viernes, 25 de febrero de 2005

INTENDENCIA TRUCHA...


DANIEL PÉRSICO FUE CONVALIDADO POR LA CORTE COMO EL INTENDENTE LEGITIMO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS
Desde ayer a la tarde -jueves- , el ingenieron quedó al frente de la comuna en un fallo que complica la situación de María Angélica Torrontegui, Alberto Rodríguez Saá y el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis

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Fin de la controversia
Daniel Pérsico fue convalidado por la Corte como el Intendente legítimo de la ciudad de San Luis
San Luis (Pelr)
La Corte Suprema de Justicia de la Nación legitimó ayer el mandato de Daniel Pérsico como intendente de la capital de la provincia de San Luis. De esta forma, la adolfista María Angélica Torrontegui deberá cesar ahora en sus funciones al frente de una de las dos administraciones municipales que, en un hecho insólito, existían en la ciudad en forma paralela desde hace 15 meses.
La decisión de la Corte, que pone fin a la controversia por la doble intendencia en la capital puntana, fue adoptada con una mayoría conformada por los votos de siete de los nueve ministros del alto tribunal. La jueza Elena Highton votó en disidencia, mientras que su colega Eugenio Zaffaroni se excusó de intervenir en el caso.
Conocido el fallo y en medio de la algarabía de sus seguidores, Pérsico dijo que ahora esperará “en paz” que el gobierno de Alberto Rodríguez Saá le envíe los recursos que le corresponden al municipio por la coparticipación y que hasta ahora iban a parar a la caja de Torrontegui.
“Me voy a dedicar a gobernar para todos los sanluiseños”, remarcó el intendente al ingresar al palacio municipal de calle Belgrano, en alusión a los fondos que la provincia le negaba.
Por otra parte, en la sede comunal en la que atendía María Angélica Torrontegui se cerraron las puertas a las 16 y no se permitió la entrada de ninguna persona. Este medio, el único presente en el lugar, fue "invitado" a abandonar el lugar por la policía. Los únicos a los que se le permitió el ingreso fueron a algunos prestatarios de servicios que tenían máquinas adentro, como fotocopiadoras y computadoras, los que comenzaron a ser retiradas en camionetas.
A todo esto, Torrontegui había adelantado que acataría el fallo de la Corte, pero ratificó que recurrirá a los tribunales internacionales la decisión “porque es arbitraria y no se ajusta a derecho”. Ayer, no estaba presente en el edificio de la calle Pringles a la hora de conocerse el veredicto y quien era hasta ese momento su jefe de prensa, Héctor Suarez, comprometió por teléfono una entrevista que nunca se concretó.
“Recurriré a los tribunales internacionales para defender el derecho de cualquier ciudadano de elegir y ser elegido”, había dicho con anterioridad la mujer que ocupó indebidamente el cargo de intendente.
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Legitimación del intendente de San Luis

Uno de los grandes males de la República Argentina y de sus pueblos es la persistencia de los caudillos: mejor dicho, del caudillismo, porque verdaderos caudillos no hay uno solo. Muchas provincias del Interior, y aun esporádicamente el Gobierno nacional, son conducidos por políticos de nivel más bien menguado, que no solamente no representan los intereses de sus pueblos sino que atentan contra éstos y sólo miran sus intereses particulares y los de su familia, con métodos caudillescos.

El caudillismo provinciano se nutre de lealtades más o menos explícitas entre el político y generalmente extensas capas de la población, a base de favores, cargos, prebendas o, simplemente, un margen, aunque sea pequeño, de no persecución a los adversarios. Establecen un sistema que no tiene nada de republicano y menos aún de democrático, aunque no puede negarse que en muchos casos el poder del caudillismo descansa en el resultado de las urnas.
No estamos renegando del dogma democrático: sólo señalamos que alguien ungido por las urnas puede convertirse en un sátrapa y buscar el apoyo popular para continuar conservando cierto barniz de respetabilidad.

En San Luis, los Rodríguez Saá determinaron acortar los mandatos de los intendentes por ley, hazaña que no les fue muy difícil porque dominan la Legislatura.
El entonces jefe de la comuna de San Luis, Carlos Ponce, acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación planteando la inconstitucionalidad de las decisiones adoptadas por la Legislatura y el Poder Ejecutivo, y solicitó una medida cautelar para evitar que se concretara el acortamiento de su mandato. Argumentó también que se perseguía vulnerar la autonomía municipal, que está garantizada por la Constitución de aquella provincia.

Posteriormente, el intendente Carlos Ponce renunció y llamó a elecciones, las que se realizaron con toda normalidad y el pueblo consagró intendente a Daniel Pérsico, opositor a los Rodríguez Saá. El oficialismo puntano no se quedó quieto y respondió con otra convocatoria a elecciones para la Municipalidad de la Capital puntana, desconociendo tres medidas cautelares de la Corte Suprema, en la que resultó electa María Angélica Torrontegui, una incondicional aliada de la familia gobernante. Ponce se instaló en la sede de la Municipalidad y gobernó con los dineros provenientes del pago de impuestos; Torrontegui ocupó otro edificio no oficial y se manejó con fondos del gobierno provincial, provenientes de la coparticipación federal.

Durante casi un año y medio convivieron estos dos gobiernos municipales, mientras que la decisión del planteamiento de fondo era demorada por las crisis que han sacudido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando finalmente quedó normalizada, ésta se pronunció respaldando y legitimando el mandato de Pérsico y negó su reconocimiento a Torrontegui.

Habrá que ver si los Rodríguez Saá acatarán pacíficamente la resolución del más alto tribunal de la Nación o si seguirán creando problemas en la actitud que vienen manteniendo desde hace decenios de no permitir ninguna fisura en su estructura de poder, no importa demasiado con qué medios. La Corte Suprema de Justicia, además de reconocer que “el estado de derecho, el imperio de la ley y el ajuste a las reglas del proceso permiten la solución de los conflictos. Todas estas reglas, admitidas en una sociedad civilizada, fueron violadas en esta causa por la Provincia de San Luis”, sustentó su decisión sobre las siguientes bases:
1) La ley provincial 5.324 y el decreto 117, por los que se convocó a la elección en que resultó elegida Torrontegui, son inconstitucionales, porque violaron la autonomía municipal, tutelada por el artículo 123 de la Constitución nacional.
2) Aunque la Corte nacional, por principio, no se inmiscuye en los procesos electorales sujetos a las leyes provinciales, en este caso se apartó de ese criterio porque el Estado provincial pretendía avasallar la autonomía municipal, tutelada por la Constitución nacional.

Claro está que la sentencia es amplísima, pero nos remitimos solamente a sus dos principales argumentos, en homenaje a la brevedad. La sentencia lleva las firmas de cinco ministros por la mayoría: el presidente Enrique Petracchi y los ministros Augusto Belluscio, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton y Ricardo Lorenzetti; Carlos Fayt sostuvo una disidencia parcial en el sentido de que el planteo era abstracto, pero adhirió a la mayoría; Eugenio Zaffaroni se excusó de votar y Carmen Argibay fue el único ministro que votó a favor de la legitimidad de Torrontegui.

En este caso la Corte se ha pronunciado para salvaguardar el proceso democrático imponiendo su decisión acerca de que también en el juego electoral deben respetarse las reglas. Es que elecciones sin reglas claras y justas suelen ser la antesala de la tiranía.
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