicial puntano el pago de las condenas contra el Estado Provincial con su propio presupuesto “cuando su causa son actos o hechos del Poder Judicial” en obvia referencia a estos casos.
Como antecedente de esta norma con tufillo a inconstitucionalidad el Fiscal de Estado lo dejó por escrito en cada una de las apelaciones que hizo.
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Jueces mendocinos en tierras de La Punta, y Alberto seduciendo al Viti
Justo el mismo día cuando en el Palacio Judicial de San Luis se hablaba de la renuncia del juez supremo Rubio, un grupo de cinco jueces camaristas mendocinos se disponían a cumplir con su tarea de evaluadores de aspirantes a jueces puntanos.
Uno de los magistrados comentó el 18 de marzo a MDZ, en el restaurante de un distiguido hotel puntano, que sólo se los contrata para que definan si el aspirante a juez "es o no apto" para la función. Es decir no hay calificación ni mérito que valga.
Este detalle trasluce que el gobierno puntano se asegura de cumplir con la formalidad de la evaluación como lo dispone la Constitución provincial pero le quedan libres las manos para digitar a su antojo a quién promueve como juez.
Sólo con este ejemplo se entiende por qué faltan jueces en San Luis, y por qué hay una proliferación de conjueces, o por qué hace una década se eliminó un juzgado de Paz de manera arbitraria y por qué en 2005 el Poder Judicial de San Luis estuvo a punto de ser intervenido. Algo que todavía se recuerda en esta provincia cuyana.

Todo esto pasa al mismo tiempo que Alberto Rodríguez Saá hace migas con el intendente de la Ciudad de Mendoza, Víctor Fayad (izquierda) para ofrecerle los "servicios" de su empresa pública.
Una estocada más de Alberto para generar negocios financiados por el Estado puntano y agigantar su figura para presentarse como candidato a presidente por alguna facción del peronismo.
Alberto tiene muy presente que en 2003, Mendoza eligió a su hermano Adolfo para la máxima magistratura provincial. Así es que la campaña, por lo que se ve, comienza en Mendoza.por Jorge Fernández RojasLink permanente: http://www.mdzol.com/mdz/nota/118500