RODRÍGUEZ SAÁ PIERDE JUCIOS CONTRA LA CORTE, NO BASTA CON PERDER LAS ELECCIONES POR PALIZA...
La costumbre del Gobierno en perder causas contra la Nación en la Corte Suprema
"En San Luis hay gente viviendo en la tierra y sin agua potable", Enrique Ponce
Los resabios del neoliberalismo en el feudo Puntano
Sin Ley de Seguridad Vial
"En San Luis hay gente viviendo en la tierra y sin agua potable", Enrique Ponce
Los resabios del neoliberalismo en el feudo Puntano
Sin Ley de Seguridad Vial
La costumbre del Gobierno en perder causas contra la Nación en la Corte Suprema
La semana pasada, desde el Gobierno se dio a conocer que la Corte Suprema hizo lugar a una medida cautelar que paralizó la obra del Corredor Vial Central. Con el mencionado fallo en contra, hasta el momento es la quinta sentencia en contra del Gobierno que dictó la Corte Suprema.
La sentencia sobre el Corredor Vial Central fue dictada el 13 de septiembre pasado, ordenando al Gobierno la “prohibición de innovar”, por lo tanto aplicar la ley que pretendió expropiar los inmuebles del sistema ferroviario Gral. San Martín y toda normativa dictada en consecuencia. Además, se ordenó que no se deben “llevar a cabo actos que alteren la situación anterior a la sanción de tales normas”, dice la sentencia.
Sierra de las Quijadas
Otra causa de expropiaciones a bienes de la Nación fue la del Parque Nacional de Sierras de las Quijadas. Mediante una ley el Gobierno expropió el parque con la finalidad de que esas tierras fueran restituidas a la comunidad Huarpe, quienes se harían cargo de la administración del parque. Finamente, la Corte Suprema hizo lugar a una medida cautelar y le ordenó al Gobierno abstenerse de realizar actos o sancionar normas que modifiquen el estado del parque, previo a la sanción de la ley de expropiación.
Coparticipación vial
El otro round que perdió el Gobierno contra la Nación fue en mayo de este año, en una causa que inició contra el Consejo Vial Federal y la Dirección Nacional de Vialidad por el reclamo de fondos de coparticipación vial.
El Gobierno planteó la inconstitucionalidad de la modificación del artículo 8 del Reglamento del Consejo Vial Federal. Según la sentencia, el mencionado artículo establece que el incumplimiento del deber de información, total o parcial, traería aparejado que “se tome pesos cero ($0,00) como inversión de fondos propios”. El deber de información implica la presentación de formularios, respaldado en su documentación contable oficial y en los comprobantes correspondientes por parte del Gobierno.
Para el Gobierno, el Reglamento Operativo del Consejo Vial federal es ilegal pues “...autoriza a confiscar a las provincias sus fondos de coparticipación vial contra el texto expreso de la ley...”.
“Que ha sido la propia actora (el Gobierno) con su incumplimiento la que se puso en la situación en virtud de la cual ahora reclama, sin que haya podido demostrar de parte de la demandada la conducta antojadiza que le atribuye”, dice uno de los fundamentos.
Pero otro fundamento de la sentencia dice que la demanda no puede prosperar porque el Gobierno no está legitimado para plantear la invalidez constitucional de una norma que él mismo, como miembro del Consejo Federal Vial, dictó junto con los demás integrantes en diciembre de 1997.
Uso de reservas
A fines de 2009, el Gobierno interpuso una causa en la Corte en la que planteaba la inconstitucionalidad de decreto de necesidad y urgencia, el cual establecía la utilización de reservas del Banco Central en el pago de la deuda externa. La Corte entendió que el Gobierno careció de interés directo en la causa y no estuvo legitimada para actuar en representación de sus sanluiseños.
Subsidios al transporte
Otro fallo en contra del Gobierno fue en diciembre del año pasado cuando el máximo tribunal rechazó un amparo el Gobierno en contra del Estado Nacional para que cesara de retener los subsidios al transporte.
Desde 2008, el Gobierno inició 16 demandas contra el Estado Nacional en la Corte Suprema de Justicia por un monto total de $6.700 millones. Los expedientes están en distintas etapas procesales, entre las que se pueden nombrar, la causa en contra de las retenciones al campo, y la que el Gobierno defiende el derogado sistema privado de jubilaciones, ya que era socio de la AFJP, Profesión + Auge.
http://lagaceta-digital.com.ar/tempor/index.php?option=com_content&view=article&id=5198:la-costumbre-del-gobierno-en-perder-causas-contra-la-nacion-en-la-corte-suprema&catid=37:notaprincipal
"En San Luis hay gente viviendo en la tierra y sin agua potable"
Esma. Ponce tiene una hermana desaparecida en ese centro.
Enrique Ponce es el primer kirchnerista que, en ocho años, logró ganar en la provincia de San Luis, feudo de los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá. Obtuvo la intendencia de la capital provincial, venciendo a Alicia Lemme, el 23 de octubre. Es abogado e ingeniero y, además, el hermano de Ana María Ponce, una desaparecida que estuvo cautiva en la ESMA y que fue compañera de militancia de Néstor Kirchner. El 24 de marzo de 2004, cuando Kirchner decidió recuperar el ex centro clandestino de detención, se leyeron los poemas que Ana María había escrito en cautiverio. Luego se compilaron en un libro que fue prologado por el ex presidente. “Ahí nació el pacto emocional con el kirchnerismo”, dice a PERFIL Enrique Ponce, funcionario de Alicia Kirchner en territorio enemigo. “¿No me creés? Vení a verlo”, proponía Alberto Rodríguez Saá en su campaña presidencial, pintando San Luis como “otro país”. “Yo los invito a verlo, para que sepan que no es real lo que dice”, desafió Ponce.
Según el intendente electo, un tercio de la población puntana está en situación de “extrema vulnerabilidad”. “A treinta cuadras del kilómetro cero de la ciudad hay asentamientos, donde la gente duerme sobre la tierra. Y no hay agua potable”, precisó.
El poder de los Rodríguez Saá se basa, dice Ponce, en un sistema de “clientelismo político” y de administración discrecional de los recursos que le envía la Nación. “Pero el gobernador dice que es discriminado por la Nación”, le dijo PERFIL a Ponce. El retrucó: “Eso no es cierto. Por coparticipación, San Luis recibe 3.800 millones de pesos, es el 80 por ciento del presupuesto provincial. Eso sin contar los programas del PAMI, la Anses, Desarrollo Social y Vialidad”, indicó. Y agregó: “Lo que sucede es que él recibe ese dinero y lo administra a discreción, no lo reparte equitativamente como debería. Entonces entrega una pensión a cambio de votos, o beneficios a cambio de votos, para capitalizarlo”.
—¿Cómo se manejan los Rodríguez Saá con la oposición?
—Han perfeccionado el sistema. Han tenido actitudes golpistas, como hicieron con mi padre (Carlos, que fue intendente también de San Luis). Hacían marchas encabezadas por el jefe de Gabinete que se llamaban “por una Navidad sin Ponce”, que tenían el propósito de destituirlo. O hacen la doble intendencia, algo que la Corte Suprema declaró inconstitucional.
Ponce contó, para esta campaña, con el respaldo de Cristina y de Alicia Kirchner, pero también del Instituto Gestar, que conduce el hijo de Juan Carlos Mazzón, Mauricio. Gestar le capacitó 300 fiscales y le proporcionó parte del diseño de campaña. “Yo soy un hombre de Alicia, y le dedico mi triunfo, por sobre todas las cosas, a Cristina. Siempre me van a encontrar de su lado”, precisa. Ponce tendrá que lidiar con un poder fuerte.
http://www.perfil.com/ediciones/2011/11/edicion_624/contenidos/noticia_0058.html
Los resabios del neoliberalismo
Consultores del Banco Mundial vinieron a San Luis a “supervisar” escuelas rurales. La “misión” tuvo el apoyo incondicional del ministro de Educación, Marcelo Sosa, y marca cómo en la provincia subsisten las cuestionadas políticas neoliberales, implementadas con el control de organismos financieros internacionales, que obligan a los gobiernos a supeditar las decisiones en materia de educación a una visión netamente economicista.
Durante tres días, el 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre, vinieron a San Luis consultores del Banco Mundial, entre ellos, el “especialista” en Educación, Juan Pradwa. Fueron recibidos por funcionarios del equipo del Ministerio de Educación, encabezados por Marcelo Sosa y el viceministro Guillermo Visco, para coordinar visitas a escuelas rurales de la provincia.
Así, los visitantes y los funcionarios locales recorrieron las Escuelas N° 76 “Luisa Quiroga de Lucero”, de San Pablo; N° 225 “Maestro Pio Rosario Flores” de Papagayos y N° 221 “Irma Romero de Pacheco” de Cerro de Oro.
“Ambas reuniones transcurrieron en un clima de intenso trabajo e intercambio sobre acciones que tienen que ver con mejorar cada vez más la calidad educativa de las escuelas rurales”, informó el área de Gobierno de San Luis.
Para tal misión, la provincia usó un plan, contemplado en la Nueva Ley Nacional de Educación, llamado Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural, PROMER, cuyo referente en San Luis es Ricardo Tonolli.
El respaldo de esta actividad es la misma ley nacional que otorga a las provincias la posibilidad de firmar convenios con entidades para el financiamiento educativo.
Se sabe que San Luis fue la provincia que en la década de los ’90 siguió a rajatabla los postulados neoliberales en educación, con la aplicación sin condicionamientos de la Ley Federal y la creación de escuelas charter, autogestionadas o descentralizadas.
El fracaso de la Ley Federal y su soporte ideológico y material, el neoliberalismo en la educación, es una realidad que no solamente se vive en el país, sino en el mundo. La crisis de la educación superior “privatizada” en Chile es un claro ejemplo.
Sin embargo, el gobierno de San Luis insiste en la aplicación de medidas de corte economicistas y privatizadoras de la educación. En el ámbito de las escuelas rurales, la gestión de Alberto Rodríguez Saá ha llevado adelante una política de reducción de presupuesto, lo que se traduce en la disminución de personal, de infraestructura y de sueldos.
La “visita” de los consultores del Banco Mundial debería resonar como una nueva alarma en la docencia, una advertencia que en otras jurisdicciones ya se escucharon y se resolvieron, pero que en San Luis aún siguen vigentes.
En un artículo publicado en pleno auge del neoliberalismo educativo en la Argentina, llamado “Educación neoliberal y quiebre educativo”, la pedagoga Adriana Puiggrós hacía una clara advertencia sobre las consecuencias que iba a traer la intervención de organismos internacionales financieros en la educación: “…llama la atención la vinculación directa que han establecido organismos destinados a actividades financieras, como el FMI y el BM, con los programas educacionales de América Latina y, en consecuencia, la intervención directa de los ministerios de economía en las áreas pedagógicas estatal y privada. Sus imposiciones económicas determinan desde los salarios docentes hasta cambios de estructura de los sistemas y las reformas de contenidos”.
Decía Puiggrós que “las estrategias neoliberales dirigidas a la educación imprimen a los discursos pedagógicos la tónica de su lógica económica. El efecto es un deterioro profundo de los enunciados dirigidos a enseñar y aprender…Gran parte de los programas en los cuales se apoya la reforma -capacitación de los docentes, mejoras de infraestructura, reducción de personal e informatización, traslado de las erogaciones por sueldos a la forma de incentivos a la producción- es financiada con préstamos del Banco Mundial”.
http://www.noticiassanluis.com.ar/san-luis/2027-los-resabios-del-neoliberalismo.html
Sin Ley de Seguridad Vial
"San Luis no está adherida a la Ley de Seguridad Vial", remarcó Sergio Leven, padre de uno de los niños fallecido en el accidente de Ecos en 2006, y fundador de la ONG Conduciendo Conciencia, al hablar sobre el trágico accidente del miércoles pasado en Zanjitas, que costó ocho vidas. "Era un accidente evitable", dijo. Qué dice la Ley Nacional y qué postura asumió la provincia.
En una nota que difundió en su edición del viernes pasado el periódico La Ciudad de San Luis Leven consideró que accidente de Zanjitas, en el que murieron ocho personas es similar a lo ocurrido cinco años atrás, cuando 10 alumnos del colegio Ecos de Villa Crespo fallecieron en un accidente en la ruta cuando volvían del Chaco tras realizar tareas solidarias.
Sergio Levin es el padre de Lucas, una de las víctimas fatales y el fundador de la ONG “Conduciendo Conciencia”. “La verdad que no se entiende lo que pasó en San Luís, una llanura, zona tranquila. No puede ser que nadie haya controlado el estado del micro en el que viajaron estas niñas, si pasó las revisiones, la velocidad del tren, etc. Me resulta muy extraño que el micro haya quedado justo en medio de las vías”.
Además, Levin informó que “San Luís es la única provincia que no está adherida a la Ley de Seguridad Vial, por lo tanto esto se trata de un accidente evitable, todos los accidentes son evitables”.
“Igualmente, hay que saber bien lo ocurrido realmente. El chofer del micro sobrevivió, por lo tanto es el indicado para contar la verdad”, concluyó Levin.
La Ley de Seguridad Vial fue promulgada en abril de 2008 y establecía, entre otros puntos, la creación de una nueva licencia de conducir para todo el territorio nacional, como también la implementación de medidas uniformes tendientes a brindar mayor seguridad en el tránsito de las rutas.
En uno de sus artículos la ley nacional impulsaba la creación de delegaciones provinciales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que los gobiernos trabajen en conjunto con Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad Interior, con el fin de coordinar las tareas y desempeño de las fuerzas policiales y de seguridad en materia de fiscalización y control del tránsito y de la seguridad vial;
Esas agencias tendrían como propósito coordinar con las autoridades competentes de todas las provincias y la puesta en funcionamiento del sistema de revisión técnica obligatoria para todos los vehículos; participar en la regulación, implementación y fiscalización del Sistema de Monitoreo Satelital de vehículos afectados al transporte automotor de pasajeros y cargas de carácter interjurisdiccional, con los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Vial,
En uno de los artículos, establecía también como propósito: Coordinar con los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Vial y los organismos nacionales con competencia en la materia, la formulación de un sistema de control de jornada y descanso laboral, su implementación y fiscalización. Tendrá por objeto registrar por medios comprobables el cumplimiento de la jornada laboral, de las horas de efectiva conducción y del descanso mínimo previsto por la reglamentación por parte de los conductores de vehículos de transporte automotor de pasajeros y cargas de carácter interjurisdiccional.
Actualmente San Luis es la única provincia que no adhirió a la ley nacional. Al contrario, inventó una normativa propia para la creación de una licencia de conducir que no tiene validez en otras jurisdicciones.
Uno de los cuestionamientos que hizo la gestión de Alberto Rodríguez Saá a la ley nacional estuvo referido a la recaudación de los aranceles para el otorgamiento de la licencia de conducir unificada. No obstante, en diciembre de 2010, la provincia aprobó una ley para derogar la adhesión a la normativa nacional y lanzó un nuevo sistema de cédula de Identidad Electrónica, que incluye licencia de conducir, y que representa un nuevo “despojo” hacia los Municipios que hasta ahora tienen la atribución de otorgar esas documentaciones.
http://www.noticiassanluis.com.ar/provincia/2028-sin-ley-de-seguridad-vial.html
La semana pasada, desde el Gobierno se dio a conocer que la Corte Suprema hizo lugar a una medida cautelar que paralizó la obra del Corredor Vial Central. Con el mencionado fallo en contra, hasta el momento es la quinta sentencia en contra del Gobierno que dictó la Corte Suprema.
La sentencia sobre el Corredor Vial Central fue dictada el 13 de septiembre pasado, ordenando al Gobierno la “prohibición de innovar”, por lo tanto aplicar la ley que pretendió expropiar los inmuebles del sistema ferroviario Gral. San Martín y toda normativa dictada en consecuencia. Además, se ordenó que no se deben “llevar a cabo actos que alteren la situación anterior a la sanción de tales normas”, dice la sentencia.
Sierra de las Quijadas
Otra causa de expropiaciones a bienes de la Nación fue la del Parque Nacional de Sierras de las Quijadas. Mediante una ley el Gobierno expropió el parque con la finalidad de que esas tierras fueran restituidas a la comunidad Huarpe, quienes se harían cargo de la administración del parque. Finamente, la Corte Suprema hizo lugar a una medida cautelar y le ordenó al Gobierno abstenerse de realizar actos o sancionar normas que modifiquen el estado del parque, previo a la sanción de la ley de expropiación.
Coparticipación vial
El otro round que perdió el Gobierno contra la Nación fue en mayo de este año, en una causa que inició contra el Consejo Vial Federal y la Dirección Nacional de Vialidad por el reclamo de fondos de coparticipación vial.
El Gobierno planteó la inconstitucionalidad de la modificación del artículo 8 del Reglamento del Consejo Vial Federal. Según la sentencia, el mencionado artículo establece que el incumplimiento del deber de información, total o parcial, traería aparejado que “se tome pesos cero ($0,00) como inversión de fondos propios”. El deber de información implica la presentación de formularios, respaldado en su documentación contable oficial y en los comprobantes correspondientes por parte del Gobierno.
Para el Gobierno, el Reglamento Operativo del Consejo Vial federal es ilegal pues “...autoriza a confiscar a las provincias sus fondos de coparticipación vial contra el texto expreso de la ley...”.
“Que ha sido la propia actora (el Gobierno) con su incumplimiento la que se puso en la situación en virtud de la cual ahora reclama, sin que haya podido demostrar de parte de la demandada la conducta antojadiza que le atribuye”, dice uno de los fundamentos.
Pero otro fundamento de la sentencia dice que la demanda no puede prosperar porque el Gobierno no está legitimado para plantear la invalidez constitucional de una norma que él mismo, como miembro del Consejo Federal Vial, dictó junto con los demás integrantes en diciembre de 1997.
Uso de reservas
A fines de 2009, el Gobierno interpuso una causa en la Corte en la que planteaba la inconstitucionalidad de decreto de necesidad y urgencia, el cual establecía la utilización de reservas del Banco Central en el pago de la deuda externa. La Corte entendió que el Gobierno careció de interés directo en la causa y no estuvo legitimada para actuar en representación de sus sanluiseños.
Subsidios al transporte
Otro fallo en contra del Gobierno fue en diciembre del año pasado cuando el máximo tribunal rechazó un amparo el Gobierno en contra del Estado Nacional para que cesara de retener los subsidios al transporte.
Desde 2008, el Gobierno inició 16 demandas contra el Estado Nacional en la Corte Suprema de Justicia por un monto total de $6.700 millones. Los expedientes están en distintas etapas procesales, entre las que se pueden nombrar, la causa en contra de las retenciones al campo, y la que el Gobierno defiende el derogado sistema privado de jubilaciones, ya que era socio de la AFJP, Profesión + Auge.
http://lagaceta-digital.com.ar/tempor/index.php?option=com_content&view=article&id=5198:la-costumbre-del-gobierno-en-perder-causas-contra-la-nacion-en-la-corte-suprema&catid=37:notaprincipal
"En San Luis hay gente viviendo en la tierra y sin agua potable"
Esma. Ponce tiene una hermana desaparecida en ese centro.
Enrique Ponce es el primer kirchnerista que, en ocho años, logró ganar en la provincia de San Luis, feudo de los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá. Obtuvo la intendencia de la capital provincial, venciendo a Alicia Lemme, el 23 de octubre. Es abogado e ingeniero y, además, el hermano de Ana María Ponce, una desaparecida que estuvo cautiva en la ESMA y que fue compañera de militancia de Néstor Kirchner. El 24 de marzo de 2004, cuando Kirchner decidió recuperar el ex centro clandestino de detención, se leyeron los poemas que Ana María había escrito en cautiverio. Luego se compilaron en un libro que fue prologado por el ex presidente. “Ahí nació el pacto emocional con el kirchnerismo”, dice a PERFIL Enrique Ponce, funcionario de Alicia Kirchner en territorio enemigo. “¿No me creés? Vení a verlo”, proponía Alberto Rodríguez Saá en su campaña presidencial, pintando San Luis como “otro país”. “Yo los invito a verlo, para que sepan que no es real lo que dice”, desafió Ponce.
Según el intendente electo, un tercio de la población puntana está en situación de “extrema vulnerabilidad”. “A treinta cuadras del kilómetro cero de la ciudad hay asentamientos, donde la gente duerme sobre la tierra. Y no hay agua potable”, precisó.
El poder de los Rodríguez Saá se basa, dice Ponce, en un sistema de “clientelismo político” y de administración discrecional de los recursos que le envía la Nación. “Pero el gobernador dice que es discriminado por la Nación”, le dijo PERFIL a Ponce. El retrucó: “Eso no es cierto. Por coparticipación, San Luis recibe 3.800 millones de pesos, es el 80 por ciento del presupuesto provincial. Eso sin contar los programas del PAMI, la Anses, Desarrollo Social y Vialidad”, indicó. Y agregó: “Lo que sucede es que él recibe ese dinero y lo administra a discreción, no lo reparte equitativamente como debería. Entonces entrega una pensión a cambio de votos, o beneficios a cambio de votos, para capitalizarlo”.
—¿Cómo se manejan los Rodríguez Saá con la oposición?
—Han perfeccionado el sistema. Han tenido actitudes golpistas, como hicieron con mi padre (Carlos, que fue intendente también de San Luis). Hacían marchas encabezadas por el jefe de Gabinete que se llamaban “por una Navidad sin Ponce”, que tenían el propósito de destituirlo. O hacen la doble intendencia, algo que la Corte Suprema declaró inconstitucional.
Ponce contó, para esta campaña, con el respaldo de Cristina y de Alicia Kirchner, pero también del Instituto Gestar, que conduce el hijo de Juan Carlos Mazzón, Mauricio. Gestar le capacitó 300 fiscales y le proporcionó parte del diseño de campaña. “Yo soy un hombre de Alicia, y le dedico mi triunfo, por sobre todas las cosas, a Cristina. Siempre me van a encontrar de su lado”, precisa. Ponce tendrá que lidiar con un poder fuerte.
http://www.perfil.com/ediciones/2011/11/edicion_624/contenidos/noticia_0058.html
Los resabios del neoliberalismo
Consultores del Banco Mundial vinieron a San Luis a “supervisar” escuelas rurales. La “misión” tuvo el apoyo incondicional del ministro de Educación, Marcelo Sosa, y marca cómo en la provincia subsisten las cuestionadas políticas neoliberales, implementadas con el control de organismos financieros internacionales, que obligan a los gobiernos a supeditar las decisiones en materia de educación a una visión netamente economicista.
Durante tres días, el 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre, vinieron a San Luis consultores del Banco Mundial, entre ellos, el “especialista” en Educación, Juan Pradwa. Fueron recibidos por funcionarios del equipo del Ministerio de Educación, encabezados por Marcelo Sosa y el viceministro Guillermo Visco, para coordinar visitas a escuelas rurales de la provincia.
Así, los visitantes y los funcionarios locales recorrieron las Escuelas N° 76 “Luisa Quiroga de Lucero”, de San Pablo; N° 225 “Maestro Pio Rosario Flores” de Papagayos y N° 221 “Irma Romero de Pacheco” de Cerro de Oro.
“Ambas reuniones transcurrieron en un clima de intenso trabajo e intercambio sobre acciones que tienen que ver con mejorar cada vez más la calidad educativa de las escuelas rurales”, informó el área de Gobierno de San Luis.
Para tal misión, la provincia usó un plan, contemplado en la Nueva Ley Nacional de Educación, llamado Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural, PROMER, cuyo referente en San Luis es Ricardo Tonolli.
El respaldo de esta actividad es la misma ley nacional que otorga a las provincias la posibilidad de firmar convenios con entidades para el financiamiento educativo.
Se sabe que San Luis fue la provincia que en la década de los ’90 siguió a rajatabla los postulados neoliberales en educación, con la aplicación sin condicionamientos de la Ley Federal y la creación de escuelas charter, autogestionadas o descentralizadas.
El fracaso de la Ley Federal y su soporte ideológico y material, el neoliberalismo en la educación, es una realidad que no solamente se vive en el país, sino en el mundo. La crisis de la educación superior “privatizada” en Chile es un claro ejemplo.
Sin embargo, el gobierno de San Luis insiste en la aplicación de medidas de corte economicistas y privatizadoras de la educación. En el ámbito de las escuelas rurales, la gestión de Alberto Rodríguez Saá ha llevado adelante una política de reducción de presupuesto, lo que se traduce en la disminución de personal, de infraestructura y de sueldos.
La “visita” de los consultores del Banco Mundial debería resonar como una nueva alarma en la docencia, una advertencia que en otras jurisdicciones ya se escucharon y se resolvieron, pero que en San Luis aún siguen vigentes.
En un artículo publicado en pleno auge del neoliberalismo educativo en la Argentina, llamado “Educación neoliberal y quiebre educativo”, la pedagoga Adriana Puiggrós hacía una clara advertencia sobre las consecuencias que iba a traer la intervención de organismos internacionales financieros en la educación: “…llama la atención la vinculación directa que han establecido organismos destinados a actividades financieras, como el FMI y el BM, con los programas educacionales de América Latina y, en consecuencia, la intervención directa de los ministerios de economía en las áreas pedagógicas estatal y privada. Sus imposiciones económicas determinan desde los salarios docentes hasta cambios de estructura de los sistemas y las reformas de contenidos”.
Decía Puiggrós que “las estrategias neoliberales dirigidas a la educación imprimen a los discursos pedagógicos la tónica de su lógica económica. El efecto es un deterioro profundo de los enunciados dirigidos a enseñar y aprender…Gran parte de los programas en los cuales se apoya la reforma -capacitación de los docentes, mejoras de infraestructura, reducción de personal e informatización, traslado de las erogaciones por sueldos a la forma de incentivos a la producción- es financiada con préstamos del Banco Mundial”.
http://www.noticiassanluis.com.ar/san-luis/2027-los-resabios-del-neoliberalismo.html
Sin Ley de Seguridad Vial
"San Luis no está adherida a la Ley de Seguridad Vial", remarcó Sergio Leven, padre de uno de los niños fallecido en el accidente de Ecos en 2006, y fundador de la ONG Conduciendo Conciencia, al hablar sobre el trágico accidente del miércoles pasado en Zanjitas, que costó ocho vidas. "Era un accidente evitable", dijo. Qué dice la Ley Nacional y qué postura asumió la provincia.
En una nota que difundió en su edición del viernes pasado el periódico La Ciudad de San Luis Leven consideró que accidente de Zanjitas, en el que murieron ocho personas es similar a lo ocurrido cinco años atrás, cuando 10 alumnos del colegio Ecos de Villa Crespo fallecieron en un accidente en la ruta cuando volvían del Chaco tras realizar tareas solidarias.
Sergio Levin es el padre de Lucas, una de las víctimas fatales y el fundador de la ONG “Conduciendo Conciencia”. “La verdad que no se entiende lo que pasó en San Luís, una llanura, zona tranquila. No puede ser que nadie haya controlado el estado del micro en el que viajaron estas niñas, si pasó las revisiones, la velocidad del tren, etc. Me resulta muy extraño que el micro haya quedado justo en medio de las vías”.
Además, Levin informó que “San Luís es la única provincia que no está adherida a la Ley de Seguridad Vial, por lo tanto esto se trata de un accidente evitable, todos los accidentes son evitables”.
“Igualmente, hay que saber bien lo ocurrido realmente. El chofer del micro sobrevivió, por lo tanto es el indicado para contar la verdad”, concluyó Levin.
La Ley de Seguridad Vial fue promulgada en abril de 2008 y establecía, entre otros puntos, la creación de una nueva licencia de conducir para todo el territorio nacional, como también la implementación de medidas uniformes tendientes a brindar mayor seguridad en el tránsito de las rutas.
En uno de sus artículos la ley nacional impulsaba la creación de delegaciones provinciales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que los gobiernos trabajen en conjunto con Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad Interior, con el fin de coordinar las tareas y desempeño de las fuerzas policiales y de seguridad en materia de fiscalización y control del tránsito y de la seguridad vial;
Esas agencias tendrían como propósito coordinar con las autoridades competentes de todas las provincias y la puesta en funcionamiento del sistema de revisión técnica obligatoria para todos los vehículos; participar en la regulación, implementación y fiscalización del Sistema de Monitoreo Satelital de vehículos afectados al transporte automotor de pasajeros y cargas de carácter interjurisdiccional, con los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Vial,
En uno de los artículos, establecía también como propósito: Coordinar con los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Vial y los organismos nacionales con competencia en la materia, la formulación de un sistema de control de jornada y descanso laboral, su implementación y fiscalización. Tendrá por objeto registrar por medios comprobables el cumplimiento de la jornada laboral, de las horas de efectiva conducción y del descanso mínimo previsto por la reglamentación por parte de los conductores de vehículos de transporte automotor de pasajeros y cargas de carácter interjurisdiccional.
Actualmente San Luis es la única provincia que no adhirió a la ley nacional. Al contrario, inventó una normativa propia para la creación de una licencia de conducir que no tiene validez en otras jurisdicciones.
Uno de los cuestionamientos que hizo la gestión de Alberto Rodríguez Saá a la ley nacional estuvo referido a la recaudación de los aranceles para el otorgamiento de la licencia de conducir unificada. No obstante, en diciembre de 2010, la provincia aprobó una ley para derogar la adhesión a la normativa nacional y lanzó un nuevo sistema de cédula de Identidad Electrónica, que incluye licencia de conducir, y que representa un nuevo “despojo” hacia los Municipios que hasta ahora tienen la atribución de otorgar esas documentaciones.
http://www.noticiassanluis.com.ar/provincia/2028-sin-ley-de-seguridad-vial.html
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