CONGRESO ANTI K: LA JUSTICIA LO CONSIDERO INVALIDO
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Envalentonado con el desplazamiento de la juez Servini de Cubría, Alberto Rodriguez Saá pidió que ese postergaran las elecciones para darles plazo para llevar los sellos y las fotos del PJ en sus votos. Este viernes por la tarde la Justicia Federal dijo que encuentro en San Luis no fue un Congreso del PJ, a llorar a otro lado..
La Justicia consideró inválido el congreso del peronismo disidente
En una resolución, el juez Ariel Lijo desmiente que la reunión realizada en julio en Potrero de los Funes tenga “carácter de Congreso Nacional”. Esa rama del partido lleva a Alberto Rodríguez Saá como candidato a la presidencia.
El juez federal Ariel Lijo resolvió declarar "inválida" la reunión del denominado peronismo disidente, que postula como candidato presidencial a Alberto Rodríguez Saá, desarrollada en la localidad puntana de Potrero de los Funes, y dispuso que "las decisiones allí adoptadas no producen ningún efecto jurídico". La decisión del juez Lijo zanja la disputa que se había generado entre dos sectores del justicialismo por la utilización del nombre del partido y de los símbolos partidarios con vistas a los comicios del 28 de octubre. Por un lado, el sector de Rodríguez Saá se había adjudicado en el congreso de Potrero de los Funes la representatividad del partido justicialista.
El juez federal Ariel Lijo resolvió declarar "inválida" la reunión del denominado peronismo disidente, que postula como candidato presidencial a Alberto Rodríguez Saá, desarrollada en la localidad puntana de Potrero de los Funes, y dispuso que "las decisiones allí adoptadas no producen ningún efecto jurídico". La decisión del juez Lijo zanja la disputa que se había generado entre dos sectores del justicialismo por la utilización del nombre del partido y de los símbolos partidarios con vistas a los comicios del 28 de octubre. Por un lado, el sector de Rodríguez Saá se había adjudicado en el congreso de Potrero de los Funes la representatividad del partido justicialista.
Por otro lado se encontraba el Partido Justicialista, que en estos comicios irá en alianza como integrante del Frente para la Victoria, y que a nivel nacional está intervenido por Ramón Ruiz. Hace 48 horas la Cámara Nacional Electoral había hecho lugar a una apelación del peronismo disidente y había apartado de las actuaciones por este caso a la jueza María Romilda Servini de Cubría.En el mismo fallo de la Cámara Nacional Electoral se ordenaba que un juez "subrogante legal emitiera dictamen en el más corto plazo", tarea que recayó en el juez Lijo.
En su parte resolutiva, el fallo del juez Lijo establece que "la reunión realizada el 6 de julio de 2007 en Potrero de los Funes, provincia de San Luis, no reviste el carácter de Congreso Nacional en los términos del artículo 20 de la carta orgánica del Partido Justicialista, orden nacional". "En consecuencia, las decisiones allí adoptadas no producen ningún efecto jurídico", finaliza el texto firmado por Ariel Lijo. El conflicto se arrastra al 6 de julio de este año, cuando el sector conocido como peronismo disidente, que irá a las elecciones bajo la sigla FREJULI, se autoadjudicó en un congreso la representatividad del justicialismo a nivel nacional y nombró autoridades. En este sentido, en el congreso puntano, ahora declarado inválido por la justicia, fueron nombrados al frente del "Comando Superior Peronista" Carlos Saúl Menem, Adolfo Rodríguez Saá y Federico Ramón Puerta.
En el mismo congreso, el peronismo disidente también determinó cambiar el domicilio legal del Partido Justicialista, fijándolo en la ciudad de San Luis. Este congreso generó el comienzo de una serie de presentaciones judiciales cruzadas entre el sector del peronismo disidente y la intervención del partido, para determinar a quién le correspondía el uso del "sello" partidario y su simbología. También se generó un debate en el sentido de qué jueces debían intervenir y en qué instancias para superar el diferendo. Entre las deficiencias técnicas mencionadas por el juez Lijo respecto al congreso partidario de Potrero de los Funes se mencionan la falta de citación de todos los congresales, deficiencias en determinar el orden del día, falta de constatación de asistencia y falta de veedores judiciales, entre otras.
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