jueves, 25 de octubre de 2012

MEGAMINERIA CONTAMINANTE PARA EL GOBIERNO DE POGGI NO HACE FALTA REGLAMENTAR NADA, SOLO BASTA LA BUENA VOLUNTAD DE LAS PARTES...



“Queremos la reglamentación de la ley que prohíbe la megaminería en la provincia”

ONG's ambientalistas aseguran que hay aprobados proyectos mineros contaminantes

Megaminería: para el Ministro de Industria “no es necesario” que la Ley esté reglamentada   

Internas del PJ
Tras el papelón K, ayer proclamaron a Adolfo como presidente del partido

El radicalismo pide que el gobierno informe si se cobran las operaciones en el hospital de Villa Mercedes

Cirugía menor Las denuncias contra médicos del Policlínico de Villa Mercedes

“En Justo Daract no hay controles del agua potable ni de efluentes cloacales”

Municipalidad de San Luis: Renuncio Estela Aragon
 
 


“Queremos la reglamentación de la ley que prohíbe la megaminería en la provincia”    

“100 millones de litros de agua por día se necesitan para extraer oro. Esta cantidad devastaría el ecosistema de las Sierras Centrales”, advirtió Soledad Sede, Coordinadora de la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería (RedAJ). Entre 2008 y octubre de 2012, la Dirección de Minería publicó 13 denuncios mineros en el Boletín Oficial: 11 a particulares y 2 a empresas megamineras canadienses TNR GoldCorp y Meritus Minerals, cuyo apoderado legal es Carlos José Antonio Sergnese. Al otorgar estos denuncios la dirección de minería pone los yacimientos de la provincia en el mercado, y las empresas que los obtienen comienzan a negociar con ellos.

La ley sancionada en 2008 prohibiendo la megaminería en la provincia, aún no fue reglamentada. En este marco, la empresa minera TNR GoldCorp explica en su sitio web que está buscando “socios para comenzar un proyecto conjunto en La Carolina (San Luis)”.

“Una ley sin reglamentar es un remedio sin prospecto”, explicó Soledad Sede durante la conferencia de prensa brindada ayer. “La falta de reglamentación implica que ninguno de los ministerios ni direcciones actúan como responsables últimos de la implementación de la ley. Si estuviera vigente, estas empresas no pondrían un pie en la provincia. Mientras existan estos proyectos, cualquiera de estas empresas canadienses que ahora están explorando, que viene a la provincia con poder y dinero, va a hacer la presión suficiente para derogar la ley y dejarnos sin agua”, denunció Sede.

La empresa Marifil Mines sacó la última gacetilla de prensa el 12 de octubre de este año anunciando las reservas aproximadas en su proyecto Las Águilas en la provincia (un contenido mínimo de 18.871 toneladas de cobre, 18.796 toneladas de níquel, 1.381 toneladas de cobalto y 1.222.670 oz de platino paladio) En el comunicado anuncian que se encuentran “entusiasmados con el desarrollo a corto plazo, esperan asociarse con una compañía que se enfoque en expandir sus recursos y comprometerse con el desarrollo minero. Además, confían en el potencial del proyecto”.

En este marco,  el ministro de Minería, Walter Padula y la ministra de Medio Ambiente de San Luis Daiana Hissa niegan la existencia de Megaminería con sustancias tóxicas en la provincia. 

Sin embargo, Pinsapo ECOGOLD estuvo trabajando todo el año pasado en nuestros ríos y mantuvo un laboratorio clandestino en La  Carolina desde donde arrojaba sustancias tóxicas a la calle. La actividad de la empresa fue “suspendida” por el Ministerio de Ambiente y todavía no se realizó ninguna tarea de remediación en la zona. “Nosotros pedimos a Ambiente ver el expediente hace más de un mes y aún no hemos tenido respuesta” explicó Sede.

En numerosas oportunidades, a través de asambleas, organizaciones y como ciudadanos autoconvocados, las ONGs RedAJ y Buen Vivir han presentado notas al gobernador de la provincia solicitando la protección de nuestras sierras y sus fuentes de agua de manera concreta con la instrumentación de las leyes existentes, sin obtener respuesta.

“ El miércoles pasado le entregamos en mano al gobernador todas esas notas y copias de los proyectos mineros contaminantes que las empresas ya están promocionando en el extranjero, porque es urgente instruir a la Dirección de Minería y a Ambiente”, explicó Ramón Sanz Ferramola de la Asamblea del Buen Vivir y concluyó: “Queremos la reglamentación de la ley que prohíbe la megaminería en la provincia y de la ley que declara zona protegida las sierras centrales, el nacimiento de todos los ríos de la provincia, nuestra fuente de agua. Las expresiones de deseos o de buena voluntad de los ministros Hissa y Padula no constituyen actos de gobierno, queremos ver su voluntad expresada en una reglamentación que ordene a la Dirección de Minería para que deje de dar denuncios mineros”.

“La minería es una actividad que no es sustentable porque implica el agotamiento de un recurso NO renovable, en este caso el oro, que estas empresas extraen a gran escala, utilizando tóxicos y grandes cantidades de agua. Si en San Luis se prohíbe la actividad, las empresas mineras no pueden tener expedientes avanzando en ninguna oficina de Gobierno”, precisó Sede. “Si en la Provincia de San Luis se prohíbe la megaminería, entonces que se reglamente la ley para que ninguna empresa minera ponga un solo pie en nuestros ríos.

“Nos preocupan sobre todo los lazos que vemos entre funcionarios del Gobierno y las empresas mineras que están explorando y comerciando nuestros ríos y reservas minerales. Juan Carlos Antonio Sergnese es apoderado de Meritus Minerals y el contador Hugo Eugenio Zudaire, actualmente miembro del tribunal de cuentas de la provincia, es apoderado de la sucursal puntana de la empresa canadiense CASTILLIAN RESOURCES. Esto figura en los boletines oficiales, salta a la vista buscándolo en internet ¿Se imaginan todas las otras cosas que están pasando y ni nos enteramos?”,  se preguntó Rosita Somare, miembro de la Asamblea Buen Vivir.

La megaminería en el país

Entre 2003 y 2011, se dictaron nueve leyes provinciales de prohibición de la magaminería. Estas leyes ya han sido derogadas en La Rioja y Río Negro. En Mendoza y Córdoba hay dos pedidos de inconstitucionalidad. En Chubut, la ley es víctima del lobby minero. En Veladero (San Juan) para extraer 6 gramos de oro, se necesita explotar una tonelada de montaña. Allí extraen 11 mil onzas de oro por día, facturando más de 15 millones de dólares. Para esto, utilizan más de 100 millones de litros de agua por día. “Esta cantidad devastaría el ecosistema de las Sierras Centrales en San Luis”, explicó Sede. 

Proyectos de empresas mineras en San Luis
-“La Carolina” de la empresa TNR Goldcorp (Oro)
-Meritus Minerals (oro) que tiene como apoderado legal a Carlos José Antonio Sergnese
-Las Águilas de la empresa Marifil Mines (Cobre, níquel, cobalto, platino y paladio)
-Rodeo de los Molles de la empresa Wealth Minerals
-San Martín 1, San Martín 2 y Concarán de la empresa U308 Corp  (uranio)
-Las Chacras de la empresa Rara Terra Minerals Corp
-Diente Verde de Ama Resources
http://lagaceta-digital.com.ar/tempor/index.php?option=com_content&view=article&id=6984:queremos-la-reglamentacion-de-la-ley-que-prohibe-la-megamineria-en-la-provincia&catid=1:latest-news&Itemid=50



ONG's ambientalistas aseguran que hay aprobados proyectos mineros contaminantes

    Este martes a las 11 hs en la sede de la Asociación de Docentes Universitarios, ubicado en Las Heras 852, harán una conferencia de prensa para hablar de los proyectos "de megaminería contaminante", que según señalan ONG's ambientalista, estarían aprobados en San Luis. Desde el gobierno se curaron en salud y ayer el ministro Walter Padula salió a dementir que hubiese proyectos aprobados que utilicen sustancias prohibidas.

    Los ambientalistas señalaron en un comunicado de prensa, que la ministra de Medio Ambiente Daiana Hissa negó las denuncias realizadas la semana pasada y "dijo que en la provincia se realiza “minería sustentable” y se refirió a una ley sin reglamentar que prohíbe esta actividad".

    Pero redoblan la apuesta y señalan que "este martes daremos a conocer los proyectos en una conferencia de prensa", en el lugar referido.

    Puntualizan que "mientras que la ministra de Medio Ambiente de San Luis Daiana Hissa niega la existencia de Megaminería en la provincia y se escuda en la “dificultad” de reglamentar la ley que prohíbe esta actividad, la Asamblea del Buen Vivir denunciará este martes los proyectos de minería contaminante que existen en la provincia y los denuncios mineros otorgados por la Dirección de Minería para extraer oro de los ríos de la provincia".

    Y reseñan que "el miércoles pasado el gobernador Claudio Poggi iba a recibir una distinción por su política medioambiental cuando miembros la Asamblea Buen Vivir y de la Red de Asistencia Jurídica Contra la Megaminería (RedAJ) le entregaron personalmente información sobre los proyectos mineros habilitados por la Dirección de Minería. Estos otorgamientos no cumplen con las leyes de protección ambiental de la provincia ni con el Código de Minería de la Nación. Sin embargo, el gobierno habilita estos proyectos mineros sobre los ríos de las Sierras Centrales de la Provincia e incluso en el pueblo de La Carolina".

    "A pesar de que la Ministra de Ambiente negó la existencia de empresas megamineras, en la provincia ya se han instalado empresas que han realizado trabajos de exploración habilitados por la Dirección de Minería. Entre ellas, Pinsapo ECOGOLD estuvo trabajando todo el año pasado en nuestros ríos y mantuvo un laboratorio clandestino en La Carolina desde donde arrojaba sustancias tóxicas a la calle. La actividad de la empresa fue “suspendida” por el Ministerio de Ambiente y todavía no se realizó ninguna tarea de remediación en la zona. “Nosotros pedimos a Ambiente ver el expediente hace más de un mes y aún no hemos tenido respuesta” explicó Soledad Sede, Coordinadora de la RedAJ. La Dirección de Minería de la provincia ha otorgado desde 2008 hasta hoy, al menos 13 denuncios mineros en los ríos de la provincia, 2 de estos a nombre de las empresas canadienses TNR GoldCorp y Meritus Minerals, cuyo apoderado legal es Carlos José Antonio Sergnese[1]".

    "En este marco, las ONGs RedAJ y Buen Vivir brindarán mañana a las 11hs una conferencia de prensa para denunciar el accionar ilegal de la Dirección de Minería y dar a conocer los proyectos queavanzan sobre los ríos de nuestra provincia".

    La Ministra Hissa aseguro que “estas personas nunca han presentado una nota ni un comunicado”. En numerosas oportunidades, a través de asambleas, organizaciones y como ciudadanos autoconvocados las ONGs RedAJ y Buen Vivir han presentado notas al gobernador de la provincia solicitando la protección de nuestras sierras y sus fuentes de agua de manera concreta con la instrumentación de las leyes existentes, sin obtener respuesta. “El miércoles pasado le entregamos en mano al gobernador todas esas notas y copias de los proyectos mineros contaminantes que las empresas ya están promocionando en el extranjero, porque es urgente instruir a la Dirección de Minería y a Ambiente” explicó Ramón Sanz Ferramola de la Asamblea “del Buen Vivir”.

    La Ministra de Ambiente también aseguró que ´es muy difícil reglamentar la ley´ y retrucan señalando que creen "innecesario responder a esto ya que ningún funcionario puede excusarse en la dificultad de una tarea. Proteger el medio ambiente es su trabajo y exigirle que cumpla con su rol es la única forma de cuidar el agua y nuestro futuro. La minería es una actividad que no es sustentable porque implica el agotamiento de un recurso NO renovable, en este caso el oro, que estas empresas extraen a gran escala, utilizando tóxicos y grandes cantidades de agua. Si en San Luis se prohíbe la actividad las empresas mineras no pueden tener expedientes avanzando en ninguna oficina de Gobierno", precisó Sede.
Informe: Gustavo Senn   gustavosenn@gmail.com
http://www.periodistasenlared.info/octubre12-23/nota3.html



Megaminería: para el Ministro de Industria “no es necesario” que la Ley esté reglamentada

AUDIO: WALTER PADULA (MINISTRO DE INDUSTRIA)
El Ministro de Industria, Comercio, Minería y Transporte de la provincia, Walter Padula, reiteró este miércoles que San Luis no autorizará la explotación minera mediante el uso de químicos tóxicos.

El funcionario hizo referencia al pedido de organizaciones ambientalistas que luchan por la reglamentación de la Ley 634 del 2008, que en su primer artículo prohíbe el uso de material tóxico para el trabajo en las minas.

“Desde el punto de vista legislativo no necesariamente todas las leyes tienen que estar reglamentadas. Hay cientos de leyes que son operativas y no requieren reglamentación. En este caso, la Ley es muy clara, cuando expresa que en San Luis se prohíbe dentro del territorio el uso de sustancias químicas para cualquier proceso minero metalífero”, señaló Padula.

El Ministro aclaró que los denuncios mineros que realizan las empresas como primer paso para llegar al objetivo final que es la explotación de una mina, la Dirección de Minería los recibe porque  “no está prohibida la extracción, lo que está prohibido es el uso de sustancias químicas en el proceso; si uno encuentra alguna manera de extraer oro sin utilizar productos químicos, no habría ninguna prohibición”.

Asimismo, explicó que, de acuerdo al Código de Minería Nacional, la Dirección del gobierno provincial está obligada a recibir todos los denuncios mineros, “lo que no significa que desde el momento en que se realiza ese denuncio se lo habilite a hacer exploración, cateo, y mucho menos explotación”.
http://sanluis24.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=31625:megamineria-para-el-ministro-de-industria-no-es-necesario-que-la-ley-este-reglamentada&catid=34:catlaciudad&Itemid=54

 

Internas del PJ
Tras el papelón K, ayer proclamaron a Adolfo como presidente del partido

"Ya van a encontrar una excusa para no participar", había vaticinado Adolfo Rodríguez Saá antes del cierre de las presentaciones. La lista Rojo Punzó -con excusas o no- con el argumento de no tener garantías, finalmente se retiró de la contienda del domingo venidero. En el único lugar que habrá elecciones, será en el departamento Belgrano. También, el oficialismo, 'curándose en salud', bajo el pretexto de 'evitar el desgaste' decidió no hacer la elección prevista para el domingo, la que, eventualmente, podría haber tenido baja participación. Adolfo Rodríguez Saá presidirá el PJ por cuatro años secundado por Claudio Poggi y Graciela Mazzarino. Alberto presidirá el Congreso partidario según informa su propio diario.



El radicalismo pide que el gobierno informe si se cobran las operaciones en el hospital de Villa Mercedes

Los diputados de la UCR Jorge Lucero y Walter Ceballos ingresaron un pedido de informes para ser tratado en la sesión de hoy, pidiéndo que el Ejecutivo informe si conoce que en el Policlínico Regional Juan Domingo Perón se cobran las operaciones que se realizan. Según el texto de la solicitud, reclaman información para saber "si el Poder Ejecutivo Provincial esta en conocimiento que se le solicita a los pacientes y/ su familiares que deban pagar cifras que van de (pesos) $2.500 a (pesos) $3.500, supuestamente destinadas al pago de instrumental quirúrgico, anestesista y/o instrumentistas".

    También solicitan, dada la gravedad, que en un plazo de cinco días, el gobierno conteste si "esta en conocimiento de que en el Policlínico Regional de Villa Mercedes no se está garantizando las prestaciones médicas de cirugía en tiempo y en forma".

    En el proyecto presentado en la víspera, los radicales señalan que hoy en las sesión fundamentarán el porqué de su pedido y agregan en el texto que quieren saber "si el Poder Ejecutivo Provincial está en conocimiento que lo profesionales médicos y su dirección médica manifiestan a los pacientes y/o sus familiares que la alternativa para no pagar estas cifras, que en la mayoría de los caso por tratarse de gente humilde están fuera de su posibilidades presupuestarias, es su traslado para ser intervenidos quirúrgicamente en el Hospital de la ciudad de San Luis agregándoles de
    manera verbal la carga emotiva al decirles “el problema es que allá te lo agarra cualquiera”.

    En otro de los puntos del artículado del pedido de informes presentado por Ceballos y Lucero, indagan si el Poder Ejecutivo Provincial está en conocimiento de que esta situación significa "un flagrante incumplimiento a los deberes de funcionario público de todos los responsables inherentes a esta tarea que violenta el derecho humano fundamental, consagrada constitucionalmente de tener garantizado el acceso a una salud pública, de
    calidad para todos los habitantes de esta provincia, con énfasis en aquellos ciudadanos que no poseen otra cobertura de salud que no sea la que debe proveerles el Sistema de Salud Pública.
http://www.periodistasenlared.info/octubre12-24/nota1.html

   


Cirugía menor
Las denuncias contra médicos del Policlínico de Villa Mercedes
por “cobrar” para hacer cirugías, rápidamente se tornaron en un escándalo. Hasta el momento, el único profesional bajo sospecha sería un otorrinolaringólogo contratado “part time” por el gobierno. Ayer trascendió que le habrían pedido la renuncia al director del Hospital, Alberto Figueroa (foto). No obstante, Prensa del Gobierno difundió que él mismo propuso apartarse del cargo. El secretario adjunto de la APTS, Carlos Belletini, aseguró que si el gobierno toma esa medida “todos los que estamos en carrera sanitaria vamos a salir a apoyarlo”.

    La curiosa e “inmediata” intervención de la Cámara de Diputados y del gobierno para hacer una “cirugía menor”.

Para el referente en Villa Mercedes de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud las denuncias, si realmente son veraces, se tienen que analizar en un “claro contexto de precarización laboral”, con cada vez más profesionales “contratados fuera de carrera sanitaria” trabajando en los hospitales públicos.

Mientras, la Cámara de Diputados aprobó en la sesión de este miércoles un pedido de informes dirigido al gobierno para que responda si conoce las denuncias que involucran a médicos del Hospital de Villa Mercedes quienes le solicitarían a pacientes que deben someterse a cirugías o a familiares pagar cifras que van de $ 2.500 a $ 3.500 para los gastos en instrumental quirúrgico, anestesista o instrumentistas, tal como lo denunciaron los integrantes del bloque de la UCR.

Sorpresivamente, el pedido de informes salió por “unanimidad” y los diputados emplazaron al Ejecutivo a que responda lo solicitado en el término de cinco días.

Por otra parte, el doctor Figueroa dijo ayer que desconocía si había médicos en el Hospital que cobran a los pacientes para cirugías. Aseguró que nunca recibió ninguna denuncia ni mantuvo comunicación alguna con los diputados radicales, que dicen haber recibido al menos cuatro denuncias y luego presentaron el pedido de informes en la Cámara.

Por esa situación, los diputados piden que se informe si el Ejecutivo “ha autorizado a algunos profesionales médicos o a la dirección médica de dicho nosocomio a percibir estos emolumentos”.

“Es totalmente inexacto”, contestó el director del Hospital al desmentir la posibilidad de que el cobro a pacientes sea una “práctica” en ese nosocomio. Sostuvo que si los diputados tienen denuncias al respecto “deben presentarlas como corresponde”.

Para completar el panorama, en la tarde de ayer comenzó a circular la versión sobre un supuesto pedido de renuncia al director del Policlínico, lo que fue desmentido por el mismo ministerio de Salud. “No hay hasta el momento ninguna comunicación oficial sobre pedido de renuncia. El ministerio ha tomado conocimiento sobre el tema y se pondrán en marcha los mecanismos con el fin de determinar responsabilidades si las hubiera”, reveló el jefe del Programa Recursos Humanos del Ministerio, Fernando Miranda.

Sin embargo, desde Prensa del Gobierno, se informó que Figueroa habría “presentado” la renuncia para no “obstaculizar” la investigación.

Un problema de fondo

Las denuncias que supuestamente recibieron los diputados, más la “rápida” intervención de la Cámara de Diputados y del propio ministerio dejaron algunas sospechas entre los profesionales del hospital, fundamentalmente, los que están integrados a carrera sanitaria.

Para algunos, el hecho podría haberse producido de manera aislada, pero debería analizarse en un contexto de precarización laboral, con salarios depreciados, fuga de profesionales, poco interés de médicos y especialistas para incorporarse a la Salud Pública y la falta de respuestas del gobierno ante los permanentes reclamos de la APTS.

“Nosotros creemos que el problema de fondo es esta situación que venimos denunciando desde hace años. El gobierno no quiere mejorar las condiciones laborales de los profesionales y todo el personal que trabaja en al Salud Pública y recurre a contratos part time, fuera de carrera sanitaria, para cubrir las necesidades que lógicamente tienen los hospitales”, advirtió Belletini.

Dijo que “tomar medidas en contra del director del Hospital, como si la supuesta mala conducta de un médico fuera una cuestión estructural, es algo que no podemos aceptar. Por eso, en nombre de todos los cirujanos y jefes de las distintas pareas del Policlínico, estamos dispuestos a apoyarlo”.

“Para que tengan en cuenta que el problema de la Salud Pública es de fondo hay un dato revelador: en 1976 había 7 cirujanos y 60 camas en el servicio ¿saben cuántos hay ahora? Solamente 6 cirujanos y 23 camas. Ese es el problema de fondo que sufren los hospitales y los pacientes de San Luis”, añadió.

Otra fuente del mismo Hospital dijo a este medio que el gobierno “no debe deslindar su responsabilidad en todo lo que pasa en la Salud Pública. No nos extrañaría que algún funcionario, con la autorización de las máximas autoridades, haya autorizado a médicos cobrarles a los pacientes. Es otro paso que daría el gobierno para avanzar en la privatización de la Salud”.

Lo que hace el gobierno


El área de Prensa del Gobierno difundió a última hora de ayer que el Ministerio de Salud “realizará una investigación por las denuncias realizadas por los diputados de la UCR Jorge Lucero y Walter Ceballos sobre que médicos del Hospital de Villa Mercedes cobrarían dinero para realizar las cirugías”.

Con una rapidez que sorprende, ya que los reiterados reclamos por las graves falencias en el servicio de Salud nunca encuentran respuesta, ayer no sucedió lo mismo con las denuncias que presentaron los diputados radicales.

La ministra de Salud, Teresa Nigra, expresó: “es importante realizar esta investigación para determinar si estos hechos son reales y resguardar el prestigio y honor de los trabajadores del Hospital y sancionar a los responsables si se comprueban los hechos denunciados”.

Además agregó que aquellas personas que se sientan afectadas y puedan aportar pruebas de este hecho que las acerquen al Ministerio de Salud.

Dice la información oficial que el director del Hospital, Alberto Figueroa, “presentó su renuncia para que la investigación se lleve a cabo de manera transparente”.   
http://noticiassanluis.com.ar/villa-mercedes/3640-cirugia-menor



“En Justo Daract no hay controles del agua potable ni de efluentes cloacales”

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias Mercedes, José Ucelay, denunció que en Justo Daract no se hacen controles de agua potable ni tratamiento de los efluentes cloacales “que son arrojados directamente al río”. También acusó al intendente Jorge Melano por “trabajo en negro” en Obras Sanitarias: “de 19 empleados, 17 están en situación irregular, les pagan 200 pesos por semana”, cuando el sueldo inicial, según convenio, es de $ 3.500.

El sindicalista cuestionó las políticas que llevaron adelante en la ciudad en los últimos 8 años, tanto del intendente Melano como durante la gestión de Alfredo Domínguez. “En el Sindicato estamos muy preocupados por el mal desempeño de los funcionarios en Obras Sanitarias. Hemos pedido en reiteradas oportunidades una reunión con el intendente pero no nos responde. Ahora elevaremos las notas respectivas al Gobierno de San Luis y, si no hay contestación, vamos a denunciar los hechos en la Justicia”.

Ucelay advirtió que la Municipalidad de Daract “no cuenta con un laboratorio para hacer análisis de agua. Tienen una precaria infraestructura en la zona del Bordo del Chivato para arrojar cloro al agua y de ahí enviarla a las redes domiciliarias, pero nada garantiza que ese proceso se realice bien. Incluso nos han comentado que cuando no hay cloro el agua se envía directamente a las redes”.

Para el sindicalista, la falta de tratamiento adecuado del agua potable está directamente relacionada con la precarización laboral de Obras Sanitarias. “No cabe a ningún análisis que de los 19 trabajadores, solamente dos están legalmente incorporados al sistema, mientras que el resto están bajo un sistema precario, con contratos y un sueldo de 200 pesos mensuales. Según convenio, el haber mínimo para los empleados es de $3.500. Además, la precarización no solamente tiene que ver con los salarios, sino también con la capacitación y especialización del personal destinado a tareas específicas en Obras Sanitarias”.

Contó que detrás del “vaciamiento” de infraestructura laboral “lo que intentan hacer es directamente dejar de lado el encuadre que les corresponde a los trabajadores, que se pierda el convenio. En los últimos años, a medida que los empleados de iban jubilando los reemplazaban con contratados. Así la labor pierde institucionalidad”.

Asimismo, advirtió que no se hacen controles en cuanto al uso del agua para riego en emprendimientos agrícolas, “esto sucedería con el agua que llega a Daract desde uno de los canales revestidos” y que otra situación irregular se produce en la distribución de los fondos que se recaudan en Obras Sanitarias: “la mitad es para pagar los sueldos a los trabajadores de esa área y la otra para los salarios de los empleados municipales”.

Efluentes cloacales

El panorama crítico de Obras Sanitarias de Justo Daract también involucra al tratamiento de los efluentes cloacales. “Tenemos información sobre la falta de procesamiento de los líquidos que son arrojados a lagunas y de allí directamente al río Quinto produciendo un daño ambiental grave. Por esa situación hemos pedido también reunirnos con el intendente pero no conseguimos que nos atienda”.

Dijo que la situación se agravó en los últimos años “porque, aunque mal construidas, pero se extendieron las redes cloacales en la ciudad. Lo peligroso es que no se hagan los tratamientos y se arrojen los desechos a un río que, además, tiene muy poco caudal para que haga una depuración natural y evitar que la contaminación se sedimente en el suelo. Creemos que estamos ante un grave impacto ambiental”.

“Tenemos un crítico panorama tanto por la situación laboral de los empleados que son explotados, como por las serias falencias en los tratamientos y controles del agua potable y de los desechos cloacales. Si no tenemos respuestas de la Intendencia o del gobierno, hemos decidido llevar esto a la Justicia”, concluyó.
 http://noticiassanluis.com.ar/provincia/3626-en-daract-no-hay-controles-del-agua-potable-ni-los-efluentes-cloacales

    

RENUNCIO ARAGON Y NO VUELVE MAS

En esta ocasión es definitivo, la asesora legal, Estela Aragón, se fue de la Municipalidad de la Capital. Pero esta vez no habrá reconsideración como sucedió antes. Ahora no hay retorno, se fue para siempre.

  Al mediodía el rumor explotaba en las mesas de redacción. La abogada Estela Aragón se alejaba del gabinete de Enrique Ponce, pero en esta oportunidad la versión tenía un toque de mayor gravedad.

  “Usted me conoce, no voy a hacer declaraciones, sólo le diré que es indeclinable, esta vez mi renuncia es indeclinable”, le dijo lacónicamente con tono marcadamente firme al editor de ABC NOTICIAS San Luis la doctora Estela Aragón en una corta pero atenta comunicación telefónica.

  Reconocida por su rectitud, se erige siempre como un verdadero bastión institucional que brinda  garantías de  seriedad y  transparencia, de modo que esta baja en la administración municipal no es un detalle menor, es un golpe sensible al cuerpo político institucional de la gestión de Enrique Ponce.

  Hasta ahora no se han difundido oficialmente las razones de la dimisión, pero, ateniéndose a su personalidad, altamente discreta, es difícil que Aragón ventile públicamente sus diferencias con la conducción municipal y que la llevaron a dejar para siempre su despacho de la calle Belgrano y San Martín.
Leer más: http://www.abcnoticias-sl.com/news/renuncio-aragon-y-no-vuelve-mas/