NUEVO REGIMEN PENAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO: ADOLFO RODRÍGUEZ SAÁ VOTO EN CONTRA...
Se aprobó con 61 votos a favor y dos en contra. Se crea un capítulo dentro del Código Penal donde se establece que las actividades de lavado de activos configuran un crimen autónomo.
El proyecto fue aprobado con acuerdo tanto del bloque oficialista como del arco opositor, que se habían manifestado a favor de modificar la legislación sobre lavado de activos antes de la reunión del GAFI, que se realizará el 20 de junio en México DF, para impedir sanciones.
La nueva ley antilavado contó con 61 votos afirmativos, pero los senadores Adolfo Rodríguez Saá, del Peronismo Federal, y Roberto Basualdo de Alianza Frente Producción y Trabajo, votaron en contra.
El proyecto fue aprobado con acuerdo tanto del bloque oficialista como del arco opositor, que se habían manifestado a favor de modificar la legislación sobre lavado de activos antes de la reunión del GAFI, que se realizará el 20 de junio en México DF, para impedir sanciones.
La nueva ley antilavado contó con 61 votos afirmativos, pero los senadores Adolfo Rodríguez Saá, del Peronismo Federal, y Roberto Basualdo de Alianza Frente Producción y Trabajo, votaron en contra.
Una norma a tiempo para evitar sanciones
Se aprobó con 61 votos a favor y dos en contra. Se crea un capítulo dentro del Código Penal donde se establece que las actividades de lavado de activos configuran un crimen autónomo. Así se evitan penalidades del GAFI.
El Senado convirtió en ley el nuevo régimen penal para evitar y sancionar las maniobras de lavado de dinero. Fue por 61 votos afirmativos contra dos negativos, por parte de los peronistas disidentes Adolfo Rodríguez Saá (San Luis) y Roberto Basualdo (San Juan). Luego de esta votación, se aprobó un proyecto “correctivo”, que pasó a la Cámara de Diputados. La sanción de la nueva ley crea un capítulo dentro del Código Penal, bajo el título de “Delitos contra el orden económico y financiero”, el cual establece que las actividades de lavado de activos configuran un crimen autónomo. Esta fue una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo y reclamada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, durante la inauguración de las sesiones ordinarias, para evitar una sanción de los países que integran el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El radical Ernesto Sanz reconoció que la norma representa un “avance institucional del país”.
El oficialismo y la oposición de la Cámara alta coincidieron en señalar la relevancia de aprobar esta norma y la calificaron como “imprescindible”, más allá de que fue sancionada contra reloj para evitar las sanciones del GAFI. “La tarea de la Presidenta y la oposición demostró interés por resolver esta problemática. Por eso quiero reivindicar el rol del Congreso”, señaló Miguel Angel Pichetto, titular del bloque del FpV.
Uno de los pedidos del organismo internacional había sido que el Código Penal sancionase lo que se conoce como autolavado. Por eso se avanzó en la definición de delito autónomo. Con la normativa actual, si se descubría que una persona había incurrido en alguna acción de lavado como parte de otro crimen, como el narcotráfico, se lo investigaba sólo por este último hecho, ya que el lavado era tipificado como “encubrimiento” del delito mayor. Es decir que a partir de ahora no habrá que probar que una persona es narcotraficante para luego poder condenarlo por lavado.
Uno de los aspectos que fueron limitados durante el debate en la Cámara de Diputados fue la capacidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) de constituirse como querellante para agilizar los trámites judiciales. Para la oposición, ésta era una especie de “carta blanca” para “la discrecionalidad”. Por eso se le quitó esta facultad. También se fijaron pautas para el mecanismo de elección de las autoridades de la UIF, que a partir de ahora deberá ser por concurso público.
Sobre la actitud de la UIF, Rodríguez Saá trajo al recinto las denuncias de lavado formuladas por la diputada de la Coalición Cívica Elsa Quiroz, contra Sergio Schoklender, ex apoderado de las Madres de Plaza de Mayo.
El mismo día en que se sancionó esta ley, la UIF cursó la denuncia al fiscal Raúl Pleé, titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. La denuncia es por la compra de tierras en el partido de José C. Paz, en febrero de 2008. En defensa del titular de la UIF, José Sbatella, quien presenció el debate parlamentario, Pichetto manifestó que la causa no estuvo paralizada, sino que el funcionario le remitió al fiscal un expediente con “4000 fojas”.
“La UIF es un organismo pequeño, muy concentrado, pero con un plexo de atribuciones muy grande. Por eso creo que debería ser un órgano extra poder. Sin embargo, destaco el marco teórico que estamos sancionando. Nadie podrá decir ahora que no hay legislación específica para perseguir el lavado. Pero lo más importante es el marco práctico para perseguir y juzgar al crimen organizado. De nada servirá asistir a la próxima reunión del GAFI para mostrar una ley pero sin tener la voluntad práctica y política de querer juzgar estos delitos”, manifestó Sanz.
Ningún senador quiso quedar vinculado a una posible sanción dentro del GAFI, por eso votaron la norma tal cual llegó de la Cámara de Diputados, para evitar cualquier dilación. Sin embargo, avanzaron con la sanción de una “ley correctiva”, impulsada por Escudero y los radicales Sanz y Gerardo Morales, que ahora deberá ser debatida en la Cámara de Diputados.
Este proyecto correctivo modifica la nómina de sujetos obligados a informar a la UIF. Los escribanos públicos y los profesionales en Ciencias Económicas serán sujetos obligados cuando lleven a cabo operaciones para su cliente relacionadas con compraventa de bienes inmuebles, administración del dinero, cuentas bancarias y compraventa de entidades comerciales. También se incluyó a las personas que reciben donaciones, modificación que incluye a los partidos políticos. A su vez, “los sindicatos y obras sociales cuyos síndicos estén obligados a reportar cualquier operación sospechosa de configurar el delito de lavado, también quedan dentro de la ley”, aclaró Escudero.
El proyecto que fue convertido en ley fija una multa de dos a diez veces del monto de la operación. La ley correctiva fue aprobada por 57 votos afirmativos y una abstención.
Por Sebastián Premici
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-169297-2011-06-02.html
Acuerdo en el Congreso nacional
El Senado aprobó la "ley antilavado" y se fortalece el rol de la UIF
Fue por 61 votos a favor y 2 en contra. De esta manera se evitan sanciones internacionales contra el país. Da más facultades a la Unidad de Información Financiera para solicitar datos a organismos públicos nacionales
El Senado aprobó con 61 votos positivos y 2 negativos la nueva legislación sobre lavado de dinero que tipifica ese delito en el Código Penal, y de esta manera adecua la normativa vigente a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que había amenazado con sancionar a la Argentina.
El proyecto fue aprobado con acuerdo tanto del bloque oficialista como del arco opositor, que se habían manifestado a favor de modificar la legislación sobre lavado de activos antes de la reunión del GAFI, que se realizará el 20 de junio en México DF, para impedir sanciones.
La nueva norma tipifica el lavado de activos como delito autónomo dentro del Código Penal y lo saca del título de "encubrimiento" de otro ilícito, como estaba contemplado hasta ahora.
"Ya no sólo penalizamos a quien encubre el ilícito de otra persona que lava dinero, sino que también se pena el autolavado", explicó durante la sesión la presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, la peronista federal Sonia Escudero.
La nueva legislación le da mayores facultades a la Unidad de Información Financiera (UIF) para solicitar información a organismos públicos nacionales y a los sujetos obligados por la ley a suministrar datos, además de darle ése órgano un aporte equivalente al 0,6 por ciento del presupuesto del Ministerio de Justicia.
La figura básica de lavado de dinero será a partir de los 300.000 pesos y no de 50.000, como hasta ahora, aunque la UIF tendrá la facultad de determinar a partir de qué monto debe informar sobre movimientos financieros que resulten sospechosos.
Ante la amenaza de que la Argentina sufriera sanciones por parte del GAFI, los senadores prefirieron no hacerle modificaciones al articulado que llegó desde la Cámara de Diputados y, en cambio, optaron por darle media sanción a un proyecto "correctivo" de la nueva legislación.
El proyecto "correctivo" (aprobado por 57 votos afirmativos contra 4 negativos y una abstención) atenúa las obligaciones de los privados a informar a la UIF sobre movimientos financieros y elimina la atribución de la UIF para fijar multas a quienes violen la ley y la reemplaza por la facultad de decomisar.
En este sentido, la senadora Escudero, en su calidad de miembro informante de la comisión que discutió el proyecto, indicó que "los activos decomisados serán destinados a reparar el daño causado a la sociedad".
Además, el proyecto "correctivo" introduce un artículo que señala que están obligados a dar información todas las personas físicas o jurídicas que reciban subsidios, donaciones o aportes de fondos públicos.
Por su parte, el senador radical Ernesto Sanz votó a favor de ambos proyectos pero advirtió que la UIF tendrá "una cantidad de facultades que la convierten en uno de los organismos con mayores atribuciones de investigación, casi más que la AFIP", por lo que "debería ser un órgano extrapoder", según consideró.
El jefe del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto, lo cruzó al sostener que la UIF "tiene que tener una dependencia de las instituciones del país" y que colocarla en otra órbita "seria ineficaz".
La senadora de la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro, también votó a favor de las dos normas y si bien consideró que se trata de "un avance", advirtió que "no va a funcionar si no hay una decisión política y judicial" para combatir el lavado y las actividades ilegales que existen detrás de él.
La nueva ley antilavado contó con 61 votos afirmativos, pero los senadores Adolfo Rodríguez Saá, del Peronismo Federal, y Roberto Basualdo de Alianza Frente Producción y Trabajo, votaron en contra.
http://cadena3.com.ar/contenido/2011/06/02/78056.asp
Se aprobó con 61 votos a favor y dos en contra. Se crea un capítulo dentro del Código Penal donde se establece que las actividades de lavado de activos configuran un crimen autónomo. Así se evitan penalidades del GAFI.
El Senado convirtió en ley el nuevo régimen penal para evitar y sancionar las maniobras de lavado de dinero. Fue por 61 votos afirmativos contra dos negativos, por parte de los peronistas disidentes Adolfo Rodríguez Saá (San Luis) y Roberto Basualdo (San Juan). Luego de esta votación, se aprobó un proyecto “correctivo”, que pasó a la Cámara de Diputados. La sanción de la nueva ley crea un capítulo dentro del Código Penal, bajo el título de “Delitos contra el orden económico y financiero”, el cual establece que las actividades de lavado de activos configuran un crimen autónomo. Esta fue una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo y reclamada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, durante la inauguración de las sesiones ordinarias, para evitar una sanción de los países que integran el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El radical Ernesto Sanz reconoció que la norma representa un “avance institucional del país”.
El oficialismo y la oposición de la Cámara alta coincidieron en señalar la relevancia de aprobar esta norma y la calificaron como “imprescindible”, más allá de que fue sancionada contra reloj para evitar las sanciones del GAFI. “La tarea de la Presidenta y la oposición demostró interés por resolver esta problemática. Por eso quiero reivindicar el rol del Congreso”, señaló Miguel Angel Pichetto, titular del bloque del FpV.
Uno de los pedidos del organismo internacional había sido que el Código Penal sancionase lo que se conoce como autolavado. Por eso se avanzó en la definición de delito autónomo. Con la normativa actual, si se descubría que una persona había incurrido en alguna acción de lavado como parte de otro crimen, como el narcotráfico, se lo investigaba sólo por este último hecho, ya que el lavado era tipificado como “encubrimiento” del delito mayor. Es decir que a partir de ahora no habrá que probar que una persona es narcotraficante para luego poder condenarlo por lavado.
Uno de los aspectos que fueron limitados durante el debate en la Cámara de Diputados fue la capacidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) de constituirse como querellante para agilizar los trámites judiciales. Para la oposición, ésta era una especie de “carta blanca” para “la discrecionalidad”. Por eso se le quitó esta facultad. También se fijaron pautas para el mecanismo de elección de las autoridades de la UIF, que a partir de ahora deberá ser por concurso público.
Sobre la actitud de la UIF, Rodríguez Saá trajo al recinto las denuncias de lavado formuladas por la diputada de la Coalición Cívica Elsa Quiroz, contra Sergio Schoklender, ex apoderado de las Madres de Plaza de Mayo.
El mismo día en que se sancionó esta ley, la UIF cursó la denuncia al fiscal Raúl Pleé, titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. La denuncia es por la compra de tierras en el partido de José C. Paz, en febrero de 2008. En defensa del titular de la UIF, José Sbatella, quien presenció el debate parlamentario, Pichetto manifestó que la causa no estuvo paralizada, sino que el funcionario le remitió al fiscal un expediente con “4000 fojas”.
“La UIF es un organismo pequeño, muy concentrado, pero con un plexo de atribuciones muy grande. Por eso creo que debería ser un órgano extra poder. Sin embargo, destaco el marco teórico que estamos sancionando. Nadie podrá decir ahora que no hay legislación específica para perseguir el lavado. Pero lo más importante es el marco práctico para perseguir y juzgar al crimen organizado. De nada servirá asistir a la próxima reunión del GAFI para mostrar una ley pero sin tener la voluntad práctica y política de querer juzgar estos delitos”, manifestó Sanz.
Ningún senador quiso quedar vinculado a una posible sanción dentro del GAFI, por eso votaron la norma tal cual llegó de la Cámara de Diputados, para evitar cualquier dilación. Sin embargo, avanzaron con la sanción de una “ley correctiva”, impulsada por Escudero y los radicales Sanz y Gerardo Morales, que ahora deberá ser debatida en la Cámara de Diputados.
Este proyecto correctivo modifica la nómina de sujetos obligados a informar a la UIF. Los escribanos públicos y los profesionales en Ciencias Económicas serán sujetos obligados cuando lleven a cabo operaciones para su cliente relacionadas con compraventa de bienes inmuebles, administración del dinero, cuentas bancarias y compraventa de entidades comerciales. También se incluyó a las personas que reciben donaciones, modificación que incluye a los partidos políticos. A su vez, “los sindicatos y obras sociales cuyos síndicos estén obligados a reportar cualquier operación sospechosa de configurar el delito de lavado, también quedan dentro de la ley”, aclaró Escudero.
El proyecto que fue convertido en ley fija una multa de dos a diez veces del monto de la operación. La ley correctiva fue aprobada por 57 votos afirmativos y una abstención.
Por Sebastián Premici
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-169297-2011-06-02.html
Acuerdo en el Congreso nacional
El Senado aprobó la "ley antilavado" y se fortalece el rol de la UIF
Fue por 61 votos a favor y 2 en contra. De esta manera se evitan sanciones internacionales contra el país. Da más facultades a la Unidad de Información Financiera para solicitar datos a organismos públicos nacionales
El Senado aprobó con 61 votos positivos y 2 negativos la nueva legislación sobre lavado de dinero que tipifica ese delito en el Código Penal, y de esta manera adecua la normativa vigente a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que había amenazado con sancionar a la Argentina.
El proyecto fue aprobado con acuerdo tanto del bloque oficialista como del arco opositor, que se habían manifestado a favor de modificar la legislación sobre lavado de activos antes de la reunión del GAFI, que se realizará el 20 de junio en México DF, para impedir sanciones.
La nueva norma tipifica el lavado de activos como delito autónomo dentro del Código Penal y lo saca del título de "encubrimiento" de otro ilícito, como estaba contemplado hasta ahora.
"Ya no sólo penalizamos a quien encubre el ilícito de otra persona que lava dinero, sino que también se pena el autolavado", explicó durante la sesión la presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, la peronista federal Sonia Escudero.
La nueva legislación le da mayores facultades a la Unidad de Información Financiera (UIF) para solicitar información a organismos públicos nacionales y a los sujetos obligados por la ley a suministrar datos, además de darle ése órgano un aporte equivalente al 0,6 por ciento del presupuesto del Ministerio de Justicia.
La figura básica de lavado de dinero será a partir de los 300.000 pesos y no de 50.000, como hasta ahora, aunque la UIF tendrá la facultad de determinar a partir de qué monto debe informar sobre movimientos financieros que resulten sospechosos.
Ante la amenaza de que la Argentina sufriera sanciones por parte del GAFI, los senadores prefirieron no hacerle modificaciones al articulado que llegó desde la Cámara de Diputados y, en cambio, optaron por darle media sanción a un proyecto "correctivo" de la nueva legislación.
El proyecto "correctivo" (aprobado por 57 votos afirmativos contra 4 negativos y una abstención) atenúa las obligaciones de los privados a informar a la UIF sobre movimientos financieros y elimina la atribución de la UIF para fijar multas a quienes violen la ley y la reemplaza por la facultad de decomisar.
En este sentido, la senadora Escudero, en su calidad de miembro informante de la comisión que discutió el proyecto, indicó que "los activos decomisados serán destinados a reparar el daño causado a la sociedad".
Además, el proyecto "correctivo" introduce un artículo que señala que están obligados a dar información todas las personas físicas o jurídicas que reciban subsidios, donaciones o aportes de fondos públicos.
Por su parte, el senador radical Ernesto Sanz votó a favor de ambos proyectos pero advirtió que la UIF tendrá "una cantidad de facultades que la convierten en uno de los organismos con mayores atribuciones de investigación, casi más que la AFIP", por lo que "debería ser un órgano extrapoder", según consideró.
El jefe del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto, lo cruzó al sostener que la UIF "tiene que tener una dependencia de las instituciones del país" y que colocarla en otra órbita "seria ineficaz".
La senadora de la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro, también votó a favor de las dos normas y si bien consideró que se trata de "un avance", advirtió que "no va a funcionar si no hay una decisión política y judicial" para combatir el lavado y las actividades ilegales que existen detrás de él.
La nueva ley antilavado contó con 61 votos afirmativos, pero los senadores Adolfo Rodríguez Saá, del Peronismo Federal, y Roberto Basualdo de Alianza Frente Producción y Trabajo, votaron en contra.
http://cadena3.com.ar/contenido/2011/06/02/78056.asp
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