SAN LUIS - HUMOR DE PUNTANIA

CORREDOR VIAL CENTRAL: LA CORTE PARO LA BRAVUCONADA DE LOS RODRÍGUEZ SAÁ...

Otro revés y papelón judicial
Otra vez el gobierno de Alberto Rodríguez Saá, empecinado en apoderarse ilegalmente de bienes nacionales, arriesga fondos públicos y se expone a reveses judiciales. Ayer se conoció el fallo de la Corte Suprema que ordenó frenar las obras del Corredor Vial. Los trabajos, que se realizaron en los 13 kilómetros de la traza ferroviaria que cruza la ciudad de San Luis generaron un sinnúmero de cuestionamientos de legisladores, vecinos y algunos medios de prensa de la provincia, como también de organismos nacionales.

Un nuevo revés en la Justicia
La Corte Suprema prohibió que se siga construyendo el Corredor Vial Central

Corredor Vial suspendido
“Lo advertimos hace un año, pero la justicia miró para otro lado”, señaló Bazla

Rodríguez Saá pretendia hacer la obra consumando los hechos y que luego cualquier demanda deviniera en abstracto
En la obra se llegó a trabajar hasta los sábados por la tarde/noche

Otro revés y papelón judicial
Otra vez el gobierno de Alberto Rodríguez Saá, empecinado en apoderarse ilegalmente de bienes nacionales, arriesga fondos públicos y se expone a reveses judiciales. Ayer se conoció el fallo de la Corte Suprema que ordenó frenar las obras del Corredor Vial. Los trabajos, que se realizaron en los 13 kilómetros de la traza ferroviaria que cruza la ciudad de San Luis generaron un sinnúmero de cuestionamientos de legisladores, vecinos y algunos medios de prensa de la provincia, como también de organismos nacionales.
A principio de año, el gobierno de San Luis comenzó con los trabajos para llevar adelanta la obra Corredor Vial Central, que consiste en la construcción de una avenida para unir Terrazas del Portezuelo con el Camino de Pescadores
Además de las posturas en contra de la obra por parte de diputados de la oposición, como también de vecinos de San Luis que presentaron un recurso de amparo, desde la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF SE) y el Instituto Argentino de Ferrocarriles (IAF) se había advertido sobre la ilegalidad que cometía el gobierno de San Luis al tomar posesión de terrenos nacionales.
Las críticas apuntaban, también, a la necedad del gobernador Alberto Rodríguez Saá de poner un obstáculo al plan de reactivación de los trenes de pasajeros en el corredor Buenos Aires – Mendoza. Fueron justamente funcionarios de la vecina provincia los que más cuestionaron la decisión del mandatario sanluiseño.
El viernes pasado, la Corte Suprema tomó una resolución con relación a un recurso presentado por organismos nacionales que trabajan en la custodia de los bienes ferroviarios en todo el país. El máximo órgano judicial de la Argentina ordenó al gobierno de San Luis "no innovar", es decir, frenar la obra que se construye en la misma traza ferroviaria.
Rodríguez Saá, por su parte, anunció que presentará los recursos ante la Corte para revertir el fallo. La administración del frustrado candidato a presidente tendrá como principal carta el "avance" de la obra del Corredor Vial, uno de cuyos tramos ya está inaugurado.
Desde Mendoza, la decisión de la Corte se tomó con expectante prudencia. "La promesa de reactivar el tren a Buenos Aires sigue vigente", tituló ayer el diario Los Andes
"Nuestra provincia se había sumado al reclamo nacional cuando se supo que San Luis adjudicó la realización de una ruta que pasaría por encima de las vías del antiguo tren que unía Buenos Aires con Mendoza, complicando así los planes de renacimiento de ese ramal", dice la nota del matutino mendocino.
Pero las presentaciones judiciales de los organismos nacionales ante la Corte no solamente buscan la paralización de los trabajos, sino también la restitución de los bienes, algo que acarrearía pérdidas millonarias para las arcas provinciales, lo que, analizado desde otra óptica, significa que la gestión de Rodríguez Saá comprometió los dineros de todos los sanluiseños en una obra que no iba a poder realizarse.
Para completarla, ayer, el fiscal de Estado, Eduardo Allende, en lugar de informar que la Corte Suprema frenó las obras del Corredor, dijo –obediente- que su jefe, Alberto Rodríguez Saá fue el que "ordenó" cumplir con la decisión judicial ¿hace falta que alguien imparta instrucciones para que se cumpla con un fallo del máximo órgano judicial de la nación?
Se trata así del segundo revés –y papelón- judicial que enfrenta el gobierno de San Luis. Antes, la Corte había dictaminado la "ilegalidad" de las expropiaciones que intentó llevar adelante Rodríguez Saá en el territorio nacional de las Sierras de las Quijadas, con la curiosa intención de restituir esas tierras a la comunidad Huarpe.
http://www.noticiassanluis.com.ar/san-luis/2003-otro-reves-y-papelon-judicial.html
　

Un nuevo revés en la Justicia
La Corte Suprema ordenó parar las obras del Corredor Vial Central
La Corte Suprema de la Nación decretó una medida de no innovar en las obras que el gobierno de San Luis desarrolla en el antiguo trazado del Ferrocarril San Martín en su paso por la capital puntana. Allí se levantaron las vías en un tramo de alrededor de 13 kilómetros y se comenzó a construir el denominado Corredor Vial Central, la avenida que atraviesa la ciudad donde al menos dos tramos ya están terminados e inaugurados y otros esperan para su habilitación. El gobierno había comenzado a desarrollarla antes de tener la certeza de que podía realizarla, a través de una dudosa ley de expropiación, contra viento y marea. Fiscalía de Estado deberá ahora defender los intereses de la provincia y el máximo Tribunal deberá analizar las medidas de fondo a tomar.

La noticia fue dada a conocer ayer en la mañana por el fiscal de Estado, Eduardo Segundo Allende, quien detalló que la comunicación la recibieron "el viernes al medio día y el primera día hábil el gobernador dictó el decreto 4161 donde dispuso acatar el fallo de la Corte Suprema y ordenar la suspensión de la obra, e instruir a la Escribanía de Gobierno para hacer un relevamiento del estado de la obra", puntualizó.

También señaló que Alberto Rodríguez Saá lo había instuído, como Fiscal de Estado, "para llevar adelante la defensa ante la Corte Suprema, haciendo especial hincapié en el estado actual de la obra".

Este es el segundo revés judicial que sufre San Luis en la Corte a raíz de las expropiaciones que dipuso por ley afectando territorio nacional. La primera de ellas estaba relacionada con el Parque Nacional Sierras de las Quijadas, que el gobierno tomó para restituírselas a la comunidad Huarpe. Esta medida de no innovar afecta al trazado que va desde el nuevo edificio gubernamental, ubicado en Terrazas del Portezuelo, al sureste de esta capital, hasta el denominado Camino de Pescadores, en el extremo Oeste, muy cerca del autódromo Rosendo Hernández, tras atravesar toda la ciudad en el antiguo recorrido del Ferrocarril San Martín.

Aún cuando la obra pueda significar un avance para la ciudad, fue tomada de manera impulsiva y sin medir las consecuencias a futuro, utilizando la metodología de los hechos consumados.

Allende recalcó que se habían producido una serie de reuniones con autoridades nacionales para gestionar el traspaso de esos terrenos, "sin obtener ninguna respuesta", tras lo cual "primero se sancionó una ley de expropiación desde Dónovan, hasta la zona de Pescadores para hacer esta obra y posteriormente se advirtió que los terrenos por donde están los ramales (que ya fueron levantados en su totalidad) antes del cuadro de la Estación y después del cuadro de la Estación, hacia la zona de Pescadores no tiene inscripción de dominio. Esto, para decirlo fácil, quiere decir que no tenían dueño en el Registro de la Propiedad ni en Catastro", aseguró.

Luego detalló que en aquel momento en que se hizo el hallazgo, "se resolvió hacer la obra afectando esta zona. Por un decreto y a través de la ley Catastral de la Provincia, fueron inscriptas a nombre del Estado Provincial".

Pero "la Corte ha actuado", disponiendo "una medida cautelar y ahora nosotros vamos a ejercer nuestra defensa", explicó y agregó a renglón seguido: "Llama la atención, porque el pedido fue realizado principio de este año, con lo cual la Corte no conoce las distintas situaciones fácticas en las que se ha llevado adelante la obra" y que "la provincia ni licitó ni llevó adelante ninguna obra en lo que es el cuadro de la Estación, que tiene dominio a nombre de Ferrocarriles Argentinos y no se va a afectar hasta el momento en que se haga la expropiación; ni tampoco (la Corte) seguramente sabe el avance que tiene la obra, donde ya hay mas de cuatro kilómetros finalizados que están transitables", remarcó.

El Fiscal de Estado dijo que van a pedir "que se constituya en la ciudad de San Luis, alguno de sus jueces o algún secretario, para que constate el estado de la obra, la modificación que esto ha implicado para la ciudad de San Luis", ya que "eran 13 kilómetros de basurales" y se había transformado "en una barrera arquitectónica, por estar cortando la ciudad al medio" y que "en más del 60% del recorrido no había ni vías ni durmientes" y "no quedaba nada del tendido ferroviario".

Finalmente Allende ratificó "el compromiso de la provincia para coadyuvar para hacer un ramal" del ferrocarril por detrás de las sierras, en el caso que se rehabilite el servicio de tren de pasajeros y destacó que el viejo tendido "tenía más de 20 pasos a nivel" con el consiguiente "peligro para la seguridad vial".
Informe: Gustavo Senn gustavosenn@gmail.com
http://www.periodistasenlared.info/noviembre11-02/nota1.html




La Corte Suprema prohibió que se siga construyendo el Corredor Vial Central
Ayer a la mañana, el fiscal de Estado, Eduardo Allende, informó que la Corte Suprema de Justicia, “a pedido de una sociedad del Gobierno nacional que administra los bienes del ferrocarril”, emitió una medida cautelar de no innovar, la cual, básicamente, prohíbe que se continúe construyendo el Corredor Vial Central en terrenos expropiados al ferrocarril San Martín.

“Lo que yo sé y lamento es que esto significa que la Corte se va a pronunciar dentro de 20 o 30 años, porque así nos tiene acostumbrados esta Corte y la anterior y la anterior. Además, tampoco es una decisión sobre el tema principal, porque es una medida cautelar”, comentó el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, quien ya firmó los correspondientes decretos acatando la orden de la Justicia nacional.

“Es como una suerte de venganza a San Luis”, agregó Rodríguez Saá, sin siquiera hacer mención a que siempre se supo muy bien, desde el momento en que se llamó a licitación pública, que existía la posibilidad de que esto ocurriera y que la ciudad quedara sumida en el caos total que supondrá tener una obra de semejante envergadura a medio terminar.

“Lo que vamos a tratar es que se haga una modificación parcial y se permita continuar la obra en los lugares donde el ferrocarril no tiene títulos y son tierra de nadie”, agregó el Gobernador, quien también ordenó a Fiscalía que pida una audiencia de conciliación “para ir personalmente a la corte y plantear esta situación”.

Las otras órdenes que recibió Fiscalía incluyen “hacer un relevamiento pormenorizado y actualizado de todo el estado de la obra” y contrastarlo con el abandono del que los terrenos fueron víctimas durante años. La idea es lograr que algún representante de la Corte venga a San Luis a constatar el avance de la obra y lo difícil que es volver atrás. El fiscal Allende también deberá recordarle a la Justicia que la provincia ha puesto el tendido férreo que pasa por la localidad de Beazley a disposición del ferrocarril.

“Llama la atención que esta medida cautelar fue iniciada a principios de este año y recién se nos notifica ahora, por lo cual la Corte no conoce las situaciones fácticas en las que se ha llevado adelante la obra ni su estado avance”, concluyó Allende, quien tendrá la dura tarea de justificar ante la Corte Suprema de Justicia la irresponsabilidad con la que el Gobierno provincial se manejó en este asunto.
http://lagaceta-digital.com.ar/tempor/index.php? option=com_content&view=article&id=5173:la-corte-suprema-prohibio-que-se- siga-construyendo-el-corredor-vial-central&catid=37:notaprincipal




Corredor Vial suspendido
“Lo advertimos hace un año, pero la justicia miró para otro lado”, señaló Bazla
“Ahora vienen los lamentos, cuando hace un año planteamos, mediante una acción de amparo, que el gobierno de San Luis actuaba ilegalmente al pretender adueñarse de los terrenos ferroviarios que son propiedad de la Nación, pero la justicia federal se declaró incompetente” dijo a Periodistas en la Red el abogado villamercedino Ricardo André Bazla, respecto de la medida tomada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de suspender las obras del Corredor Vial Central.

Bazla continuó señalando que “la medida adoptada por San Luis es sumamente grave, porque se apropia de tierras que no le pertenecen y porque rompe la unidad ferroviaria desde Buenos Aires hasta Mendoza y para peor, si esto continúa, dejará sin ferrocarril a Villa Mercedes, dado que los trenes llegarán desde el Este hasta Justo Daract y desde el Oeste hasta Beazley, en el mejor de los casos, dejando a Villa Mercedes en el medio y sin trenes de pasajeros”.

Sobre la cautelar dispuesta por la Corte, Bazla aseguró que se debe a que “San Luis actuó atropelladamente y pretendiendo trabajar sobre los hechos consumados” y desmintió al fiscal de Estado, Eduardo Allende, quien había señalado que las tierras sobre las que se está haciendo la obra no tenían dueño catastral, señalando que “la propia ley de expropiación señala que los terrenos ‘comprenden los inmuebles de propiedad del Estado Nacional Argentino, individualizados como Parcela N° 3 en la planilla de coordenadas Gauss-Kruger y croquis agregado como Anexo 1 de la citada Ley, con inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de San Luis al Tomo 50 de Capital, Folio 285 N° 9031; Tomo 89 (Ley N° 3236) de Capital Folio 34, N° 26.548; y Tomo 89 (Ley N° 3236) de Capital Folio 36 N° 26.549, correspondientes al Cuadro de la Estación del antiguo sistema ferroviario nacional General San Martín que recorre la ciudad de San Luis’”.

Según Bazla, “los gobernantes puntanos están acostumbrados a ponerse en víctimas frente al gobierno nacional, cuando lo dispuesto en la mencionada ley afecta los intereses superiores de la Nación Argentina y constituye una medida que lesiona, restringe, altera y amenaza con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta el futuro normal funcionamiento de la línea ferroviaria General San Martín que une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (desde la Estación Retiro) con Mendoza y San Juan, afectando también a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y particularmente el desarrollo de la vía férrea en el territorio de San Luis, en el tramo que comunica Justo Daract, Villa Mercedes, Liborio Luna, Fraga, Granville, Eleodoro Lobos y San Luis”

“Nadie en su sano juicio, puede estar en contra de una obra pública, pero la ley provincial decidió apropiarse indebidamente de los terrenos nacionales violando el régimen Republicano y Federal adoptado por la Constitución, además si la cuestión de fondo se resuelve a favor de la Nación, todos los sanluiseños deberemos pagar el daño ocasionado. Aunque eso sí: algún funcionario será procesado por el delito de usurpación de los bienes del Estado”, finalizó.
Informe: Carlos Rubén Capella carlosrcapella@yahoo.com.ar
http://www.periodistasenlared.info/noviembre11-02/nota3.html