miércoles, 29 de octubre de 2008

JUSTICIA EN SAN LUIS: DOMINADA Y AHORA SOMETIDA ECONOMICAMENTE..
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La cámara de diputados aprobó un proyecto de ley enviado por Rodríguez Saá por el cual los fallos en contra del Estado provincial ocasionados por el accionar de los miembros de la justicia, deberán pagarse en el futuro con el presupuesto de la justicia.Las razones de esta ley se remontan a cuando el entonces presidente del Superior Tribunal de Justicia , Carlos Sergnese, despidió a varias secretarías de la justicia porque no les eran funcionales al control del poder judicial por parte de los Rodríguez Saá.
Las perjudicadas realizaron juicios que luego terminaron en sentencias firmes contra el Estado provincial.
El presidente del colegio de Abogados solicitó a los jueces que declaren de oficio la inconstitucionalidad de la ley, desde la oposición se dijo que la ley pretende poner una mordaza a los jueces respecto a como deben fallar la próxima vez.
Ahora le toca al senado provincial – controlado totalmente por el rodriguezsaaísmo – terminar de dar sanción a la ley.
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Otro sometimiento para el poder judicial
Cuando falle en contra del Estado, el poder Judicial deberá afrontar la sentencia con recursos propios

En un evidente intento de frenar sentencias contra el Estado, ayer se aprobó por mayoría el proyecto de ley que establece que las sentencias judiciales que condenen al Poder Judicial o al Estado Provincial frente a terceros, deberán ser afrontados por ese poder, con su presupuesto de Gastos y Recursos.
El articulo primero del proyecto de ley destaca textualmente lo siguiente: “Establecer que las Sentencias Judiciales que condenen al Poder Judicial o al Estado Provincial por responsabilidad frente a terceros u obligaciones de cualquier naturaleza originadas en hechos o actos del primero, deberán ser afrontadas por el mismo, con su Presupuesto de Gastos y Recursos previsto en el Articulo 2° de la Ley de Autonomía Económica, Financiera y Funcional del Poder Judicial N° IV-0088-2004.
La ley intenta actuar como "un paraguas" ante la obligación que tendrá el Estado en el sonado tema conocido como "el caso de las Secretarias" judiciales que fueron separadas por el Superior Tribunal comandado por Carlos Sergnese, que "limpió" a las funcionarias que actuaban con independencia dentro del sistema judicial. También con otros casos, como el del juzgado de Paz Letrado de Justo Daract, que fue cerrado arbitrariamente por la misma conformación que actuaba en un todo en consonancia con los designios del Poder Ejecutivo que en ese momento estaba en manos de Adolfo Rodríguez Saá. De hecho, Sergnese hoy es el apoderado del partido Justicialista y es quien moviliza todas las acciones que desde allí se realizan.
Ayer, el miembro informante del proyecto de ley fue el diputado Carlos Alberto Cobo, presidente de la comisión de Finanzas, Obras Públicas y Economía.
Por su parte el legislador Juan José Laborda Ibarra participó del debate para cuestionar la iniciativa y dar las razones de su voto negativo y entre otras expresiones, señaló que en lugar de realizar una ley de estas características, debería haberse "embargado preventivamente la casa de Sergnese" por considerarlo "responsable" de esa acción que le costará al Estado una suma varias veces millonaria para indemnizar a las personas que fueron separadas de su cargo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en su favor.
Los colegios de Abogados de San Luis y Villa Mercedes hicieron conocer su desagrado y repudio por la iniciativa votada por el oficialismo.
Informe: Gustavo Senngustavosenn@gmail.com

fuente: Oficina de Prensa del la Cámara de Diputados
http://www.periodistasenlared.info/octubre08-30/nota2.html

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Colegio de Abogados de Villa Mercedes
También en contra de ley que afecta presupuesto del Poder Judicial

El Colegio de Abogados de Villa Mercedes, emitió un comunicado de prensa, en el cual, al igual que sus pares de San Luis, dejan manifiesta su oposición al proyecto de ley, que dispone en su artículo primero “establecer que las sentencias judiciales que condenen al Poder Judicial o al Estado Provincial, por responsabilidad frente a terceros u obligaciones de cualquier naturaleza originadas en hechos o actos del primero, deberán ser afrontadas por el mismo, con su presupuesto de gastos y recurso…”.
Ante esto, el colegio que agrupa a los abogados villamercedinos, sostiene que “dentro de los principios que pregonamos desde el Colegio de Abogados y Procuradores de la Ciudad de Villa Mercedes está la Defensa de las Instituciones, con la finalidad de mantener la supremacía de la Constitución contra todo acto que pretenda menoscabarla afectando la vigencia del Estado de Derecho”, por lo que “como institución de derecho publico, no puede quedar desligado de los actos de gobierno y debe pronunciarse sobre cuestiones de interés social”.
En este sentido, “el Colegio de Abogado y Procuradores de la Ciudad de Villa Mercedes repudia el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo por cuanto afecta la independencia del Poder judicial, poniendo límites a las decisiones judiciales contra el Estado provincial, condicionando la autarquía y la plena autonomía económica, y financiera del Poder Judicial”, y “atento a la gravedad institucional del proyecto de ley, comuníquese a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA)”.
Informe: Carlos Rubén Capella
carlosrcapella@yahoo.com.ar
http://www.periodistasenlared.info/octubre08-30/nota3.html
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Colegio de Abogados: Es un castigo al Poder Judical del Poder Político
Tribunales con plata solo para sueldos para el 2009
El presidente del Colegio de Abogados de San Luis Guillermo Belgrano Rawson, afirmó en FM CIUDAD que " el gobierno castiga al Poder Judicial por que aunque tímidamente se dictaron sentencias que discuten la Emergencia Económica ...".

PRONUNCIAMIENTO ANTE EL AGRAVAMIENTO
DE LA CRISIS JUDICIAL EN LA PROVINCIA DE SAN LUIS

En el año 2005, contemporáneamente a la recuperación de los Colegios de Abogados se dictaba la Ley de Audiencias Públicas que abrió las puertas a la renovación del Superior Tribunal de Justicia y, con ello, las esperanzas de la ciudadanía en general y de la abogacía en particular del comienzo de una etapa de vigencia de la independencia del Poder Judicial como valor vital del sistema republicano.-

Este Colegio de Abogados y Procuradores señaló entonces que no iba resultar un camino sencillo aquel que marcaba la expectativa de la recuperación de la dignidad y la libertad de la Magistratura, y en esa inteligencia propuso a los Poderes del Estado la necesaria reforma de la reglamentación constitucional del Consejo de la Magistratura, la modificación de la Ley de Autarquía del Poder Judicial, la reforma de la Ley Orgánica de Tribunales, el estudio y concreción de una profunda reforma del sistema procesal penal y la modernización del sistema procesal civil.-

Dichas propuestas importaban la necesidad de recuperar la plena vigencia política de las instituciones de la República abriendo las puertas a la provisión de un servicio de Justicia, sin duda requerido por la ciudadanía por estar en juego múltiples problemas derivados de la convivencia social, como por ejemplo los vinculados a la inseguridad, violencia familiar, lentitud en la solución de controversias, impunidad, etc..-

Hoy se advierte con preocupación que ninguno de esos tópicos han sido seriamente encarados por el Estado y el propio Poder Judicial se encuentra enredado en una telaraña de normas que restringen su capacidad de decisión y el pleno ejercicio de su Majestad como Poder del Estado.-

Las propuestas del Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis, conjuntamente con los Colegios de esta Provincia, destinadas a aportar ideas sobre la reglamentación del art. 199 de la Constitución Provincial fueron desoídas, impidiéndose el debate como en todos los temas en los que esta Institución aportó proyectos y posibles soluciones.-

La Ley sancionada por el Poder Legislativo, lejos de resolver el problema, ha obstaculizado aun más el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y lo que es más grave mantiene impedimentos para la renovación de los cargos de Magistrados y Funcionarios Judiciales, constituyendo hoy una certeza de que en los comienzos del próximo año el Poder Judicial de la Provincia caerá en una parálisis y agravamiento de la crítica situación en la prestación del servicio de justicia que hoy padece la ciudadanía de la Provincia.-

Es un motivo de particular aflicción observar que en estos momentos se debate (¿?) en el Poder Legislativo el Proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que en materia presupuestaria dispone que las sentencias condenatorias al Estado Provincial al pago de indemnizaciones originadas en hechos o actos del Poder Judicial deberán ser afrontadas por el mismo de su presupuesto de gastos y recursos.-

Esta norma cuya sanción es inminente constituye uno de los peores avances dentro del sistema republicano tendiente al sometimiento de la Justicia y a la pérdida de dignidad de los jueces que de ahora en más deberán sopesar el alcances de sus sentencias contra el Estado en la convicción de que las mismas importarán una erogación para el presupuesto insignificante de la Justicia.-

Tamaña agresión al sistema republicano no puede menos que merecer el repudio de la abogacía organizada de San Luis porque de concretarse esta amenaza habremos retrocedido en la Provincia no sólo en calidad institucional sino a épocas previas de la constitución de la Provincia como sociedad organizada.-

Asusta observar que este proyecto de Ley pretende fundarse en la autarquía el Poder Judicial, cuando nadie ignora que es la respuesta brutal a sentencias que en tiempos recientes han puesto en crisis, el sistema de Leyes de Emergencias que de manera ilegal ha regido en la Provincia en los últimos años, o han condenado al Estado al pago de indemnizaciones originadas en actos arbitrarios del Poder Judicial no muy lejanos y que son de público conocimiento.-

No es menor la circunstancia de que el presupuesto para el año 2009 para el Poder Judicial se limita en la práctica a cubrir las erogaciones corrientes mayoritariamente de sueldos, pero omite todo tipo de partida que importe el crecimiento y la adecuación del servicio de justicia a las necesidades ciudadanas actuales.-

En este presupuesto se omite la autarquía del Poder Judicial para lo que refiere a obras de infraestructura o dotación informática, que se derivan a las partidas de organismos del Poder Ejecutivo, quedando el mismo sin ninguna capacidad de decisión en lo que a estos temas se refiere.-

Autarquía como castigo que implique cualquier rasgo de independencia pero no para la gestión de un Poder del Estado que debería tener amplias facultades en lo que a su administración se refiere.-

Constituiría una traición hacia el conjunto de la ciudadanía y en particular a los abogados y procuradores que este Colegio silenciara la convicción de que se avanza a un agravamiento de la crisis aún vigente de la Justicia que marcará un mayor deterioro de los servicios propios de la misma y la degradación de los valores de dignidad e independencia que conforman sin dudas la esencia de nuestro sistema constitucional.-

El Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis cree entonces que es indispensable que los Poderes Públicos adviertan la gravedad de la situación descripta y se sometan a la necesidad de afrontar la situación con las herramientas que la razonabilidad y las normas constitucionales preveen.-

Es necesario también remarcar que la sanción de estas normas repudiables, que, en forma sucinta se han descripto se concreta en medio de un diálogo llamado por los propios legisladores destinado, según sus dichos, a una reforma política que mejore la calidad institucional.-

El Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis no ha asistido a las aludidas conversaciones, en la convicción de que resulta una impostura pregonar la voluntad de mejora de la calidad institucional, cuando simultáneamente se agrede la inteligencia de la sociedad toda con la desnaturalización de la organización constitucional, que establece la división de los Poderes y la independencia del Poder Judicial como pilar de la República.-