jueves, 26 de mayo de 2011

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CONTRA LOS CAPRICHOS DEL FEUDO DELOS RODRÍGUEZ SAÁ...




Otro cachetazo de la Corte Suprema al Gobierno
El Gobierno perdió otro round en su obstinada pelea contra la Nación. La Corte Suprema rechazó la demanda que promovió el Gobierno, a través de Fiscalía de Estado y Vialidad Provincial, contra el Consejo Vial Federal y la Dirección Nacional de Vialidad.

El Gobierno planteaba que no le fueron entregados $432.000.000 de coparticipación vial para construir distintas obras y que la inversión provino de fondos provinciales.




Duro revés para la Provincia en la Corte Suprema
El equipo que comanda el recientemente ratificado Fiscal de Estado de la Provincia, Eduardo Allende, sufrió un duro revés en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde había demandado al Consejo Vial Federal y a Vialidad Nacional por los fondos de coparticipación que dejó de percibir la provincia, calificada con "coeficiente cero" en inversión propia en el año 2001. Pedían la inconstitucionalidad de la norma que reglamenta la distribución, pero la provincia la había firmado en 1997 integrando el organismo. El primer yerro que Fiscalía de Estado debió asumir, fue haber demandado a VN, un organismo que nada tenía que ver en la confrontación. Después los jueces le dijeron a la Provincia -en pocas palabras- que su demanda no era procedente porque no habían cumplido con lo que establecían las reglamentaciones que San Luis, como integrante del organismo, había aprobado. Encima, de no darle la razón en el reclamo por el cobro de pesos a la Nación, San Luis tendrá que pagar las costas del juicio, que se suponen que son elevadas por el monto de la demanda. Acceda al fallo completo.
www.periodistasenlared.com.ar 260511




Otro cachetazo de la Corte Suprema al Gobierno
El Gobierno perdió otro round en su obstinada pelea contra la Nación. La Corte Suprema rechazó la demanda que promovió el Gobierno, a través de Fiscalía de Estado y Vialidad Provincial, contra el Consejo Vial Federal y la Dirección Nacional de Vialidad. El Gobierno planteaba que no le fueron entregados $432.000.000 de coparticipación vial para construir distintas obras y que la inversión provino de fondos provinciales.

El quiz de la cuestión es el siguiente. El Gobierno planteó la inconstitucionalidad de la modificación del artículo 8 del Reglamento del Consejo Vial Federal. Según la sentencia, el mencionado artículo establece que el incumplimiento del deber de información, total o parcial, traería aparejado que “se tome pesos cero ($0,00) como inversión de fondos propios”. El deber de información implica la presentación de formularios, respaldado en su documentación contable oficial y en los comprobantes correspondientes por parte del Gobierno.

Para el Gobierno, el Reglamento Operativo del Consejo Vial federal es ilegal pues “...autoriza a confiscar a las provincias sus fondos de coparticipación vial contra el texto expreso de la ley...”.

“Que ha sido la propia actora (el Gobierno) con su incumplimiento la que se puso en la situación en virtud de la cual ahora reclama, sin que haya podido demostrar de parte de la demandada la conducta antojadiza que le atribuye”, dice uno de los fundamentos.

Pero otro fundamento de la sentencia dice que la demanda no puede prosperar porque el Gobierno no está legitimado para plantear la invalidez constitucional de una norma que él mismo, como miembro del Consejo Federal Vial, dictó junto con los demás integrantes en diciembre de 1997.

De Acuerdo a la sentencia de marzo, en el peritaje contable de los números presentados por el Ejecutivo Provincial hay diferencias “entre las sumas informadas como ‘inversión propia’ del Estado local, por la Contaduría General de la Provincia y el Tribunal de Cuentas”.

Otros cachetazos

El fallo de la Corte Suprema contra el Gobierno no es el primero. Otras sentencias adversas fueron el rechazo al pedido de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno de San Luis por el uso de las reservas del Banco Central. En diciembre del año pasado, la Corte rechazó un amparo el Gobierno en contra del Estado Nacional para que cese de retener los subsidios al transporte.

El golpe más duro para el Gobierno por parte de la Corte fue en octubre de 2010 cuando hizo lugar a una medida cautelar que impidió la expropiación del parque nacional Sierras de las Quijadas.
http://lagaceta-digital.com.ar/tempor/index.php?option=com_content&view=article&id=4335:otro-cachetazo-de-la-corte-suprema-al-gobierno&catid=1:latest-news&Itemid=50





El Gobierno intenta, sin éxito, justificar el llamado a elecciones legislativas en Dupuy y Belgrano
En la conferencia de prensa del martes pasado, cuando daba detalles de los decretos que llaman a elecciones para el 23 de octubre, al ministro jefe de Gabinete, Claudio Poggi, le tocó la dura tarea de defender lo indefendible, léase la convocatoria a cubrir las bancas legislativas impugnadas de Dupuy y Belgrano; el golpe final que el Gobierno piensa darle a aquellos que osaron ganarle en 2009.

“También se convoca a cubrir los dos lugares vacantes de diputados en los departamentos Belgrano y Dupuy por el periodo de finalización de mandato que les corresponde, es decir por dos años, para que ambos departamentos tengan plena representación legislativa”, sostuvo Poggi.

Al respecto, el jefe de Gabinete aseguró que el llamado no es incostitucional, “porque es completar el mandato que deberían haber cumplido”. Sin embargo, la Constitucional Nacional, en su artículo N° 50, claramente fija que “los diputados durarán en su representación por cuatro años”. De este modo, San Luis se convertiría en la primera provincia del país en llamar a elecciones para cubrir cargos legislativos por dos años.

Lo que es más, cuando se le recordó que la Secretaría Electoral no desconoció los títulos de los diputados, Poggi volvió a argumentar que “la Constitución dice que el juez último de los títulos de diputados y senadores es el Poder Legislativo”, algo que fue sumamente discutido en la Cámara baja. “Con los fundamentos que tenemos a partir de esa resolución de otro Poder del Estado, que es el Poder Legislativo, es que el Poder Ejecutivo hace la convocatoria”, dijo el funcionario.

Otro punto que se discutió fuertemente fue si el llamado es prudente, ya que el Superior Tribunal de Justicia todavía no se ha pronunciado en la causa. “Nosotros estamos cumpliendo una facultad constitucional de la convocatoria a elección. Si existiera una sentencia del Poder Judicial que neutralice esta convocatoria, obviamente será respetada”, comentó el ministro, quien también explicó que el llamado se hará a través de un decreto complementario.

“No vamos a hacer futurismo”, contestó, por su parte, Gladys Bailac de Follari, ministra de Inclusión Social, a cargo de Justicia, Gobierno y Culto. “Eso lo analizaremos en el momento oportuno”, agregó cuando se le mencionaron los innumerables problemas que podrían suscitarse si la Justicia falla a favor de los impugnados y ya se han elegido nuevos legisladores.

Elecciones en Estancia Grande

A pesar de que Bailac de Follari explicó que los municipios en los que se podrá votar por intendente son los mismos de siempre, porque los totales oficiales por municipio “van a estar dados a fin de año”, Poggi anunció, como “tema novedoso”, que se convocará a elecciones en Estancia Grande, el municipio mimado de Rodríguez Saá que no reúne ninguno de los requisitos necesarios como para que este proceso se lleve a cabo.
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