CRISIS POLICIAL, RENUNCIO UBIETA, ASUMIO PAPAGNO. OLIVERO SIGUE HACIENDOSE EL MALO Y POGGI ANDA ESQUIVANDO EL BULTO. CRONICA DE UN FRACASO EN SEGUIRIDAD ANUNCIADO...
Crisis Policial: el Gobierno incorporó 74 oficiales
Policías y penitenciarios
El Gobierno incorporó 74 cadetes que se recibían este año
Nuevos policías no practicaron tiro
Se agrava el conflicto y la crisis institucional – Los policías entregaron un petitorio y esperan respuestas
Protesta policial: desmintiendo al Ministerio de Seguridad
La Fiscal Fernández de Vargas hizo una inspección ocular de la jefatura
Ubieta se fue por la puerta de atrás Renunció para descomprimir el conflicto
Ministro de Seguridad
Dijo que no darían marcha atrás con la sanción a los 51 efectivos separados de su cargo
Conflicto policial Las razones del estallido
En un estado de maxíma tensión sigue sin solucionarse el conflicto policial
Vergés: “Los policías ganan menos que una empleada doméstica”
Epílogo de un fracaso, comunicado bloque UCR
“Tapan su ineptitud con falsas acusaciones”
Epilogo de un fracaso Opinión por Walter Ceballos
Crisis Policial: el Gobierno incorporó 74 oficiales
En medio de la crisis policial que está viviendo San Luis, este miércoles se sumaron 74 oficiales al cuerpo de seguridad de la Provincia. El acto de asunción fue este mediodía en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo.
Los nuevos integrantes de las fuerzas de seguridad, quienes conformaron la promoción N° 38 en el Instituto Superior de Seguridad Pública, a partir de su asunción, se suman de inmediato al trabajo en pos de la seguridad de la población. Pasarán a cobrar no más de 4 mil pesos.
En detalle, se sumaron al sistema de seguridad 64 alférez ayudantes a la Policía de San Luis y 10 subajutores al Servicio Penitenciario Provincial.
El acto fue encabezado por el ministro de Educación de San Luis, Marcelo Sosa, quien destacó que estos oficiales se han formado en una de las mejores instituciones de la República Argentina en materia de seguridad. Por más que el Instituto de Seguridad depende del Ministerio de Educación, es más que curioso que el ministro de Seguridad, Martín Olivero, no haya estado presente durante el acto.
http://lagaceta-digital.com.ar/tempor/index.php? option=com_content&view=article&id=8463:crisis-policial-el-gobierno- incorporo-74-oficiales&catid=1:latest-news&Itemid=50
Policías y penitenciarios
El Gobierno incorporó 74 cadetes que se recibían este año
Este miércoles se sumaron 74 oficiales al cuerpo de seguridad de la Provincia. El acto de asunción fue al mediodía en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo. Los nuevos integrantes de las fuerzas de seguridad, quienes conformaron la promoción N° 38 en el Instituto Superior de Seguridad Pública, a partir de su asunción, se suman de inmediato al trabajo en medio de la crisis que se desarrolla en la fuerza policial.
Egresaban en dos meses, pero se sumaron al sistema de seguridad 64 alférez ayudantes a la Policía de San Luis y 10 subajutores al Servicio Penitenciario Provincial.
El acto fue encabezado por el ministro de Educación de San Luis, Marcelo Sosa, quien destacó que estos oficiales se han formado en una de las mejores instituciones de la República Argentina en materia de seguridad.
Al cierre del evento, el ministro de Educación, Marcelo Sosa, junto al rector del ISSP, Julio Vallejos, el director del Servicio Penitenciario Provincial, Inocencio Carpio, además del coordinador del Ministerio de Relaciones Institucionales y Seguridad, Guillermo Valdevenitez, y el jefe del Programa Seguridad y Planeamiento, Maximiliano Frontera; saludaron uno a uno a los nuevos oficiales.
http://www.periodistasenlared.info/agosto13-15/nota11.html
Nuevos policías no practicaron tiro
La clausura del polígono por el RENAR impide desde hace más de dos años que los cadetes practiquen tiro. Ayer se había sostenido que recibieron "una formación de excelencia"
El rector del Instituto Superior de Seguridad Pública, Julio César Vallejos, reconoció esta mañana que por la clausura del polígono de la entidad, los cadetes no realizan prácticas de tiro, de manera que los integrantes de la promoción de este año, cuya incorporación a la policía se apuró ayer para suplir al medio centenar de efectivos separados recientemente de sus cargos por el conflicto que protagonizaron con el gobierno, no tienen capacitación para el uso de armas,
Vallejos, que comenzó admitiendo la existencia "de un problemita", señaló que se realizaron todos los trámites necesarios para que el Registro Nacional de Armas vuelva a habilitar el polígono, indispensable para las prácticas de tiro del estudiantado.
Desde la oficina local del RENAR se explicó que una inspección nacional clausuró el polígono, ubicado en el complejo del instituto de seguridad que funciona en Las Chacras, por tratarse de una entidad civil obligada a ajustarse a la legislación vigente. "Si fuese un polígono policial o militar no sería órbita del RENAR controlarlos", explicó la fuente.
Ayer, al hablar en el acto de incorporación a la policía, el ministro de Educación, Marcelo Sosa, dijo que los flamantes efectivos recibieron una formación profesional "de excelencia".
Publicado por: Mario Otero
http://radiounsl.com.ar/index.php?noticia=177
Se agrava el conflicto y la crisis institucional – Los policías entregaron un petitorio y esperan respuestas
Hasta últimas horas de anoche el gobierno no había respondido el petitorio que los policías que permanecen apostados en la Jefatura Central le entregaron al jefe interino de la Fuerza, Oscar Papaño. Los efectivos piden restitución del personal despedido, incremento salarial y ordenamiento de la institución. Tras una jornada tensa y de informaciones cruzadas, el conflicto terminó en una crisis institucional sin precedentes.
El ministro de Seguridad, Martín Olivero, fue el encargado de difundir la “versión oficial” de los hechos. Insistió en desvirtuar la protesta policial, acusar de “sediciosos” a los manifestantes y vincular los reclamos con cuestiones políticas.
Los policías movilizados reiteraron que siempre estuvieron abiertos al diálogo y que buscan una salida pacífica del conflicto.
“Si hay garantías de que al menos los temas prioritarios están acordados en tratamiento y resolución, se levanta la medida", sostuvo el abogado Alejandro Miranda, asesor y vocero de los policías.
Los hechos comenzaron a precipitarse en las primeras horas de este miércoles, cuando los policías que estaban manifestándose afuera de la Jefatura en la ciudad de San Luis, ingresaron al edificio. “No es una toma, sino una medida de reclamo. Los policías ingresaron para dialogar con el jefe (ex) de la Fuerza, Miguel Ubietta”, contó Miranda en declaraciones a la Radio de la Universidad Nacional de San Luis en Villa Mercedes.
Según la versión oficial, los policías entraron de manera violenta, encapuchados, armados y provocaron destrozos en el edificio. Un relato que no pudo ser demostrado hasta el momento, ni siquiera con el video que difundió la agencia de noticias del mismo gobierno y que fue replicado por medios afines al oficialismo.
Desde que sucedieron los hechos y hasta última hora de la noche, la situación no cambió. En el medio, el gobierno denunció a los policías en la Justicia y, pasado el mediodía, ya tenía la orden de desalojo del juez Sabaíni Zapata.
Olivero, por un lado, declaró que agotaba las instancias de diálogo, pero por el otro hizo duras acusaciones contra los policías, a quienes acusó de “violentos y sediciosos”. Pidió detenciones y presionó a la justicia para que ordene el desalojo. Para apuntalar la denuncia, aseguró que los “rebeldes” tomaron el Comando Radioeléctrico, cortaron el servicio de electricidad de la Jefatura e interrumpieron la comunicación a través del 911.
“Creo que estaría por encuadrarse dentro del delito de sedición. Tenemos videos de irrupción del personal, algunos pudimos saber que eran policías y otros infiltrados, totalmente encapuchados y con armas. Parecía una imagen de medio oriente, una locura total y absoluta que nada tiene que ver con un reclamo salarial”, dijo el ministro en declaraciones a medios nacionales, tras asegurar que el gobierno “apuesta al diálogo y a la paz”, según lo aseguró en un mensaje transmitido por la Agencia de Noticias San Luis
A algunos medios el gobierno se encargó de entregarles audios de supuestas comunicaciones que los “rebeldes” habían logrado, a través de la manipulación de los equipos del Comando Radioeléctrico, con distintas comisarías de la ciudad de San Luis, en las cuales instigaban a plegarse a la protesta.
Pero con el correr de los días y al compás de la agudización del conflicto, la “versión oficial” fue perdiendo credibilidad en la opinión pública. Cuando comenzó la protesta activa, el martes de la semana pasada, Olivero dijo que a los policías los había instigado un concejal de Villa Mercedes a “auto acuartelarse”. Días después, le echó la culpa al abogado Miranda. Y lo mismo hizo en la jornada de ayer en su búsqueda de vincular al kirchnerismo con la protesta.
Por la tarde, representantes de los policías de cada una de las Unidades de la provincia, junto con el abogado Miranda mantuvieron una reunión con el jefe interino de la Fuerza, Oscar Papaño, a quien le presentaron tres puntos que para los policías son prioridad de resolver: la restitución a la fuerza de los 51 sancionados, la mejora salarial y el ordenamiento de la Función Institucional.
“Si se garantizan estos puntos levantamos la medida”, afirmó Miranda. Sin embargo, el gobierno no contestó.
En medio del conflicto, el gobierno “adelantó” la promoción de 74 oficiales
En medio del grave conflicto policial que derivó en una crisis institucional sin precedentes, el gobierno “adelantó” la promoción de oficiales del Instituto Policial para integrarlos inmediatamente a la fuerza y “reemplazar” a los despedidos y sumariados.
Fue así que al mediodía de este miércoles se realizó el “acto de colación adelantado” en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo. “Los efectivos comenzarán a trabajar de inmediato cubriendo vacantes que quedaron tras las 51 bajas”, informó el área de Prensa del gobierno. El acto fue encabezado por el ministro de Educación de San Luis, Marcelo Sosa.
Situación tensa
La situación anoche estaba lejos de llegar a una resolución y se tornaba cada vez más tensa. El cuadro de situación causaba esa sensación: adentro del edificio de la Jefatura permanecían los policías esperando respuestas del gobierno y, afuera, efectivos del grupo COAR esperando instrucciones.
Hasta el momento el gobernador Claudio Poggi es el “gran ausente” en el conflicto y grave crisis institucional. Según Olivero, es quien da las instrucciones de todas las medidas que se toman para afrontar la situación.
La crisis afectó el programa de actividades del ministro Rossi en San Luis
“Frente al agravamiento de la crisis de seguridad, provocada por la toma de la Jefatura Central de policía y la renuncia del jefe de policía Miguel Angel Ubieta, Rossi modificó la agenda que originalmente preveía la conferencia de prensa en la Municipalidad y una visita protocolar al gobernador, en Terrazas del Portezuelo”, difundió por la noche el área de Prensa de la Municipalidad de San Luis.
Así, la visita a la provincia del ministro de Defensa, Agustín Rossi, debió ser modificada por la crisis institucional que atraviesa San Luis.
“No me corresponde opinar sobre este conflicto. Además me enteré poco antes de subir al avión”, dijo el funcionario nacional ante una pregunta que le hicieron al arribar ayer a la ciudad de San Luis.
http://www.sanluisnoticia.com.ar/2013/index.php/san-luis/4773-se- agrava-el-conflicto-y-la-crisis-institucional-los-policias-entregaron -un-petitorio-y-esperan-respuestas
Protesta policial: desmintiendo al Ministerio de Seguridad
En pleno acuartelamiento policial en la ciudad, desde el Ministerio de Seguridad se dieron informaciones que con el correr de las horas quedaron desmentidas por los hechos, como es el de la privación ilegítima de la libertad de la plana mayor policial y la destrucción de la Jefatura.
El Ministerio de Seguridad en su comunicado dijo que se pedía una medida cautelar para asegurar la integridad física de las personas privadas de su libertad. Obviamente, se refiere a que se dijo durante la mañana de ayer que la plana mayor policial estuvo secuestrada.
La plana mayor no estuvo privada de su libertad y varios hechos lo prueban. Uno de ellos es una grabación que tienen los policías acuartelados cuando hablan con la plana mayor en donde se les dice que si quieren irse del edificio pueden hacerlo. Otro hecho, es que este periodista pudo observar que la puerta de la oficina donde permaneció la plana mayor estaba cerrada por dentro con llave. Lo que se demostró cuando la fiscal Sonia Fernández de Vargas fue a la oficina y tuve que golpear para que la abrieran la puerta.
Otra prueba de la falacia de la privación de la libertad es que mientras Fernández de Vargas recorría la Jefatura, un par de jefes de la plana dialogaron con este periodista y un colega y volvieron a encerrarse en la oficina.
Finalmente, y la más contundente prueba, es la entrevista que otorgó Ubieta a los medios en el patio de la Jefatura donde confirmó su renuncia. Luego, el ex jefe de Policía se retiró de la Jefatura sin ningún tipo de inconveniente por la parte trasera del edificio.
La fiscal llegó al mediodía para realizar la inspección ocular de la Jefatura. La funcionaria judicial en más de dos horas recorrió las instalaciones, como por ejemplo la oficina del 911, donde se constató su funcionamiento en ese momento y que la sala de armas permaneció cerrada.
La prensa acompañó a la fiscal en la mayor parte de la inspección y no se pudo observar ningún destrozo dentro de la Jefatura. No se vieron vidrios rotos, ni mobiliario destrozado como se denunció desde el Ministerio de Seguridad.
http://lagaceta-digital.com.ar/tempor/index.php? option=com_content&view=article&id=8472:protesta-policial- desmintiendo-al-ministerio-de-seguridad&catid=37:notaprincipal
En Villa de Merlo, la policía está acuartelada
Fuentes ligadas al conflicto policial confirmaron hacia el medio día de este miércoles que los efectivos policiales que cumplen funciones en la Comisaría de Villa de Merlo está acuartelada y solo se atiende las cuestiones de urgencia.
La fuente precisó que los efectivos no cubren servicios como la custodia de los bancos ni de los casinos. Tampoco hay patrullajes en las calles de la ciudad. La guardia solo actúa ante urgencias por algún episodio que requiera la presencia policial. Los efectivos habían levantado la protesta durante el fin de semana y garantizaron la seguridad de los comicios del domingo 11 de agosto. Al otro día, se conoció la decisión del gobierno de sancionar a medio centenar de policías, algunos de ellos de Villa de Merlo.
http://www.infomerlo.com/policiales/6209-en-villa-de-merlo-la-policia -esta-acuartelada
Tras la denuncia y el pedido de desalojo
La Fiscal Fernández de Vargas hizo una inspección ocular de la jefatura
Recorrió con la Secretaria del Juzgado de Instrucción N° 2 el edificio de la Jefatura constatando el estado de los elementos y el edificio. Dijo que encontró algunos daños, pero se mantuvo cauta a la hora de las declaraciones y señaló que iba a pasar un informe por escrito al juez. En un momento, cuando recorría el lugar donde estaban estacionados los móviles policiales, se le acercaron dos cesanteados y le manifestaron su "impotencia". La fiscal dialogó brevemente con ellos, como lo refleja el vídeo que acompaña esta crónica.
Perl
Renunció para descomprimir el conflicto Ubieta se fue por la puerta de atrás
El hasta ayer jefe de la Policía Puntana Miguel Ángel Ubieta presentó su renuncia en la madrugada del míercoles, según él mismo le contó a la prensa. Ayer se retiró por la parte trasera del edificio, por el subsuelo y afuera dialogó de manera extensa con el periodismo. Habló de todos los temas. Se enojó con algunas preguntas. Defendió su gestión, hizo casi nada de autocrítica y también defendió la pauta salarial que fija el gobierno. Dijo que puede mirar a sus subalternos a los ojos y que algunos reclamos que están haciendo "son justos, otros no". Recordó que junto a la Plana Mayor presentó un proyecto para modificar la situación policial, pero que no fue tratado nunca. "Eso podría traer alguna solución", piensa.
Perl
Ministro de Seguridad
Dijo que no darían marcha atrás con la sanción a los 51 efectivos separados de su cargo
El ministro de Seguridad de la Provincia, Martín Olivero, dijo esta mañana que no volverían atrás con la sanción de los 51 efectivos que fueron separados de su cargo y que otros puntos que fueron reclamados por los manifestantes están siendo evaluados. Recordó que las 24 horas que dio el juez Jorge Sabaíni Zapata para desalojar el edificio de la Jefatura Central de Policía "se cumplen esta tarde a las 17" y adelantó que "ya está funcionando el 911" que había dejado de estar operativo.
En diálogo con este medio, producido alrededor de las 9,30, el titular de la cartera de Seguridad permaneció inflexible sobre la posición sobre quienes encabezaron en un primer momento la protesta y fueron separados de la fuerza. Este era uno de los puntos que reclamaban para deponer su actitud quienes pasaron la noche en el edificio central de la policía.
"No vamos a dar marcha atrás", dijo tajante sobre ese punto.
Señaló además que otros temas que fueron incluídos en el petitorio que le hizo llegar el subjefe a cargo de la fuerza, Oscar Papagno, que le habían dado los manifestantes, "están siendo evaluados", como retornar al esquema de Cuadro Único, que fue modificado durante el gobierno de Alberto Rodríguez Saá.
Indicó asimismo que se han distribuido patrulleros que estaban en la Jefatura a las comisarías para reforzar las guardias preventivas y "garantizar la seguridad de la población". Aseguró que ahora hay "mas presencia" policial en las calles de la capital puntana, pero que de todas maneras, la seguridad "siempre estuvo garantizada".
Por otra parte, señaló que se había puesto en funcionamiento el servicio de emergencias 911, que quedó fuera de servicio luego de la toma de la Jefatura.
También dijo que en la mañana de hoy, el Jefe a Cargo, iría a la Jefatura para llevarles las novedades a sus subordinados.
En la Jefatura, mientras tanto, existía una tensa calma, tras la espera que se produjo desde pasadas las 18 de ayer, cuando Papagno recibió en sus manos el petitorio que le hicieron llegar los manifestantes.
Informe: Gustavo Senn gustavosenn@gmail.com
http://www.periodistasenlared.info/agosto13-15/nota10.html
Protesta policial: noche de mate y canciones
Transcurridas más de 16 horas desde que el jefe interino de Policía hizo conocer al Gobierno los tres puntos del petitorio policial, hasta el momento de escribir estas líneas no hay respuesta y los efectivos continúan acuartelados. Mientras tanto, efectivos en protesta pasaron la noche dentro de la Jefatura haciendo distintas actividades.
La mayoría conversaba en grupos, algunos tomaban mate, otros hablaban por celular y unos pocos miraban tele. Hasta antes de la hora cero, se observó a más de un centenar de personas, entre ellos varios niños.
También se vio a un par de chicos que se paseaban por el interior de la Jefatura en patineta. Otros descansaban de la manera que pudieron, como por ejemplo, un hombre que dormía sentado y otro que lo hacía recostado en el frío piso que no impidió que conciliara un profundo sueño. Prueba de ellos fueron los fuertes ronquidos que daba.
Pasada la 1, se empezó con la limpieza del hall del edificio, lugar donde permanecía la mayoría de las personas. Un par de hombres se encargaron de pasar el lampazo mientras otros juntabas papales y botellas de las mesas.
Para distender el ambiente, un policía llevó su guitarra. La primera canción que tocó fue “Caña Doble” (Juanon Lucero) donde se pudo apreciar la poderosa voz del efectivo policial. Los minutos pasaron como también otras canciones como "El Oso” (Moris) y “Ojos de Cielo” (Víctor Heredia), “presente” (Vox Dei) entre muchas más. Esos clásicos de la música popular fueron cantados también por los efectivos que se agruparon alrededor del cantante.
Casi a las 3, se apagaron varias luces y se cruzaron escritorios en las entradas laterales.
http://lagaceta-digital.com.ar/tempor/index.php? option=com_content&view=article&id=8471:protesta-policial-noche-de- mate-y-canciones&catid=1:latest-news&Itemid=50
Conflicto policial Las razones del estallido
Si bien podemos escribir varias páginas con la historia previa y decisiva de los hechos que llevaron a que la crisis policial estallara en la toma de la Jefatura Central de Policía, fueron cuatro o cinco hechos recientes los que encendieron la mecha de un cartucho de dinamita que se venía preparando desde hace varios años.
Coincidimos en un todo con la Nota de Opinión que hoy publicamos de Walter Ceballos, dirigente radical, en cuanto a los hechos políticos que fueron haciendo crecer el descontento policial. También sabemos que la falta de dinero, producto de magros salarios y la obligación de hacer trabajo extra para poder -medianamente- llegar a fin de mes, es otro de los puntos cruciales que alimentaron el malestar de los efectivos policiales, que llegaron al hartazgo de una paciencia que, como todas, llega hasta el punto de agotarse. Y se agotó.
Pero también, y pocos lo saben, fueron hechos reales de la vida cotidiana de los efectivos los que terminaron por encender la mecha de esa dinamita que se fue cargando con los hechos mencionados en el párrafo anterior.
Tras la decisión -tomada hace varios años- de poner un efectivo por móvil, debido a la escases de personal, producto de una política de ajuste que llevó a que tengamos la menor cantidad de efectivos policiales por habitantes de la historia; sobrevino en los últimos tiempos el apedreo de los móviles en distintos barrios y en una cantidad importante. Si hay una gresca entre un total mínimo de 10 vecinos, la realidad marca que deben llegar al lugar -si no es el COAR- un mínimo de 10 patrulleros, para que haya 10 policías para los 10 vecinos en gresca. Esto es algo imposible de poder cumplir, entonces cuando llegaron a los diferentes lugares tres o cuatro móviles, los vecinos en pugna superaron al número de policías, entonces se unieron para agredir al personal policial. Y fueron muchos casos en el presente año, entonces el malestar policial comenzó a crecer por este punto.
El segundo caso fue el de la muerte de Casandra Fernández. En este caso, el malestar creció no sólo por cómo ocurrieron los hechos - muchos aseguran que el instructor que ejecutó el disparo fatal no estaba en condiciones operativas para ese rol-, sino también por el lugar elegido para la práctica de los cadetes, por su inaccesibilidad, lo que derivó en 14 horas sin la atención médica especializada que requería el caso, teniendo la esperanza de que, de haber sido atendida a tiempo, probablemente hubieran podido salvarle la vida. En este caso, responsabilizan a la Plana Mayor por la elección del lugar.
El tercer caso ocurrió hace muy poco y no contó con la difusión mediática de otros casos, tal vez porque la propia superioridad se encargó de ocultarlo. Según contaron algunos efectivos en conflicto, una joven policía, tenía problemas económicos y particulares que para ella eran demasiado graves. Ante esto, recurrió a los superiores requiriendo la ayuda necesaria para poder salir adelante y sortear sus problemas. “Ni siquiera le ofrecieron una ayuda psicológica para contenerla”, sostuvieron los relatores del hecho y mucho menos la económica. “La ningunearon, la abandonaron” se quejaron. Lo peor de este caso, es que ante la falta de ayuda requerida, la joven se retiró de la Jefatura y al llegar a su domicilio se quitó la vida con un disparo en su cabeza con su arma reglamentaria.
El cuarto caso desencadenante fue en medio de los reclamos, cuando un grupo del Comando Radioeléctrico llegó a Jefatura a hacerse cargo de su turno, y allí les comunicaron que los móviles iban a quedar en el playón sin salir a patrullar las calles de la ciudad. Cuando los efectivos exigieron que se los dejara salir a patrullar, les habrían dicho que se fueran a su casa porque esa era la orden. No conformes, y pensando la posibilidad de “una cama”, exigieron que la orden se realizara por escrito y así se hizo. Con mucha desconfianza, por si la orden escrita “se perdía”, los efectivos le sacaron fotos con sus celulares. Entre esos efectivos, hay quienes fueron echados de la fuerza policial.
Sobre la mala imagen que los policías tienen sobre la cúpula policial, la que hasta ayer dirigía Miguel Ángel Ubieta, el mayor resquemor que tienen es que “actúan más como funcionarios del gobierno que como camaradas de armas”. El descontento es porque la cúpula muestra mayor afinidad con el gobierno que con sus dirigidos, a punto tal de no ser capaces de pelear por los derechos del policía.
Informe: Carlos Rubén Capella carlosrcapella@yahoo.com.ar
http://www.periodistasenlared.info/agosto13-15/nota4.html
EN UN ESTADO DE MAXIMA TENSION SIGUE SIN SOLUCIONARSE EL CONFLICTO POLICIAL
A una semana de iniciada la protesta policial por reclamos salariales, el estado de conflictividad llegó ayer a la madrugada a su más alta tensión con la toma del edificio de la Jefatura Central de Policía, enfrentamiento que se cobró la salida del jefe policial, Miguel Angel Ubieta superado por la crisis.
En su lugar interinamente el subjefe Oscar Papaño quedó a cargo de la institución y como único interlocutor entre el gobierno y los uniformados que están en rebeldía. Mientras tanto desde el Ministerio de Seguridad junto al fiscal de Estado reclamaron al juez Sabaini Zapata dispusiera la desocupación del predio policial. El magistrado en tanto, demandó el desalojo del lugar pero colocó como condición previa indispensable agotar todos los canales de diálogo a fin de llegar a una solución en forma pacífica.
Durante la jornada y mientras la situación se encontraba estancada, el ministro de Seguridad, Martín Olivero dio a conocer un mensaje a la comunidad explicando la posición gubernamental y reclamando a los policías en protesta a desocupar la Jefatura, mensaje que no modificó en nada el cuadro de situación.
Uno de los hechos que rompieron el panorama fue la llegada de la fiscal Sonia Fernández a fin de verificar los daños producidos en el edificio durante la toma del lugar de parte de los hombres acuartelados. Fue ocasión propicia para que el renunciante Ubieta aprovechara la circunstancia para dejar su despacho y la zona ocupada.
Algunas pocas cosas se modificaron, como por ejemplo la agenda del ministro de Defensa de la nación, Agustín Rossi quien, ante el cuadro reinante, no se pronunció acerca de la crisis pero tampoco fue saludar al gobernador Claudio Poggi como tenía previsto en principio.
Políticamente también hubiera sido inapropiado que en funcionario nacional K se estrechara en un efusivo saludo con Poggi cuando el gobierno provincial ha estado descargando toda una artillería de argumentos contra el kirchnerismo local endilgándole un alto grado de responsabilidad ideológica en esta confrontación de los policías contra la gestión administrativa provincial.
Los policías acantonados en el edificio central de la institución exigen como condición de avanzar en el diálogo, que se levanten las sanciones y se hable del tema salarial. Según dijeron a la prensa se sienten burlados. Aseguran que la semana pasada a pedido del gobierno levantaron la medida de fuerza en virtud del acto eleccionario a cabio de dejar sin efecto las sanciones y este miércoles volver a dialogar. Sin embargo –dicen- lejos de eso, el mismo lunes se dispuso desde Terrazas del Portezuelo persistir en los castigos. Eso, aseguran, habría detonado el rebrote de la protesta.
En tanto la población, estando la provincia en un enorme grado de desprotección, se mantuvo al margen, en inmensa mayoría ignorando la situación policial tan grave, sin pronunciarse ni por los rebeldes ni por la posición gubernamental. La apatía social es un dato importante a poner en análisis luego de que esta situación sea superada.
Durante la jornada agitada de tanto nerviosismo aparecieron dos nuevos personajes en el escenario de los hechos: el ex juez mercedino Fernández Triches y el abogado y ex comisario Alejandro Miranda como representantes y exégetas del espíritu policial en rebeldía. Miranda, recordemos, ya fue actor principal en el levantamiento policial de hace siete años cuando fue tomada la Legislatura Provincial en medio de un conflicto político.
Por su parte desde el arco político hubo un escaso pronunciamiento al respecto. Los que lo hicieron apuntaron al gobierno endilgándole “falta de pericia” para encarar el problema.
El mayor cruce con los sectores de la política se produjo, justamente con el kirchnerismo provincial. El intendente Enrique Ponce y el senador Daniel Pérsico tuvieron duros términos contra el gobierno provincial por haber intentado involucrar al kirchnerismo puntano en esta crisis.
“Es lamentable el hecho de pretender transferir a los demás el fracaso de las acciones que de no ser por ineptitud propia deberían arribar a buen término y no acabar transformándose en un desastre. Ese ha sido el camino adoptado por el Ministro de Seguridad de San Luis, al pretender disimular la ausencia de sentido común, y mucho más de idoneidad, para resolver un conflicto que desde el propio gobierno provincial se ha generado y en especial por el ex gobernador Alberto Rodriguez Saá, que pretende con estos actos dirimir su propia interna”, dijeron ambos dirigentes en un comunicado hecho público ayer.
Por otro lado, en una ronda de consultas se pudo detectar que algunos hombres del justicialismo tampoco comparten la metodología utilizada por su propio gobierno en esta crisis, pero por una cuestión de solidaridad y disciplina partidaria no lo hacen saber públicamente su descontento.
Algunos peronistas con fino olfato y que presumen cercanía al pensamiento rector del PJ puntano, sostienen un alto sentimiento de malestar por el comportamiento policial al que tildan de insurrecto y violento, pero también admiten disconformidad no sólo por la crisis, sino también por el manejo frustrado del Ejecutivo al intentar resolverlo.
En esta materia, además, otros analistas observan que aquí están faltando un profundo examen hacia adentro del partido del gobierno sobre lo que está pasando, pero también un fuerte respaldo político hacia el gobierno en esta circunstancia tan problemática.
Lo cierto es que con un estado de disconformidad por los salarios en el ámbito educativo y de salud ahora se ha abierto un frente con igual tenor desde los cuadros policiales.
De manera que más allá de la solución que se alcance en esta crisis policial, habrá que convenir que, a tenor de la proclama de Alberto Rodríguez Saá en Buenos Aires de abrir la agenda social, aquí en San Luis a corto plazo el gobierno provincial también deberá detenerse a examinar la problemática de salarios de los trabajadores públicos, tema inmanente si los hay en toda agenda social.
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Vergés: “Los policías ganan menos que una empleada doméstica”
El dirigente político Alfonso Vergés comparó el salario de los efectivos policiales con el de los empleados domésticos: “Un oficial de Policía que gana 3 mil pesos está ganando menos que lo que marca el nuevo convenio colectivo de trabajo de una empleada doméstica, que está en 4.500 pesos”.
El ex intendente de la capital dijo que tanto el gobierno como los policías que mantienen su protesta con la toma del edificio de la Jefatura Central de Policía deben “bajar un cambio” para poder arribar a una solución al conflicto.
“Los policías no muerden, son trabajadores del Estado. Necesitan una respuesta clara, contundente” remarcó el ex concejal.
“El problema hoy no es solamente el salario; hay un conflicto y una serie de problemas que se dan. Veo la posición del gobierno y veo la respuesta de la institución policial y el conflicto es sin solución”, evaluó.
En relación a las acusaciones hacia el kirchnerismo que realizó el ministro de Relaciones Institucionales y Seguridad, Martín Olivero, Vergés opinó: “Echarle la culpa a una determinada persona o a un partido político es una negación injusta del conflicto por parte del gobierno”.
Para el dirigente, el Ejecutivo sigue “buscando culpables a un conflicto que genera el propio gobierno”.
“(El Gobernador, Claudio) Poggi le copia mucho a Rodríguez Saá y muchas veces las copias no son una buena recomendación para llevar adelante la gestión. Si Rodríguez Saá mandaba al grupo COAR para hacer un enfrentamiento entre la Policía, indudablemente ésa no es la solución”, analizó.
El ex candidato a gobernador sostuvo que la Provincia es “líder en recaudación pero última en reconocimiento de los derechos de los trabajadores”.
AUDIO: ALFONSO VERGÉS (DIRIGENTE)
http://sanluis24.com.ar/index.php? option=com_content&view=article&id=38724:verges-los-policias-ganan- menos-que-una-empleada-domestica&catid=181:la-ciudad-slide
EPILOGO DE UN FRACASO
El bloque de diputados provinciales de la Unión Cívica Radical se pronunció con conceptos críticos acerca del conflicto policial y con una fuerte crítica hacia el gobierno provincial.
“Sobre el conflicto policial y el deterioro de la Seguridad Ciudadana en San Luis Hace diez años que el Gobierno de San Luis puso en marcha el camino de la “Degradación Institucional”. Lo hizo en todo los órdenes, pero lo que más se empeñó en destruir fue la Institucionalidad Policial”.
“Primero fue la suspensión de la Ley del Cuadro Único Policial que fijaba como condición indispensable para la formación de los efectivos la graduación de tercer nivel educativo donde además de la formación jurídica, psicológica, sociológica recibían el adiestramiento al orden Policial”.
“Se transfirió el Instituto de Formación Policial de la Órbita de Seguridad a Educación, se sumó a esto el cambio de régimen de interno a externo y con prácticamente nula formación en adiestramiento policial”.
“Las consecuencias fueron que los Alférez recién graduados deben “realizar sus prácticas en función policial” o sea aprender adiestramiento en la unidades de servicio”.
“Como si esto fuera poco se creó la “Seguridad Comunitaria” con beneficiarios del Plan de Inclusión Social y se incorporó la figura del “auxiliar en seguridad” a los que se les dio una capacitación de solo seis meses para habilitarlos a cumplir funciones policiales. Se vivieron dolorosas consecuencias de esta desacertada decisión de 2004”.
“Toda esta degradación institucional vino acompañada de una degradación de equipamiento, adiestramiento, entrenamiento y salarial”.
“En 2005 se dio el primer reclamo que trajo como consecuencias que el Gobierno negociara aumentos para los oficiales a cambio de excluir a cerca de 80 efectivos: auxiliares, suboficiales y algunos pocos oficiales. El gobierno quebró el reclamo pero no resolvió el problema que se fue agravando de forma sórdida”.
“De allí en adelante se continúa hasta estos días con la degradación generalizada de la institución policial lo que ha redundado en un deterioro notorio de la Seguridad Ciudadana”.
“La caída de los salarios públicos provinciales, de todos los sectores del empleo estatal, trajo como consecuencias que, en el comparativo Provincial, el salario promedio de los policías de San Luis pasara del 7° lugar en 2003 al lugar 16° en 2013”.
“Con un salario inicial de $3400 un alférez debe realizar todos los adicionales posibles para tratar de terminar de alimentar a su familia en el mes, lo que trae dos consecuencias gravosas: cumple sus guardias cansado y no está casi nunca con su familia. La primera tiene consecuencias en la calidad de servicio y la segunda en la calidad de vida de los efectivos”.
Leer más: http://www.abcnoticias-sl.com/news/epilogo-de-un-fracaso/
“Tapan su ineptitud con falsas acusaciones”
El Intendente Municipal Enrique Ponce y el senador nacional Daniel Pérsico respondieron en duros términos las “falsas acusaciones” de funcionarios del gobierno provincial, que vincularon al Frente para la Victoria con la protesta policial que se desarrolla desde la semana pasada.
El comunicado firmado en forma conjunta expresa textualmente:
Es lamentable el hecho de pretender transferir a los demás el fracaso de las acciones que de no ser por ineptitud propia deberían arribar a buen término y no acabar transformándose en un desastre. Ese ha sido el camino adoptado por el Ministro de Seguridad de San Luis, al pretender disimular la ausencia de sentido común, y mucho más de idoneidad, para resolver un conflicto que desde el propio gobierno provincial se ha generado y en especial por el ex gobernador Alberto Rodriguez Saá, que pretende con estos actos dirimir su propia interna.
Entonces qué mejor para el gobierno que pretender vincular al kirchnerismo local con actos que lejos están de representar la idiosincrasia de nuestro espacio político y si muy parecidos al modus operandi histórico de quienes llevan 30 años gobernando nuestra provincia y reprimiendo todo conflicto gremial e institucional en lugar de buscar una solución justa y pacífica.
Quizá el gobierno provincial también culpe al kirchnerismo sanluiseño por el desastre de la política de salud, por la ausencia de especialidades médicas dado la vergonzosa oferta económica que se les ofrece a los profesionales; por la ineptitud con que manejan la educación en una provincia donde los haberes docentes están entre los 4 más bajos del país, y donde después de varios años se dan cuenta que hay una franja de “20 a 30” años que no ha terminado la educación secundaria obligatoria; de los miserables sueldos que pagan a los pasantes destruyendo la carrera de los empleados públicos al reemplazar las vacantes con personal cuasi esclavo, omitiendo que la Ley enuncia que “a igual tarea idéntico haber”, con los salarios familiares más bajos del país.
Sepa nuestro pueblo: no somos artífices de lo que se pretende acusarnos, pero tampoco dude, somos solidarios con las familias de los policías que luchan por un sueldo digno, de igual manera que lo somos con todos los sumergidos por este sistema que ha empobrecido a nuestros comprovincianos envileciendo el trabajo con el cuento de una inclusión social que sólo es un remedo de la limosna de las “damas de la caridad”, a las que Eva Perón les enseñó la diferencia entre caridad y Justicia Social.
Pronunciamiento firmado por el Senador Nacional Daniel Pérsico y el Intendente Municipal Enrique Ariel Ponce
http://www.sanluisnoticia.com.ar/2013/index.php/san-luis/4772-tapan- su-ineptitud-con-falsas-acusaciones
Opinión por Walter Ceballos *Epilogo de un Fracaso
Hace diez años que el Gobierno de San Luis puso en marcha el camino de la “Degradación Institucional”. Lo hizo en todo los órdenes, pero lo que más se empeñó en destruir fue la Institucionalidad Policial.
Primero fue la suspensión de la Ley del Cuadro Único Policial que fijaba como condición indispensable para la formación de los efectivos la graduación de tercer nivel educativo donde además de la formación jurídica, psicológica, sociológica recibían el adiestramiento al orden Policial.
Se transfirió el Instituto de Formación Policial de la Órbita de Seguridad a Educación, se sumó a esto el cambio de régimen de interno a externo y con prácticamente nula formación en adiestramiento policial.
Las consecuencias fueron que los Alférez recién graduados deben “realizar sus prácticas en función policial” o sea aprender adiestramiento en la unidades de servicio.
Como si esto fuera poco se creó la “Seguridad Comunitaria” con beneficiarios del Plan de Inclusión Social y se incorporó la figura del “auxiliar en seguridad” a los que se les dio una capacitación de solo seis meses para habilitarlos a cumplir funciones policiales. Se vivieron dolorosas consecuencias de esta desacertada decisión de 2004.
Toda esta degradación institucional vino acompañada de una degradación de equipamiento, adiestramiento, entrenamiento y salarial.
En 2005 se dio el primer reclamo que trajo como consecuencias que el Gobierno negociara aumentos para los oficiales a cambio de excluir a cerca de 80 efectivos: auxiliares, suboficiales y algunos pocos oficiales. El gobierno quebró el reclamo pero no resolvió el problema que se fue agravando de forma sórdida.
De allí en adelante se continúa hasta estos días con la degradación generalizada de la institución policial lo que ha redundado en un deterioro notorio de la Seguridad Ciudadana.
La componente salarial de los salarios públicos provinciales, de todos los sectores del empleo estatal, trajo como consecuencias que, en el comparativo Provincial, el salario promedio de los policías de San Luis pasara del 7° lugar en 2003 al lugar 16° en 2013.
Con un salario inicial de $3400 un alférez debe realizar todos los adicionales posibles para tratar de terminar de alimentar a su familia en el mes, lo que trae dos consecuencias gravosas: cumple sus guardias cansado y no está casi nunca con su familia. La primera tiene consecuencias en la calidad de servicio y la segunda en la calidad de vida de los efectivos.
En este marco un numeroso grupo de efectivos emprendieron hace 10 días una protesta pacífica por aumento salarial y mejores condiciones laborales.
El Gobierno actual, continuidad de los anteriores desde 1983, en vez de resolver el conflicto por vía del dialogo le echo nafta al fuego renunciando los contratos de más de 32 auxiliares (los echo) y “retiro bajo sumario” a otros 20 oficiales.
Las consecuencias de semejante ineptitud no se hicieron esperar, ayer efectivos policiales, retirados bajo sumario y auxiliares despedidos junto a familiares de ambos tomaron la temeraria y errónea medida de Ingresar y tomar la Jefatura Central de Policía, reteniendo a la cúpula policial presente.
Sin duda que en una fuerza policial, con un régimen de autoridad de naturaleza vertical militar, este tipo de actitudes se convierten en inadmisibles por subvertir el orden jerárquico institucional. Pero también debemos resaltar que los verdaderos responsables de este preocupante y doloroso final es el epilogo de 10 años de desaciertos en política de Seguridad Ciudadana del Gobierno Puntano.
Y se sigue igual. Mal muy mal.
*Walter Alberto Ceballos - Presidente Bloque UCR Diputados Provinciales San Luis
http://www.periodistasenlared.info/agosto13-15/nota7.html
Opinión - por Daniel Pérsico y Enrique Ponce
Cuando la ineptitud se pretende tapar con falsas acusaciones
Es lamentable el hecho de pretender transferir a los demás el fracaso de las acciones que de no ser por ineptitud propia deberían arribar a buen término y no acabar transformándose en un desastre. Ese ha sido el camino adoptado por el Ministro de Seguridad de San Luis al pretender disimular la ausencia de sentido común y mucho más de idoneidad para resolver un conflicto que desde el propio gobierno provincial se ha generado y en especial por el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá que pretende con estos actos dirimir su propia interna. Entonces qué mejor para el gobierno que pretender vincular al kirchnerismo local con actos que lejos están de ser de la idiosincrasia de nuestro espacio político y si muy parecidos al modus operandi histórico de quienes llevan 30 años gobernando nuestra provincia y reprimiendo todo conflicto gremial e institucional en lugar de buscar una solución justa y pacífica.
Quizá el gobierno provincial también culpe al kirchnerismo sanluiseño por el desastre de la política de salud, por la ausencia de especialidades médicas dado la vergonzosa oferta económica que se les ofrecen a los profesionales, por la ineptitud con que manejan la educación en una provincia donde los haberes docentes están entre los 4 más bajos del País, y donde después de varios años se dan cuenta que hay una franja de “20 a 30” años que no ha terminado la educación secundaria obligatoria, de los miserables sueldos que pagan a los pasantes destruyendo la carrera de los empleados públicos al reemplazar las vacantes. Con personal cuasi esclavo omitiendo que la Ley enuncia que “a igual tarea idéntico haber”, con los salarios familiares más bajos del País.
Sepa nuestro pueblo, no somos artífices de lo que se pretende acusarnos, pero tampoco dude, somos solidarios con las familias de los policías que luchan por un sueldo digno, de igual manera que lo somos con todos los sumergidos por este sistema que ha empobrecido a nuestros comprovincianos envileciendo el trabajo con el cuento de una inclusión social que solo es un remedo de la limosna de las “damas de la caridad” a las que Eva Perón les enseño la diferencia entre caridad y Justicia Social.
* Ing. Daniel Pérsico, Senador Nacional - Dr. Enrique Ponce, Intendente de la Municipalidad de San Luis
http://www.periodistasenlared.info/agosto13-15/nota8.html
Es lamentable el hecho de pretender transferir a los demás el fracaso de las acciones que de no ser por ineptitud propia deberían arribar a buen término y no acabar transformándose en un desastre. Ese ha sido el camino adoptado por el Ministro de Seguridad de San Luis al pretender disimular la ausencia de sentido común y mucho más de idoneidad para resolver un conflicto que desde el propio gobierno provincial se ha generado y en especial por el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá que pretende con estos actos dirimir su propia interna. Entonces qué mejor para el gobierno que pretender vincular al kirchnerismo local con actos que lejos están de ser de la idiosincrasia de nuestro espacio político y si muy parecidos al modus operandi histórico de quienes llevan 30 años gobernando nuestra provincia y reprimiendo todo conflicto gremial e institucional en lugar de buscar una solución justa y pacífica.
Quizá el gobierno provincial también culpe al kirchnerismo sanluiseño por el desastre de la política de salud, por la ausencia de especialidades médicas dado la vergonzosa oferta económica que se les ofrecen a los profesionales, por la ineptitud con que manejan la educación en una provincia donde los haberes docentes están entre los 4 más bajos del País, y donde después de varios años se dan cuenta que hay una franja de “20 a 30” años que no ha terminado la educación secundaria obligatoria, de los miserables sueldos que pagan a los pasantes destruyendo la carrera de los empleados públicos al reemplazar las vacantes. Con personal cuasi esclavo omitiendo que la Ley enuncia que “a igual tarea idéntico haber”, con los salarios familiares más bajos del País.
Sepa nuestro pueblo, no somos artífices de lo que se pretende acusarnos, pero tampoco dude, somos solidarios con las familias de los policías que luchan por un sueldo digno, de igual manera que lo somos con todos los sumergidos por este sistema que ha empobrecido a nuestros comprovincianos envileciendo el trabajo con el cuento de una inclusión social que solo es un remedo de la limosna de las “damas de la caridad” a las que Eva Perón les enseño la diferencia entre caridad y Justicia Social.
* Ing. Daniel Pérsico, Senador Nacional - Dr. Enrique Ponce, Intendente de la Municipalidad de San Luis
http://www.periodistasenlared.info/agosto13-15/nota8.html
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