SAN LUIS Y LA JUSTICIA: EL GOBIERNO IRÁ A LA CORTE POR LA INCONSTITUCIONALIDAD DECLARADA POR EL SUPERIOR TRIBUNAL
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Así lo adelantó el Fiscal de Estado Eduardo Allende, quien sostiene que la justicia debe pagar los juicios que se originan por fallos dictados en su seno. Los casos más sonados, en donde hay indemnizaciones millonarias como la que está condenado a pagar el Estado en el caso del secretario del Juzgado de Paz de Justo Daract -que dio origen a este fallo- en su gran mayoría han sido por intromisiones del Ejecutivo en la Justicia.
Ahora habrá un nuevo "pedaléo" para evitar pagar las patrañas que se hicieron en la "Era Sergnese" y posteriores del Superior Tribunal. Clic para entrar al desarrollo de la información
¡Quiero retruco!
Fiscalía irá a la Corte por el fallo del Superior Tribunal que declaró inconstitucionalidad de la ley que lo obliga a pagar indemnizaciones por sus sentencias con su presupuesto
Así lo adelantó a la prensa el Fiscal de Estado, Eduardo Allende, quien sostiene que la justicia debe pagar los juicios que se originan por fallos dictados en su seno. Los casos más sonados, en donde hay indemnizaciones millonarias como la que está condenado a pagar el Estado en el caso del secretario del Juzgado de Paz de Justo Daract -que dio origen a este fallo- en su gran mayoría han sido por intromisiones del Ejecutivo en la Justicia.
Ahora habrá un nuevo "pedaléo" para evitar pagar las patrañas que se hicieron en la "Era Sergnese" y posteriores del Superior Tribunal, que respondían a pie juntillas a los deseos del Ejectivo.
Cabe recordar que en esa época había sido dictada una ley que permitía remover jueces y secretarios de manera irracional. Allí nace el conocido como "el juicio de las secretarias", luego de que el STJ decidiera cesantear a un importante grupo que mantenía en alto el concepto de la independencia judicial.
Como lo informó el viernes último Periodistas en la red, el Superior Tribunal de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley 655-2008 que establece que "las Sentencias Judiciales que condenen al Poder Judicial o al Estado Provincial por responsabilidad frente a terceros u obligaciones de cualquier naturaleza originadas en hechos o actos del primero, deberán ser afrontadas por el mismo, con su Presupuesto de Gastos y Recursos previsto en la Ley de Autonomía Económica, Financiera y Funcional del Poder Judicial".
La sentencia fue emanada el 26 de julio último, pero recién tomó estado público el viernes. En declaraciones periodísticas, el Fiscal de Estado, Eduardo Allende, anticipó que recurriría a la Corte Suprema para dirimir el conflicto de poderes.
La causa fue abierta en 1998 a raíz de la separación injustificada del secretario del Juzgado de Paz de Justo Daract, Héctor González. La abogada patrocinante de González, Estela Aragón, debió recurrir a la Corte Suprema de Justicia porque en San Luis le fue rechazada la demanda y finalmente ganó el juicio. El Estado puntano fue condenado a pagar la indemnización a los herederos de González, puesto que el ex secretario murió mientras se tramitaba el expediente. Luego falleció su viuda.
En la sentencia se señala que la ley cuestionada "atenta contra la independencia del Poder Judicial, pretendiendo condicionar a los Jueces al momento de fallar pues los colocan en un dilema totalmente improcedente: sentenciar conforme a la Constitución y las leyes que han jurado cumplir y hacer cumplir, dando a cada uno lo suyo, o hacerlo influenciados por el temor de que el Poder Judicial vea menguado sustancialmente su magro presupuesto".
"Ya antes de la vigencia de esa ley y ante una presentación del Sr. Fiscal de Estado que –ante el dictado de sentencias condenatorias y la reiteración de condenas en eventuales sentencias futuras, que podrían afectar seriamente los recursos del Poder Judicial- se descalificó esa inadmisible interferencia sobre las atribuciones de los jueces, pretendiendo amedentrarlos por las consecuencias de sentencias futuras", advierte.
Luego, el fallo recuerda que "en éste, como en muchos de otros casos que preocupan ahora a las autoridades de los otros dos Poderes del Estado, hubo sí responsabilidad de magistrados, pero también de funcionarios que incumplieron sus deberes, posibilitando así el daño al erario público, sin que a ninguno de ellos se pretendiera efectivizar sus respectivas responsabilidades".
En el escrito que fue dado conocer por la prensa también vuelve a ratificarse otro fallo que cuestiona la constitucionalidad de la ley de emergencia económica. "Lamentablemente y so pretexto de pseudas emergencias, se han sancionado y promulgado sucesivas leyes que desvirtuan la manda constitucional mencionada", sentencia Zavala Rodríguez.
"Creo del caso necesario recurrir a las enseñanzas de eminentes juristas para demostrar que la responsabilidad de cumplir las sentencias condenatorias firmes corresponde a la Provincia, como persona jurídica pública, la que por medio de la Legislatura debe arbitrar los medios para cumplirlas, sin afectar el siempre escaso presupuesto judicial", puntualiza el magistrado en su voto al que adhieren los jueces Florencio Rubio y Omar Uría.
El actual presidente del STJ, Eduardo Gatica, no actuó en este trámite por haber participado en aquel que dio origen a la demanda. Tampoco está la firma de la recientemente asumida Lilia Novillo, ya que el dictamen se efectuó un día antes de haber jurado ella su cargo.
El fallo tendrá repercusión también en otros sonados casos que contemplan millonarias indemnizaciones. Uno que resulta emblemático es el de Nelson Madaf, que estuvo preso por un crimen que nunca ocurrió, ya que la supuesta vítima de un asesinato apareció viva y con hijos más de diez años después de haber desaparecido. En aquel momento fue sometido a torturas para que confesara el crimen y en una comisaría donde estuvo detenido contrajo SIDA.
El juicio fue ganado en todas las instancias y hace más de un año la justicia ordenó que se lo indemnizara con una suma superior a los 300 mil pesos, pero desde aquel momento, en virtud de esta ley que ahora fue declarada inconstitucional y la de Emergencia Económica el hombre no pudo encontrarse con el dinero que le deben. Si bien esta declaración de inconstitucionalidad es un antecedente, deberá haber una sentencia particular para cada uno de los afectados por la norma.
Informe: Gustavo Senn gustavosenn@gmail.com
http://www.periodistasenlared.info/agosto10-09/nota1.html
El Gobierno apelará el fallo que lo obliga a pagar los juicios que pierda
El fiscal de Estado, Eduardo Allende, dijo que se presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema por la sentencia del Superior Tribunal que declaró inconstitucional una ley. La ley en cuestión establece que el Poder Judicial debe pagar indemnizaciones con su presupuesto por los juicios que pierde el Gobierno.
“Estamos convencidos de la constitucionalidad de esta ley. Lo que nosotros sostenemos es que no tiene por qué otro poder hacer frente a los daños y perjuicios que genera el Poder Judicial”, opinó Allende.
La sentencia por su parte, argumenta que la ley que se declaró inconstitucional la Ley N° IV-0655-2008, “atenta contra la independencia del Poder Judicial, pretendiendo condicionar a los Jueces al momento de fallar pues los colocan en un dilema totalmente improcedente: sentenciar conforme a la Constitución y las leyes que han jurado cumplir y hacer cumplir, dando a cada uno lo suyo, o hacerlo influenciados por el temor de que el Poder Judicial vea menguado sustancialmente su magro presupuesto”.
El fiscal de Estado manifestó que no comparte el fundamento de la sentencia citado anteriormente. El funcionario alega que si un juez se siente condicionado para dictar una sentencia, se pude excusar y se puede integrar el tribunal con conjueces.
“Igual sostengo que no hay ninguna posibilidad de ingerencia ni de ataque a la independencia del poder judicial”, expresó Allende.
La causa que generó la sentencia del Superior Tribunal ingresó en al Poder Judicial en marzo de 1999, en la cual Héctor González demandó al Gobierno por su despido como juez de Paz de Justo Daract. El Gobierno perdió el juicio y se indemnizó a González por 875.078 pesos. Pero el ex juez no pudo cobrar el dinero, ni tampoco su pareja, ya que ambos fallecieron. Por lo tanto, los herederos deberían cobrar la indemnización.
http://www.lagaceta-digital.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&i d=2868:el-gobierno-apelara-el-fallo-que-lo-obliga-a-pagar-los-juicios-que-pier da-&catid=1:latest-news&Itemid=50
Fiscalía irá a la Corte por el fallo del Superior Tribunal que declaró inconstitucionalidad de la ley que lo obliga a pagar indemnizaciones por sus sentencias con su presupuesto
Así lo adelantó a la prensa el Fiscal de Estado, Eduardo Allende, quien sostiene que la justicia debe pagar los juicios que se originan por fallos dictados en su seno. Los casos más sonados, en donde hay indemnizaciones millonarias como la que está condenado a pagar el Estado en el caso del secretario del Juzgado de Paz de Justo Daract -que dio origen a este fallo- en su gran mayoría han sido por intromisiones del Ejecutivo en la Justicia.
Ahora habrá un nuevo "pedaléo" para evitar pagar las patrañas que se hicieron en la "Era Sergnese" y posteriores del Superior Tribunal, que respondían a pie juntillas a los deseos del Ejectivo.
Cabe recordar que en esa época había sido dictada una ley que permitía remover jueces y secretarios de manera irracional. Allí nace el conocido como "el juicio de las secretarias", luego de que el STJ decidiera cesantear a un importante grupo que mantenía en alto el concepto de la independencia judicial.
Como lo informó el viernes último Periodistas en la red, el Superior Tribunal de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley 655-2008 que establece que "las Sentencias Judiciales que condenen al Poder Judicial o al Estado Provincial por responsabilidad frente a terceros u obligaciones de cualquier naturaleza originadas en hechos o actos del primero, deberán ser afrontadas por el mismo, con su Presupuesto de Gastos y Recursos previsto en la Ley de Autonomía Económica, Financiera y Funcional del Poder Judicial".
La sentencia fue emanada el 26 de julio último, pero recién tomó estado público el viernes. En declaraciones periodísticas, el Fiscal de Estado, Eduardo Allende, anticipó que recurriría a la Corte Suprema para dirimir el conflicto de poderes.
La causa fue abierta en 1998 a raíz de la separación injustificada del secretario del Juzgado de Paz de Justo Daract, Héctor González. La abogada patrocinante de González, Estela Aragón, debió recurrir a la Corte Suprema de Justicia porque en San Luis le fue rechazada la demanda y finalmente ganó el juicio. El Estado puntano fue condenado a pagar la indemnización a los herederos de González, puesto que el ex secretario murió mientras se tramitaba el expediente. Luego falleció su viuda.
En la sentencia se señala que la ley cuestionada "atenta contra la independencia del Poder Judicial, pretendiendo condicionar a los Jueces al momento de fallar pues los colocan en un dilema totalmente improcedente: sentenciar conforme a la Constitución y las leyes que han jurado cumplir y hacer cumplir, dando a cada uno lo suyo, o hacerlo influenciados por el temor de que el Poder Judicial vea menguado sustancialmente su magro presupuesto".
"Ya antes de la vigencia de esa ley y ante una presentación del Sr. Fiscal de Estado que –ante el dictado de sentencias condenatorias y la reiteración de condenas en eventuales sentencias futuras, que podrían afectar seriamente los recursos del Poder Judicial- se descalificó esa inadmisible interferencia sobre las atribuciones de los jueces, pretendiendo amedentrarlos por las consecuencias de sentencias futuras", advierte.
Luego, el fallo recuerda que "en éste, como en muchos de otros casos que preocupan ahora a las autoridades de los otros dos Poderes del Estado, hubo sí responsabilidad de magistrados, pero también de funcionarios que incumplieron sus deberes, posibilitando así el daño al erario público, sin que a ninguno de ellos se pretendiera efectivizar sus respectivas responsabilidades".
En el escrito que fue dado conocer por la prensa también vuelve a ratificarse otro fallo que cuestiona la constitucionalidad de la ley de emergencia económica. "Lamentablemente y so pretexto de pseudas emergencias, se han sancionado y promulgado sucesivas leyes que desvirtuan la manda constitucional mencionada", sentencia Zavala Rodríguez.
"Creo del caso necesario recurrir a las enseñanzas de eminentes juristas para demostrar que la responsabilidad de cumplir las sentencias condenatorias firmes corresponde a la Provincia, como persona jurídica pública, la que por medio de la Legislatura debe arbitrar los medios para cumplirlas, sin afectar el siempre escaso presupuesto judicial", puntualiza el magistrado en su voto al que adhieren los jueces Florencio Rubio y Omar Uría.
El actual presidente del STJ, Eduardo Gatica, no actuó en este trámite por haber participado en aquel que dio origen a la demanda. Tampoco está la firma de la recientemente asumida Lilia Novillo, ya que el dictamen se efectuó un día antes de haber jurado ella su cargo.
El fallo tendrá repercusión también en otros sonados casos que contemplan millonarias indemnizaciones. Uno que resulta emblemático es el de Nelson Madaf, que estuvo preso por un crimen que nunca ocurrió, ya que la supuesta vítima de un asesinato apareció viva y con hijos más de diez años después de haber desaparecido. En aquel momento fue sometido a torturas para que confesara el crimen y en una comisaría donde estuvo detenido contrajo SIDA.
El juicio fue ganado en todas las instancias y hace más de un año la justicia ordenó que se lo indemnizara con una suma superior a los 300 mil pesos, pero desde aquel momento, en virtud de esta ley que ahora fue declarada inconstitucional y la de Emergencia Económica el hombre no pudo encontrarse con el dinero que le deben. Si bien esta declaración de inconstitucionalidad es un antecedente, deberá haber una sentencia particular para cada uno de los afectados por la norma.
Informe: Gustavo Senn gustavosenn@gmail.com
http://www.periodistasenlared.info/agosto10-09/nota1.html
El Gobierno apelará el fallo que lo obliga a pagar los juicios que pierda
El fiscal de Estado, Eduardo Allende, dijo que se presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema por la sentencia del Superior Tribunal que declaró inconstitucional una ley. La ley en cuestión establece que el Poder Judicial debe pagar indemnizaciones con su presupuesto por los juicios que pierde el Gobierno.
“Estamos convencidos de la constitucionalidad de esta ley. Lo que nosotros sostenemos es que no tiene por qué otro poder hacer frente a los daños y perjuicios que genera el Poder Judicial”, opinó Allende.
La sentencia por su parte, argumenta que la ley que se declaró inconstitucional la Ley N° IV-0655-2008, “atenta contra la independencia del Poder Judicial, pretendiendo condicionar a los Jueces al momento de fallar pues los colocan en un dilema totalmente improcedente: sentenciar conforme a la Constitución y las leyes que han jurado cumplir y hacer cumplir, dando a cada uno lo suyo, o hacerlo influenciados por el temor de que el Poder Judicial vea menguado sustancialmente su magro presupuesto”.
El fiscal de Estado manifestó que no comparte el fundamento de la sentencia citado anteriormente. El funcionario alega que si un juez se siente condicionado para dictar una sentencia, se pude excusar y se puede integrar el tribunal con conjueces.
“Igual sostengo que no hay ninguna posibilidad de ingerencia ni de ataque a la independencia del poder judicial”, expresó Allende.
La causa que generó la sentencia del Superior Tribunal ingresó en al Poder Judicial en marzo de 1999, en la cual Héctor González demandó al Gobierno por su despido como juez de Paz de Justo Daract. El Gobierno perdió el juicio y se indemnizó a González por 875.078 pesos. Pero el ex juez no pudo cobrar el dinero, ni tampoco su pareja, ya que ambos fallecieron. Por lo tanto, los herederos deberían cobrar la indemnización.
http://www.lagaceta-digital.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&i d=2868:el-gobierno-apelara-el-fallo-que-lo-obliga-a-pagar-los-juicios-que-pier da-&catid=1:latest-news&Itemid=50
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