SAN LUIS - HUMOR DE PUNTANIA

JUSTICIA DEPENDIENTE...

Nuevo Código Contravencional
Para ello estarán los fiscales barriales y departamentales, que además tendrán una función clave en el inicio de las actuaciones de los delitos comunes que se denuncian en las comisarías.
El proyecto prevé crear 22 fiscales barriales y departamentales (que tendrán jurisdicción en todo un departamento) distribuidos en la provincia. La mayoría se concentrará en las ciudades de San Luis y Villa Mercedes, donde habrá uno por cada comisaría.
La designación provisoria la hará el gobierno, con acuerdo del Senado hasta tanto fije un procedimiento a través del Consejo de la Magistratura. Y la tarea que desarrollarán abarcará dos ámbitos principales:
• Serán los encargados de velar por el cumplimiento del Código Contravencional que “contiene una gran cantidad de disposiciones que determinan contravenciones, que actualmente no son investigadas por la Justicia Criminal”, según reconocen los fundamentos del proyecto.
• La otra tarea será en la instrucción de las denuncias que se realizan en las comisarías por delitos comunes. En el actual sistema la policía confecciona los sumarios y luego los envía al juez que interviene en la causa. Ese es un momento crucial para resolver el caso y castigar a los culpables. Es el momento en que se inicia la investigación y no pueden quedar fisuras o grietas que se aprovechen para dejar un delito impune, sólo por cuestiones formales.
Los fiscales barriales y departamentales, que desempeñarán su labor en las comisarías tendrán que ser el reaseguro de esos trámites de instrucción. Y no dejar margen para posteriores cuestionamientos que puedan entorpecer el proceso de investigación en la justicia.
El proyecto señala que cada vez que se cometa un delito, la policía deberá avisar al fiscal barrial, quien será el encargado de realizar el sumario y de avisar, a su vez, al juez de instrucción. Así dirigirá la confección del sumario y controlará la investigación correspondiente. Y la Policía “deberá acatar sus órdenes”, dice el proyecto.
Además, tendrá la facultad de dirigir la investigación de los delitos cuya pena privativa de libertad no sea mayor a cuatro años.