domingo, 24 de diciembre de 2006

NAVIDAD FEUDAL...



San Luis y la tradición nepotista

Si hay una provincia argentina emblemática de la tradición caudillista y nepotista que ha cundido en distintos rincones de la Argentina, ésa es la de San Luis, donde los hermanos Rodríguez Saá gobiernan desde 1983 hasta hoy, sin certeza alguna de que dejarán el poder.


El reciente fracaso por imponer un proyecto de reelección indefinida del mandatario provincial de Misiones, que no sólo cortó las aspiraciones del gobernador Jorge Rovira, sino que arrastró al presidente Néstor Kirchner por haberlo apoyado, generó consecuencias políticas importantes en todo el país. Una de ellas fue el fin de varios proyectos reeleccionistas de dudosa legalidad o legitimidad, como los que se plantearon en su momento los gobernadores de Buenos Aires, Felipe Solá, y de Jujuy, Eduardo Fellner.

Lamentablemente, existen cinco provincias (San Luis, La Rioja, Catamarca, Formosa y Santa Cruz) cuyas constituciones admiten la posibilidad de la reelección indefinida del gobernador. En las últimas semanas, surgió la posibilidad de que la provincia de San Luis se excluyera de esa lista. Un proyecto de enmienda de la Constitución provincial, propuesto por el gobernador Alberto Rodríguez Saá y aprobado ya por la Cámara de Diputados, plantea limitar la posibilidad de reelección del titular del Poder Ejecutivo de la provincia por un solo período consecutivo, dejando de lado la actual alternativa de la reelección perpetua.

Lo controvertido del proyecto es que sus efectos sólo se aplicarían a partir de 2011, en virtud de lo cual sectores de la oposición han denunciado, no sin sólidos fundamentos, que el actual gobernador podría permanecer en el poder, si lo deseara y contara con el apoyo ciudadano, hasta 2019. La dinastía Rodríguez Saá se estiraría así nada menos que por 36 años, como mínimo, en una tenebrosa combinación de poder hegemónico y nepotismo.

Cinco años atrás, la consigna popular de "¡que se vayan todos!" asustó a buena parte de la clase política, cuya agenda pareció comenzar a otorgarles un lugar importante a las demandas de reforma política. No pocos funcionarios y dirigentes políticos, ante el novedoso escenario, comenzaron a agotar a sus auditorios con frases que prometían pulverizar la corrupción e investigar hechos ilícitos hasta las últimas consecuencias, o bien comenzaron a apelar a la necesidad de una nueva política.

Con tristeza, hoy advertimos que, por entonces, la vieja dirigencia política tan sólo asumió la retórica de quienes parecían amenazar su continuidad en la silla del poder con el único propósito de seguir manteniendo sus privilegios. Y así fue: la tan esperada renovación no se produjo y la reforma política -hoy cajoneada por el gobierno nacional- se convirtió en un simple eslogan para ganar tiempo. Es probable que con algunas ideas para reformar las constituciones provinciales, como la de San Luis, ocurra algo parecido.

Se trata apenas de neutralizar viejos reclamos sociales, cambiando algo para que en el fondo nada se modifique. Sería más trascendente para las instituciones y para la seguridad jurídica de la provincia que las autoridades de San Luis dieran otra clase de señales, sobre todo en momentos en que la comunidad empresarial observa con preocupación cómo una sociedad mixta con mayoritaria participación del estado provincial, la Constructora San Luis Sapem, que preside el ministro Alberto Pérez, pretende despojar de sus derechos sobre un yacimiento minero salino, ubicado en la Laguna del Bebedero, a la empresa Dos Anclas, que viene explotándolo desde 1917 y adquirió esas tierras en 1941.

Maniobras como las descriptas no hacen más que acentuar la percepción de que, en algunas provincias, el sector privado sólo puede tener derecho a hacer negocios si tiene un padrino en el poder político de turno. No menos conveniente sería que, en lugar de agitar proyectos de reforma constitucional, quienes gobiernan la provincia de San Luis hicieran gestos efectivos de renunciamiento a seguir aferrándose al poder, para dar paso a nuevas generaciones políticas y facilitar la alternancia, tan valiosa en cualquier república.

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Una increíble y perpetua monarquía argentina
Marcelo A. Moreno mmoreno@clarin.com

Nuestra sociedad suele estar situada bastante más distante de la racionalidad que de la anomalía. De lo contrario no se entiende cómo, por ejemplo, tolera que el ex presidente De la Rúa insista en que no pasó nada de nada en el flagrante escándalo de las coimas en el Senado o que un juez libere a los acusados por la explosión del polvorín de Río Tercero, atribuyendo a la fatalidad las desembozadas maniobras criminales de tráfico de armas.
Pero si hay un caso emblemático en el que la enfermedad argentina parece estallar con una perversa panoplia de síntomas contra todo intento de lógica es el de perpetuación de una monarquía en San Luis.Desde luego no son nuevos en nuestras castigadas provincias los regímenes feudales. Hay familias que han señoreado, en pleno siglo XX, de estados provinciales como si se tratara de bienes heredados. Y cuyos apellidos denotan a esas desventuradas sociedades.
No obstante dentro de este panorama triste, lo de San Luis es más que especial. Porque los hermanos Rodríguez Saá, con algún pequeño interinato adicto en el medio, se turnan en la gobernación —con previsibles y periódicas bendiciones electorales— desde 1983. En democracia, en suma, los puntanos no han conocido más que más y más administraciones consanguíneas. Y ni qué decir que después de décadas de semejante ejercicio una inmóvil, pétrea, estrictísima pax saadista rige San Luis, en la que resulta utópico ya imaginar a gestos o movimientos que escapen a la aprobación de los hermanos.
Anoticiado de la derrota oficialista en Misiones y de los "renunciamientos" más o menos de prepo propiciados desde la Casa Rosada, el hermano Alberto —que sucedió en el reino "al" Adolfo, ex presidente breve y patético de la Nación, el de la sonrisa default— salió a anunciar "una necesidad política e institucional que no admite mayores dilaciones": el fin de la eternidad reelecionista. Sin embargo, desde la oposición que aún queda medio boqueando se interpretó la nueva norma elevada por el hermano Alberto para que sea ley como una forma de perpetuación hasta 2011. Y en San Luis la peor interpretación suele ser la acertada. Es decir, que siempre con la complicidad de la peculiar democracia criolla, la casta saadista proseguirá con su dominio, aproximadamente ad nauseam. Que la sociedad argentina aguante sin escándalo y sin pestañear la eternización de semejante alteración obscena habla más de la gravedad de sus propios males que del desgraciado destino de San Luis.

http://www.clarin.com/diario/2006/12/20/sociedad/s-05110.htm