SAN LUIS: NAVIDAD 2011, ¿ADIOS A LOS RODRÍGUEZ SAÁ Ó SOLO UN CAMBIO Y SEGUIMOS...?
Denuncian al municipio de San Luis y a una multinacional por falsificación
Según la presentación hecha ante la justicia, la supuesta maniobra favoreció a una empresa estadounidense
Ocurrió en la capital puntana durante el gobierno anterior, luego del incendio en 2009 de un galpón repleto de pañales, alquilado por la firma Kimberly-Clark. Los dueños del predio aseguran que la habilitación era irregular y que fue adulterada por funcionarios.
Un devastador y millonario incendio disparó las sospechas sobre una de las multinacionales más grandes del mundo con sede en la Argentina, la empresa Kimberly-Clark SA, y también puso bajo la lupa a la propia municipalidad de San Luis, a partir de la denuncia penal por una supuesta adulteración de documentos públicos que terminó beneficiando a la firma estadounidense.
Todo comenzó el 24 de enero de 2009, cuando la caída de un rayo hizo arder uno de los depósitos que Kimberly-Clark ocupaba en la provincia de San Luis. En 50 minutos, el fuego arrasó con una hectárea y media repleta de pañales descartables. Ya desde ese primer momento surgieron los puntos oscuros de esta trama. Porque si bien el galpón incendiado estaba en el kilómetro 790 de la Ruta Nacional Nº 7, los denunciantes aseguraron que la autorización con la que contaba la empresa, entregada por la gestión municipal que terminó su mandato el 10 de diciembre pasado, se refería a un predio ubicado en el kilómetro 809 de otra ruta, la 147. También de acuerdo a la presentación judicial, ese permiso era para elaborar productos pero no mencionaba su almacenamiento. Es decir, una doble irregularidad.
En el legajo Nº 7373, la municipalidad puntana habilitó a la transnacional para la “fabricación de artículos de tocador y de pañales descartables”, cuando, según las pericias realizadas luego del siniestro, el establecimiento de la Ruta 7 era utilizado en realidad como un depósito.
“Si no contaba con autorización para funcionar, hay que investigar quién del municipio dio a la empresa la habilitación con posterioridad para que pudieran cobrar el seguro”, sostuvo Raúl Ruffa, concejal del Frente para la Victoria (FPV) en la ciudad de San Luis y uno de los que impulsó el pedido de informe para que el Ejecutivo local dé las explicaciones del caso. “No me interesa la cuestión entre privados –señaló Ruffa–, pero sí tiene que quedar bien en claro por qué se otorgó esa habilitación fuera de tiempo.” A ese reclamo también adhirió el diputado provincial por el kirchnerismo Carlos Ponce, quien incluso recorrió las instalaciones del predio en ruinas. “Se trata de un caso muy serio si la justicia comprueba que hubo mal desempeño de los funcionarios municipales al tergiversar las habilitaciones comerciales”, explicó Ponce en diálogo con Tiempo Argentino, y agregó: “Lo que se debería haber hecho es una habilitación nueva, como marca la ordenanza en función del nuevo domicilio del depósito.”
El legislador, hermano del intendente actual, Enrique Ponce, destacó que “los pedidos de informe siempre fueron ignorados” y que “la nueva administración tendrá que impulsar una investigación interna para determinar si existió un ilícito por parte de algún funcionario”.
A estos elementos se suma que, según el peritaje llevado adelante por los bomberos, el predio no contaba con las medidas de seguridad e higiene correspondientes, así como tampoco tenía la habilitación que debe otorgar la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Por otra parte, no es la primera vez que la misma compañía protagoniza un siniestro de este tipo. Sólo en el año 2009, las estadísticas muestran que tuvo cuatro incendios. Uno ocurrió en Bolivia, otro fue en los Estados Unidos y dos en la ciudad de San Luis: el ya mencionado del 24 enero y otro el 28 de agosto (ver recuadro).
Como fruto de las versiones sobre supuestas maniobras irregulares, comenzaron a crecer los cuestionamientos hacia el gobierno municipal que por entonces encabezaba Alicia Lemme.
Puntualmente, otra empresa involucrada acusó a las autoridades de haber alterado los registros para que Kimberly-Clark obtuviera una habilitación comercial en regla luego de que las llamas arrasaran con todo. La presentación judicial fue hecha por la compañía Polo Industrial SA, que desde septiembre de 2006 venía alquilando el predio de más de 18 mil m2 al gigante de los pañales.
En su denuncia penal, Polo Industrial solicitó que se investigue la “falsificación de documento público, posiblemente agravado por la intervención de funcionarios públicos, y uso de documento público falso y estrago culposo”, delitos para los que se prevé una pena de 1 a 6 años de prisión.
La acción recayó en el Juzgado de Instrucción en lo Penal, Correccional y Contravencional Nº 3, a cargo de María Virginia Palacios Gonella, y aunque no está dirigida a ninguna persona física o jurídica en particular, sí hace hincapié en que “la maniobra ha beneficiado con exclusividad a Kimberly-Clark y que han intervenido funcionarios públicos en la misma”.
Por lo pronto, la jueza provincial rechazó la demanda presentada el 13 de septiembre, aduciendo que “la causa se encuentra archivada”. Polo Industrial ya apeló la medida y todavía sigue esperando a que la magistrada se pronuncie. En caso de que la respuesta vuelva a ser negativa, sus abogados adelantaron que acudirán a un tribunal de alzada.
Uno de los principales argumentos esgrimidos por los denunciantes es que, según afirmaron, en los legajos municipales la dirección original del galpón figuraba tachada y, en su lugar, se agregó a mano la ubicación del predio destruido por el fuego.
También aseguraron que las habilitaciones invocadas por Kimberly-Clark son, en realidad, las que ya había presentado la compañía Descartables Argentinos SA, dueña originaria de la fábrica que en 1999 fue adquirida por la multinacional. Los querellantes sostuvieron que en 2006, al momento de la inscripción comercial en la Intendencia, Descartables Argentinos ya no existía, de forma que no pudo haber tenido registro en el kilómetro 790 de la Ruta 7.
“Lo que hicieron es terrible: tacharon el domicilio de la Ruta 147 para ponerle arriba Ruta 7. Descartables Argentinos nunca estuvo en ese lugar. Por eso ocultaron el expediente, porque está claro que se mandaron una ‘chanchada’ para proteger a estos tipos. Parece que tienen derecho a hacer lo que quieren”, se quejaron desde el estudio jurídico que representa a Polo Industrial. De acuerdo a su versión, de esa manera se buscó generar un nuevo expediente para “blanquear” la maniobra, necesaria para el cobro del seguro.
De acuerdo con la información aportada en la acción penal, la aseguradora La Meridional, bajo la orden N° 1.147.524, habría pagado a Kimberly-Clark 3.949.000 dólares, es decir, aproximadamente 16.980.000 pesos.
Polo Industrial también aseguró que el 30 de septiembre de 2010, la pañalera estadounidense solicitó renovar la tarjeta de habilitación del galpón que se había incendiado en enero de 2009 y que aún hoy sigue en ruinas.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, muchas cuestiones aún no fueron aclaradas y el tema fue casi ignorado por los medios en San Luis. De todas formas, los denunciantes manifestaron grandes expectativas de que con las nuevas autoridades lleguen las respuestas. Por lo pronto, ya mantuvieron una reunión donde les entregaron copia de la denuncia penal.
En cinco oportunidades, este diario intentó comunicarse con Alicia Lemme cuando todavía era intendenta, pero nunca obtuvo respuesta. Idéntico silencio mantuvo la entonces secretaria de Gobierno, María Laura Rapisarda. Sólo el ex encargado de Medios, Lucas Ojeda, ensayó una explicación al señalar que “se trata de denuncias periodísticas de medios opositores que permanentemente sacan notas en contra del oficialismo. No vamos a contestar porque son acusaciones de bajo peso y sin sustento jurídico.” En cuanto a Kimberly- Clark, a pesar de la promesa de sus voceros de responder a la brevedad y por correo electrónico, al cierre de este artículo no se había recibido la contestación (ver recuadro).
El 7 de diciembre de 2010, los demandantes enviaron un escrito a la Secretaría de Gobierno para conocer si existió “una probable irregularidad en la obtención del certificado presentado” y corroborar que “el destino que dicha empresa le otorgó al establecimiento que nos arrendaba (depósito) no se correspondió con el certificado de la supuesta habilitación presentada (fabricación)”. No hubo una devolución oficial hasta el 26 de abril último, cuando, a través de una carta documento, se intimó a Polo Industrial a que “cese en sus falsas imputaciones, por cuanto carecen de sustento legal, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes”.
Finalmente, el Municipio se vio obligado a romper el silencio el pasado 1 de junio, cuando convocó a una conferencia de prensa por el pedido de informe que el Concejo Deliberante había remitido al Ejecutivo, una semana antes. Allí, la ex secretaria Rapisarda deslindó a la gestión de Lemme de cualquier responsabilidad y señaló que “el informe está basado en suposiciones falsas, parten de supuestas irregularidades y denuncias y de una habilitación que nunca existió. Nunca pudo haber una adulteración si no había habilitación”.
La funcionaria argumentó que Kimberly-Clark tenía dos habilitaciones: una en la Ruta 7, que figura en el padrón 40.365 de 1988, y otra en la Ruta 147, inscripta en el padrón 30.680 de 2001. Según Polo Industrial, en 1988 el referido edificio de la Ruta 7 todavía ni siquiera estaba funcionando ya que, de acuerdo al certificado final de obra que aportaron sus abogados, recién fue inaugurado en 1995.
Varios miembros del interbloque Dignidad Federal, que reúne al FPV y a la UCR, no se mostraron satisfechos con las respuestas que por entonces dio el municipio.
Uno de los que exigen más explicaciones es el concejal kirchnerista Alfonso Vergés, quien consideró “indispensable saber lo que pasó e ir a fondo con las responsabilidades políticas”. Vergés, que fue intendente de San Luis entre 2005 y 2007, sostuvo que “es curioso que no se haya realizado ningún sumario administrativo para esclarecer la situación” y remarcó que si bien “la anterior gestión dijo que es una cuestión de privados, lo que importa es que se vaya a fondo para determinar si hubo adulteración de documentos públicos”. Por último, agregó: “No hay que olvidarse que se trata de una multinacional que tiene inmejorables contactos, hasta personales, con los Rodríguez Saá.”
En el mismo sentido se manifestó el concejal Raúl Ruffa, que pidió “investigar si hubo paso de dinero, coima o cuál fue el motivo de esa adulteración”, aunque expuso sus reparos sobre las posibilidades de avanzar en ese camino. “Hace 30 años que la familia gobernante maneja todo”, sostuvo.
Mientras tanto, la investigación que podrá determinar si detrás de este gran incendio hubo algo más que fuego, sigue aguardando una decisión de la justicia puntana. <
Por Fernando Pittaro
http://tiempo.infonews.com/notas/denuncian-al-municipio-de-san-luis-y-una- multinacional-falsificacion
Según la presentación hecha ante la justicia, la supuesta maniobra favoreció a una empresa estadounidense
Ocurrió en la capital puntana durante el gobierno anterior, luego del incendio en 2009 de un galpón repleto de pañales, alquilado por la firma Kimberly-Clark. Los dueños del predio aseguran que la habilitación era irregular y que fue adulterada por funcionarios.
Un devastador y millonario incendio disparó las sospechas sobre una de las multinacionales más grandes del mundo con sede en la Argentina, la empresa Kimberly-Clark SA, y también puso bajo la lupa a la propia municipalidad de San Luis, a partir de la denuncia penal por una supuesta adulteración de documentos públicos que terminó beneficiando a la firma estadounidense.
Todo comenzó el 24 de enero de 2009, cuando la caída de un rayo hizo arder uno de los depósitos que Kimberly-Clark ocupaba en la provincia de San Luis. En 50 minutos, el fuego arrasó con una hectárea y media repleta de pañales descartables. Ya desde ese primer momento surgieron los puntos oscuros de esta trama. Porque si bien el galpón incendiado estaba en el kilómetro 790 de la Ruta Nacional Nº 7, los denunciantes aseguraron que la autorización con la que contaba la empresa, entregada por la gestión municipal que terminó su mandato el 10 de diciembre pasado, se refería a un predio ubicado en el kilómetro 809 de otra ruta, la 147. También de acuerdo a la presentación judicial, ese permiso era para elaborar productos pero no mencionaba su almacenamiento. Es decir, una doble irregularidad.
En el legajo Nº 7373, la municipalidad puntana habilitó a la transnacional para la “fabricación de artículos de tocador y de pañales descartables”, cuando, según las pericias realizadas luego del siniestro, el establecimiento de la Ruta 7 era utilizado en realidad como un depósito.
“Si no contaba con autorización para funcionar, hay que investigar quién del municipio dio a la empresa la habilitación con posterioridad para que pudieran cobrar el seguro”, sostuvo Raúl Ruffa, concejal del Frente para la Victoria (FPV) en la ciudad de San Luis y uno de los que impulsó el pedido de informe para que el Ejecutivo local dé las explicaciones del caso. “No me interesa la cuestión entre privados –señaló Ruffa–, pero sí tiene que quedar bien en claro por qué se otorgó esa habilitación fuera de tiempo.” A ese reclamo también adhirió el diputado provincial por el kirchnerismo Carlos Ponce, quien incluso recorrió las instalaciones del predio en ruinas. “Se trata de un caso muy serio si la justicia comprueba que hubo mal desempeño de los funcionarios municipales al tergiversar las habilitaciones comerciales”, explicó Ponce en diálogo con Tiempo Argentino, y agregó: “Lo que se debería haber hecho es una habilitación nueva, como marca la ordenanza en función del nuevo domicilio del depósito.”
El legislador, hermano del intendente actual, Enrique Ponce, destacó que “los pedidos de informe siempre fueron ignorados” y que “la nueva administración tendrá que impulsar una investigación interna para determinar si existió un ilícito por parte de algún funcionario”.
A estos elementos se suma que, según el peritaje llevado adelante por los bomberos, el predio no contaba con las medidas de seguridad e higiene correspondientes, así como tampoco tenía la habilitación que debe otorgar la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Por otra parte, no es la primera vez que la misma compañía protagoniza un siniestro de este tipo. Sólo en el año 2009, las estadísticas muestran que tuvo cuatro incendios. Uno ocurrió en Bolivia, otro fue en los Estados Unidos y dos en la ciudad de San Luis: el ya mencionado del 24 enero y otro el 28 de agosto (ver recuadro).
Como fruto de las versiones sobre supuestas maniobras irregulares, comenzaron a crecer los cuestionamientos hacia el gobierno municipal que por entonces encabezaba Alicia Lemme.
Puntualmente, otra empresa involucrada acusó a las autoridades de haber alterado los registros para que Kimberly-Clark obtuviera una habilitación comercial en regla luego de que las llamas arrasaran con todo. La presentación judicial fue hecha por la compañía Polo Industrial SA, que desde septiembre de 2006 venía alquilando el predio de más de 18 mil m2 al gigante de los pañales.
En su denuncia penal, Polo Industrial solicitó que se investigue la “falsificación de documento público, posiblemente agravado por la intervención de funcionarios públicos, y uso de documento público falso y estrago culposo”, delitos para los que se prevé una pena de 1 a 6 años de prisión.
La acción recayó en el Juzgado de Instrucción en lo Penal, Correccional y Contravencional Nº 3, a cargo de María Virginia Palacios Gonella, y aunque no está dirigida a ninguna persona física o jurídica en particular, sí hace hincapié en que “la maniobra ha beneficiado con exclusividad a Kimberly-Clark y que han intervenido funcionarios públicos en la misma”.
Por lo pronto, la jueza provincial rechazó la demanda presentada el 13 de septiembre, aduciendo que “la causa se encuentra archivada”. Polo Industrial ya apeló la medida y todavía sigue esperando a que la magistrada se pronuncie. En caso de que la respuesta vuelva a ser negativa, sus abogados adelantaron que acudirán a un tribunal de alzada.
Uno de los principales argumentos esgrimidos por los denunciantes es que, según afirmaron, en los legajos municipales la dirección original del galpón figuraba tachada y, en su lugar, se agregó a mano la ubicación del predio destruido por el fuego.
También aseguraron que las habilitaciones invocadas por Kimberly-Clark son, en realidad, las que ya había presentado la compañía Descartables Argentinos SA, dueña originaria de la fábrica que en 1999 fue adquirida por la multinacional. Los querellantes sostuvieron que en 2006, al momento de la inscripción comercial en la Intendencia, Descartables Argentinos ya no existía, de forma que no pudo haber tenido registro en el kilómetro 790 de la Ruta 7.
“Lo que hicieron es terrible: tacharon el domicilio de la Ruta 147 para ponerle arriba Ruta 7. Descartables Argentinos nunca estuvo en ese lugar. Por eso ocultaron el expediente, porque está claro que se mandaron una ‘chanchada’ para proteger a estos tipos. Parece que tienen derecho a hacer lo que quieren”, se quejaron desde el estudio jurídico que representa a Polo Industrial. De acuerdo a su versión, de esa manera se buscó generar un nuevo expediente para “blanquear” la maniobra, necesaria para el cobro del seguro.
De acuerdo con la información aportada en la acción penal, la aseguradora La Meridional, bajo la orden N° 1.147.524, habría pagado a Kimberly-Clark 3.949.000 dólares, es decir, aproximadamente 16.980.000 pesos.
Polo Industrial también aseguró que el 30 de septiembre de 2010, la pañalera estadounidense solicitó renovar la tarjeta de habilitación del galpón que se había incendiado en enero de 2009 y que aún hoy sigue en ruinas.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, muchas cuestiones aún no fueron aclaradas y el tema fue casi ignorado por los medios en San Luis. De todas formas, los denunciantes manifestaron grandes expectativas de que con las nuevas autoridades lleguen las respuestas. Por lo pronto, ya mantuvieron una reunión donde les entregaron copia de la denuncia penal.
En cinco oportunidades, este diario intentó comunicarse con Alicia Lemme cuando todavía era intendenta, pero nunca obtuvo respuesta. Idéntico silencio mantuvo la entonces secretaria de Gobierno, María Laura Rapisarda. Sólo el ex encargado de Medios, Lucas Ojeda, ensayó una explicación al señalar que “se trata de denuncias periodísticas de medios opositores que permanentemente sacan notas en contra del oficialismo. No vamos a contestar porque son acusaciones de bajo peso y sin sustento jurídico.” En cuanto a Kimberly- Clark, a pesar de la promesa de sus voceros de responder a la brevedad y por correo electrónico, al cierre de este artículo no se había recibido la contestación (ver recuadro).
El 7 de diciembre de 2010, los demandantes enviaron un escrito a la Secretaría de Gobierno para conocer si existió “una probable irregularidad en la obtención del certificado presentado” y corroborar que “el destino que dicha empresa le otorgó al establecimiento que nos arrendaba (depósito) no se correspondió con el certificado de la supuesta habilitación presentada (fabricación)”. No hubo una devolución oficial hasta el 26 de abril último, cuando, a través de una carta documento, se intimó a Polo Industrial a que “cese en sus falsas imputaciones, por cuanto carecen de sustento legal, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes”.
Finalmente, el Municipio se vio obligado a romper el silencio el pasado 1 de junio, cuando convocó a una conferencia de prensa por el pedido de informe que el Concejo Deliberante había remitido al Ejecutivo, una semana antes. Allí, la ex secretaria Rapisarda deslindó a la gestión de Lemme de cualquier responsabilidad y señaló que “el informe está basado en suposiciones falsas, parten de supuestas irregularidades y denuncias y de una habilitación que nunca existió. Nunca pudo haber una adulteración si no había habilitación”.
La funcionaria argumentó que Kimberly-Clark tenía dos habilitaciones: una en la Ruta 7, que figura en el padrón 40.365 de 1988, y otra en la Ruta 147, inscripta en el padrón 30.680 de 2001. Según Polo Industrial, en 1988 el referido edificio de la Ruta 7 todavía ni siquiera estaba funcionando ya que, de acuerdo al certificado final de obra que aportaron sus abogados, recién fue inaugurado en 1995.
Varios miembros del interbloque Dignidad Federal, que reúne al FPV y a la UCR, no se mostraron satisfechos con las respuestas que por entonces dio el municipio.
Uno de los que exigen más explicaciones es el concejal kirchnerista Alfonso Vergés, quien consideró “indispensable saber lo que pasó e ir a fondo con las responsabilidades políticas”. Vergés, que fue intendente de San Luis entre 2005 y 2007, sostuvo que “es curioso que no se haya realizado ningún sumario administrativo para esclarecer la situación” y remarcó que si bien “la anterior gestión dijo que es una cuestión de privados, lo que importa es que se vaya a fondo para determinar si hubo adulteración de documentos públicos”. Por último, agregó: “No hay que olvidarse que se trata de una multinacional que tiene inmejorables contactos, hasta personales, con los Rodríguez Saá.”
En el mismo sentido se manifestó el concejal Raúl Ruffa, que pidió “investigar si hubo paso de dinero, coima o cuál fue el motivo de esa adulteración”, aunque expuso sus reparos sobre las posibilidades de avanzar en ese camino. “Hace 30 años que la familia gobernante maneja todo”, sostuvo.
Mientras tanto, la investigación que podrá determinar si detrás de este gran incendio hubo algo más que fuego, sigue aguardando una decisión de la justicia puntana. <
Por Fernando Pittaro
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