ELECCIONES PARA DIPUTADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DONDE PERDIÓ RODRÍGUEZ SAÁ, SINO LAS GANA LAS EMPATA...
Diputados proscriptos El Superior Tribunal ayuda a que se cometa una inconstitucionalidad.
Esta semana harán nuevas presentaciones en la Justicia "Esta situación es causal de intervención federal" Elías Taurant, abogado de Carlos Jofré y Eduardo Ojeda, quienes fueron electos como diputados por el departamento Belgrano en 2009 y la Comisión de Poderes de la Cámara objetó los títulos luego de haberse impuesto en esos comicios, dijo que el nuevo llamado para elegir dos legisladores en las elecciones del 23 de octubre, para que los reemplacen por el término de dos años, "es inconstitucional, sin ninguna duda", ya que la Constitución determina un mandato de cuatro años y deben ser llamados en forma simultánea. Adelantó que esta semana harán nuevas presentaciones en la Justicia y desvirtuó los rumores lanzados desde el PJ de que habría un arreglo político, al menos con sus representados.
La nefasta subordinación de los diputados El presidente de la Asociación de Consumidores (Adeuco) de San Luis, Jorge Olguín, responsabilizó a la mayoría oficialista de la legislatura provincial, que responde al gobernador Alberto Rodríguez Saa, por la falta de nombramiento del titular de la defensoría.
Esta semana harán nuevas presentaciones en la Justicia "Esta situación es causal de intervención federal" Elías Taurant, abogado de Carlos Jofré y Eduardo Ojeda, quienes fueron electos como diputados por el departamento Belgrano en 2009 y la Comisión de Poderes de la Cámara objetó los títulos luego de haberse impuesto en esos comicios, dijo que el nuevo llamado para elegir dos legisladores en las elecciones del 23 de octubre, para que los reemplacen por el término de dos años, "es inconstitucional, sin ninguna duda", ya que la Constitución determina un mandato de cuatro años y deben ser llamados en forma simultánea. Adelantó que esta semana harán nuevas presentaciones en la Justicia y desvirtuó los rumores lanzados desde el PJ de que habría un arreglo político, al menos con sus representados.
La nefasta subordinación de los diputados El presidente de la Asociación de Consumidores (Adeuco) de San Luis, Jorge Olguín, responsabilizó a la mayoría oficialista de la legislatura provincial, que responde al gobernador Alberto Rodríguez Saa, por la falta de nombramiento del titular de la defensoría.
El artículo 103 de la Constitución puntana señala taxativamente que "Los diputados duran cuatro años en sus funciones (...) y, las elecciones pertinentes se hacen de modo que cada departamento elija simultáneamente todos sus representantes.
En 2009, a raíz de una fuerte interna dentro del Justicialismo, particularmente en los departamentos Belgrano y Dupuy, los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá impusieron su criterio para la elección de los candidatos. Tanto Jofré como Ojeda en Belgrano y Gerardo Díaz junto a Ariel Figueroa, en Dupuy, no fueron los nombres que decidieron los caudillos puntanos. Entonces participaron por fuera del PJ, en un acuerdo con el Socialismo, que realizó una alianza con otros partidos, que se denominó Acuerdo Cívico y Social.
Con esa fuerza política ganaron por amplio margen en sus departamentos en elecciones que quedaron firmes en todas sus instancias, sin que ningún partido hiciese reclamo o impugnación formal.
Luego, a la hora de asumir, el PJ impugnó los títulos y en virtud del artículo 127 de la CP, que dice que "Cada Cámara es único y exclusivo juez de la validez de la elección, derechos y títulos de sus miembros", no se les permitió asumir, arguyendo que no estaba garantizado el cupo femenino.
"Me parece de una inconstitucionalidad grosera", dijo el abogado de los impugnados, ya que "las elecciones fueron convalidadas por todas las fuerzas y por la justicia electoral provincial y nacional. Es una instancia precluida", aseguró.
Pero también lo señaló haciendo referencia al llamado a elecciones, conocido en el último Boletín Oficial, que convoca para esos cargos por un período de dos años, para cumplimentar el mandato hasta el próximo llamado que le corresponde a esos departamentos en 2013.
Cabe consignar que los dos diputados electos por el PJ, uno por cada departamento, luego del mismo proceso, se les permitió incorporarse y en el nuevo llamado de octubre próximo, el oficialismo participará de la contienda pudiéndo hacerse de uno o dos legisladores más según el resultado que obtenga en las urnas.
"Esto fue una sanción ejemplificadora por osar ganale a los Rodríguez Saá", sentenció el letrado, quien aseguró que esta situación, por "la gravedad institucional" que tiene, "es causal de intervención federal", ya que la el Poder Legislativo habría avanzado sobre una
decisión que le compete al Poder Judicial.
Adelantó que la esta semana presentarán "nuevas medidas" judiciales y recordó que con anterioridad habían presentado un amparo, pero a pesar del tiempo transcurrido, aún cuando se trata de una medida urgente, el Superior Tribunal de Justicia no se ha pronunciado.
El viernes en la tarde, había trascendido que Alberto Rodríguez Saá había lanzado, en una reunión partidaria realizada el jueves en la noche, una invitación amplia para que todos "los enojados" con la conducción volvieran a las filas del justicialismo y se deslizó que dentro de esa convocatoria estaban los cuatro díputados díscolos.
Pero Taurant dijo que el mandato que tenía de sus clientes era "seguir para adelante" y la semana que hoy comienza doblegar esfuerzos en los Tribunales locales para revertir la situación y que se les permita asumir.
Informe: Gustavo Senn gustavosenn@gmail.com
http://www.periodistasenlared.info/mayo11-30/nota3.html
Diputados proscriptos
El Superior Tribunal ayuda a que se cometa una inticonstitucionalidad
La abierta anticonstitucionalidad que está a punto de cometer el gobierno provincial, al convocar a elecciones en los Departamentos Dupuy y Belgrano, debido a que proscribió a los cuatro diputados electos porque le ganaron la elección al oficialismo provincial, tiene una indudable ayuda del Superior Tribunal de Justicia de San Luis, porque a pesar de tener el expediente originado por los proscriptos, aún sigue sin resolver, a pesar de que ya resolvió sobre el conflicto suscitado en la Municipalidad de Unión y que en ambos tiene un punto en común, que sí utilizó para la Intendencia pero no lo está queriendo utilizar para el caso de los diputados.
Para entender mejor la historia, vale aclarar que en Unión, para las mismas elecciones en que los diputados proscriptos le ganaron al oficialismo, y por el mismo Acuerdo Cívico, Eduardo Álvarez fue candidato a Intendente en dos boletas, y por suma de las mismas, obtuvo más votos que su oponente de la Coalición Cívica, Primitivo Becerra. El Tribunal Electoral Provincial, decidió que Álvarez no podía sumar los votos de ambas boletas, por no haber conformado, previamente, una alianza. Por ello, Álvarez recurrió a la justicia y el Superior Tribunal, le bajó el pulgar, señalando, entre otros puntos que, le habían aceptado la acción judicial a Álvarez, porque al momento de su presentación el máximo tribunal no tenía ante sí, el expediente del Tribunal Electoral, pero una vez “remitido el mismo y al tenerlo a la vista, se observa -entre otras cosas- que el recurrente no impugnó el escrutinio en cuestión, por lo que éste se encuentra firme y consentido, habiendo precluido la oportunidad de impugnarlo”. Si bien esta apreciación es discutible, porque en buen criollo significa que por más que haya habido una ilegalidad, como nadie se quejó en su momento, la ilegalidad se transformó en legalidad.
Pero más allá de la discusión que pueda demandar la explicación del Superior Tribunal, el tema central es que sentenció que no daba lugar al pedido de Álvarez, entre otras, porque no había impugnado, en tiempo, lo ordenado por el Tribunal Electoral Provincial.
Ahora, si nos remitimos al tema de los diputados proscriptos, ocurre exactamente lo mismo, puesto que nadie, ni siquiera el oficialismo provincial impugnó la decisión del Tribunal Electoral Provincial, cuando proclamó a Figueroa, Díaz, Jofré y Ojeda -los dos primeros de Dupuy y los restantes de Belgrano- que fueron por el Acuerdo Cívico a las elecciones del 28 de junio de 2009.
Cabe recordar que, recién se comenzó a hablar de supuestas irregularidades, fue en la Cámara de Diputados y precisamente por el oficialismo, aceptando a pie juntillas las órdenes del jefe supremo Alberto Rodríguez Saá. Antes de ese momento, ningún oficialista hizo nada en la justicia para anular las elecciones.
Es decir que, siguiendo el criterio del Superior Tribunal de Justicia de San Luis en el caso Intendencia de Unión, donde se desestimó la denuncia de Álvarez “habiendo precluido la oportunidad de impugnarlo”, se tendría que fallar rápidamente en el mismo sentido en el tema de los diputados proscriptos, pero claro, hay un pequeño detalle. Álvarez, Figueroa y Díaz, responden políticamente a Sergio Freixes, quien se apartó del oficialismo provincial y logró que sus seguidores se impusieran por fuera del Partido Justicialista.
En este punto, vemos cómo, aunque no tan rápidamente, el STJ le bajó el pulgar a Álvarez, y por el mismo motivo, no le baja el pulgar al PJ con los diputados proscriptos.
Si el máximo tribunal puntano no tuviera la mora extralimitada para un caso tan importante como lo es el caso de la demora de la asunción de representantes del pueblo, elegidos legítimamente por éste, y si siguiera su misma postura en otro expediente, la situación se resolvería en un abrir y cerrar de ojos, los diputados proscriptos asumirían inmediatamente, y el gobierno no tendría la oportunidad de cometer una nueva inconstitucionalidad al llamar a elecciones, en Dupuy y Belgrano, de dos Diputados en cada Departamento, para, aunque resulte increíble, reemplazar por dos años a cuatro Diputados electos por su propio pueblo.
Como todo el mundo sabe, Justicia a destiempo, no es Justa.
Informe: Carlos Rubén Capella carlosrcapella@yahoo.com.ar
http://www.periodistasenlared.info/mayo11-30/nota4.html
La nefasta subordinación de los diputados
El presidente de la Asociación de Consumidores (Adeuco) de San Luis, Jorge Olguín, responsabilizó a la mayoría oficialista de la legislatura provincial, que responde al gobernador Alberto Rodríguez Saa, por la falta de nombramiento del titular de la defensoría.
Olguín sostuvo que "la responsabilidad de que este tema no esté resuelto desde 2004, es exclusiva del bloque mayoritario, ya que la ley exige que se pongan de acuerdo 14 diputados y 3 senadores y no garantiza la participación de la minoría parlamentaria”.
Olguín afirmó que "la mayoría parlamentaria responde a un determinado proyecto político y, evidentemente, esta falta de nombramiento responde a una decisión política”, en una reunión en la que se debatió en torno a la reinstitución de la Defensoría del Pueblo, figura que desde 2004 dejó de funcionar en la provincia.
En la oportunidad, se expusieron todas las gestiones que, desde entonces, se realizaron para lograr que se ocupe ese lugar, que incluyeron reuniones con diputados de la comisión de Asuntos Legales hasta encuentros con defensores de otras provincias que ayudarían a que esta figura retorne a San Luis.
"La idea –indicó Olguín- es tratar de instalar el tema en la calle y buscar algún mecanismo de interacción donde la gente pueda empezar a manifestarse y opine sobre cuál sería el mecanismo de postulación y selección para elegir un defensor del Pueblo”.
La situación de la defensoría del pueblo se agravó a partir de noviembre de 2004 cuando su titular renunció y, posteriormente, el instituto fue protagonista de una serie de irregularidades que terminaron con su acefalía.
Fuentes: Télam y propias
http://www.sanluisnoticia.com.ar/san-luis/1152-la-nefasta-subordinacion-de-los-diputados-.html
En 2009, a raíz de una fuerte interna dentro del Justicialismo, particularmente en los departamentos Belgrano y Dupuy, los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá impusieron su criterio para la elección de los candidatos. Tanto Jofré como Ojeda en Belgrano y Gerardo Díaz junto a Ariel Figueroa, en Dupuy, no fueron los nombres que decidieron los caudillos puntanos. Entonces participaron por fuera del PJ, en un acuerdo con el Socialismo, que realizó una alianza con otros partidos, que se denominó Acuerdo Cívico y Social.
Con esa fuerza política ganaron por amplio margen en sus departamentos en elecciones que quedaron firmes en todas sus instancias, sin que ningún partido hiciese reclamo o impugnación formal.
Luego, a la hora de asumir, el PJ impugnó los títulos y en virtud del artículo 127 de la CP, que dice que "Cada Cámara es único y exclusivo juez de la validez de la elección, derechos y títulos de sus miembros", no se les permitió asumir, arguyendo que no estaba garantizado el cupo femenino.
"Me parece de una inconstitucionalidad grosera", dijo el abogado de los impugnados, ya que "las elecciones fueron convalidadas por todas las fuerzas y por la justicia electoral provincial y nacional. Es una instancia precluida", aseguró.
Pero también lo señaló haciendo referencia al llamado a elecciones, conocido en el último Boletín Oficial, que convoca para esos cargos por un período de dos años, para cumplimentar el mandato hasta el próximo llamado que le corresponde a esos departamentos en 2013.
Cabe consignar que los dos diputados electos por el PJ, uno por cada departamento, luego del mismo proceso, se les permitió incorporarse y en el nuevo llamado de octubre próximo, el oficialismo participará de la contienda pudiéndo hacerse de uno o dos legisladores más según el resultado que obtenga en las urnas.
"Esto fue una sanción ejemplificadora por osar ganale a los Rodríguez Saá", sentenció el letrado, quien aseguró que esta situación, por "la gravedad institucional" que tiene, "es causal de intervención federal", ya que la el Poder Legislativo habría avanzado sobre una
decisión que le compete al Poder Judicial.
Adelantó que la esta semana presentarán "nuevas medidas" judiciales y recordó que con anterioridad habían presentado un amparo, pero a pesar del tiempo transcurrido, aún cuando se trata de una medida urgente, el Superior Tribunal de Justicia no se ha pronunciado.
El viernes en la tarde, había trascendido que Alberto Rodríguez Saá había lanzado, en una reunión partidaria realizada el jueves en la noche, una invitación amplia para que todos "los enojados" con la conducción volvieran a las filas del justicialismo y se deslizó que dentro de esa convocatoria estaban los cuatro díputados díscolos.
Pero Taurant dijo que el mandato que tenía de sus clientes era "seguir para adelante" y la semana que hoy comienza doblegar esfuerzos en los Tribunales locales para revertir la situación y que se les permita asumir.
Informe: Gustavo Senn gustavosenn@gmail.com
http://www.periodistasenlared.info/mayo11-30/nota3.html
Diputados proscriptos
El Superior Tribunal ayuda a que se cometa una inticonstitucionalidad
La abierta anticonstitucionalidad que está a punto de cometer el gobierno provincial, al convocar a elecciones en los Departamentos Dupuy y Belgrano, debido a que proscribió a los cuatro diputados electos porque le ganaron la elección al oficialismo provincial, tiene una indudable ayuda del Superior Tribunal de Justicia de San Luis, porque a pesar de tener el expediente originado por los proscriptos, aún sigue sin resolver, a pesar de que ya resolvió sobre el conflicto suscitado en la Municipalidad de Unión y que en ambos tiene un punto en común, que sí utilizó para la Intendencia pero no lo está queriendo utilizar para el caso de los diputados.
Para entender mejor la historia, vale aclarar que en Unión, para las mismas elecciones en que los diputados proscriptos le ganaron al oficialismo, y por el mismo Acuerdo Cívico, Eduardo Álvarez fue candidato a Intendente en dos boletas, y por suma de las mismas, obtuvo más votos que su oponente de la Coalición Cívica, Primitivo Becerra. El Tribunal Electoral Provincial, decidió que Álvarez no podía sumar los votos de ambas boletas, por no haber conformado, previamente, una alianza. Por ello, Álvarez recurrió a la justicia y el Superior Tribunal, le bajó el pulgar, señalando, entre otros puntos que, le habían aceptado la acción judicial a Álvarez, porque al momento de su presentación el máximo tribunal no tenía ante sí, el expediente del Tribunal Electoral, pero una vez “remitido el mismo y al tenerlo a la vista, se observa -entre otras cosas- que el recurrente no impugnó el escrutinio en cuestión, por lo que éste se encuentra firme y consentido, habiendo precluido la oportunidad de impugnarlo”. Si bien esta apreciación es discutible, porque en buen criollo significa que por más que haya habido una ilegalidad, como nadie se quejó en su momento, la ilegalidad se transformó en legalidad.
Pero más allá de la discusión que pueda demandar la explicación del Superior Tribunal, el tema central es que sentenció que no daba lugar al pedido de Álvarez, entre otras, porque no había impugnado, en tiempo, lo ordenado por el Tribunal Electoral Provincial.
Ahora, si nos remitimos al tema de los diputados proscriptos, ocurre exactamente lo mismo, puesto que nadie, ni siquiera el oficialismo provincial impugnó la decisión del Tribunal Electoral Provincial, cuando proclamó a Figueroa, Díaz, Jofré y Ojeda -los dos primeros de Dupuy y los restantes de Belgrano- que fueron por el Acuerdo Cívico a las elecciones del 28 de junio de 2009.
Cabe recordar que, recién se comenzó a hablar de supuestas irregularidades, fue en la Cámara de Diputados y precisamente por el oficialismo, aceptando a pie juntillas las órdenes del jefe supremo Alberto Rodríguez Saá. Antes de ese momento, ningún oficialista hizo nada en la justicia para anular las elecciones.
Es decir que, siguiendo el criterio del Superior Tribunal de Justicia de San Luis en el caso Intendencia de Unión, donde se desestimó la denuncia de Álvarez “habiendo precluido la oportunidad de impugnarlo”, se tendría que fallar rápidamente en el mismo sentido en el tema de los diputados proscriptos, pero claro, hay un pequeño detalle. Álvarez, Figueroa y Díaz, responden políticamente a Sergio Freixes, quien se apartó del oficialismo provincial y logró que sus seguidores se impusieran por fuera del Partido Justicialista.
En este punto, vemos cómo, aunque no tan rápidamente, el STJ le bajó el pulgar a Álvarez, y por el mismo motivo, no le baja el pulgar al PJ con los diputados proscriptos.
Si el máximo tribunal puntano no tuviera la mora extralimitada para un caso tan importante como lo es el caso de la demora de la asunción de representantes del pueblo, elegidos legítimamente por éste, y si siguiera su misma postura en otro expediente, la situación se resolvería en un abrir y cerrar de ojos, los diputados proscriptos asumirían inmediatamente, y el gobierno no tendría la oportunidad de cometer una nueva inconstitucionalidad al llamar a elecciones, en Dupuy y Belgrano, de dos Diputados en cada Departamento, para, aunque resulte increíble, reemplazar por dos años a cuatro Diputados electos por su propio pueblo.
Como todo el mundo sabe, Justicia a destiempo, no es Justa.
Informe: Carlos Rubén Capella carlosrcapella@yahoo.com.ar
http://www.periodistasenlared.info/mayo11-30/nota4.html
La nefasta subordinación de los diputados
El presidente de la Asociación de Consumidores (Adeuco) de San Luis, Jorge Olguín, responsabilizó a la mayoría oficialista de la legislatura provincial, que responde al gobernador Alberto Rodríguez Saa, por la falta de nombramiento del titular de la defensoría.
Olguín sostuvo que "la responsabilidad de que este tema no esté resuelto desde 2004, es exclusiva del bloque mayoritario, ya que la ley exige que se pongan de acuerdo 14 diputados y 3 senadores y no garantiza la participación de la minoría parlamentaria”.
Olguín afirmó que "la mayoría parlamentaria responde a un determinado proyecto político y, evidentemente, esta falta de nombramiento responde a una decisión política”, en una reunión en la que se debatió en torno a la reinstitución de la Defensoría del Pueblo, figura que desde 2004 dejó de funcionar en la provincia.
En la oportunidad, se expusieron todas las gestiones que, desde entonces, se realizaron para lograr que se ocupe ese lugar, que incluyeron reuniones con diputados de la comisión de Asuntos Legales hasta encuentros con defensores de otras provincias que ayudarían a que esta figura retorne a San Luis.
"La idea –indicó Olguín- es tratar de instalar el tema en la calle y buscar algún mecanismo de interacción donde la gente pueda empezar a manifestarse y opine sobre cuál sería el mecanismo de postulación y selección para elegir un defensor del Pueblo”.
La situación de la defensoría del pueblo se agravó a partir de noviembre de 2004 cuando su titular renunció y, posteriormente, el instituto fue protagonista de una serie de irregularidades que terminaron con su acefalía.
Fuentes: Télam y propias
http://www.sanluisnoticia.com.ar/san-luis/1152-la-nefasta-subordinacion-de-los-diputados-.html
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