lunes, 11 de junio de 2012

SAN LUIS: IMPUESTAZO, AUSTERIDAD Y CIRCO, TODO MEZCLADO ASI NADIE PIENSA EN EL IMPUESTAZO...


¿Austeridad o pagamos entre todos el presupuesto inflado que hicieron para 2012?

Villa Mercedes. Por lo bajo, resisten el ajuste

La Punta es la candidata argentina para los Panamericanos del 2019

Continúa el escándalo por renuncias anticipadas de jueces



¡Mestascachando, mestascachando!
¿Austeridad o pagamos entre todos el presupuesto inflado que hicieron para 2012?
El gobierno anunció un plan de 'austeridad' para el presente ejercicio, con algunas medidas simbólicas, como no pagar el incremento de los sueldos de los funcionarios ni el aguinaldo, que tendría como objetivo evitar el enojo popular ante el significativo aumento de la presión tributaria del 20% en todos los órdenes, aunque el ministro de Hacienda y Obra Pública, José María Emer, se preocupó en calificar que será "solo el 20%" y que alcanzará "solo" a los que no estén calificados como "buenos contribuyentes" y que afectará "solo" a las viviendas valuadas en más de 106 mil pesos. "Solo", pero el garrotazo al bolsillo vendrá masivamente, y en en mayor o menor medida lo pagarán todos los ciudadanos.

    Tras hacer el anuncio, adornándolo con "los índices de inflación", Emer pretendió justificar que el aumento de las alícuotas era para aquellas que se habían fijado en 2010. Es verdad que ese año se fijaron esas alícuotas, pero también es cierto que son las alícuotas históricas para la mayoría de las actividades. La mayor parte de las que tributan los Ingresos Brutos, pagan el 3,5% de todas sus entradas. Los buenos contribuyentes, en ese caso particular, tenían un descuento y "solo" debían pagar el 2%, pero la alícuota seguía siendo el 3,5%, el otro era un premio, una rebaja. Nada se dijo al respecto, pero de seguro quedan todas en el nivel general, ya que aseguró que a esos contribuyentes que estaban al día con sus obligaciones no les sería aplicado el aumento, pero el valor fijado es el referido más arriba. Un aumento encubierto también para ellos.

    Ahora, con el 20% de aumento, ese 3,5% se transformará en un 4,2% -uno de los porcentajes más altos del país- y el impuesto a los Ingresos Brutos, más tarde o más temprano, lo pagamos todos, porque los comerciantes/industriales/prestadores de servicios, lo trasladan a los precios.

    Dice Emer: "Estamos hablando de un 20%, pero pensemos que estamos hablando de la alícuota del año 2010", que fue igual a la de 2009, del 2008, etc. etc. Un chiste, un mal chiste.

    Vale recordar que este impuesto es el único que tiene una actualización directa con la inflación, ya que se tributa sobre lo que ingresa, es decir, cada mes se aporta con la inflación de ese mes incluída. Si se vendió $ 100, se paga $3,5 y al mes siguiente, si por la inflación se vendió 110 pesos (aunque haya sido la misma cantidad de mercadería) el porcentual será sobre esa venta. No hizo falta aumentar la alícuota para que se actualizaran los valores. La 'verdad' aportada por el ministro, es una falacia, o traducido, intentar meternos la mano en el bolsillo sin que nos demos cuenta.

    Pero bien, siguiendo con el análisis y sin tener la bola de cristal o haber aprendido a ver demasiado bien debajo del agua, cuando habló del impuesto inmobiliario no se dijo nada del campo, que por los valores de referencia que se manejaron, deberán absorver ese 20% de manera lisa y llana.

    Y en el tema del impuesto inmobiliario, se fijó también un 20% para las viviendas urbanas que superen un valor fiscal de 106 mil pesos. Hoy son, como dijo el ministro, alrededor del 8% del padrón, pero no se debe olvidar que la Dirección de Catastro está haciendo desde hace un tiempo un relevamiento satelital e 'invitando' a que se regularice la situación de aquellos que hayan realizado mejoras. Obviamente que el relevamiento tiene como destino el revalúo fiscal de las propiedades de los puntanos.

    Aunque el valor de mercado es mayor que el valor fiscal, ni siquiera las viviendas sociales sin ninguna modificación, valen en menos que los 106 mil anunciados. Una cuenta rápida: en el 1 a 1 entre el peso y el dólar, las casas costaban 27 mil -y tenian una valuación fiscal de alrededor de 13 mil-.

    El valor real, en términos constantes, sería no menos de 140 mil pesos y el fiscal alrededor de la mitad. Pero el precio de mercado supera holgadamente esos 140 mil, ya que se están haciendo transacciones mucho más altas por casas sin mejoras. Ahora bien, al incorporarse las mejoras, ya estos valores quedan absolutamente desactualizados y el 8% actual trepará, seguramente, a un porcentaje muchísimo mayor. Es solo cuestión de tiempo. Y no es que se le estén dando ideas al gobierno. Las tienen claras hace rato.

    Los impuestos al automotor tendrán la misma variable y allí si puede ser cierto que afectará "solo" a los más pudientes. Los automóviles cero kilómetro de más de cien mil pesos son de una gama media para arriba. El resto oscila entre los 50 y pico de miles a los 80 mil. Y la plaza de los usados es mucho más baja su valuación.

    Los sellos sufrirán un 20% parejito para todos.


    Un dato curioso surge del mensaje brindado por el ministro Emer, es el de las empresas constructoras, ya que tributarán un 20% mas, salvo las afectadas a la obra pública, que son, justamente, la que manejan la torta de dinero en la provincia. Casi la mitad del presupuesto -según se propagandiza- va destinado a obras de obras de infraestructura y es justamente allí donde no se aprieta la clavija y se pierde un 20% de la mayor recaudación prevista en otros rubros. ¿Habrá alguna relación con eso que siempre se comenta de que las empresas son de los 'amigos del poder' o del poder mismo? Desconfía y acertarás, dicen.

    Sobre presupuestos inflados y otros números


    Es interesante analizar los números del presupuesto y los justificativos para presentarlo. En 2011, año electoral, se hicieron muchas promesas y hacía falta dinero para realizarlas. A tiempo, como siempre, se presentaron los números en la Legislatura y pese a las predicciones de desaleración de la economía, el gobierno no dudó en subir alrededor del 27% el presupuesto del año anterior. De cuatro mil diez millones en 2011, pasó a 5.280 millones para este año. Ahora dicen ver, con los ojos llorosos, que les mandaron menos plata de la que ellos suponían. La coparticipación federal bajó en un 9% a lo presupuestado. No era noticia. El presupuesto nacional preveía un crecimiento del Producto Bruto Interno para este año del 5,1% y una inflación del 9%. Ambos datos eran también 'dibujados' porque la inflación se disparó y el crecimiento no se sabe si será tal. Pero aún así, entre el 5,1% de crecimiento del PBI previsto en el orden nacional y el 27% que se arrogó San Luis que iba a tener disponibles hay una diferencia abismal. Y el grueso de los dineros que forman el presupuesto provincial, provienen de la Coparticipación.

    Un presupuesto es, justamente la presunción de lo que podría llegar a ingresar y la manera en que se gastará. Cuando se presentó el presupuesto 2010, el gobierno, en los considerandos de la ley elevada a la Legislatura sostenía: "En nuestro país, la caída del consumo, desaceleración de la producción industrial, reducción de costos, adelanto de liquidación de temporada, anuncios de despidos, ajustes de gastos, parecen caracterizar la economía argentina en estos días, en un escenario de “recesión nacional”. Argentina estaría en recesión desde setiembre- octubre del año pasado. Sin embargo, cuando llega el momento de la comprobación estadística de dicho escenario económico, las fuentes gubernamentales tradicionales de consulta, como el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos), ya no se presentan como fiables a la hora de determinar con precisión la coyuntura actual". Cita textual.

    También señala que "consultores privados nacionales afirman, ya desde el año pasado, que la Argentina presenta síntomas muy importantes de caída del crecimiento que conducen a pensar que el país no se salvó de la retracción productiva mundial".

    Entonces, si esto lo sabían desde 2009, cómo 'se les escapó la tortuga' y previeron un presupuesto tan alto para este año. Para el mismo año, la Nación anuncia, indirectamente, a través del presupuesto, que crecerá el PBI un 5,1 % y la Provincia lanza un presupuesto con un crecimiento del 27%.

    Quien escribe estas líneas no es ni por cerca economista, solo un observador atento de los números que se manejan en la economía y también de las variables históricas y los justificativos que se han usado a lo largo del tiempo para hacernos creer cosas que no eran.

    A modo de síntesis, el ministro Emer anunció que los que pagaron al contado anticipado el impuesto inmobiliario y el impuesto automotor (a los que les toque el aumento) "recibirán un beneficio del 10%" en una cuota extra que les enviarán más adelante. No, no es así. No recibirán un beneficio. Pagarán "solo" el 90% del aumento. Pero ya lo habían pagado todo. Habían saldado anticipadamente sus cuentas del año. Aunque parezca lo mismo, el razonamiento del ministro está en el polo opuesto a lo que afirma.

    Es como si uno hubiese comprado en el supermercado la mercadería para todo el año y desde el negocio, porque no les cerraban las cuentas, pasaran a cobrarnos un 20%, pero nos hicieran el favor de descontarnos un 10% de ese porcentaje por pagarlo al contado. Ni más ni menos.

    Como diría el personaje de Franchela, Enrique el Antiguo: ¡Mestancachando! ¡Mestancachando! (Me están cachando, mintiendo, envolviendo)
Informe: Gustavo Senn   gustavosenn@gmail.com
http://www.periodistasenlared.info/junio12-11/nota3.html

  

Por lo bajo, resisten el ajuste

Aunque no lo admiten públicamente, funcionarios de la Municipalidad y concejales del oficialismo se resisten al “ajuste” que decretará en las próximas horas el intendente Mario Raúl Merlo, en consonancia con la determinación del gobierno de Claudio Poggi. “No tenemos, precisamente, los sueldos más altos como para obligarnos a renunciar a aumentos y aguinaldo. Nos quieren hacer pagar a nosotros las cuentas que ellos administraron mal”.

Así lo manifestó uno de los funcionarios del gabinete de Mario Raúl Merlo que, obviamente, pidió reserva de sus datos. “Sabemos que el lunes el intendente va a redactar un proyecto o decreto para enviarlo al concejo para va a adherir a lo que dispuso el gobernador Poggi”, dijo la fuente.

Se espera que en la reunión de gabinete de hoy a la mañana, el intendente Mario Merlo anuncie los alcances del decreto que ya tendría firmado, mediante el que suspende el pago del aguinaldo a todos los funcionarios políticos hasta el nivel de jefe de sub programa, en concordancia con lo dispuesto por el gobernador Poggi.

El impuestazo decidido por la provincia, en cuanto a incrementar todos los tributos provinciales, tales como impuesto inmobiliario, sellos y automotor, ha colocado al Intendente de Villa Mercedes en una incómoda situación que trata, por estos días, se resolver filas adentro del justicialismo, en donde ha encontrado varios escollos porque sus funcionarios no están de acuerdo en pagar de su bolsillo la decisión provincial de aumentar los impuestos.

"Hasta ayer estaban regalando dinero para los bosques nativos (11 millones) y hoy nos aparecen con que no hay plata para los aguinaldos. ¿Dónde quedó la provincia mejor administrada del país?, dijo bastante ofuscado un hombre del PJ mercedino.

Hay quienes sostienen que el no pago de los aguinaldos en Villa Mercedes no pasa de ser un simple maquillaje, porque el total es de 500 mil pesos aproximadamente, mientras que el aumento de los impuestos ronda entre el 20 y el 35 por ciento y será para quedarse.

Otro tanto ocurre con los diputados provinciales oficialistas, que no están dispuestos a resignar sus ingresos y se atreven a decir que "no pagar los aguinaldos es para justificar que las cosas no están tan bien en lo administrativo", aunque como ya es costumbre, hablan y se quejan en los pasillos y llegado el momento de votar, levantan sus manos sin expresar ningún cuestionamiento.

Sumisión

Rápido para demostrar su obediencia, la Municipalidad de Villa Mercedes fue la primera en “adherir” al ajuste -“austeridad”- que anunció Poggi el jueves a través de su ministro de Hacienda, José María Emer. Entre las medidas figura la “suspensión” del pago de los aguinaldos para los funcionarios de la administración pública provincial y el congelamiento de sus salarios.

La disposición (más de gesto que de fondo), vino acompañada de otra (sí más de fondo): el envío a la Legislatura de una “modificación a la Ley Impositiva”, lo que se traduce como un proyecto de “aumento de los impuestos provinciales”. En principio, sería de más del 20%.

Así, Poggi, quien la semana pasada promocionó la “buena administración” del gobierno de San Luis en Córdodoba, a los pocos días debió admitir que los recursos que maneja dependen, como en todas las provincias, de lo que envíe nación. Así lo reconoció Emer: “estas medidas se toman por la ‘reducción’ de la coparticipación”, la que estimó en “140 millones de pesos en estos cinco meses”.

Pero las principales críticas hacia los anuncios del gobierno y los que hará la municipalidad obediente de Villa Mercedes giran en torno a los millones de gastos que el gobierno no está dispuesto a reducir, dedicados a cuestiones consideradas no prioritarias, como la realización del Carnaval de Río (que se lleva más de 30 millones de pesos); o el presupuesto aprobado para el Municipio de Estancia Grande para el Mundial de Polo (de más de 150 millones); el “auspicio” para promocionar la ciudad de La Punta como sede de los Panamericanos; los millonarios fondos destinados a mantener medios de prensa que pertenecen a la familia Rodríguez Saá; lo que gasta en el mantenimiento de estructuras poco o nada funcionales como el Molino Fénix en Villa Mercedes…, entre otros.

De todas maneras, el mismo viernes, el secretario de Hacienda de la Municipalidad, dijo -en un tono poco convincente- que en la Intendencia “estamos atentos a lo que ha definido el gobierno con relación a estas medidas de austeridad” y asumió que son “acertadas para cuidar la sanidad financiera de la provincia”.

Aseguró que la Municipalidad “viene tomando desde hace tiempo distintas medidas para mitigar la disminución de los tributos nacionales” y que en la adhesión que propondrá la Intendencia, también pedida que se sumen el Concejo Deliberante y el Tribunal de Faltas.

Sueldos e impuestos

El ministro de Hacienda aseguró que la situación económica de la provincia “es buena como siempre”; que “los sueldos se van a seguir pagando los últimos dos días de cada mes, como lo hemos hecho siempre” y que se va a mantener la obra pública.

Pero también en ese contexto, anunció que una de las primeras medidas de ahorro apuntará a los bolsillos de los funcionarios, quienes no cobrarán en julio el aguinaldo de mitad de año para todos los funcionarios, desde el gobernador hasta el cargo de jefe de subprograma, y tampoco un aumento salarial del 7,5 por ciento, como estaba previsto.

Si bien el gobierno procuró circunscribir el ajuste a los salarios de los funcionarios, para el “resto de los mortales” de San Luis también llegará el “ahorro forzado”, ya que anunció que enviará un proyecto de ley modificación de la Ley Impositiva Anual, con un importante aumento para los gravámenes de ingresos brutos, inmobiliario, automotores, acoplados y motocicletas y a los sellos.

Para completarla –porque en gran parte de la estructura de la administración pública de la provincia no hay suficiente personal- dentro de los “cambios” también se anunció que se no habrá nuevas designaciones ni contratación de personal en Salud, Educación y Seguridad.

Por útimo, el ministro Emer “invitó” a los poderes Legislativo y Judicial, al Tribunal de Cuentas provincial y a los municipios a tomar medidas similares de restricción de gastos.
http://www.noticiassanluis.com.ar/villa-mercedes/2947-por-lo-bajo-resisten-el-ajuste.html



La Punta es la candidata argentina para los Panamericanos del 2019

La ciudad de La Punta, de San Luis, fue elegida hoy para representar a Argentina en la nomina de candidatas a organizar los Juegos Panamericanos 2019. La ciudad, ubicada en las cercanías de la capital puntana, le ganó la postulación a Rosario. Para el titular del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Werthein, “los dos proyectos presentados fueron muy importantes”. Por su parte, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, prometió organizar “los mejores Juegos de la historia”.


La ciudad de La Punta, en la provincia de San Luis, fue elegida hoy para representar a la Argentina en la hipotética nómina de candidatas a organizar los Juegos Panamericanos 2019. La ciudad situada a 20 kilómetros de la capital puntana le ganó la pulseada a Rosario, que era la otra metrópoli del territorio argentino que se postulaba para organizar la competencia continental dentro de 7 años.

El presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Gerardo Werthein, anunció formalmente que La Punta se transformaba en "la ciudad elegida", minutos después de las 19.30, en uno de los salones de un hotel de la zona de Retiro, en donde se efectuó el acto.

"Los dos proyectos presentados fueron muy importantes. Todos los argentinos estamos encolumnados detrás de ellos", aseveró el titular del COA.

Al acto asistió Claudio Morresi, Secretario de Deporte de la Nación, y el gobernador de la provincia de San Luis, Claudio Poggi, quien prometió que intentará que los Panamericanos de 2019 "sean los mejores Juegos de la historia".
http://www.inforegion.com.ar/vernota.php?id=256667&dis=1&sec=5



Continúa el escándalo por renuncias anticipadas de jueces

La Cámara Federal de Casación intimó ya en tres oportunidades al Tribunal Oral Federal de San Luis para que remita el expediente donde se investiga a dos ex funcionarios del gobierno de Alberto Rodríguez Saá, por la coacción agravada contra un grupo de jueces, quienes antes de asumir el cargo firmaron la renuncia en blanco.

La causa donde la Justicia Federal investigó al entonces ministro de la Legalidad, Sergio Freixes, y al vice ministro Mario Zavala, se encontraba hace dos años concluida y a la espera de la determinación de la fecha del juicio oral, pero en lugar de fijar día y hora para el inicio del debate, los jueces Raúl Fourcade y un subrogante sanjuanino giraron sugestivamente las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia de San Luis, donde desde entonces, la causa no registra movimientos, salvo la excusación de Lilia Novillo y el dictamen de Rubén Alonso, uno de los involucrados en la causa quién debió excusarse pero no lo hizo.

Casación en abril resolvió una oposición planteada por la fiscal Olga Allende y solicitó desde entonces en tres oportunidades que el Tribunal Oral recupere el expediente; pero luego del dictaminen de Rubén Alonso (cuñado de Teresita Negre y quien fuera mencionado en una nota publicada por el Diario de la República en 2005, en la que Sergio Freixes aseguraba que Alonso había renunciado a su cargo), el Superior Tribunal “durmió” la causa mandándola a un juez de Instrucción, con la evidente intención de que la investigación prescriba.

El escándalo motivo de la investigación federal se desató el 11 de abril de 2005, cuando la fiscal Gretel Diamante y Marina Ziliotto expusieron ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación (entonces presidida por Cristina Kirchner) que un grupo de jueces  habían sido filmados con cámara oculta y que algunos habían reconocido que, como condición fundamental para que el Poder Ejecutivo los designara en el cargo, habían entregado su renuncia en blanco. La renuncia anticipada violaba la inamovilidad de los jueces (quienes sólo pueden ser removidos mediante renuncia voluntaria o jurado de enjuiciamiento) y dejaba en evidencia los condicionamientos que el Ejecutivo provincial imponía a los magistrados para designarlos. Eran tiempos en los que se hablaba con insistencia de la probable intervención al Poder Judicial y el Gobierno entonces aprovechó para generar una depuración del Poder Judicial pero a la inversa: no para echar a los jueces vagos, corruptos y genuflexos, sino para sacarse a los jueces rebeldes de encima.

Cuentan algunos testigos que fueron patéticas las reacciones de algunos de los renunciantes cuando vieron su renuncia aceptada e impresa en la tapa del Diario de la República, pero el Gobierno los calmó asegurándoles que era sólo una parodia y que en poco tiempo más todos serían reacomodados dentro del mismo Poder Judicial o con cargos en el Ejecutivo. Marta Vallica firmó su renuncia en blanco para asumir como camarista, pero no le quedó otra que seguir como jueza del Crimen hasta que fue destituida por el jury.

Viviana Oste, a quien en la requisitoria de elevación a juicio se la menciona como una de las que mintió para salvar a Zavala y Freixes, renunció en blanco a su cargo como jueza civil y a los dos años fue nombrada como de juez de Familia. Gabriel Leonhard cambió su cargo de Juez de Paz por el de Secretario en un juzgado.

Víctor Endeiza canjeó la Defensoría de Cámara en San Luis por el mismo cargo pero en Villa Mercedes (Endeiza en la actualidad goza de una licencia indefinida para desempeñarse como funcionario del gabinete de Claudio Poggi). Gabriel Lutens siguió como fiscal de Instrucción pero a Néstor Spagnuolo, el Gobierno le ejecutó la renuncia al cargo de camarista  y luego, abrumado por el escándalo, renunció también al de juez de Sentencia. Humberto Agúndez asumió como camarista en Villa Mercedes, pero su intención era venirse a San Luis hecho que finalmente fue abortado cuando desde el Ejecutivo le ejecutaron la renuncia anticipadamente.
Desde entonces, salvo por el escándalo por una presunta coima y posteriores amenazas de muerte a raíz del incumplimiento de un pacto con una banda de delincuentes, poco se sabe del polémico Agúndez.

Verónica Alonso no tuvo la misma suerte que los otros. Proveniente del entorno de Miguel Martínez Petricca, la joven y agraciada abogada se aprestaba a asumir como jueza de Familia pero, sin aviso, le aceptaron la renuncia. Ella insistió en presentarse a concursar por una nueva designación que subsanara el favor a la estrategia de Zavala, pero el tribunal evaluador la bochó del examen por ir a rendir con una vestimenta demasiado sugerente.

Pero el escándalo tuvo una onda expansiva mayor porque Mario Zavala, ideólogo del estropicio, un tiempo antes había renunciado como camarista penal y se perfilaba para asumir a la brevedad como ministro del Superior Tribunal. Hoy, Zavala se las rebusca como asesor del Gobierno, además de desempeñarse como marido de la ministra de Salud, Teresa Nigra. De acuerdo con la declaración de Marina Ziliotto (la única jueza que dio testimonio de las amenazas de Zavala para obligarla a renunciar antes de asumir), la periodista Gloria Velázquez fue mandada por Mario Zavala con la directiva de ofrecerle un cargo de ministra en el Superior Tribunal a cambio de silencio. Según Ziliotto, Zavala en su despacho de Casa de Gobierno, le dijo amenazante “No te olvides que yo encontré el cadáver de Darío Gramaglia y que manejo la policía”.

Marina Ziliotto ejerció como camarista durante un breve lapso pero un día se desayunó con su renuncia impresa en la tapa del Diario. Ziliotto contó entonces que Mario Zavala la había citado a su despacho para hacerle saber que sin la renuncia no había cargo y que allí mismo le había indicado que denunciara ante los medios a los demás camaristas para obligarlos a irse.

Carlos Salomón era entonces uno de los jueces que se había vuelto molesto para el Gobierno y era uno a los que Ziliotto tenía orden de defenestrar públicamente. Salomón no renunció allí, pero sí lo hizo luego de una reunión con el hoy fallecido Marcos Salino. Antes de dejar su cargo de camarista penal, Salomón denunció a Sandra Piquillém por la adulteración de los datos consignados en su currículum vitae. Piquillém pretendía acceder al cargo de procuradora general de la Provincia y fue una precursora en inflar groseramente sus antecedentes con “errores de tipeo”. De la denuncia presentada por Salomón ante el entonces juez interino Carlos Robledo nunca más se supo nada, y en la actualidad, Piquillém goza de perfecta salud, pero disfrutando de la mieles del cargo de camarista Penal en la Tercera Circunscripción de San Luis, luego de que el Jury le perdonara la vida.

Zavala dijo en su indagatoria que Ziliotto concurrió sin presiones a su despacho a renunciar y citó como testigos al actual Ministro de Inclusión, Federico Tula, y el periodista Arturo Masjoan, pero luego el mismo Zavala, a raíz de sus contradicciones, se encargó de desmentir los dichos de Tula y Masjoan, reconociendo que en su oficina estaban solos él y la camarista. Otro de los testigos falsos de la causa es el ex viceministro de Seguridad, Diego González, quién en la actualidad -a raíz de una licencia sin término- se desempeña en la Municipalidad de Villa Mercedes.

Viviana Moreira, esposa de Sergio Freixes y al momento del escándalo senadora provincial, aportó una de las imágenes más graciosas de las cámaras ocultas filmadas por el estudio Whortman- Jofré, cuando, con la intención de callar a Marina Zilioto, la entonces legisladora fue a la casa de la ex camarista a ofrecerle un cargo en Medio Ambiente. En un tramo de la filmación tomada en el living de Ziliotto y en momentos en que la dueña de casa estaba en la cocina, Moreira se agacha a espiar debajo de la mesa ratona y le pregunta a una tercera persona si no habría allí una cámara oculta. Luego, Freixes mentiría diciendo que su esposa en realidad se había agachado en busca de un presunto aro caído.
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