SI ACEPTAN EL JUEZ BAJAMOS LA CONSULTA...
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El ministro Ruiz dio a entender que si la municipalidad aceptaba como presidente del tribunal electoral municipal al juez Uria estos estarían dispuestos a bajar la consulta por la ley del cine.
El Superior Tribunal de Justicia le pidio al ejecutivo por su parte que suspenda la consulta sobre la Ley de Cine... 
El STJ puntano pide suspender la consulta sobre la Ley de Cine
El Superior Tribunal de Justicia de San Luis emitió el viernes pasado una acordada en la que ratifica la determinación de integrar el Tribunal Electoral Municipal y además "exhorta enérgicamente a preservar la paz y garantizar el libre ejercicio de la voluntad popular". En ese sentido instó al gobierno de Rodríguez Saá que suspenda la consulta popular sobre la Ley de Cine.
En el mismo acuerdo N° 332, los ministros del Superior Tribunal de Justicia Horacio Guillermo Zavala Rodríguez, Florencio Damián Rubio, Omar Esteban Uría y Oscar Eduardo Gatica, resolvieron "ratificar la denuncia policial que el doctor Horacio Zavala Rodríguez efectuara, poniendo en conocimiento los daños ocasionados en bienes del Estado, por las personas que están individualizadas por fotografías y filmaciones de todos los medios de comunicación"; por los incidentes ocurridos el jueves pasado.
En ese marco el máximo órgano judicial de San Luis hizo un público pedido a los sectores políticos de la provincia: "Atento al grave enrarecimiento de la convivencia ciudadana, y entendiendo que ello afecta seriamente el ejercicio del derecho de elegir y ser elegido, poniendo en peligro la regularidad de los actos comiciales previstos, exhorta a todos los actores para deponer todas aquellas actitudes que están incentivando el clima descripto".
Con respecto a la consulta popular convocada por el gobierno provincial sobre la Ley de Cine, el máximo tribunal solicitó "la postergación de la convocatoria" ya que "su coincidencia con elecciones de autoridades provinciales o municipales, a cumplir en los mismos lugares y fechas, implica una fuente de conflictos que es deber de todos evitar.
A los restantes candidatos se les pide suprimir todo apoyo a quienes aparecen como instigadores de violencia como ha ocurrido en los hechos sucedidos en sede del Poder Judicial".
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¿Superior Tribunal o Tribunal Arbitral?
El Superior Tribunal ¿entró de lleno en la campaña de la candidata oficialista?
"Los jueces hablan por sus fallos", es una frase que no deja de estar presente en cada manifestación que los magistrados realizan cuando de no entorpecer el proceso y ser recusados por parcialidad se trata. Un principio a todas luces, razonable, para evitar desvíos innecesarios.
Pero a veces hay jueces locuaces, que no sólo hablan sino que toman posiciones públicas ante determinados temas y encima, en lugar de emitir fallos que ordenen tal o cual medida, de acuerdo a la situación que les tocó analizar, se ponen a hacer "recomendaciones" más dignas de consejeros matrimoniales o de tribunal arbitral que de un órgano que tiene que impartir justicia.
Lamentablemente, ese parecería ser el caso del Superior Tribunal de Justicia, que en la última acordada que se conoció, la 332 sugiere y no se le ordena al Poder Ejecutivo "la postergación de la convocatoria a consulta popular respecto del desenvolvimiento de la Ley de Cine, ya que su coincidencia con elecciones de autoridades provinciales o municipales, a cumplir en los mismos lugares y fechas, implica una fuente de conflictos que es deber de todos evitar".
Entonces bien, o el Superior Tribunal se avoca al tema de fondo, que es revisar la constitucionalidad o no de la Consulta, cuya legalidad en los términos que fue dictada ha sido denunciada públicamente, o mantiene su boca cerrada al respecto. Cualquiera de los actores puede ahora, perfectamente, recusarlos por haber realizado manifestaciones sobre el particular, si hubiese un planteo formal de inconstitucioalidad. Al sugerir el corrimiento, ya están expresando de alguna manera que no sería correcto que estén juntas, pero no determinan fehacientemente si el llamado es constitucional o no, como sería su deber, de acuerdo a lo que dice la Carta Magna de la Provincia, que indica taxativamente que es su obligación revisar la constitucionalidad de las leyes (Art. 213 Inc.1 Const. Prov. San Luis).
Pero bien, si bien este es un tema de singular importancia, mucho más grave aparece el hecho de que los miembros firmantes de la Acordada hayan instado a los demás candidatos en las elecciones municipales a no apoyar a los "instigadores de la violencia". No existe en el escrito una definición de quienes son los instigadores de la violencia, porque podría presumirse también, que los que instigan a la violencia son los que sancionan leyes que van en contra de la voluntad soberana de una población, inmiscuyendose en procesos que no les son propios. El texto se queda a media agua, pero ya el propio presidente del Superior Tribunal, Zavala Rodríguez, se había encargado de ponerle nombre y apellido a quien los demás candidatos no deben apoyar, en una conferencia de prensa.
Si esto no es intromisión en actividades políticas -y político partidarias- ¿qué es? Demás está decir que los jueces tienen expresamente prohibido, por mandato constitucional, realiza actividades de ese tipo (art. 193 Const. Prov.).
El Acuerdo 332 fue resuelto al mediodía del viernes pasado, pero unos minutos antes los doctores Zavala Rodríguez y Omar Uría brindaron una conferencia de prensa, en la que el presidente del Superior Tribunal cargó duro contra el intendente Vergés y contra Francisco Reyes Rosales.
"Lo que sucedió el jueves en horas de la tarde fue la irrupción en el edificio, de personal municipal encabezado por el doctor Alfonso Vergés, y en una visita inesperada, perfectamente organizada y armada con anterioridad, sitiaron el edificio de tribunales y cortaron el acceso en las cuatro esquinas. Los organizadores de la manifestación quisieron la manifestación coincidiera con la visita del señor Gobernador, y los disturbios se incrementaron con bengalas bombas, gritos y tamboriles".
"Afortunadamente no hubo ningún herido, solo daños materiales. Cuando con los doctores Uría y Rubio nos acercamos a la puerta de entrada e invitamos al doctor Vergés a ingresar al edificio, él incitaba a sus seguidores a entrar al edificio. Lo lógico es que una entrevista de este tipo fuera entre la autoridad municipal y el Superior Tribunal, pero no sucedió así, ya que entró el doctor Vergés con todos los activistas que lo acompañaban, a los gritos, con palos, con insultos y amenazas. Pese a ello los recibimos en la Sala de Acuerdos, delante de los periodistas y recibimos la nota que Vergés quería entregarnos".
"Nosotros le manifestamos a Vergés lo improcedente de esta verdadera invasión al Poder Judicial, ya que jamás nos negamos a recibir una nota como la que él traía, y tanto él como sus colaboradores podían ser recibidos en cualquier momento, con solo un llamado telefónico de aviso, en un clima de paz y mutuo respeto".
La acordada 332 dice significativamente: "A los restantes candidatos se les pide suprimir todo apoyo a quienes aparecen como instigadores de violencia como ha ocurrido en los hechos sucedidos en sede del Poder Judicial". Si esto no es trabajar solapadamente para la candidata del oficialismo, ¿qué es?
Si el Superior Tribunal realizó las denuncias pertinentes, la acordada debió ser confeccionada en términos de suma prudencia y su presidente debió haber estado a tono con la situación y mantener su boca cerrada, al menos en el aspecto criticado, ya que ahora no solo no es garante de la constitucionalidad de las leyes, sino que no puede ser garante de nada en este proceso eleccionario, cuando manifiesta su público repudio y pide que no lo acompañen a uno de los candidatos con más chance para quedarse con la intendencia el 5 de agosto venidero.
Informe: Gustavo Senngustavosenn@argentina.com
http://www.periodistasenlared.com.ar/junio07-12/nota8.htm
El Superior Tribunal ¿entró de lleno en la campaña de la candidata oficialista?
"Los jueces hablan por sus fallos", es una frase que no deja de estar presente en cada manifestación que los magistrados realizan cuando de no entorpecer el proceso y ser recusados por parcialidad se trata. Un principio a todas luces, razonable, para evitar desvíos innecesarios.
Pero a veces hay jueces locuaces, que no sólo hablan sino que toman posiciones públicas ante determinados temas y encima, en lugar de emitir fallos que ordenen tal o cual medida, de acuerdo a la situación que les tocó analizar, se ponen a hacer "recomendaciones" más dignas de consejeros matrimoniales o de tribunal arbitral que de un órgano que tiene que impartir justicia.
Lamentablemente, ese parecería ser el caso del Superior Tribunal de Justicia, que en la última acordada que se conoció, la 332 sugiere y no se le ordena al Poder Ejecutivo "la postergación de la convocatoria a consulta popular respecto del desenvolvimiento de la Ley de Cine, ya que su coincidencia con elecciones de autoridades provinciales o municipales, a cumplir en los mismos lugares y fechas, implica una fuente de conflictos que es deber de todos evitar".
Entonces bien, o el Superior Tribunal se avoca al tema de fondo, que es revisar la constitucionalidad o no de la Consulta, cuya legalidad en los términos que fue dictada ha sido denunciada públicamente, o mantiene su boca cerrada al respecto. Cualquiera de los actores puede ahora, perfectamente, recusarlos por haber realizado manifestaciones sobre el particular, si hubiese un planteo formal de inconstitucioalidad. Al sugerir el corrimiento, ya están expresando de alguna manera que no sería correcto que estén juntas, pero no determinan fehacientemente si el llamado es constitucional o no, como sería su deber, de acuerdo a lo que dice la Carta Magna de la Provincia, que indica taxativamente que es su obligación revisar la constitucionalidad de las leyes (Art. 213 Inc.1 Const. Prov. San Luis).
Pero bien, si bien este es un tema de singular importancia, mucho más grave aparece el hecho de que los miembros firmantes de la Acordada hayan instado a los demás candidatos en las elecciones municipales a no apoyar a los "instigadores de la violencia". No existe en el escrito una definición de quienes son los instigadores de la violencia, porque podría presumirse también, que los que instigan a la violencia son los que sancionan leyes que van en contra de la voluntad soberana de una población, inmiscuyendose en procesos que no les son propios. El texto se queda a media agua, pero ya el propio presidente del Superior Tribunal, Zavala Rodríguez, se había encargado de ponerle nombre y apellido a quien los demás candidatos no deben apoyar, en una conferencia de prensa.
Si esto no es intromisión en actividades políticas -y político partidarias- ¿qué es? Demás está decir que los jueces tienen expresamente prohibido, por mandato constitucional, realiza actividades de ese tipo (art. 193 Const. Prov.).
El Acuerdo 332 fue resuelto al mediodía del viernes pasado, pero unos minutos antes los doctores Zavala Rodríguez y Omar Uría brindaron una conferencia de prensa, en la que el presidente del Superior Tribunal cargó duro contra el intendente Vergés y contra Francisco Reyes Rosales.
"Lo que sucedió el jueves en horas de la tarde fue la irrupción en el edificio, de personal municipal encabezado por el doctor Alfonso Vergés, y en una visita inesperada, perfectamente organizada y armada con anterioridad, sitiaron el edificio de tribunales y cortaron el acceso en las cuatro esquinas. Los organizadores de la manifestación quisieron la manifestación coincidiera con la visita del señor Gobernador, y los disturbios se incrementaron con bengalas bombas, gritos y tamboriles".
"Afortunadamente no hubo ningún herido, solo daños materiales. Cuando con los doctores Uría y Rubio nos acercamos a la puerta de entrada e invitamos al doctor Vergés a ingresar al edificio, él incitaba a sus seguidores a entrar al edificio. Lo lógico es que una entrevista de este tipo fuera entre la autoridad municipal y el Superior Tribunal, pero no sucedió así, ya que entró el doctor Vergés con todos los activistas que lo acompañaban, a los gritos, con palos, con insultos y amenazas. Pese a ello los recibimos en la Sala de Acuerdos, delante de los periodistas y recibimos la nota que Vergés quería entregarnos".
"Nosotros le manifestamos a Vergés lo improcedente de esta verdadera invasión al Poder Judicial, ya que jamás nos negamos a recibir una nota como la que él traía, y tanto él como sus colaboradores podían ser recibidos en cualquier momento, con solo un llamado telefónico de aviso, en un clima de paz y mutuo respeto".
La acordada 332 dice significativamente: "A los restantes candidatos se les pide suprimir todo apoyo a quienes aparecen como instigadores de violencia como ha ocurrido en los hechos sucedidos en sede del Poder Judicial". Si esto no es trabajar solapadamente para la candidata del oficialismo, ¿qué es?
Si el Superior Tribunal realizó las denuncias pertinentes, la acordada debió ser confeccionada en términos de suma prudencia y su presidente debió haber estado a tono con la situación y mantener su boca cerrada, al menos en el aspecto criticado, ya que ahora no solo no es garante de la constitucionalidad de las leyes, sino que no puede ser garante de nada en este proceso eleccionario, cuando manifiesta su público repudio y pide que no lo acompañen a uno de los candidatos con más chance para quedarse con la intendencia el 5 de agosto venidero.
Informe: Gustavo Senngustavosenn@argentina.com
http://www.periodistasenlared.com.ar/junio07-12/nota8.htm
Conflicto por elecciones municipales
Vergés de reune este martes con el Procurador General de la Nación
El intendente de San Luis, Alfonso Vergés, se reunirá este martes a las 11,30 con el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, para ponerlo al tanto de la situación conflictiva que se está viviendo en la capital, con el intento de intromisión en las elecciones municipales de los poderes provinciales.
Esteban Righi fue el hombre que con sus fundamentos dio pie al veredicto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que éste diera la razón al entonces intendente de San Luis Daniel Pérsico, en el conflicto de las dos intendencias. Allí, el Procurador dejó establecido que la provincia no debía interferir en los procesos electorales municipales. Hoy se está viviendo una situación con bastantes similitudes a la que originó la actuación de la Corte.
Vergés viajó anoche a Buenos Aires, acompañado por el secretario de Gobierno, Juan Carlos Velazco y la Asesora Legal del Municipio, Estela Aragón.
Según confirmó el propio Velazco, también tienen previsto reunirse con el ministro del Interior Anibal Fernández, a quien pondrán al tanto de la situación.
Informe: Gustavo Senngustavosenn@argentina.com
Vergés de reune este martes con el Procurador General de la Nación
El intendente de San Luis, Alfonso Vergés, se reunirá este martes a las 11,30 con el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, para ponerlo al tanto de la situación conflictiva que se está viviendo en la capital, con el intento de intromisión en las elecciones municipales de los poderes provinciales.
Esteban Righi fue el hombre que con sus fundamentos dio pie al veredicto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que éste diera la razón al entonces intendente de San Luis Daniel Pérsico, en el conflicto de las dos intendencias. Allí, el Procurador dejó establecido que la provincia no debía interferir en los procesos electorales municipales. Hoy se está viviendo una situación con bastantes similitudes a la que originó la actuación de la Corte.
Vergés viajó anoche a Buenos Aires, acompañado por el secretario de Gobierno, Juan Carlos Velazco y la Asesora Legal del Municipio, Estela Aragón.
Según confirmó el propio Velazco, también tienen previsto reunirse con el ministro del Interior Anibal Fernández, a quien pondrán al tanto de la situación.
Informe: Gustavo Senngustavosenn@argentina.com
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