ECHAN A LINDOW POR CLAUSURAR FABRICA CUYO ENCARGADO ES FAMILIAR DE MONES RUIZ, ¿SERÁ POSIBLE? ¿EL CAMBIO DE POGGI ERA LA MARCHA ATRAS?...
Mientras negociaba el levantamiento del paro
Mones Ruiz echó al Jefe de Relaciones Laborales
Problemas para Bañuelo
Una abogada la denunció penalmente por “sustracción de materiales”
A devolver infraestructura ferroviaria. Se deberán habilitar las calles cortadas por el corredor central.
Mientras negociaba el levantamiento del paro
Mones Ruiz echó al Jefe de Relaciones Laborales
El ministro de Gobierno, Eduardo Mones Ruiz, echó al Jefe del Programa Relaciones Laborales, Alberto Lindow, quien hace una semana clausuró el Villa Mercedes una empresa textil que no tenía matafuegos, agua potable, ropa de trabajo, barbijos, cobertura de ART, protección básica ante accidentes e higiene y violaba las condiciones de salubridad mínimas de los empleados. Además, de acuerdo con una fuente que participó del operativo, en el taller de la empresa INAMEX, Relaciones Laborales encontró personal que dormía en el lugar de trabajo y un empleado que trabajaba en la misma máquina en la que había sufrido un grave accidente que hace un año le había provocado una mutilación.
Según declaraciones de Rodolfo Garciarena, Secretario General del gremio textil, “la gravedad de la situación de la empresa INAMEX es inimaginable. Se trabajaba ahí dentro peor que en el siglo pasado”. Pero el dato que Lindow no tuvo en cuenta es que el apoderado del taller clausurado es el suegro del Ministro Mones Ruiz y ex miembro del Tribunal de Cuentas de la Provincia, Horacio Inverti, quien cuenta con el patrocinio legal de su hija, la abogada Valeria Inverti, cuñada de Mones Ruiz. El ministro ayer echó a Alberto Lindow en momentos en que el ya ex Jefe de Programa negociaba el levantamiento del paro de Transpuntano.
Informe especial: Gustavo Heredia flac0heredia@hotmail.com
http://www.periodistasenlared.info/noviembre11-24/nota6.html
Problemas para Bañuelo
Una abogada la denunció penalmente por “sustracción de materiales”
La abogada Belén Saá, denunció penalmente a la rectora de la ULP, Alicia Bañuelos, en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Mirtha Esley, porque los materiales que compra el Estado para el mantenimiento de la Autopista de la Información, y que le son entregados a la empresa privada que realiza dicha tarea, no tendrían el destino para el cual se compra, lo que habría generado un negocio ilegal millonario.
En diálogo con Periodistas en la red, Saá señaló que los materiales los paga el Estado, pero que la empresa “hace comprar materiales de más o materiales de primera calidad y pone materiales de última calidad, y todo eso repercute en el servicio de Internet”, lo que aclararía el por qué el Wi Fi en toda la provincia anda tan mal.
Todo esto ocurre, porque “o hay una importante falta de control o una presunta connivencia” que es precisamente lo que pidió a la justicia que investigue y explica que son “materiales carísimos. “Una plaqueta cuesta 5.000 dólares”.
Esta acción, implica “una fuga de materiales que después son comercializados en la provincia de Córdoba, presuntamente”.
Como la actividad “ha sido constante”, Saá supone que no debería ser ajeno al conocimiento de Bañuelos, por lo que la denuncia la realizó contra ella.
La actividad irregular, fue percibida por un empleado de la empresa privada, lo que lo llevó a realizar denuncias internas en la ULP y lejos de ser considerado un ciudadano de lujo, “fue despedido de la empresa” y posteriormente recibió amenazas contra su persona.
A pesar de la gravedad de la denuncia, Saá aseguró que “todavía no se ha tomado ninguna medida por parte del Juzgado de Esley”, a pesar de que la denuncia se presentó el 9 de noviembre. Asimismo, cree que desde el gobierno provincial no están enterados de esto, “porque si se hubieran enterado, creo que no dejaban que esto pase”.
Informe: Carlos Rubén Capella carlosrcapella@yahoo.com.ar
http://www.periodistasenlared.info/noviembre11-24/nota2.html
A devolver infraestructura ferroviaria
La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió ayer autorizar la continuidad de las obras en el Corredor Vial Central de la ciudad de San Luis, cuya construcción se hallaba detenida por una medida cautelar impuesta por el Estado nacional y obligar a la provincia a devolverle a la Nación la infraestructura ferroviaria que usurpó.
Si bien no lo dijeron los funcionarios del gobierno, la decisión de la Corte es un calco del pedido que hizo el intendente electo de San Luis Enrique Ponce (quien no pudo participar de la audiencia), ya que resolvió la continuidad de los trabajos para “resguardar la integridad física de las personas y de los bienes afectados, ya que la interrupción significaba un peligro real para el conjunto de la sociedad", según lo explicó el propio fiscal de Estado de la provincia, Eduardo Allende.
"Se van a poder continuar los trabajos desde la avenida Santos Ortiz hasta la ruta 7. La medida alcanza también al nodo vehicular que se genera cuando se encuentra el Corredor con la Autopista de las Serranías", señaló el fiscal.
"La provincia de San Luis se compromete a devolverle a la Nación en infraestructura ferroviaria lo que ellos consideren más necesario, a fin de compensar al Estado argentino por los terrenos que afectará esta nueva avenida en la capital puntana. El monto del resarcimiento será fijado por la Corte", agregó Allende.
Es que el Estado nacional, a través de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF), había impuesto una medida cautelar, al considerar que San Luis estaba usurpando el trayecto férreo en inmediaciones a la estación de trenes, que corresponden a la Nación.
http://www.noticiassanluis.com.ar/san-luis/2127-a-devolver-infraestructura-ferroviaria.html
Mones Ruiz echó al Jefe de Relaciones Laborales
El ministro de Gobierno, Eduardo Mones Ruiz, echó al Jefe del Programa Relaciones Laborales, Alberto Lindow, quien hace una semana clausuró el Villa Mercedes una empresa textil que no tenía matafuegos, agua potable, ropa de trabajo, barbijos, cobertura de ART, protección básica ante accidentes e higiene y violaba las condiciones de salubridad mínimas de los empleados. Además, de acuerdo con una fuente que participó del operativo, en el taller de la empresa INAMEX, Relaciones Laborales encontró personal que dormía en el lugar de trabajo y un empleado que trabajaba en la misma máquina en la que había sufrido un grave accidente que hace un año le había provocado una mutilación.
Según declaraciones de Rodolfo Garciarena, Secretario General del gremio textil, “la gravedad de la situación de la empresa INAMEX es inimaginable. Se trabajaba ahí dentro peor que en el siglo pasado”. Pero el dato que Lindow no tuvo en cuenta es que el apoderado del taller clausurado es el suegro del Ministro Mones Ruiz y ex miembro del Tribunal de Cuentas de la Provincia, Horacio Inverti, quien cuenta con el patrocinio legal de su hija, la abogada Valeria Inverti, cuñada de Mones Ruiz. El ministro ayer echó a Alberto Lindow en momentos en que el ya ex Jefe de Programa negociaba el levantamiento del paro de Transpuntano.
Informe especial: Gustavo Heredia flac0heredia@hotmail.com
http://www.periodistasenlared.info/noviembre11-24/nota6.html
Problemas para Bañuelo
Una abogada la denunció penalmente por “sustracción de materiales”
La abogada Belén Saá, denunció penalmente a la rectora de la ULP, Alicia Bañuelos, en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Mirtha Esley, porque los materiales que compra el Estado para el mantenimiento de la Autopista de la Información, y que le son entregados a la empresa privada que realiza dicha tarea, no tendrían el destino para el cual se compra, lo que habría generado un negocio ilegal millonario.
En diálogo con Periodistas en la red, Saá señaló que los materiales los paga el Estado, pero que la empresa “hace comprar materiales de más o materiales de primera calidad y pone materiales de última calidad, y todo eso repercute en el servicio de Internet”, lo que aclararía el por qué el Wi Fi en toda la provincia anda tan mal.
Todo esto ocurre, porque “o hay una importante falta de control o una presunta connivencia” que es precisamente lo que pidió a la justicia que investigue y explica que son “materiales carísimos. “Una plaqueta cuesta 5.000 dólares”.
Esta acción, implica “una fuga de materiales que después son comercializados en la provincia de Córdoba, presuntamente”.
Como la actividad “ha sido constante”, Saá supone que no debería ser ajeno al conocimiento de Bañuelos, por lo que la denuncia la realizó contra ella.
La actividad irregular, fue percibida por un empleado de la empresa privada, lo que lo llevó a realizar denuncias internas en la ULP y lejos de ser considerado un ciudadano de lujo, “fue despedido de la empresa” y posteriormente recibió amenazas contra su persona.
A pesar de la gravedad de la denuncia, Saá aseguró que “todavía no se ha tomado ninguna medida por parte del Juzgado de Esley”, a pesar de que la denuncia se presentó el 9 de noviembre. Asimismo, cree que desde el gobierno provincial no están enterados de esto, “porque si se hubieran enterado, creo que no dejaban que esto pase”.
Informe: Carlos Rubén Capella carlosrcapella@yahoo.com.ar
http://www.periodistasenlared.info/noviembre11-24/nota2.html
A devolver infraestructura ferroviaria
La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió ayer autorizar la continuidad de las obras en el Corredor Vial Central de la ciudad de San Luis, cuya construcción se hallaba detenida por una medida cautelar impuesta por el Estado nacional y obligar a la provincia a devolverle a la Nación la infraestructura ferroviaria que usurpó.
Si bien no lo dijeron los funcionarios del gobierno, la decisión de la Corte es un calco del pedido que hizo el intendente electo de San Luis Enrique Ponce (quien no pudo participar de la audiencia), ya que resolvió la continuidad de los trabajos para “resguardar la integridad física de las personas y de los bienes afectados, ya que la interrupción significaba un peligro real para el conjunto de la sociedad", según lo explicó el propio fiscal de Estado de la provincia, Eduardo Allende.
"Se van a poder continuar los trabajos desde la avenida Santos Ortiz hasta la ruta 7. La medida alcanza también al nodo vehicular que se genera cuando se encuentra el Corredor con la Autopista de las Serranías", señaló el fiscal.
"La provincia de San Luis se compromete a devolverle a la Nación en infraestructura ferroviaria lo que ellos consideren más necesario, a fin de compensar al Estado argentino por los terrenos que afectará esta nueva avenida en la capital puntana. El monto del resarcimiento será fijado por la Corte", agregó Allende.
Es que el Estado nacional, a través de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF), había impuesto una medida cautelar, al considerar que San Luis estaba usurpando el trayecto férreo en inmediaciones a la estación de trenes, que corresponden a la Nación.
http://www.noticiassanluis.com.ar/san-luis/2127-a-devolver-infraestructura-ferroviaria.html
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