EMILIO MASSERA Y RODRIGUEZ SAÁ: HAY CARTAS QUE TE MARCAN DE POR VIDA...
Falleció el represor Emilio Massera, un símbolo del terrorismo de estado
El ex dictador y uno de los mas cruentos asesinos de la última dictadura militar Emilio Eduardo Massera murió en la tarde de ayer tarde a raíz de un paro cardiorrespiratorio no traumático, según los explicaron los médicos del Hospital Naval, quienes comunicaron el fallecimiento a los juzgados que lo tenían imputado por delitos de lesa humanidad y atribuyeron esa falla cardiaca a un accidente cerebro vascular (ACV) que había sufrido la semana anterior.
Ahora le van a tener que escribir al cementerio
En 1978 un grupo de ciudadanos puntanos le enviaron una carta al almirante asesino para anoticiarlo de supuestas maniobras subversivas de un ex diputado nacional y dos funcionarios del gobernador derrocado Elías Adre. Uno de los que firmaron la misiva fue el Gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá. La correspondencia pedía además “el castigo ejemplar” y “garantías para los ciudadanos que patrióticamente investigan estas actividades inmorales”.
Massera fue el destinatario de la tristemente célebre carta de 1978 que le envió el actual gobernador, Alberto Rodríguez Saá, para pedir un “castigo ejemplar” a vecinos de San Luis por supuestas vinculaciones con organizaciones montoneras.
Según informó Télam, paradójicamente quien fue considerado el principal "cerebro" del terrorismo de estado hoy encuentra la muerte tras haber sido declarado inimputable por juntas de expertos que concluyeron que los jueces estaban impedidos de actuar porque Massera no estaba en condiciones mentales de afrontar un nuevo proceso.
El "Almirante Cero", como lo llamaban sus subordinados en los centros clandestinos de detención donde se torturaba embarazadas, se robaban bebés, se sometía a vejámenes a prisioneros antes de matarlos o de arrojarlos al mar desde aviones en vuelo y se apoderaban de sus bienes; no pudo escuchar una nueva sentencia que lo condenase.
Hace cinco lustros el octogenario dictador escuchó al camarista Carlos León Arslanian anunciarle que lo habían condenado -junto a Jorge Rafael Videla- a prisión perpetua; fue al término del histórico juicio a las juntas militares del autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional".
Las leyes de impunidad (obediencia debida y punto final) y los indultos dictados por el ex presidente Carlos Menem lo volvieron nuevamente a las calles, a disfrutar de la libertad que les había negado a millares de jóvenes hombres y mujeres.
La derogación y declaración de "nulidad insalvable" de esas leyes y de los perdones presidenciales provocaron la reapertura de decenas de causas y Massera volvió a ser señalado como el jefe naval más emblemático del terrorismo de estado, el responsable máximo del horror y la muerte en esos años.
Esta vez su deteriorada salud física y mental fue el obstáculo que encontró la justicia para volver a sentarlo en el banquillo de los acusados, en el mismo sitial donde muchos de sus ex camaradas de armas fueron condenados a prisión perpetua que cumplen en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal.
Juntas de peritos y profesionales médicos constataron que el deterioro neuronal del otrora poderosísimo jefe naval era tal que le impedía sentarse frente a los jueces para afrontar un proceso; su estado de salud era "altísimamente delicado" y su muerte se consideraba a cada momento más previsible.
La carta
Durante los últimos años, medios periodísticos independientes de la provincia y del país difundieron datos que desde el gobierno nunca se desmintieron: en el año 1978, el actual gobernador Alberto José Rodríguez Saá, posiblemente también su hermano ex-gobernador Adolfo Rodríguez Saá y 23 vecinos de la ciudad de San Luis enviaron una carta al entonces Almirante Emilio Eduardo Massera, uno de los miembros de la Junta Militar de Gobierno.
Los firmantes de la carta solicitaban al gobierno de la dictadura “la investigación exhaustiva” y “el castigo ejemplar” a varias personas, entre las que se encontraban miembros del gobierno democrático encabezado por el Dr. Elías Adre, que fue destituido por el golpe militar. Para el año 78 se sabía que pedir un “castigo ejemplar” no podía significar otra cosa que el secuestro y posterior desaparición y muerte del denunciado.
Según lo denunciaron militantes de Derechos Humanos y partidos de izquierda, de esta manera los 25 firmantes se hicieron cómplices del Terrorismo de Estado llevado a cabo por las Fuerzas Armadas en este período.
http://www.cronicadesanluis.com.ar/cronica/index.php?option=com_content&view=article&id=4617%3Afallecio-el-represor-emilio-massera-un-simbolo-del-terrorismo-de-estado&catid=39%3Ainforme-especial&Itemid=119&lang=es
Ahora le van a tener que escribir al cementerio
En 1978 un grupo de ciudadanos puntanos le enviaron una carta al almirante asesino para anoticiarlo de supuestas maniobras subversivas de un ex diputado nacional y dos funcionarios del gobernador derrocado Elías Adre. Uno de los que firmaron la misiva fue el Gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá. La correspondencia pedía además “el castigo ejemplar” y “garantías para los ciudadanos que patrióticamente investigan estas actividades inmorales”.
A los 85 años Emilio Massera conoció lo que siempre propulsó y justificó mediante torturas y terror. Cincuenta y tres años antes, el dictador recibió en su despacho una carta firmada por el actual Gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y veinticuatro personas más, donde pedían una “investigación exhaustiva” y “el castigo ejemplar” para un grupo de ciudadanos vinculados, según los escribas, a “organizaciones subversivas”. El castigo ejemplar que peticionaron llegó con creces y con el sello de uno de los gobiernos más sangrientos que conoció la Argentina.
La correspondencia acusaba a Arturo Negri, ex diputado nacional por la UCR, y a dos funcionarios del gobernador Elías Adré: Alfredo Morel, Subsecretario de Industria y Turismo y a Julio Everto Suárez, quién ocupó un ministerio durante aquella gobernación. Poco tiempo después de que Massera leyera esa carta, los militares llevaron adelante un plan de salvaje hostigamiento contra el trío denunciado. Negri fue detenido en Córdoba, Morel en San Luis, y Suárez fue secuestrado en septiembre de 1979; su cuerpo apareció en el Riachuelo un par de meses después.
Durante los juicios en San Luis contra los militares por la desaparición y asesinato de Graciela Fiochetti, la desaparición de Pedro Valentín Ledesma y Sandro Santana Alcaraz y las torturas a Víctor “Gringo” Fernández, Negri testificó sobre la existencia de esa carta y acusó a Rodríguez Saá y el historiador ya fallecido, Hugo Fourcade, de haber sido “los ideólogos” de las acusaciones contra disidentes del régimen militar; porque buscaban ser los referentes en San Luis “del partido que quería formar Massera”.
Negri en la época de la dictadura tenía una concesionaria de autos. Esa actividad casi le cuesta la vida porque los informantes puntanos de Massera lo acusaron de proveerle automóviles a Montoneros. De lo que no se salvó el ex legislador radical fue de las torturas. Una vez que cayó detenido en Córdoba, más precisamente en Villa Dolores, le hicieron tronar el escarmiento y hasta vio morir a golpes a un joven que previamente debió soportar colgado, toda clase de golpes en la boca del estómago.
El 8 de enero del 2009, Negri entregó una copia certificada de la carta al Tribunal Oral Federal. Habían pasado treinta y un años desde el momento en que se escribió a máquina hasta que salió oficialmente a la luz, ya que antes el escrito de varias hojas había circulado en forma de panfleto. Por otra parte, además de acusar a supuestos subversivos los denunciantes pedían “garantías para los ciudadanos que patrióticamente investigan estas actividades inmorales y procuran su juzgamiento por las autoridades competentes”.
Además de Rodríguez Saá y Fourcade; aparecen los nombres de Oscar Hugo Saá, actual diputado provincial por el justicialismo y de otros personajes ligados a la dinastía saaísta como Ricardo Olivera Aguirre, Fermín Garcés, ex secretario de la CGT San Luis y Jorge Niño, ex diputado nacional por el PJ. Existen fuertes sospechas de que Adolfo Rodriguez Saá también firmó la correspondencia sin embargo hasta el día no se pudo certificar esa hipótesis ya que no aparece en el papel ni su nombre, ni su número de documento como el resto de los signatarios.
En el 2006 el portal de noticias Periodistas en la Red le consultó al ahora senador nacional sobre su participación en la misiva a lo que “el Adolfo” se limitó a responder: “Pregúntenle a Myriam Agúndez que ella sabe”. Agúndez fue presidenta del Colegio de Abogados de San Luis y ante la requisitoria periodística dijo que ella “estaba presente cuando firmó Alberto Rodríguez Saá y Adolfo se negó a firmar, yo también me negué”. La carta al “almirante” A S.E EL SEÑOR COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA, ALMIRANTE DON EMILIO EDUARDO MASSERA. SU PUBLICO DESPACHO Los abajo firmantes son ciudadanos argentinos, vecinos de la ciudad de San Luis, pertenecientes a diversos sectores de la comunidad. Elevan a S.E este petitorio en su carácter de miembro de la Junta Militar de Gobierno y en ejercicio del derecho de peticionar a las autoridades. El sentido de este petitorio es requerir de nuestras autoridades la investigación exhaustiva y en su caso el castigo ejemplar, de eventuales negociaciones realizadas en perjuicio del Estado y vinculadas a organizaciones subversivas. Asimismo, solicitar garantías para los ciudadanos que patrióticamente investigan estas actividades inmorales y procuran su juzgamiento por las autoridades competentes.
El anterior requerimiento se efectúa como consecuencia de los hechos que sucintamente se exponen: A) El 9 de Junio de 1978 el Agente Fiscal Carlos Jesús Rodríguez presenta al Juez Hector Tizeira del Campillo, titular del Juzgado del Crimen n°2 de San Luis, un pedido de intervención de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas en antecedentes de la actividad de las EMPRESAS DOVECAR SACYF, NEGRI AUTOMOTORES S.A. Y OMBU AUTOMOTORES S.A., que a su entender estarían “prima facie” involucradas en delitos contra el patrimonio del Estado (fraude a la Administración pública, cohecho, etc.) y vinculadas con la organización subversiva “Montoneros”.En la misma fecha y con posterioridad, siempre en el mes de junio de 1978, pedía el procesamiento de directivos de DOVECAR SACYF y promovía la investigación de incumplimientos a órdenes judiciales de detención de directivos de la misma por parte de la Policía de la Provincia (en 1977).
Según informó Télam, paradójicamente quien fue considerado el principal "cerebro" del terrorismo de estado hoy encuentra la muerte tras haber sido declarado inimputable por juntas de expertos que concluyeron que los jueces estaban impedidos de actuar porque Massera no estaba en condiciones mentales de afrontar un nuevo proceso.
El "Almirante Cero", como lo llamaban sus subordinados en los centros clandestinos de detención donde se torturaba embarazadas, se robaban bebés, se sometía a vejámenes a prisioneros antes de matarlos o de arrojarlos al mar desde aviones en vuelo y se apoderaban de sus bienes; no pudo escuchar una nueva sentencia que lo condenase.
Hace cinco lustros el octogenario dictador escuchó al camarista Carlos León Arslanian anunciarle que lo habían condenado -junto a Jorge Rafael Videla- a prisión perpetua; fue al término del histórico juicio a las juntas militares del autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional".
Las leyes de impunidad (obediencia debida y punto final) y los indultos dictados por el ex presidente Carlos Menem lo volvieron nuevamente a las calles, a disfrutar de la libertad que les había negado a millares de jóvenes hombres y mujeres.
La derogación y declaración de "nulidad insalvable" de esas leyes y de los perdones presidenciales provocaron la reapertura de decenas de causas y Massera volvió a ser señalado como el jefe naval más emblemático del terrorismo de estado, el responsable máximo del horror y la muerte en esos años.
Esta vez su deteriorada salud física y mental fue el obstáculo que encontró la justicia para volver a sentarlo en el banquillo de los acusados, en el mismo sitial donde muchos de sus ex camaradas de armas fueron condenados a prisión perpetua que cumplen en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal.
Juntas de peritos y profesionales médicos constataron que el deterioro neuronal del otrora poderosísimo jefe naval era tal que le impedía sentarse frente a los jueces para afrontar un proceso; su estado de salud era "altísimamente delicado" y su muerte se consideraba a cada momento más previsible.
La carta
Durante los últimos años, medios periodísticos independientes de la provincia y del país difundieron datos que desde el gobierno nunca se desmintieron: en el año 1978, el actual gobernador Alberto José Rodríguez Saá, posiblemente también su hermano ex-gobernador Adolfo Rodríguez Saá y 23 vecinos de la ciudad de San Luis enviaron una carta al entonces Almirante Emilio Eduardo Massera, uno de los miembros de la Junta Militar de Gobierno.
Los firmantes de la carta solicitaban al gobierno de la dictadura “la investigación exhaustiva” y “el castigo ejemplar” a varias personas, entre las que se encontraban miembros del gobierno democrático encabezado por el Dr. Elías Adre, que fue destituido por el golpe militar. Para el año 78 se sabía que pedir un “castigo ejemplar” no podía significar otra cosa que el secuestro y posterior desaparición y muerte del denunciado.
Según lo denunciaron militantes de Derechos Humanos y partidos de izquierda, de esta manera los 25 firmantes se hicieron cómplices del Terrorismo de Estado llevado a cabo por las Fuerzas Armadas en este período.
http://www.cronicadesanluis.com.ar/cronica/index.php?option=com_content&view=article&id=4617%3Afallecio-el-represor-emilio-massera-un-simbolo-del-terrorismo-de-estado&catid=39%3Ainforme-especial&Itemid=119&lang=es
Ahora le van a tener que escribir al cementerio
En 1978 un grupo de ciudadanos puntanos le enviaron una carta al almirante asesino para anoticiarlo de supuestas maniobras subversivas de un ex diputado nacional y dos funcionarios del gobernador derrocado Elías Adre. Uno de los que firmaron la misiva fue el Gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá. La correspondencia pedía además “el castigo ejemplar” y “garantías para los ciudadanos que patrióticamente investigan estas actividades inmorales”.
A los 85 años Emilio Massera conoció lo que siempre propulsó y justificó mediante torturas y terror. Cincuenta y tres años antes, el dictador recibió en su despacho una carta firmada por el actual Gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y veinticuatro personas más, donde pedían una “investigación exhaustiva” y “el castigo ejemplar” para un grupo de ciudadanos vinculados, según los escribas, a “organizaciones subversivas”. El castigo ejemplar que peticionaron llegó con creces y con el sello de uno de los gobiernos más sangrientos que conoció la Argentina.
La correspondencia acusaba a Arturo Negri, ex diputado nacional por la UCR, y a dos funcionarios del gobernador Elías Adré: Alfredo Morel, Subsecretario de Industria y Turismo y a Julio Everto Suárez, quién ocupó un ministerio durante aquella gobernación. Poco tiempo después de que Massera leyera esa carta, los militares llevaron adelante un plan de salvaje hostigamiento contra el trío denunciado. Negri fue detenido en Córdoba, Morel en San Luis, y Suárez fue secuestrado en septiembre de 1979; su cuerpo apareció en el Riachuelo un par de meses después.
Durante los juicios en San Luis contra los militares por la desaparición y asesinato de Graciela Fiochetti, la desaparición de Pedro Valentín Ledesma y Sandro Santana Alcaraz y las torturas a Víctor “Gringo” Fernández, Negri testificó sobre la existencia de esa carta y acusó a Rodríguez Saá y el historiador ya fallecido, Hugo Fourcade, de haber sido “los ideólogos” de las acusaciones contra disidentes del régimen militar; porque buscaban ser los referentes en San Luis “del partido que quería formar Massera”.
Negri en la época de la dictadura tenía una concesionaria de autos. Esa actividad casi le cuesta la vida porque los informantes puntanos de Massera lo acusaron de proveerle automóviles a Montoneros. De lo que no se salvó el ex legislador radical fue de las torturas. Una vez que cayó detenido en Córdoba, más precisamente en Villa Dolores, le hicieron tronar el escarmiento y hasta vio morir a golpes a un joven que previamente debió soportar colgado, toda clase de golpes en la boca del estómago.
El 8 de enero del 2009, Negri entregó una copia certificada de la carta al Tribunal Oral Federal. Habían pasado treinta y un años desde el momento en que se escribió a máquina hasta que salió oficialmente a la luz, ya que antes el escrito de varias hojas había circulado en forma de panfleto. Por otra parte, además de acusar a supuestos subversivos los denunciantes pedían “garantías para los ciudadanos que patrióticamente investigan estas actividades inmorales y procuran su juzgamiento por las autoridades competentes”.
Además de Rodríguez Saá y Fourcade; aparecen los nombres de Oscar Hugo Saá, actual diputado provincial por el justicialismo y de otros personajes ligados a la dinastía saaísta como Ricardo Olivera Aguirre, Fermín Garcés, ex secretario de la CGT San Luis y Jorge Niño, ex diputado nacional por el PJ. Existen fuertes sospechas de que Adolfo Rodriguez Saá también firmó la correspondencia sin embargo hasta el día no se pudo certificar esa hipótesis ya que no aparece en el papel ni su nombre, ni su número de documento como el resto de los signatarios.
En el 2006 el portal de noticias Periodistas en la Red le consultó al ahora senador nacional sobre su participación en la misiva a lo que “el Adolfo” se limitó a responder: “Pregúntenle a Myriam Agúndez que ella sabe”. Agúndez fue presidenta del Colegio de Abogados de San Luis y ante la requisitoria periodística dijo que ella “estaba presente cuando firmó Alberto Rodríguez Saá y Adolfo se negó a firmar, yo también me negué”. La carta al “almirante” A S.E EL SEÑOR COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA, ALMIRANTE DON EMILIO EDUARDO MASSERA. SU PUBLICO DESPACHO Los abajo firmantes son ciudadanos argentinos, vecinos de la ciudad de San Luis, pertenecientes a diversos sectores de la comunidad. Elevan a S.E este petitorio en su carácter de miembro de la Junta Militar de Gobierno y en ejercicio del derecho de peticionar a las autoridades. El sentido de este petitorio es requerir de nuestras autoridades la investigación exhaustiva y en su caso el castigo ejemplar, de eventuales negociaciones realizadas en perjuicio del Estado y vinculadas a organizaciones subversivas. Asimismo, solicitar garantías para los ciudadanos que patrióticamente investigan estas actividades inmorales y procuran su juzgamiento por las autoridades competentes.
El anterior requerimiento se efectúa como consecuencia de los hechos que sucintamente se exponen: A) El 9 de Junio de 1978 el Agente Fiscal Carlos Jesús Rodríguez presenta al Juez Hector Tizeira del Campillo, titular del Juzgado del Crimen n°2 de San Luis, un pedido de intervención de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas en antecedentes de la actividad de las EMPRESAS DOVECAR SACYF, NEGRI AUTOMOTORES S.A. Y OMBU AUTOMOTORES S.A., que a su entender estarían “prima facie” involucradas en delitos contra el patrimonio del Estado (fraude a la Administración pública, cohecho, etc.) y vinculadas con la organización subversiva “Montoneros”.En la misma fecha y con posterioridad, siempre en el mes de junio de 1978, pedía el procesamiento de directivos de DOVECAR SACYF y promovía la investigación de incumplimientos a órdenes judiciales de detención de directivos de la misma por parte de la Policía de la Provincia (en 1977).
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