BLANCA PEREYRA A INDAGATORIA, LA INTENDENTA DE VILLA MERCEDES EN LA PICOTA, PERO PROTEGIDA...
El pedido de indagatoria a la intendenta Blanca Pereyra
El San Luis que Alberto no ve.Daniel Malnatti está mostrando al país el otro San Luis
El San Luis que Alberto no ve.Daniel Malnatti está mostrando al país el otro San Luis
San Luis Noticia te muestra el pedido de indagatoria a la intendenta Blanca Pereyra
La intendenta Blanca Pereyera podría ser llamada a indagatoria por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público porque firmó decretos para justificar compras y servicios sin respetar los procedimientos establecidos por ordenanza y Carta Orgánica Municipal. Pericias detectaron “decretos forzados” para “justificar gastos”, según lo advirtió fiscal Nora Alessandrelli de Bataller en su dictamen. La funcionaria solicitó el desafuero de la jefa comunal. La causa de los “dos millones” está a punto de desembocar en una de las crisis más agudas en la historia de la Municipalidad de Villa Mercedes.
Si bien lo que pidió la fiscal Bataller al Juzgado a cargo de Alfredo Cuello había trascendido en estos últimos días, San Luis Noticia tuvo acceso al dictamen que contiene acusaciones graves en contra de la intendenta como también imputaciones a los ex funcionarios Marcelo Fabián Zeballos (ex secretario de Hacienda), Sybil Blanco (Control de Legalidad) y Rodolfo Juvenal Luque (ex secretario de Gobierno).
A Zeballos le pidió indagatoria por los delitos de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y peculado (artículos 265, 261, segundo párrafo del Código Penal), malversación de caudales públicos (art. 260 del C.P), incumplimiento de los deberes de funcionario público y adulteración de instrumento público (arts. 248, 292 y 21 bis inc. 1 del C.P.)
A Luque y Blanco les imputó el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en tanto para la intendenta Blanca Pereyra, por ser la responsable y la firmante de los decretos sospechados de irregularidades, le solicitó el desafuero previo para solicitar luego el llamado a indagatoria.
La fiscal se expidió así en la causa “Salinas Julio César y otros s/denuncia”, conocida como los “dos millones”, una escándalo que comenzó a mediados de 2009 cuando el entonces secretario de Hacienda, Marcelo Zeballos, intentó justificar el gasto de más de dos millones de pesos en pagos “extras” a trabajadores por tareas de refacción y arreglos del edificio municipal y que generó la denuncia de los empleados de la misma Intendencia.
Breve reseña
Desde un principio, la gestión de la intendenta estuvo bajo sospecha. Los casos Risked SRL y Provincred -empresas que habían creado los ex funcionarios Sacco y Zeballos- denunciados casi en soledad por algunos medios de prensa y el concejal José Giraudo a mediados de 2009 fueron los "anuncios" de lo que se avecinaría tiempo después con los casos "dos millones", "cuentas bancarias" y el “campo del azafrán”.
Las fuertes dudas sobre el manejo de los fondos llegaron a la Justicia comenzaron cuando un grupo de empleados municipales, quienes vieron sus nombres en una lista que envió la Municipalidad al Concejo para "justificar" el destino de $2.200.000, pidieron una investigación. Desde entonces los trabajadores aseguran que nunca recibieron tal dinero y que jamás realizaron obras de reparación en el edificio municipal, como lo aseguraba un informe del ex secretario de Hacienda, Marcelo Zeballos.
A esa altura, los nombres de Darío Sacco y Zeballos, por entonces funcionarios del gabinete de Blanca Pereyera, ya sonaban como los responsables de las sospechas en el manejo de los fondos.
Pese a la gravedad de las acusaciones y los reiterados pedidos de la oposición en el Concejo y en el Tribunal de Contralor, el oficialismo que domina esos organismos de control nunca advirtió ni mucho menos denunció los desmanejos presupuestarios de la gestión. Tampoco Fiscalía de Estado tomó participación como sí lo hizo un año después en un llamativo "ataque de transparencia". Otro tanto ocurrió con el Tribunal de Contralor de la Municipalidad, también cuestionado por su inacción.
Cuentas bancarias
En la misma causa de los $2.200.000, el 23 de agosto del año pasado se pidió a la Justicia que se investiguen cuentas bancarias que tendrían los ex funcionarios y familiares y con las cuales se hacían extrañas maniobras de depósitos y extracciones en el exterior.
Los pedidos de investigación llevaron a que el Juzgado Penal 1 ordenara secuestros de importante cantidad de documentación en la Intendencia y en la AFIP; como también oficios por informes de cuentas en sucursales de bancos, los que corroboraron la existencia de los depósitos y las extracciones.
Otro tanto ocurrió con la investigación por el campo del azafrán, una producción que habrían emprendido Darío Sacco y Marcelo Zeballos cuando eran funcionarios y que implicó una importante inversión.
El dictamen
A principio de julio pasado el contador Gabriel Lapezzata presentó el informe que realizó sobre la documentación secuestrada en la Municipalidad y abrió un nuevo capítulo en la causa. El resultado del estudio fue casi lapidario para la intendenta y ex funcionarios, ya que habría detectado, entre otras irregularidades, una doble imputación por un monto cercano a los dos millones.
El lunes pasado, la fiscal Bataller entregó el dictamen que ahora está en estudio del juez Cuello. En ese informe, la funcionaria mencionó que la causa se originó por el pedido de investigación que hicieron el grupo de empleados municipales que, según la Intendencia, había recibido dinero por trabajos extras.
En el dictamen, aludió a los denunciantes: los concejales Giraudo, Verónica Roxana Escudero y Edith Otazú; el diputado provincial Eduardo Gargiulo; el presidente del Foro de Estudios Sociales, Ricardo André Bazla; Emilse Bergesio y Alejandro Bustos. También a los abogados Edgar del Corro, Cardetti y Andreotti, apoderados de los empleados municipales.
Entre los fundamentos de los pedidos de indagatoria, la fiscal advirtió que la pericia contable, realizada para aclarar la “justificación” de los dos millones para obras en el edificio municipal, demostró que la Intendencia había contratado para los trabajos a la empresa Gabriel SRL, formada en junio de 2008, cuyo contador era, justamente, Marcelo Zeballos.
En ese sentido, aclaró que los funcionarios, según la Carta Orgánica Municipal “tienen las mismas condiciones, inhabilitaciones e incompatibilidades que para los concejales, es decir, que son incompatibles con el cargo los propietarios, gerentes, mandatarios o gestores, o quienes tienen participación e intereses económicos en empresas prestadoras de locaciones de obras o servicios públicos, o proveedoras de suministros a la Municipalidad”.
“Lo expuesto demuestra fehacientemente que Marcelo Zeballos, quien detentaba el cargo de secretario de Hacienda, habría cometido el ilícito contemplado en el artículo 265 del C.P., es decir, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, y del peculado”, agrega.
También advierte que Zeballos podría también ser indagado por “malversación de caudales públicos” al incluir gastos “adicionales” para empleados que realizaron tareas de arreglos en el edificio municipal, trabajos que los mismos obreros denunciaron que nunca realizaron y, por lo tanto, nunca cobraron dinero “extra”.
El campo del azafrán
En uno de los apartados del dictamen, la doctora Bataller, alude al escándalo del “campo del azafrán”, un proyecto agrícola que emprendieron Sacco y Zeballos cuando eran funcionarios y que incluyó una importante inversión. En este sentido, la funcionaria pidió al juzgado que se determine su los ex secretarios cometieron también “enriquecimiento ilícito”.
Bataller pidió además la declaración jurada de bienes que los dos funcionarios deberían haber presentado en la Municipalidad, como también una auditoría contable en base a los informes de bancos del país y extranjeros.
Contrataciones
Por otra parte, la fiscal entendió que el perito Lapezzata demostró en su informe que durante gran parte de la gestión de la intendenta Blanca Pereyra las contrataciones por obras y servicios no siguieron los pasos establecidos por ordenanza y por la Carta Orgánica Municipal.
“Según lo expresa el perito, hay decretos forzados para justificar gastos”, dice el dictamen y agrega. “…se infiere que en la mayoría de las contrataciones la metodología de licitación pública, cuanto menos debió ser la de concurso de precios, lo que denota que habría una fragante violación a los deberes de funcionario público, en los que estarían implicados los firmantes de los decretos, es decir, el secretario de Hacienda, el secretario de Gobierno, la contadora que tenía a su cargo el control de Legalidad y el jefe del Ejecutivo Municipal”, señala.
En este último punto, Bataller dirige sus sospechas a la intendenta Blanca Pereyera: “Al respecto y atento que la Sra. Intendenta municipal, Blanca Pereyera goza de inmunidad (art. 273 de la Constitución Provincial) considero que se debe solicitar su desafuero previo”.
En cuanto a la adulteración de documento público, explica la fiscal que el informe del perito también demostró que se modificaron saldos finales en las ejecuciones presupuestarias, “técnicamente está mal porque altera las sumas y si altera las sumas manipula los resultados, lo que demostraría que hubo adulteración de instrumento público por parte del secretario de Hacienda de la Municipalidad”.
Doble Imputación: en esta acusación, Bataller alude a un gasto de casi dos millones de pesos que “se pagó una sola vez” pero “se imputó dos veces”. Corresponden a obras que supuestamente se hicieron para arreglos en el edificio municipal. Sobre este tema en particular, la fiscal pidió una auditoría contable en todas las cuentas de la Municipalidad “para determinar si obra faltante” de ese dinero; como también una pericia de un arquitecto para establecer si se hicieron o no los trabajos en la Intendencia.
Por último, titular de la Fiscalía N° 2, pidió que el Juzgado libre oficio a la Intendencia “a fin de que remita los libros de sueldos y jornales correspondientes al año 2008”.
En mérito a todos los fundamentos, la fiscal pidió las indagatorias para tres ex funcionarios y el desafuero a la intendenta Blanca Pereyera. En el Juzgado, si bien se tomó el informe de Bataller con calma, se esperan novedades en los próximos días.
http://www.sanluisnoticia.com.ar/villa-mercedes/1617-san-luis-noticia-te-muest ra-el-pedido-de-indagatoria-a-la-intendenta-blanca-pereyra.html
El San Luis que Alberto no ve
Daniel Malnatti está mostrando al país el otro San Luis
Dentro del noticiero nocturno central del porteño Canal 13, Daniel Malnatti conduce un micro espacio denominado “Argentina desde adentro”, en el cual luego de recorrer algo más de 9.600 kilómetros, se adentró en nuestra provincia, mostrando el San Luis -que Alberto Rodríguez Saá no quiere ver- y que es dueño de muchas situaciones idénticas a las que él critica del gobierno nacional. “Le gané a Cristina porque en San Luis no tenemos villas”, dijo -palabra más, palabra menos- muy suelto de cuerpo, mientras que Malnatti, en su primera entrega de lo recorrido en nuestra provincia, dio a luz la situación que viven 15 familias en el predio donde en alguna época funcionó la Cerámica San José, que daba trabajo a cientos de sanluiseños.
Esa muestra, fue titulada por Malnatti como “Los hombres termita de San Luis” y en ella se puede ver cómo quienes allí residen, sobreviven quitando ladrillos de lo que alguna vez fueron los hornos, para venderlos a precios demasiados bajos, comparado con el riesgo que significa sacarlos, puesto que van debilitando la construcción, con el consiguiente peligro de derrumbe que pondría en serio riesgo la vida de quienes llevan adelante esta actividad.
Un día después, es decir en la edición de ayer, nuevamente se encargó de desmentir al gobernador local, mostrando en las afueras de Villa Mercedes, el asentamiento Ciudad Jardín. Por si no lo sabe el gobernador, asentamiento es sinónimo de villa miseria, que en nuestra provincia las hay y muchas, por más que se encarnice en negarlo.
En Ciudad Jardín, viven 300 familias, que fueron unidas por Mabel Bascur, una mendocina que vino a nuestra provincia en busca de trabajo, para trabajar en conjunto y poder así sobrellevar un poco mejor la situación. Allí, Bascur tiene un comedor popular para los que viven en el barrio y da de comer a más de 150 chicos.
Sobre cómo obtiene los alimentos que luego cocina y reparte, Mabel fue clara y concreta: “dependo de lo que me donan cada día y de Dios”, dijo y entre ellos el gran ausente es el gobierno provincial.
Pero como una cachetada al gobierno, quienes allí residen, están trabajando en conjunto en la construcción de un quincho, al que llamaron “Jesús”, que cuando esté terminado, servirá para dar la comida a los chicos, en un lugar más digno que debajo del ombú en donde la sirve en la actualidad. Para este quincho, también hay un gran ausente: el gobierno provincial.
Informe: Carlos Rubén Capella carlosrcapella@yahoo.com.ar
http://www.periodistasenlared.info/agosto11-19/nota5.html
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