CONFLICTO POLICIAL: DESPUES DE 2 SEMANAS EL GOBIERNO FEUDAL COMENZO A CEDER EN ALGUNO DE LOS RECLAMOS. EL VIRREY POGGI PARECE HABER SALIDO DE SU "MUNDO PARALELO"...
El Gobierno anuncia ascensos e inversiones para tapar la crisis policial
El gobierno atiende la demanda de los policías
Crisis policial El conflicto entra en su tercera semana
Conflicto policial – El gobierno le quitó el Instituto de Seguridad al ministerio de Educación
La Municipalidad desmiente apoyo logístico a los policías en protesta
Conflicto policial – La variable de ajuste son los salarios de los empleados públicos
Sin diálogo asumiría hoy nuevamente Miranda como representante de los efectivos
Protesta policial: gran festejo del Día del Niño en la Jefatura y diálogo con el Gobierno
“El Superior Tribunal de Justicia quiere destituir al intendente Ponce”
El Gobierno anuncia ascensos e inversiones para tapar la crisis policial
Ayer, el Gobierno provincial hizo una serie de anuncios vinculados a la Policía de la provincia, con inversiones millonarias en determinados rubros, en un claro intento de tapar la crisis policial que se está viviendo en este momento en la provincia. En total, el gobernador, Claudio Poggi, firmó cinco decretos, que “tienen como eje crucial apostar a la seguridad”.
Uno de ellos consiste en el ascenso de 311 efectivos. “Los 311 policías que ascienden son de distintos rangos. Algunos pasan de inspector a comisarios, otros de alférez a principal. Estamos cumpliendo con lo que establece la ley que tiene un ascenso por año. Con este decreto quedamos al día”, concluyó el ministro.
El cumplimiento de la ley de un ascenso por año era el punto 11 del petitorio original que entregaron los policías que aún permanecen acuartelados en la Jefatura Central.
Otro de los decretos es por la compra de 36 vehículos, uniformes y municiones, por un total de 18 millones de pesos. En este monto también se incluye la refacción de la Comisaría 11 de Villa Mercedes, para lo cual también se firmó un decreto en particular, de la del Menor y el edificio de la Policía Caminera, entre otros.
“Se van a comprar de 2.980 uniformes para todo el personal. Compuestos por: camperas, rompevientos, impermeables. Además, hemos adquirido chalecos antibalas los cuales significan una inversión de 3.800.000 pesos Las municiones también entran dentro de los decretos. Dentro de poco los agentes contarán con más municiones. Vamos a adjudicar la compra de 554 mil municiones de distinto calibre, ya sea escopeta 9 milímetros, entre otras”, dijo el ministro de Relaciones Institucionales y Seguridad, Martín Olivero.
http://lagaceta-digital.com.ar/tempor/index.php? option=com_content&view=article&id=8491:el-gobierno-anuncia-ascensos- e-inversiones-para-tapar-la-crisis-policial&catid=1:latest- news&Itemid=50
El gobierno atiende la demanda de los policías
Destina millones de pesos a la reparación de comisarías y otras dependencias, la compra de uniformes, chalecos antibalas y móviles. También dispuso ascensos
El gobierno empezó a atender con urgencia varias de las demandas que originaron el conflicto que incluyó la ocupación, por su personal, de depedencias policiales, entre ellas las de la Jefatura Central. Dio a conocer el gasto de 18 millones de pesos en la reparación de diversas dependencias ubicadas en esta ciudad, Villa Mercedes y otras localidades del interior, además de la compra de uniformes, chalecos antibalas, municiones y vehículos, también por montos millonarios.
Por otra parte, ordenó ascensos que "ponen al día" la atención anual de la movilidad en las jerarquías, e incorporó actos oficiales entre las actividades consideradas adicionales de la actividad policial, que genera el pago de montos extras sobre las remuneraciones.
Sin embargo, no accedió al requerimiento de mejoras salariales, aún cuando el abogado Julio César Fernández Triches informó que ayer mantuvo una reunión con el vice gobernador, Jorge Díaz, en cuyo transcurso se acordó un sueldo mínimo de bolsillo de $ 5.500 y la revisión de las sanciones aplicadas a 51 auxiliares, suboficiales y oficiales. El letrado sostuvo que no se materializó por escrito lo conversado porque el ministro de Relaciones Institucionales y Seguridad, Martín Olivero, "no quiere firmar ningún acuerdo".
http://radiounsl.com.ar/index.php?noticia=189
Crisis policial El conflicto entra en su tercera semana
La jornada que hoy comienza puede ser clave para el conflcito policial que ya cumplió -tregua de las PASO mediante- dos semanas y comienza a transitar por la tercera. Pasada la medianoche los efectivos que permanecen dentro de la Jefatura de Policía seguían firmes en su decisión de no abandonar el edificio, aunque anoche hubo un episodio por lo menos singular, aparentemente con algún integrante de la fuerza del COAR. Durante el fin de semana, el gobierno ha dado señales claras en uno y otro sentido: no negociar con el grupo que el ministro de Seguridad, Martín Olivero, califica como "minúsculo y, por otra parte destinar una importante inversión que llevaría solución a algunos de los 18 puntos que se elevaron en la protesta inicial que comenzó en Villa Mercedes el 6 de agosto último.
Pero también el Ejecutivo ha decidido tomar en sus manos la conducción del Insistuto de Seguridad Pública, de manera directa, con la presencia del vice gobernador Jorge Díaz en la coordinación de la intervención.
El episodio en la Jefatura: La periodista Sandra Araujo, de Radio Nacional, era la única que se encontraba en el lugar entrevistando a uno de los efectivos desplazados de la fuerza, cuando afuera, en la puerta principal se hacen presentes efectivos que por su vestimenta serían del COAR. Según contó anoche a los colegas que luego llegaron al lugar, dos de estos efectivos cerraron la puerta principal de la jefatura y le colocaron candado. Les preguntó -con nombre y apellido a los comisarios Ferreján y Sosa- qué si la iban a dejar encerrada allí, todo esto mientras salía al aire en directo por la emisora pública. Así quedó el ingreso a la Jefatura, con los que estaban allí cerrados bajo llave y luego, quienes estaban adentro sacaron una hoja del portón, quitaron el candado y quedó liberado nuevamente el acceso. De ahí en adelante solo fueron rumores y especulaciones de cuáles eran los planes de quienes los privaron de su libertad durante algunos minutos. Hasta comenzado el nuevo día, no se había producido ninguna refriega y nuevamente se había poblado de medios de comunicación que seguían con la cobertura. ¿Fue una intentona frustrada? A esa hora no hubo respuestas.
El fin de semana largo fue de arduo trabajo en las oficinas del gobierno y la disputa simbólica, de alguna manera se trasladó hasta en la fiesta del día del niño, ya que no asistieron al multutidinario acto que preparó el gobierno los hijos de los policías en conflicto, que festejaron, a su modo, en la Jefatura Central, que por algunas horas adoptó un particular colorido con los juegos y las risas de los chicos.
En el Ejecutivo hubo trabajo en distintas áreas y se anunció una inversión de alrededor de 18 millones de pesos en nuevos patrulleros, refacción de comisarías, la compra de municiones y chalecos anti bala, entre otros anuncios.
También salió casi como por arte de magia el ascenso de 311 efectivos que venían demorados, algunos dando saltos cualitativos de más de una categoría, según se supo extraoficialmente.
“Los 311 policías que ascienden son de distintos rangos algunos pasan de inspector a comisarios, otros de alférez a principal. Estamos cumpliendo con lo que establece la ley que tiene un asenso por año. Con este decreto quedamos al día”, dijo el ministro Olivero refiriéndose al tema que se concretó el lunes.
“Es un reconocimiento al mérito que cada uno tiene, obviamente, previo a reunir algunos requisitos, – explicó el ministro de Relaciones Institucionales y Seguridad-. Una comisión evaluadora es la que determinó que estos policías asciendan”, según reproduce la Agencia de Noticias San Luis.
La agencia gubernamental señaló que asimismo que el lunes el gobernador Cladio Poggi firmó los decretos para la compra de 36 vehículos, uniformes y municiones. Los montos de inversion de los decretos firmados ascienden a 16 millones, los que se suman a los 2 millones, que por convenio suscrito la semana pasada entre el Ministerio de Relaciones Institucionales y Seguridad y SAPEM Contrucciones, destinando a remodelaciones de comisarías y dependencias policiales.
“Se van a comprar de 2.980 uniformes para todo el personal. Compuestos por: camperas, rompevientos, impermeables. Además, hemos adquirido chalecos antibalas los cuales significan una inversión de 3.800.000 pesos”, detalló el ministro, en una tácita respuesta a algunos de los puntos que reclamaban los policías en conflicto.
Ya el sábado habían comenzado con las obras de refacción de la Policía Caminera, que alcanzarían también a otras reparticiones. Ese mismo día Olivero, mantuvo en su despacho, una reunión con el jefe de Policía de la provincia de San Luis, Crio Gral. Oscar Papaño, los miembros de la plana mayor, jefes de las cinco unidades regionales, comisarios y responsables de destacamentos policiales y allí hablaron del mejoramiento de las condiciones edilicias que se ponían en marcha.
Y la frutilla del postre fue la intervención de la conocida como Escuela de Policía. El instituto de Seguridad Pública será intervenido por un lapso de noventa días. Durante ese tiempo estará al frente el vicegobernador de la Provincia, Jorge Díaz. “Estará acompañado por un consejo consultivo conformado por tres miembros, uno de los cuales tendrá un perfil académico, el otro administrativo y un tercero policial”, dijo el ministro de Educación, Marcelo Sosa.
La agencia gubernamental citó declaracones del ministro donde señala que la finalidad de esta intervención “radica en armar un plan para optimizar la calidad institucional. Adecuar la formación de las futuras fuerzas policiales, a los nuevos tiempos que transitamos y en esta etapa adquiere un importante lugar la mejora del contenido curricular y la estructura de los planes de formación”.
Una vez transcurrido los noventa días, la comisión encargada deberá elevar un plan al ejecutivo.
Con el dictado de la intervención del Instituto se aceptó las renuncias del Rector de la Institución, Julio Vallejos y del Vicerrector, Alberto Mateo, la Directora Academica, Crío Ruth Picca y al Director de la Escuela Superior de Policía, Crio. Jorge La Via.
El gobierno ha hecho una apuesta monetaria fuerte respondiendo tácitamente algunos puntos que eran reclamados. Pero todavía no ha dado señales en igual sentido en materia salarial y si se había mantenido firme en su decisión de no reincorporar a los 51 efectivos separados de la fuerza.
Por último, el viernes había decidido hacer un paso al costado el representante legal de la policía, que significa una piedra en el zapato para el gobierno: Alejandro Miranda. Había tomado la representación el ex juez Fernández Triches. Pero como no hubo avances durante el fin de semana en cuando al principal tema que los aqueja: el despido, los desafectados le volvieron a pedir a Miranda que se haga cargo nuevamente de represtarlos. Eso hará y hoy brindará una conferencia de prensa.
Informe: Gustavo Senn gustavosenn@gmail.com
http://www.periodistasenlared.info/agosto13-20/nota2.html
Conflicto policial – El gobierno le quitó el Instituto de Seguridad al ministerio de Educación
Quizá para dar forma a un “plan acelerado” de promociones de cadetes o bien para desplazar al ministerio de Educación de la política de Seguridad. Lo cierto es que este fin de semana largo, la gestión de Claudio Poggi le agregó un condimento más al conflicto policial, que lleva 15 días sin solución, al firmar el decreto para la intervención de la Escuela de Policía.
Si bien por ley nacional los institutos de formación de policías deben estar en la órbita de la cartera de Educación, el gobierno de San Luis volvió a mostrar que poco le importa la democratización del servicio de Seguridad y, por decreto, le aceptó la renuncia al equipo directivo y nombró interventor de la Escuela de Policía de San Luis, al vice gobernador Jorge Díaz.
Según informó el área de Prensa del gobierno, el instituto de Seguridad Pública estará intervenido por el lapso de 90 días. Díaz “estará acompañado por un consejo consultivo conformado por tres miembros, uno de los cuales tendrá un perfil académico, el otro administrativo y un tercero policial”, explicó el ministro de Educación, Marcelo Sosa.
“La finalidad de esta intervención radica en armar un plan para optimizar la calidad institucional. Adecuar la formación de las futuras fuerzas policiales, a los nuevos tiempos que transitamos y en esta etapa adquiere un importante lugar la mejora del contenido curricular y la estructura de los planes de formación”, contó el funcionario.
Una vez transcurrido los noventa días, la comisión encargada deberá elevar un plan al ejecutivo.
Con el dictado de la intervención del Instituto se acepta las renuncias del Rector de la Institución, Julio Vallejos y del Vicerrector, Alberto Mateo, la Directora Academica, Crío Ruth Picca y al Director de la Escuela Superior de Policía, Crio. Jorge La Via
http://www.sanluisnoticia.com.ar/2013/index.php/san-luis/4784- conflicto-policial-el-gobierno-le-quito-el-instituto-de-seguridad-al- ministerio-de-educacion
La Municipalidad desmiente apoyo logístico a los policías en protesta
AUDIO: FEDERICO CACACE (SEC. DE GOBIERNO)
La Municipalidad de San Luis, a través del secretario de Gobierno Federico Cacace, desmintió la versión periodística que circuló el fin de semana sobre el supuesto apoyo logístico de la gestión de Enrique Ponce a los policías que mantienen tomado el edificio de la Jefatura Central de Policía.
“Causa gracia que digan que el Municipio está asistiendo a los policías en el reclamo”, sentenció el funcionario.
La mesa 5 de El Diario de la República se hizo eco de una foto que circuló por las redes sociales en los últimos días, donde se ve a una camioneta con el logo de la Municipalidad cuando supuestamente trasladaba provisiones para los manifestantes.
“No hay ningún tipo de ayuda dirigida desde el Municipio. Que se haya visto una camioneta por ahí, habrá sido casualidad” remarcó, aunque reconoció que “ningún funcionario puede saber donde andan todo el día las camionetas”.
El funcionario cuestionó al Gobierno por responsabilizar al kirchnerismo de la protesta y consideró que “han tenido un serio problema de gestión, un serio problema de salarios públicos con la Policía y para no hacerse cargo del problema lo derivan para otros ámbitos como echarle la culpa al gobierno municipal y la oposición”.
http://sanluis24.com.ar/index.php? option=com_content&view=article&id=38791:la-municipalidad-desmiente- apoyo-logistico-a-los-policias-en-protesta&catid=181:la-ciudad-slide
Ayer, el Gobierno provincial hizo una serie de anuncios vinculados a la Policía de la provincia, con inversiones millonarias en determinados rubros, en un claro intento de tapar la crisis policial que se está viviendo en este momento en la provincia. En total, el gobernador, Claudio Poggi, firmó cinco decretos, que “tienen como eje crucial apostar a la seguridad”.
Uno de ellos consiste en el ascenso de 311 efectivos. “Los 311 policías que ascienden son de distintos rangos. Algunos pasan de inspector a comisarios, otros de alférez a principal. Estamos cumpliendo con lo que establece la ley que tiene un ascenso por año. Con este decreto quedamos al día”, concluyó el ministro.
El cumplimiento de la ley de un ascenso por año era el punto 11 del petitorio original que entregaron los policías que aún permanecen acuartelados en la Jefatura Central.
Otro de los decretos es por la compra de 36 vehículos, uniformes y municiones, por un total de 18 millones de pesos. En este monto también se incluye la refacción de la Comisaría 11 de Villa Mercedes, para lo cual también se firmó un decreto en particular, de la del Menor y el edificio de la Policía Caminera, entre otros.
“Se van a comprar de 2.980 uniformes para todo el personal. Compuestos por: camperas, rompevientos, impermeables. Además, hemos adquirido chalecos antibalas los cuales significan una inversión de 3.800.000 pesos Las municiones también entran dentro de los decretos. Dentro de poco los agentes contarán con más municiones. Vamos a adjudicar la compra de 554 mil municiones de distinto calibre, ya sea escopeta 9 milímetros, entre otras”, dijo el ministro de Relaciones Institucionales y Seguridad, Martín Olivero.
http://lagaceta-digital.com.ar/tempor/index.php? option=com_content&view=article&id=8491:el-gobierno-anuncia-ascensos- e-inversiones-para-tapar-la-crisis-policial&catid=1:latest- news&Itemid=50
El gobierno atiende la demanda de los policías
Destina millones de pesos a la reparación de comisarías y otras dependencias, la compra de uniformes, chalecos antibalas y móviles. También dispuso ascensos
El gobierno empezó a atender con urgencia varias de las demandas que originaron el conflicto que incluyó la ocupación, por su personal, de depedencias policiales, entre ellas las de la Jefatura Central. Dio a conocer el gasto de 18 millones de pesos en la reparación de diversas dependencias ubicadas en esta ciudad, Villa Mercedes y otras localidades del interior, además de la compra de uniformes, chalecos antibalas, municiones y vehículos, también por montos millonarios.
Por otra parte, ordenó ascensos que "ponen al día" la atención anual de la movilidad en las jerarquías, e incorporó actos oficiales entre las actividades consideradas adicionales de la actividad policial, que genera el pago de montos extras sobre las remuneraciones.
Sin embargo, no accedió al requerimiento de mejoras salariales, aún cuando el abogado Julio César Fernández Triches informó que ayer mantuvo una reunión con el vice gobernador, Jorge Díaz, en cuyo transcurso se acordó un sueldo mínimo de bolsillo de $ 5.500 y la revisión de las sanciones aplicadas a 51 auxiliares, suboficiales y oficiales. El letrado sostuvo que no se materializó por escrito lo conversado porque el ministro de Relaciones Institucionales y Seguridad, Martín Olivero, "no quiere firmar ningún acuerdo".
http://radiounsl.com.ar/index.php?noticia=189
Crisis policial El conflicto entra en su tercera semana
La jornada que hoy comienza puede ser clave para el conflcito policial que ya cumplió -tregua de las PASO mediante- dos semanas y comienza a transitar por la tercera. Pasada la medianoche los efectivos que permanecen dentro de la Jefatura de Policía seguían firmes en su decisión de no abandonar el edificio, aunque anoche hubo un episodio por lo menos singular, aparentemente con algún integrante de la fuerza del COAR. Durante el fin de semana, el gobierno ha dado señales claras en uno y otro sentido: no negociar con el grupo que el ministro de Seguridad, Martín Olivero, califica como "minúsculo y, por otra parte destinar una importante inversión que llevaría solución a algunos de los 18 puntos que se elevaron en la protesta inicial que comenzó en Villa Mercedes el 6 de agosto último.
Pero también el Ejecutivo ha decidido tomar en sus manos la conducción del Insistuto de Seguridad Pública, de manera directa, con la presencia del vice gobernador Jorge Díaz en la coordinación de la intervención.
El episodio en la Jefatura: La periodista Sandra Araujo, de Radio Nacional, era la única que se encontraba en el lugar entrevistando a uno de los efectivos desplazados de la fuerza, cuando afuera, en la puerta principal se hacen presentes efectivos que por su vestimenta serían del COAR. Según contó anoche a los colegas que luego llegaron al lugar, dos de estos efectivos cerraron la puerta principal de la jefatura y le colocaron candado. Les preguntó -con nombre y apellido a los comisarios Ferreján y Sosa- qué si la iban a dejar encerrada allí, todo esto mientras salía al aire en directo por la emisora pública. Así quedó el ingreso a la Jefatura, con los que estaban allí cerrados bajo llave y luego, quienes estaban adentro sacaron una hoja del portón, quitaron el candado y quedó liberado nuevamente el acceso. De ahí en adelante solo fueron rumores y especulaciones de cuáles eran los planes de quienes los privaron de su libertad durante algunos minutos. Hasta comenzado el nuevo día, no se había producido ninguna refriega y nuevamente se había poblado de medios de comunicación que seguían con la cobertura. ¿Fue una intentona frustrada? A esa hora no hubo respuestas.
El fin de semana largo fue de arduo trabajo en las oficinas del gobierno y la disputa simbólica, de alguna manera se trasladó hasta en la fiesta del día del niño, ya que no asistieron al multutidinario acto que preparó el gobierno los hijos de los policías en conflicto, que festejaron, a su modo, en la Jefatura Central, que por algunas horas adoptó un particular colorido con los juegos y las risas de los chicos.
En el Ejecutivo hubo trabajo en distintas áreas y se anunció una inversión de alrededor de 18 millones de pesos en nuevos patrulleros, refacción de comisarías, la compra de municiones y chalecos anti bala, entre otros anuncios.
También salió casi como por arte de magia el ascenso de 311 efectivos que venían demorados, algunos dando saltos cualitativos de más de una categoría, según se supo extraoficialmente.
“Los 311 policías que ascienden son de distintos rangos algunos pasan de inspector a comisarios, otros de alférez a principal. Estamos cumpliendo con lo que establece la ley que tiene un asenso por año. Con este decreto quedamos al día”, dijo el ministro Olivero refiriéndose al tema que se concretó el lunes.
“Es un reconocimiento al mérito que cada uno tiene, obviamente, previo a reunir algunos requisitos, – explicó el ministro de Relaciones Institucionales y Seguridad-. Una comisión evaluadora es la que determinó que estos policías asciendan”, según reproduce la Agencia de Noticias San Luis.
La agencia gubernamental señaló que asimismo que el lunes el gobernador Cladio Poggi firmó los decretos para la compra de 36 vehículos, uniformes y municiones. Los montos de inversion de los decretos firmados ascienden a 16 millones, los que se suman a los 2 millones, que por convenio suscrito la semana pasada entre el Ministerio de Relaciones Institucionales y Seguridad y SAPEM Contrucciones, destinando a remodelaciones de comisarías y dependencias policiales.
“Se van a comprar de 2.980 uniformes para todo el personal. Compuestos por: camperas, rompevientos, impermeables. Además, hemos adquirido chalecos antibalas los cuales significan una inversión de 3.800.000 pesos”, detalló el ministro, en una tácita respuesta a algunos de los puntos que reclamaban los policías en conflicto.
Ya el sábado habían comenzado con las obras de refacción de la Policía Caminera, que alcanzarían también a otras reparticiones. Ese mismo día Olivero, mantuvo en su despacho, una reunión con el jefe de Policía de la provincia de San Luis, Crio Gral. Oscar Papaño, los miembros de la plana mayor, jefes de las cinco unidades regionales, comisarios y responsables de destacamentos policiales y allí hablaron del mejoramiento de las condiciones edilicias que se ponían en marcha.
Y la frutilla del postre fue la intervención de la conocida como Escuela de Policía. El instituto de Seguridad Pública será intervenido por un lapso de noventa días. Durante ese tiempo estará al frente el vicegobernador de la Provincia, Jorge Díaz. “Estará acompañado por un consejo consultivo conformado por tres miembros, uno de los cuales tendrá un perfil académico, el otro administrativo y un tercero policial”, dijo el ministro de Educación, Marcelo Sosa.
La agencia gubernamental citó declaracones del ministro donde señala que la finalidad de esta intervención “radica en armar un plan para optimizar la calidad institucional. Adecuar la formación de las futuras fuerzas policiales, a los nuevos tiempos que transitamos y en esta etapa adquiere un importante lugar la mejora del contenido curricular y la estructura de los planes de formación”.
Una vez transcurrido los noventa días, la comisión encargada deberá elevar un plan al ejecutivo.
Con el dictado de la intervención del Instituto se aceptó las renuncias del Rector de la Institución, Julio Vallejos y del Vicerrector, Alberto Mateo, la Directora Academica, Crío Ruth Picca y al Director de la Escuela Superior de Policía, Crio. Jorge La Via.
El gobierno ha hecho una apuesta monetaria fuerte respondiendo tácitamente algunos puntos que eran reclamados. Pero todavía no ha dado señales en igual sentido en materia salarial y si se había mantenido firme en su decisión de no reincorporar a los 51 efectivos separados de la fuerza.
Por último, el viernes había decidido hacer un paso al costado el representante legal de la policía, que significa una piedra en el zapato para el gobierno: Alejandro Miranda. Había tomado la representación el ex juez Fernández Triches. Pero como no hubo avances durante el fin de semana en cuando al principal tema que los aqueja: el despido, los desafectados le volvieron a pedir a Miranda que se haga cargo nuevamente de represtarlos. Eso hará y hoy brindará una conferencia de prensa.
Informe: Gustavo Senn gustavosenn@gmail.com
http://www.periodistasenlared.info/agosto13-20/nota2.html
Conflicto policial – El gobierno le quitó el Instituto de Seguridad al ministerio de Educación
Quizá para dar forma a un “plan acelerado” de promociones de cadetes o bien para desplazar al ministerio de Educación de la política de Seguridad. Lo cierto es que este fin de semana largo, la gestión de Claudio Poggi le agregó un condimento más al conflicto policial, que lleva 15 días sin solución, al firmar el decreto para la intervención de la Escuela de Policía.
Si bien por ley nacional los institutos de formación de policías deben estar en la órbita de la cartera de Educación, el gobierno de San Luis volvió a mostrar que poco le importa la democratización del servicio de Seguridad y, por decreto, le aceptó la renuncia al equipo directivo y nombró interventor de la Escuela de Policía de San Luis, al vice gobernador Jorge Díaz.
Según informó el área de Prensa del gobierno, el instituto de Seguridad Pública estará intervenido por el lapso de 90 días. Díaz “estará acompañado por un consejo consultivo conformado por tres miembros, uno de los cuales tendrá un perfil académico, el otro administrativo y un tercero policial”, explicó el ministro de Educación, Marcelo Sosa.
“La finalidad de esta intervención radica en armar un plan para optimizar la calidad institucional. Adecuar la formación de las futuras fuerzas policiales, a los nuevos tiempos que transitamos y en esta etapa adquiere un importante lugar la mejora del contenido curricular y la estructura de los planes de formación”, contó el funcionario.
Una vez transcurrido los noventa días, la comisión encargada deberá elevar un plan al ejecutivo.
Con el dictado de la intervención del Instituto se acepta las renuncias del Rector de la Institución, Julio Vallejos y del Vicerrector, Alberto Mateo, la Directora Academica, Crío Ruth Picca y al Director de la Escuela Superior de Policía, Crio. Jorge La Via
http://www.sanluisnoticia.com.ar/2013/index.php/san-luis/4784- conflicto-policial-el-gobierno-le-quito-el-instituto-de-seguridad-al- ministerio-de-educacion
La Municipalidad desmiente apoyo logístico a los policías en protesta
AUDIO: FEDERICO CACACE (SEC. DE GOBIERNO)
La Municipalidad de San Luis, a través del secretario de Gobierno Federico Cacace, desmintió la versión periodística que circuló el fin de semana sobre el supuesto apoyo logístico de la gestión de Enrique Ponce a los policías que mantienen tomado el edificio de la Jefatura Central de Policía.
“Causa gracia que digan que el Municipio está asistiendo a los policías en el reclamo”, sentenció el funcionario.
La mesa 5 de El Diario de la República se hizo eco de una foto que circuló por las redes sociales en los últimos días, donde se ve a una camioneta con el logo de la Municipalidad cuando supuestamente trasladaba provisiones para los manifestantes.
“No hay ningún tipo de ayuda dirigida desde el Municipio. Que se haya visto una camioneta por ahí, habrá sido casualidad” remarcó, aunque reconoció que “ningún funcionario puede saber donde andan todo el día las camionetas”.
El funcionario cuestionó al Gobierno por responsabilizar al kirchnerismo de la protesta y consideró que “han tenido un serio problema de gestión, un serio problema de salarios públicos con la Policía y para no hacerse cargo del problema lo derivan para otros ámbitos como echarle la culpa al gobierno municipal y la oposición”.
http://sanluis24.com.ar/index.php? option=com_content&view=article&id=38791:la-municipalidad-desmiente- apoyo-logistico-a-los-policias-en-protesta&catid=181:la-ciudad-slide
Conflicto policial – La variable de ajuste son los salarios de los empleados públicos
Por Alberto “Tochi” Moreno. Desde los inicios con Adolfo Rodríguez Saá, luego con Alicia Lemme y Alberto Rodríguez Saá hasta esta actualidad de Claudio Poggi, el gobierno de San Luis ha mantenido una categórica constante: la variable de ajuste son los salarios de todos sus empleados: profesionales de la salud, docentes, administrativos y policías.
Lo muestran a las claras todos los presupuestos provinciales en los que las cifras correspondientes a las Erogaciones Corrientes y de Capital son prácticamente iguales; lo que demuestra que a este gobierno le interesa más la obra pública que lo humano.
Es así como nos encontramos con edificios nuevos: administrativos, hospitales, escuelas y comisarías que se ven modernos y confortables; pero con las personas que allí trabajan con sueldos entre los más bajos del país. No sólo preocupan los sueldos, sino mucho más la precariedad laboral con una planta de personal plagada de contratos, algunos llevan decenas de años; pasantías, planes sociales, etc.
Todas acciones que demuestran a las claras la tremenda deuda en lo humano que arrastra este gobierno feudal sanluiseño y que además del desprecio a las personas que denotan, forman parte del plan de dominación por el temor y el clientelismo con que este “modelo” funciona. Para asegurarlo, los gobiernos fueron logrando la división y hasta el enfrentamiento, entre las organizaciones gremiales del personal que trabaja en el Estado provincial. Además por cierto, de la tradicional poca acción de la CGT en reclamos a los gobiernos provinciales.
Entre una cosa y otra, es muy evidente:
A- Lo bajo de los salarios públicos con aumentos anuales por debajo del incremento del índice de precios que el mismo gobierno mide;
B- El descontento de todos los empleados involucrados;
C- La falta de vías de reclamos eficaces, orgánicos y persistentes por parte de las organizaciones gremiales; las que no encuentran cómo superar el temor nacido en sus representados ante las medidas de castigo que han sabido sufrir.
LA POLICÍA.
Hace ya unos cuantos días que comenzó el reclamo policial por salarios y condiciones de trabajo. Y son reclamos justos a la vista de todos, pero difíciles de concretar habida cuenta de la prohibición que tiene este personal para agremiarse. Lo que suma al temor o complicidad callada de los oficiales superiores que debieran trasladar de modo claro y fuerte esta realidad a las autoridades provinciales.
Este reclamo no es sino una categórica expresión del fracaso de la política policial de 1983 a la fecha.
Así las cosas, al personal policial no le queda otra que el auto acuartelamiento, la protesta de sus familiares o la toma de edificios como ocurre con la Jefatura Central. Frente a esto último, el juez Sabaíni Zapata ordenó su desalojo aconsejando también el diálogo entre las partes. Lo que se da de narices con la escasa o nula vocación dialoguista del Gobierno con su personal; lo que no hace sino provocar la radicalización de la protesta o su desaparición total por temor.
Esta desalmada indiferencia gubernamental se ratifica cuando tras muchos días surge un principio de acuerdo; pero la negativa del gobierno a firmar un acta que ratifique y asegure esos acuerdos. Firma que es de manual para cualquier conflicto laboral.
De a poco y con alguna timidez inicial fue surgiendo el apoyo de la sociedad sanluiseña al reclamo. Gremios como ASDE, han expresado su solidaridad para con el personal policial.
Mientras, da la impresión que otros sectores de empleados públicos esperan a ver cómo se resuelve este conflicto para tomar decisiones al respecto; lo que no deja de ser, visto de afuera, una actitud especulativa en lugar de solidaria.
LECCION A FUTURO
Esta misma Policía provincial que recibe solidaridad para con sus justos reclamos salariales, ha sabido ser merecedora de descalificaciones por acciones de represión, de apremios ilegales, de incapacidad para actuar en casos de violencia de género, etc. Los mismos docentes que hoy los acompañan supieron de una dura y hasta artera represión en el 2004, cuando también reclamaban por salarios y condiciones laborales. En ese mismo año miles de ciudadanos reclamaron en las calles por sus derechos y aspiraciones siendo duramente reprimidos, basta recordar el itakazo que recibió en el rostro Marcelo Bustos Padovani.
Se dirá en descargo, que fueron órdenes superiores, lo cual es verdad. Pero es cierto también, que en muchas ocasiones se puso demasiado celo en cumplir órdenes violentas. Como también es cierto que muchos parecen no conocer u olvidar que nadie de entre el personal de seguridad está obligado a cumplir una orden inmoral o que se aparte de las leyes. Y nuestra Constitución y nuestras leyes garantizan derechos salariales, de libre expresión y de reclamos. Toda acción que atente contra estos derechos o contra la integridad o la vida misma de las personas es un delito y más grave aún si es cometido por personal de las FFAA o de Seguridad.
Si hay órdenes en esa dirección, son órdenes inmorales. No hay obligación de cumplirlas.
UNA DUDA
Se ha sabido que el gobierno kirchnerista de la Municipalidad de San Luis ha llevado en vehículos oficiales ayuda material y en alimentos a los policías en Jefatura Central.
¿Será este apoyo la expresión de un cambio en la política kirchnerista con respecto a cómo trató en lo nacional el reclamo salarial de la Gendarmería?
LA OPORTUNIDAD
Puede ser éste un momento para lograr mayor armonía entre Policía y pueblo sanluiseño, ya sea éste considerado en su conjunto o en sus expresiones sectoriales.
Los que hoy reciben solidaridad con sus reclamos, que sepan no reprimir cuando otros hermanos hagan los suyos. Aunque se lo ordenen.
Los docentes del instituto de formación policial y la misma plana mayor deben asegurar que enseñanza, órdenes e instrucciones sean con conocimiento y respeto de todos los derechos humanos según los regulan la Constitución y las leyes. Eliminando las órdenes represivas e inmorales que sólo manifiestan incapacidad de resolver por otras vías.
Se hace difícil creer que actitudes de este tipo surjan de estas autoridades provinciales o de quienes han sido formados en la represión como método usual. Debiera surgir de abajo, desde el personal que está reclamando. Y de sus familias, su nexo con el pueblo todo.
Los que hoy reciben solidaridad en sus reclamos, que sepan no reprimir cuando otros hermanos hagan los suyos.
Si así ocurre, San Luis habrá dado un importante salto de calidad en su vida democrática y republicana.
http://www.sanluisnoticia.com.ar/2013/index.php/san-luis/4785-conflicto-policial-la-variable-de-ajuste-son-los-salarios-de-los-empleados-publicos
Conflicto policial
Sin diálogo asumiría hoy nuevamente Miranda como representante de los efectivos
Debido a que el ministro de Seguridad, Martín Olivero, había advertido que no dialogaría con los policías en conflicto mientras el abogado y ex comisario Alejandro Miranda los representara, éste dio un paso al costado y en su lugar asumió el polémico ex juez Julio César Fernández Triches -el mismo que insólitamente intentó procesar el presidente uruguayo Tabaré Vázquez-. “Como todo siguió igual, hemos decidido pedirle al Dr. Miranda que nos vuelva a representar”, le dijo a Periodistas en la red uno de los líderes de la protesta.
Según las fuentes consultadas por este medio, durante el fin de semana, el vicegobernador de la provincia, Jorge Díaz, habría recibido a Fernández Triches, con quien habría comenzado un diálogo tendiente a solucionar el conflicto. Al parecer, Díaz habría ido con el preacuerdo al despacho del ministro Olivero, y entre éste y su viceministro, habrían rechazado lo convenido previamente, lo que habría desatado mayor malestar entre las fuerzas.
“El gobierno está demostrando que no quiere dialogar con ‘su’ Policía” nos aseguró nuestra fuente, y ante esto “hemos visto que es lo mismo que esté o no el Dr. Miranda”, por lo que tomaron la decisión en una asamblea “de volver a pedirle que nos represente”.
En la mañana de hoy, Miranda se haría presente en Jefatura antes de la hora 10:00 para hablar con los efectivos y dependiendo de lo que allí se decida, “es muy seguro que quiera ofrecer una conferencia de prensa para comunicarles a ustedes y a la sociedad, los pasos a seguir”, finalizó diciéndonos.
Informe: Carlos Rubén Capella carlosrcapella@yahoo.com.ar
http://www.periodistasenlared.info/agosto13-20/nota1.html
Protesta policial: gran festejo del Día del Niño en la Jefatura y diálogo con el Gobierno
En plena protesta policial, al menos 300 personas concurrieron a la Jefatura a festejar el Día del Niño. Gracias a las donaciones, los chicos recibieron regalos, comida, disfrutaron de juegos y peloteros. Además, se mantuvieron comunicaciones telefónicas con el Gobierno con el objetivo de arribar a un acuerdo entre las partes.
La explanada de la Jefatura tuvo una imagen inédita hasta hoy. Decenas de chicos jugando en lo que parecía un gran pelotero en un ambiente netamente familiar. El festejo comenzó a las 14 horas y se programó su duración hasta el anochecer.
“Hay más gente de la que esperamos. No calculamos que iba a venir tanta gente. Todo está tranquilo, el ambiente es familiar. Conseguimos cinco peloteros, todo donación de la gente, conseguimos 70 litros de leche para el chocolate. Hicimos una serie de juegos organizados por las madres. Con la mano en el corazón digo que si no fuera por la sociedad, nosotros hoy no podríamos haber hecho nada. Todo lo que ven ha sido donado por la gente”, contó el inspector carrasco, quien agregó que también recibieron donaciones de gaseosas y golosinas.
Haciendo sonar su sirena el camión de los Bomberos Voluntarios llegó a la Jefatura decorado con globos trayendo regalos para los chicos. Entre las actividades programadas, los chicos se divirtieron con la búsqueda del tesoro y la clásica carrera de embolsados. También se colocaron cinco peloteros que los chicos disfrutaron. Pero también se pudo observar a los niños haciendo otras cosas, como por ejemplo, niñas jugando al ula-ula. Un par de nenas que se deslizaban por una rampa en un skate de Hello Kitty, mientras que algunos varones andaban con sus patinetas por diversos lugares de la explanada.
Por otro lado, también se dispusieron en la explanada varias mesas donde se colocaron mesas y sillas para poder disfrutar de la comida y bebida. En hall de la Jefatura, se podían apreciar varios carteles de saludo a los chicos y también circulaba gente con el vaso de chocolatada en la mano.
Nueva negociación
El inspector comentó que anoche hubo comunicaciones telefónicas con funcionarios del Gobierno que se podrían concretar en un acuerdo que le ponga punto final al conflicto.
“Nos dijeron que están dispuestos a llegar a un acuerdo, nosotros también. Calculo que mañana estaremos resolviendo si ellos tienen la disposición para llegar a una solución y terminar con esto. Nos dijeron que iban a venir hoy a la mañana, hasta el momento no se han hecho presente pero llamaron después del mediodía y nos dijeron que tenían pa predisposición de que nos reuniéramos”, expresó Carrasco.
http://lagaceta-digital.com.ar/tempor/index.php? option=com_content&view=article&id=8487:protesta-policial-gran- festejo-del-dia-del-nino-en-la-jefatura-y-dialogo-con-el- gobierno&catid=1:latest-news&Itemid=50
“El Superior Tribunal de Justicia quiere destituir a Ponce”
El Asesor Letrado de la Municipalidad de San Luis, Ricardo Bazla, dijo a San Luis Noticia que "pareciera que el Superior Tribunal de Justicia de San Luis quisiera destituir al Intendente Ponce, porque nuevamente vuelve contra el municipio pretendiendo que los puntanos paguen 40 millones de pesos por una causa judicial que se inició en la dictadura de Onganía".
El funcionario expresó que "otra vez el Superior Tribunal parece actuar como ariete político del Gobernador Poggi, buscando excusas para complicar la gestión del Intendente Ponce. Hace unos días le hizo lugar al Juez de Faltas, Alejandro Ferrari, para que duplique su sueldo y pase a cobrar cerca de treinta pesos por mes, y ahora ha notificado a la Municipalidad de una antojadiza ejecución de sentencia por cuarenta millones de pesos, cuando todavía está pendiente la nulidad de una sentencia que hemos planteado el año pasado y que todavía no resuelve".
"Todo es por el histórico juicio de la empresa Arancibia y Bernaldez contra la Municipalidad de San Luis, que inició el Coronel Matías Laborda, cuando era interventor militar del general Onganía en San Luis. Laborda quería llenar los bolsillos a costa de la Municipalidad y la causa todavía sigue, ahora impulsada por los Rodríguez Saá", dijo Bazla.
"Es una pena, pero parece que el máximo tribunal de justicia de la provincia se ha convertido en una unidad básica. Es muy doloroso y peligroso para la seguridad jurídica de San Luis, porque da la impresión que allí las decisiones se toman en base a ocurrencias partidarias y no a pruebas judiciales. Jamás tendrían que haber corrido traslado a la Municipalidad de una demanda sobre algo que no está firme. Nadie puede ejecutar si la sentencia no está firme, sin embargo quieren embargar el 20 % de la coparticipación provincial y el 20 % de la recaudación diaria. En definitiva, aseguró el Asesor Letrado, quieren quitarle sustento financiero a la gestión de Enrique Ponce. Es un golpe económico con la máscara de una causa judicial", aseguró el mercedino apoderado de la municipalidad capitalina y hombre políticamente cercano al intendente Ponce.
La historia de la causa
Arancibia y Bernaldez era una empresa constructora que en 1970 estaba pavimentando 200 cuadras de la ciudad de San Luis. Por entonces, la Argentina era dominada por la dictadura de los Generales Onganía, Levingston y Lanusse. San Luis estaba a cargo del Coronel Matías Laborda Ibarra, tío del actual Concejal Raúl Laborda. Desde la Casa de Gobierno le dieron la orden al intendente puntano, un ignoto Capitán de apellido Gutiérrez para que rescindiera el contrato con la constructora y confiscara toda su maquinaria.
Tiempo después, la empresa inició juicio a la Municipalidad de San Luis, con el respaldo legal de los abogados Bravo y Alberto Domeniconi, quienes estaban en contra del gobierno militar de la época. De hecho, Domeniconi´, conocido como "el Pibe" había sido Gobernador de San Luis y destituido en 1962.
El juicio continuó, los demandantes fallecieron y siguieron sus herederos. Algunos de ellos, "vendieron" su parte al abogado Carlos Bravo, quien ahora se encarga de pagar las tasas judiciales y de continuar el juicio contra el municipio, pero ha surgido otra supuesta parte que también quiere quedarse con la millonaria suma. Se trata de una de las hijas de Bernaldez, que vive en la provincia de Córdoba y es patrocinada por dos jóvenes abogadas puntanas vinculadas a Bravo.
La última decisión judicial importante, la tomó el actual Superior Tribunal de Justicia, que en noviembre del año pasado notificó a la Municipalidad que debía pagar más de tres millones de pesos. Ante esa decisión, el municipio recusó a los ministros Lilia Novillo, Omar Uría y Florencio Rubio y pidió la nulidad de la sentencia. La recusación fue aceptada. Se constituyó un nuevo tribunal para esa causa, que todavía no ha resuelto la nulidad. De allí, que a los funcionarios municipales les resulta sugestivo haber sido notificados de una ejecución de sentencia, cuando la sentencia todavía no está firme.
http://www.sanluisnoticia.com.ar/2013/index.php/san-luis/4786-el- superior-tribunal-de-justicia-quiere-destituir-a-ponce
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