miércoles, 16 de mayo de 2012

BLANCA PEREYRA. LE PIDEN EL DESAFUERO, ¿PROTEGERA EL PODER A LA EX VICEGOBERNADORA DE LOS SAÁ?
 


Un juez penal pidió el desafuero de la ex intendente de Villa Mercedes

Dos Millones - Piden el desafuero de Blanca Pereyera y ordenan indagatorias a ex funcionarios de la Municipalidad

La religión se metió en el Concejo Mercedino
 
 

Un juez penal pidió el desafuero de la ex intendente de Villa Mercedes
El juez de Instrucción Penal Nº 1, Alfredo Cuello, pidió a la Cámara de Diputados de la provincia el desafuero de la ex intendente de Villa Mercedes y actual legisladora, Blanca Pereyra, en el marco de la investigación por la “causa de los dos millones”. Además el magistrado ordenó el llamado a indagatoria a tres ex funcionarios municipales.

Cuello investiga el caso que tomó estado público a mediados del 2009, cuando la gestión de Pereyra fue denunciada por el gasto de más de dos millones de pesos en el pago de horas extras a empleados municipales por obras de refacción del edificio municipal de la calle Mitre: ni las horas extras ni las obras existieron.

En la misma causa, el juez llamará a indagatoria al ex secretario de Gobierno, Rodolfo Luque, el ex secretario de Hacienda, Marcelo Fabián Zeballos y el titular de Control y Legalidad, Sybil Blanco.

Tanto la ex intendente como sus ex funcionarios son investigados por  malversación de fondos, adulteración de documento público e incumplimiento de deberes de funcionario público.
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Dos Millones - Piden el desafuero de Blanca Pereyera y ordenan indagatorias a ex funcionarios de la Municipalidad

Adelanto exclusivo de San Luis Noticia: El juez Alfredo Cuello resolvió pedir el desafuero a ex intendenta de Villa Mercedes y actual diputada provincial Blanca Pereyera para investigarla en la causa Dos Millones. El titular del Juzgado Penal N°1 ordenó, además, llamar a indagatoria a tres ex funcionarios municipales Rodolfo Luque (ex secretario de gobierno), Marcelo Fabián Zeballos (ex secretario de Hacienda) y Sybil Blanco (Control y Legalidad). Los tres deberán presentarse antes que termine el mes en la Justicia. Todos están sospechados de malversación de fondos, adulteración de documento público e incumplimiento de deberes de funcionario público. Zeballos está también imputado por peculado y negocios incompatibles con la función pública.

La causa. Los pedidos de investigación. Los implicados.


Cuello hizo lugar así al pedido que hizo la fiscal Nora Alessandrelli de Bataller en agosto pasado, en el último día del plazo que tenía para resolver. La medida es la primera “de fondo” que toma la Justicia en la causa que comenzó a investigarse a mediados de 2009, cuando se denunció que la gestión de Pereyera había justificado el gasto de $2.200.000 en el pago de horas extras a empleados municipales por obras de refacción del edificio municipal que nunca se hicieron.

A dos años y medio de una compleja causa Cuello decidió llamar a indagatoria a Luque, Zeballos y Blanco. Los tres deberán presentarse el 29, 30 y 31 de este mes. Mientras que el pedido de desafuero saldrá mediante oficio a la cámara de Diputados, que probablemente la próxima semana decida si aprueba o no la decisión judicial.

Si el pedido de desafuero es aprobado, la ex intendenta será también llamada a indagatoria por los mismos delitos imputados a sus tres ex funcionarios.

Blanca Pereyera dejó el cargo de intendenta en diciembre pasado, pero no las sospechas sobre el manejo de fondos durante su gestión.

La gestión que dejó la “Beby” fue una de las más cuestionadas por las sospechas en el manejo de los fondos. De hecho, es la primera funcionaria de ese rango que tiene un pedido de desafuero por la Justicia.

Blanca Pereyera se metió en la política por medio de la militancia permanente en el PJ. Fue vecinalista y ocupó cargos de tercera línea en gestiones municipales hasta que fue elegida concejal en 1999.

Su labor en el Concejo hubiera pasado desapercibida sino fuera porque el año 2002 debió ejercer el cargo de intendenta ante la renuncia de Whalter Aguilar. Una de las medidas que tomó inmediatamente fue la adhesión de la Municipalidad de Villa Mercedes al Pacto Provincia Municipio, algo que reclamaba el gobierno y que no había podido lograr.

Por la breve gestión como intendenta -reemplazada luego por Mario Raúl Merlo- y la firma del polémico pacto se ganó el favoritismo de Alberto Rodríguez Saá, quien le devolvió el gesto “bendiciéndola” dos años después como candidata a vicegobernadora, cargo que asumió el 25 de mayo de 2003.

Durante la gestión en el gobierno provincial, la afinidad con Rodríguez Saá creció a tal punto que fue nuevamente "honrada" con la candidatura a intendenta de Villa Mercedes, cargo que asumió en diciembre de 2007.

A mediados de septiembre del año 2010, un grupo de diputados de la oposición advirtió en un proyecto de resolución que la Legislatura debía pronunciarse sobre las denuncias porque Blanca Pereyera “ya estaba sospechada de manejos poco claros de los fondos cuando cumplía su cargo a la par del gobernador Alberto Rodríguez Saá”.

Desde un principio, la gestión en la Intendencia de Villa Mercedes estuvo bajo sospecha. Los casos Risked SRL y Provincred -empresas que habían creado los ex funcionarios Sacco y Zeballos- denunciados casi en soledad por algunos medios de prensa y el concejal José Giraudo a mediados de 2009 fueron los "anuncios" de lo que se avecinaría tiempo después con los casos "dos millones" y "cuentas bancarias".

La Lista

Las fuertes dudas sobre el manejo de los fondos llegaron a la Justicia cuando un grupo de empleados municipales, quienes vieron sus nombres en una lista –publicada por el sitio web Crónica de San Luis- que envió la Municipalidad al Concejo para "justificar" el destino de $2.200.000, pidieron una investigación. Desde entonces los trabajadores aseguran que nunca recibieron tal dinero y que jamás realizaron obras de reparación en el edificio municipal, como lo aseguraba un informe del ex secretario de Hacienda, Marcelo Zeballos.

A esa altura, los nombres de Darío Sacco y Zeballos, por entonces funcionarios del gabinete de Blanca Pereyera, ya sonaban como los responsables de las sospechas en el manejo de los fondos.

Pese a la gravedad de las acusaciones y los reiterados pedidos de la oposición en el Concejo y en el Tribunal de Contralor, el oficialismo que domina esos organismos de control nunca advirtió ni mucho menos denunció los desmanejos presupuestarios de la gestión. Tampoco Fiscalía de Estado tomó participación como sí lo hizo un año después en un llamativo "ataque de transparencia". Otro tanto ocurrió con el Tribunal de Contralor de la Municipalidad, también cuestionado por su inacción.

En un principio, los denunciantes fueron los concejales Giraudo, Verónica Roxana Escudero y Edith Otazú; el diputado provincial Eduardo Gargiulo; el presidente del Foro de Estudios Sociales, Ricardo André Bazla; Emilse Bergesio y Alejandro Bustos. También a los abogados Edgar del Corro, Cardetti y Andreotti, apoderados de los empleados municipales.

Cuentas bancarias

En la misma causa de los $2.200.000, el 23 de agosto de 2010 se pidió a la Justicia que se investiguen cuentas bancarias que tendrían los ex funcionarios y familiares y con las cuales se hacían extrañas maniobras de depósitos y extracciones en el exterior.

Los pedidos de investigación llevaron a que el Juzgado Penal 1 ordenara secuestros de importante cantidad de documentación en la Intendencia y en la AFIP; como también oficios por informes de cuentas en sucursales de bancos, los que corroboraron la existencia de los depósitos y las extracciones.

El dictamen

A principio de julio del año pasado el contador Gabriel Lapezzata presentó el informe que realizó sobre la documentación secuestrada en la Municipalidad y abrió un nuevo capítulo en la causa. El resultado del estudio fue casi lapidario para la intendenta y ex funcionarios, ya que habría detectado, entre otras irregularidades, una doble imputación por un monto cercano a los dos millones.

El 12 de agosto, la fiscal Bataller entregó el dictamen, en el cual advirtió que la pericia contable demostró que la Intendencia había contratado para los trabajos a la empresa Gabriel SRL, formada en junio de 2008, cuyo contador era, justamente, Marcelo Zeballos.

El campo del azafrán

En uno de los apartados del dictamen, la doctora Bataller alude al escándalo del “campo del azafrán”, un proyecto agrícola que emprendieron Sacco y Zeballos cuando eran funcionarios y que incluyó una importante inversión. En este sentido, la funcionaria pidió al juzgado que se determine su los ex secretarios cometieron también “enriquecimiento ilícito”.

Bataller pidió además la declaración jurada de bienes que los dos funcionarios deberían haber presentado en la Municipalidad, como también una auditoría contable en base a los informes de bancos del país y extranjeros.

Contrataciones

Por otra parte, la fiscal entendió que el perito Lapezzata demostró en su informe que durante gran parte de la gestión de la intendenta Blanca Pereyra las contrataciones por obras y servicios no siguieron los pasos establecidos por ordenanza y por la Carta Orgánica Municipal.

“Según lo expresa el perito, hay decretos forzados para justificar gastos”, dice el dictamen y agrega. “…se infiere que en la mayoría de las contrataciones la metodología de licitación pública, cuanto menos debió ser la de concurso de precios, lo que denota que habría una fragante violación a los deberes de funcionario público, en los que estarían implicados los firmantes de los decretos, es decir, el secretario de Hacienda, el secretario de Gobierno, la contadora que tenía a su cargo el control de Legalidad y el jefe del Ejecutivo Municipal”, señala.

En este último punto, Bataller dirige sus sospechas a la intendenta Blanca Pereyera: “Al respecto y atento que la Sra. Intendenta municipal, Blanca Pereyera goza de inmunidad (art. 273 de la Constitución Provincial) considero que se debe solicitar su desafuero previo”.

En cuanto a la adulteración de documento público, explica la fiscal que el informe del perito también demostró que se modificaron saldos finales en las ejecuciones presupuestarias, “técnicamente está mal porque altera las sumas y si altera las sumas manipula los resultados, lo que demostraría que hubo adulteración de instrumento público por parte del secretario de Hacienda de la Municipalidad”.

Doble Imputación: en esta acusación, Bataller alude a un gasto de casi dos millones de pesos que “se pagó una sola vez” pero “se imputó dos veces”. Corresponden a obras que supuestamente se hicieron para arreglos en el edificio municipal. Sobre este tema en particular, la fiscal pidió una auditoría contable en todas las cuentas de la Municipalidad “para determinar si obra faltante” de ese dinero; como también una pericia de un arquitecto para establecer si se hicieron o no los trabajos en la Intendencia.

En mérito a todos los fundamentos, la fiscal pidió las indagatorias para tres ex funcionarios y el desafuero a la intendenta Blanca Pereyera. Ese dictamen fue finalmente aprobado este martes por el juez cuello.

La decisión de aprobar el desafuero está en manos del oficialismo en la Cámara de Diputados que tiene mayoría absoluta.
http://www.noticiassanluis.com.ar/villa-mercedes/2809-dos-millones-piden-el-desafuero-de-blanca-pereyera-y-ordenan-indagatorias-a-ex-funcionarios.html



La religión se metió en el Concejo

A una semana de la visita del obispo de San Luis, Pedro Martínez, seis concejales de Villa Mercedes levantaron sus manos para declarar a Villa Mercedes “Ciudad Pro Vida”. El proyecto, presentado por la concejal del PJ Carolina Sosa como una cuestión de “vida o muerte”, tuvo rechazos y apoyos tanto en la oposición como en el oficialismo, pero resultó finalmente probado por mayoría, tras un largo debate que se limitó casi exclusivamente en el tema del aborto no punible.

El martes 13 de abril, Sosa presentó el proyecto y, desde entonces, el debate sobre el aborto no punible prácticamente no cesó. Ayer, en la sesión ordinaria de todos los martes, la concejal católica contó con el apoyo de una tribuna de alumnos y docentes de escuelas religiosas, como también integrantes las asociaciones Mercedes Vida y Familia, Acción por la Vida, María de la Paz y San Francisco de Asis, y pastores evangélicos.

“Este es un día histórico para Villa Mercedes porque desde este Concejo se manifiesta el apoyo a la vida”, sostuvo la autora del proyecto. Tanto Hugo Yánez, como Omar, Miguel Bonino y Karim Leme, le cuestionaron a Sosa que el tema no haya sido debatido en plenario con todos los concejales, tal como habían acordado hace un mes.

“Este proyecto es para que voten si están de acuerdo con la vida o están de acuerdo con la muerte”, dijo Sosa al sostener su proyecto. Por eso, las críticas de quienes rechazaron la iniciativa no solamente apuntaron a cuestiones de forma, como la falta de debate y de despachos consensuados, sino también por entender que la concejal católica mostró un inaudito fanatismo religioso y una marcada intolerancia a la diversidad de opiniones.

En la votación, los concejales que votaron a favor del proyecto fueron: Sosa, Héctor Toranzo, Edgardo Ferro, Emma del Castelo, Pablo Pérez (PJ), Mario Morales (Mocomer) y Titi Otazú (Coalición Cívica); en tanto se abstuvieron: Hugo Yánez (Frente para la Victoria), Omar Juárez (PJ), Miguel Bonino, Karim Lemme y Jorge Olagaray (UCR). El Concejal Pablo Zamora (Mercedinos por el Cambio) no concurrió al recinto.

Lo que se dijo

Sosa recordó que la provincia adhirió a la ley nacional que declaró el 25 de Marzo Día del Niño por Nacer; que en noviembre pasado la ciudad de San Luis fue declarada Pro Vida y que el propio intendente de Villa Mercedes, Mario Raúl Merlo, se había expresado al respecto: “Le digo sí a la vida. Estoy en contra del aborto”, dijo el jefe comunal, también tras un encuentro con el obispo Martínez.

También opinó que la Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994, estableció la protección “de la vida desde su concepción” y, en ese sentido, consideró que para despenalizar el aborto “se debe reformar la constitución”.

Omar Juárez adelantó en su mensaje que se iba a “abstener” en la votación al criticarle a Sosa que no había consensuado el proyecto y, fundamentalmente, porque no se convocó a un plenario con todos los concejales para discutir el tema.

“Los que no votamos a favor de este proyecto, no quiere decir que seamos pro muerte. Nadie puede estar en contra de la vida y todos sabemos eso. Lo que pasó con esta propuesta fue que no contó con un debate serio e inteligente. Incluso, se firmó el despacho cuando yo no estaba y no se profundizó el debate. Por eso me voy a abstener de votar”.

Por su parte, Miguel Angel Bonino apuntó a la “hipocresía” que domina las posturas sobre el tema. “Hay padres que se rasgan las vestiduras y se golpean el pecho en contra del aborto, pero que después hacer abortar a sus hijas. Esto sabemos que ocurre. Como también que en las familias pudientes estas prácticas se hacen en clínicas con todos los cuidados, mientras que las chicas de escasos recursos recurren a un yuyero o a métodos que en la mayoría de los casos les provocan serias afecciones o la muerte”.

Edgardo Ferro recurrió a una frase del poeta libanés Khalil Gibran “tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida”, para fundamentar su apoyo al proyecto. “Son hijos de dios, no tienen la culpa de lo que hicieron sus progenitores”, expresó.

El doctor Olagaray, coincidió con los planteos de Bonino: “Decir ciudad Pro Vida es mostrar un título muy lindo, pero como dijeron los concejales Juárez y Bonino, el tema no se debatió, no se estudió y no fuimos convocados todos los concejales a un plenario como se había acordado”.

El representante del Frente para la Victoria, Hugo Yánez, fue algo mas incisivo en contra de las campañas que emprendió la Iglesia Católica tras conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el aborto no punible y otros proyectos que se han instalado en el debate en los últimos años, como el Matrimonio Igualitario, la Muerte Digna y, actualmente, la reforma del Código Civil

“Sería bueno que, de la misma manera, la Iglesia se preocupe por el hambre, la violencia, las familias sin trabajo…”, añadió.

Yánez aprovechó su discurso en la sesión para recordar la respuesta que el abogado Ricardo André Bazla le dio al obispo Martínez en su “histórica” visita el Concejo. “Bazla explicó que el régimen constitucional argentino se basa en la existencia de los partidos políticos, cuyos representantes son los que tienen que gobernar. Los legisladores son elegidos porque representan determinado sector político partidario, no por ser católicos o judíos”.

Quien pronunció el discurso más encendido fue el concejal Mario Morales, el mismo que “confesó” ante el obispo que formaba parte del Partido Justicialista: “a mí no me van a hablar tan ligeramente de hacer abortos, porque están autorizando a los médicos a provocar crímenes”.

Ya al término del debate, la concejal Sosa aludió a su propia experiencia para darle más fuerza a su postura e insistió en la polémica sentencia: “Esto es para mostrar quiénes están a favor de la vida y quiénes son pro muerte”.
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