PLANTA DE EFLUENTES CLOACALES LA PROVINCIA NO CUMPLIO Y AHORA CULPA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS, OTRO CARADURISMO Y SEGUIMOS...
Planta de efluentes cloacales: Medio Ambiente intimó a la Municipalidad de San Luis
Crece la polémica por la planta de efluentes cloacales
La ley y la trampa
El gobierno dice que no, pero los ambientalistas denuncian que si
Opinión - Cruces por la minería metalífera
Red de Asistencia Jurídica le responde a Rodriguez Saá
Emer confirmó la baja en la coparticipación
Planta de efluentes cloacales: Medio Ambiente intimó a la Municipalidad de San Luis
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Planta de efluentes cloacales: Medio Ambiente intimó a la Municipalidad de San Luis
Desde el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia, intimaron a la Municipalidad de San Luis para que, en un plazo de 30 días hábiles, ponga en óptimas condiciones la planta de efluentes cloacales de la Capital, y también presente un plan de gestión ambiental con los diagnósticos y estudios correspondientes. De acuerdo a la ministra de Medio Ambiente, Daina Hissa, el municipio podría afrontar multas que van desde los 26 mil pesos hasta los 3 millones.
“Ya se ha inscripto de oficio en el registro de operadores, generadores y transportistas de residuos peligrosos a la Planta de Efluentes Cloacales de la ciudad de San Luis, y se le ha intimado para que en el transcurso de los próximos 15 días hábiles presente un cronograma para refuncionalizar la Planta”, relató Hissa. Además, la funcionaria afirmó que también se intimó al municipio capitalino para que en los próximos 30 días hábiles “presente un plan de gestión ambiental, el cual incluya un diagnóstico de la situación actual, un plan de remediación y saneamiento”.
De esta manera, la Municipalidad de San Luis deberá presentar lo solicitado al Ministerio de Medio Ambiente, mientras que éste, a su vez, lo evaluará en conjunto con sus técnicos para que una vez aprobado el municipio cumpla con todo lo propuesto en el plan de remediación. En caso de no cumplir con todos los aspectos administrativos, Hissa sostuvo que “queda firme una multa que se establece desde los 26 mil pesos, hasta los 3 millones de pesos”.
“El objetivo es poder hacer que esta Planta de Efluentes Cloacales funcione porque no solamente está contaminando el medio ambiente, sino que también está perjudicando la salud de la población”, señaló la ministra.
Por último, en cuanto a las declaraciones del intendente, Enrique Ponce, respecto a la construcción de una nueva planta de efluentes estaba contemplada en el convenio Hepatitis 0, Hissa aseguró que el mismo fue absorvido por el pacto Provincia-Municipio que el mismo jefe comunal rompió.
http://lagaceta-digital.com.ar/tempor/index.php?option=com_content&view=article&id=7013:planta-de-efluentes-cloacales-medio-ambiente-intimo-a-la-municipalidad-de-san-luis&catid=1:latest-news&Itemid=50
Crece la polémica por la planta de efluentes cloacales
AUDIO: NÉSTOR MENÉNDEZ (CONCEJAL)
El Ministerio de Medio Ambiente de la provincia reiteró la intimación a la Municipalidad capitalina para que presente un plan de gestión ambiental con los diagnósticos y estudios correspondientes, y así lograr la refuncionalización de la planta de tratamiento de efluentes cloacales.
La intimación establece un plazo de 15 días hábiles para la presentación de un cronograma de refuncionalización y 30 días hábiles para dar a conocer el plan de gestión ambiental, que debe incluir un diagnóstico de la situación actual, un plan de remediación y saneamiento.
En la nota se advierte que en caso de no cumplir con todos los aspectos administrativos, la comuna podría sufrir una multa establecida en un rango que va desde 26 mil pesos hasta 3 millones de pesos.
El concejal Néstor Menéndez, aliado a la gestión del intendente Enrique Ponce, consideró que esa medida “es una hipocresía total; el gobierno provincial firmó un convenio hace 4 años para construir una nueva planta de tratamiento porque la planta no funciona y no va a funcionar”.
Para el edil, el principal inconveniente por el que la planta quedará fuera de servicio son los residuos peligrosos que vierten las industrias. “Ellos (el gobierno) en vez de controlar las industrias están creando conmoción sobre la situación del predio. Ellos lo que tienen que hacer, como autoridad de aplicación, es controlar a las empresas” remarcó.
Menéndez señaló que los desechos industriales impiden que se produzca el proceso natural de degradación de los efluentes cloacales. “No se pueden tratar los efluentes porque no se pueden degradar”, indicó.
“En el 2008, la Provincia hizo un acuerdo con Alicia Lemme (intendenta de la capital en ese momento), en el que Alberto Rodríguez Saá (gobernador de esa época) reconoce que no se produce el proceso de degradación y firma el convenio de Hepatitis Cero. En ese convenio la Provincia se compromete a construir la planta de tratamiento” recordó Menéndez y agregó: “Este Ministerio de Medio Ambiente que ahora intima, ya ha sido intimado por la Municipalidad a que construya la planta, tal cual se comprometieron en ese acuerdo”.
El tema ya fue derivado a la justicia para que determine quién es el responsable de realizar la obra.
http://sanluis24.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=31716:crece-la-polemica-por-la-planta-de-efluentes-cloacales&catid=34:catlaciudad&Itemid=54
La ley y la trampa
El gobierno dice que no, pero los ambientalistas denuncian que si
San Luis (Pelr) Dos ONG's ambientalistas volvieron a denunciar que existen emprendimientos mineros de magnitud que se están desarrollando en la provincia. Desde el gobierno aseguran que no han aprobado proyectos que contraríen la ley de "Preservación y Restauración Ambiental del Sector Minero", aprobada gracias a una fuerte presión popular en 2008. Hoy publicamos una respuesta en video que Soledad Sede le hace a una editorial de Alberto Rodríguez Saá, confrontando los dichos del ex gobernador. El tema parecería que debería encararse por otro costado, ya que la ley referida deja algunos intersticios que podrían aprovechar las mineras -con el guiño de la directora Laura Ferrara- para llevar adelante sus proyectos.
Para poder hablar con corrección, hay que citar el texto legal, que dice en su artículo primero, donde está el espíritu de lo que se consiguió -mucho menos a lo que se buscaba: "A los efectos de garantizar la preservación de los recursos naturales, con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, la biodiversidad, el ambiente y la calidad de vida de todos los habitantes, prohíbese en el territorio de la Provincia de San Luis, el uso de sustancias químicas como cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico, amoni o, carbonato y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de prospección, cateo, exploración, explotación, beneficio y / o industrialización, de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo".
Así leído, se puede dar la razón al gobierno, ya que todavía, en la etapa en que se encuentran la mayoría de los proyectos denunciados, no incumplirían con la norma, que también prevé la constitución de un fondo especial, de un 7% del total de la inversión, para reparar los daños que pudieren ocasionarse. Porque daños al ambiente, indiscutiblemente habrá.
Que la ley IX - 0634 - 2008 esté o no reglamentada, parece no agregarle mucho al fondo de la cuestión: No habla de megaminería; no habla de explotaciones a cielo abierto; no habla de los otros daños que se producen en ese delicado ecosistema donde se genera la mayor proporción del agua que consumimos. Y no se puede reglamentar lo que la ley no dice.
El riesgo no solo está en el uso de los químicos tóxicos, sino también -y esto pareció evitarse a propósito- en los movimientos de suelo que se producen para extraer el oro aluvional -entre otros materiales- que hay en la zona de La Carolina, principalmente. No se puede reglamentar lo que la ley no dice, eso está claro.
Veámos ahora que dice Pinsapo Eco Gold, hasta ahora la única suspendida e ¿investigada?, que se declara más buena que el abuelito de Heidi: "El proyecto de Pinsapo Eco Gold S.A. en Carolina no es un proyecto a cielo abierto, sino un proyecto de “corte y relleno”, en el que se abren pequeñas zanjas que inmediatamente se rellenan respetando escrupulosamente el orden de extracción de las diferentes capas del terreno y que culmina con el replantado del pasto autóctono a la llegada de las primeras lluvias, consiguiéndose así una recuperación total del terreno y el paisaje en un plazo breve de tiempo y dejándose el mismo en perfectas condiciones para la posterior realización de otras actividades como la ganadería y la agricultura".
A juzgar por las fotos que este medio ha publicado y volvemos a poner a disposición del lector, tomadas en los lugares donde se ha trabajado, no parecen exactamente unas "pequeñas zanjas" como aseguran y el corte relleno de las diferentes capas de tierra "que culmina con el replantado del pasto autóctono a la llegada de las primeras lluvias, consiguiéndose así una recuperación total del terreno y el paisaje en un plazo breve de tiempo", tampoco resulta tan convincente a la hora de analizar las imágenes tomadas. Probablemente como los profresionales que trabajan allí son geólogos e ingenieros, la "brevedad" del tiempo de recuperación es relativa, según el parámetro con el que ellos midan. Pueden ser muchos, muchos años, si se lo mide en términos geológicos.
Luego dice la web de la minera que "El proyecto de Pinsapo Eco Gold S.A. en Carolina de “Corte y Relleno”, ha obtenido los correspondientes informes favorables (después de inspección) de la Dirección Provincial de Minería de San Luis y se encuentra a la espera de la aprobación, por parte del Ministerio de Medio Ambiente de San Luis, de los Informes de Impacto Ambiental presentados por la empresa".
Y aquí vale un paréntesis para analizar el comportamiento de dos estamentos del mismo gobierno que dice tener un pacto entre el progreso y el medio ambiente. Mientras la verborrágica ministra de Medio Ambiente, Daiana Hissa, habla, desmiente que hayan proyectos de megaminería y promete sanciones si los hubiera; la silenciosa Directora de Minería, Laura Ferrara, dependiente del ministerio que comanda Walter Padula, aprueba casi todo lo que llegue a sus manos. De hecho fue una de las opositoras a la ley que finalmente se aprobó en 2008. Las dos cumplían las mismas funciones que hoy cuando gobernaba Alberto y fueron ratificadas. ¿Hay un cortocircuito entre ambas o los 'desencuentros' forman parte de una estrategia?
Pero sigamos analizando la web "El proyecto de Pinsapo Eco Gold S.A. en Carolina NO ES UN PROYECTO QUE ABRE AGUJEROS DE VARIOS KM. DE LARGO, sino un proyecto que abre zanjas de ALGUNOS METROS de longitud y anchura, que se rellenan inmediatamente y a continuación" (sic) y allí se termina el renglón. ¿Se olvidaron de poner que 'a continuación se siguen abriendo zanjas que en total tendrán varios kilómetros de extensión'?, aunque la tapen como ellos dicen, cosa que no hacen, a juzgar por las imágenes. Para quienes tengan interés de saber de manera acabada lo que argumenta la empresa, puede visitar su web institucional.
Según esta misma información "Este proceso “no utiliza químicos” en ninguna de sus etapas, solo agua limpia y recirculada restringiendo al mínimo el consumo de la misma, todo lo cual ha sido verificado y aprobado por autoridades provinciales como la Dirección Provincial de Minería de San Luis y San Luis Aguas Sociedad del Estado". Como se verá, en ningún lado aparece acá el ministerio de Medio Ambiente, solo Comercio Industria y Minería, por un lado y el del Campo y su sociedad estatal que debería preservar el vital elemento, pero -en otro orden de cosas- ahora está muy ocupada en realizar emprendimentos inmobiliarios (seriamente sospechados de contaminantes) en la margen de los diques que nos proveen el agua de consumo.
Nuevamente habría que establecer qué considera la empresa como "consumo mínimo", ya que el calificativo, por si solo, no dice absolutamente nada. Mínimo, si se considera el caudal del Río Quinto -nuestra principal vía hídrica- es una cosa y otra si se lo dimensiona con los pequeños arroyos de la zona.
Pero todavía no llegamos al nudo de la cuestión, no desarrollada por las organizaciones ambientalistas, pero si denunciadas formalmente por los lugareños, no solo mediáticamente, sino en los ámbitos administrativos y judiciales. Obviamente que de esto, las mineras no dicen ni mu.
Lo que el Ing. Agrónomo y propietario del establecimiento "Rancho Suizo", Leandro Sabanés expuso en una de las primeras reuniones que se hicieron en el Salón de Usos Múltiples de Carolina -frente incluso a los gerenciadores de Pinsapo, con quienes mantuvo una áspera discusión por la manera en que habían irrumpido en su propiedad- tienen aristas distintas a las que protege la ley aprobada en 2008, resquicios por los cuales estarían autorizandose las exploraciones.
Sabanés señaló, con estudios en la mano, realizados por geólogos que trabajaron en la zona, es que los trabajos de remoción del terreno para encontrar oro aluvional, rompen las capas por las que fluyen las napas freáticas y llevan el agua hacia los cauces por nosotros conocidos en la superficie. Esa sedimentación, lograda a lo largo de milenios, es imposible volver a constituirla como estaba para que drenen de la manera en que lo hacían. Ese delicado equilibrio quedará roto para siempre o, en el mejor de los casos, demorará muchísimo tiempo para volver a reconstituirse.
Lilian Brodtman de Florín, productora de la zona, también expuso sus razones, con estudios en la mano, explicando lo que sucederá en la superficie y en las pasturas naturales.
Aún cuando la empresa tuviese la mejor de las voluntades y pusiera el máximo empeño para hacer correctamente las cosas, también le produciría un daño irreparable al medio ambiente. Solo basta ver las fotografías de lo que ha sucedido en las exploraciones que se han realizado y que han sido ampliamente difundidas por este medio con anterioridad y luego reproducidas en innumerable cantidad de sitios informativos.
Y, finalmente, al menos por este informe, como se dice habitualmente en los ámbitos judiciales: "A confesión de parte, relevo de pruebas". Dice Pinsapo Eco Gold que "Este proceso “no utiliza químicos” en ninguna de sus etapas, solo agua limpia y recirculada restringiendo al mínimo el consumo de la misma", como está citado más arriba.
En rigor de verdad no sabemos si usan o no químicos. La intendenta Ingrid Blumenweig les clausuró un depósito que tenían en La Carolina, porque allí, supuestamente, tenían sustancias tóxicas almacenadas y un laboratorio.
Pero así fuera que usan agua limpia como afirman los mineros, el problema también es el cuánto.
Según lo que dicen los ambientalistas, de acuerdo a experiencias que se conocen en provincias vecinas como San Juan, en la mina El Veladero, utilizan más de 100 millones de litros de agua por día. “Esta cantidad devastaría el ecosistema de las Sierras Centrales en San Luis”, explicó Sede en la nota que publicamos hoy.
Parece que es hora de que el gobierno unifique los discursos y comience a hilar finito, si es que es cierta su preocupación por preservar un ambiente sano para todos, dejando de priorizar los negocios de unos pocos.
Informe: Gustavo Senn gustavosenn@gmail.com
Una imagen más que elocuente
Leandro Sabanés exponía en setiembre de 2011 la problemática que lo aquejaba y los peligros en ciernes.
Lilian Brodtman de Florín también exponía ante los presentes, proyectoando la misma imagen que ha circulado luego por los portales informativos, que está incluída en un informe que hicieron profesionales de la UNSL. De espaldas en la foto, los empresarios de Pinsapo.
http://www.periodistasenlared.info/octubre12-30/nota6.html
Opinión - Cruces por la minería metalífera
Red de Asistencia Jurídica le responde a Rodriguez Saá
El miércoles 17 de octubre el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, iba a recibir una distinción por su política medioambiental, cuando miembros la Asamblea Buen Vivir y de la Red de Asistencia Jurídica Contra la Megaminería (RedAJ) le entregaron información sobre los proyectos mineros habilitados por la Dirección de Minería a pesar de que existe una ley que lo prohíbe. Días más tarde el ex gobernador Alberto Rodríguez Saa criticó el reclamo ambientalista desde su programa "Planeta Xilium" en Fm Lafinur.
San Luis, 29 de octubre de 2012. RedAJ responde a los dichos del ex gobernador en formato de video a través de Soledad Sede, Coordinadora de la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería (RedAJ). Sede contrasta las palabras del dirigente con la realidad de la megaminería en la provincia.
“Una empresa utiliza 100 millones de litros de agua por día para poder separar el oro de la roca. Esta cantidad devastaría el ecosistema de las Sierras Centrales”, advirtió Sede. Entre 2008 y octubre de 2012, la Dirección de Minería de la provincia de San Luis publicó 13 denuncios mineros en el Boletín Oficial: 11 a particulares y 2 a empresas megamineras canadienses TNR GoldCorp y Meritus Minerals. Estos denuncios significan un derecho de propiedad sobre las sustancias mineras otorgado que les otorgó el Estado.
La primera denuncia viene de la mano de la situación de la ley sancionada en 2008 prohibiendo la megaminería en la provincia. Al no haber sido reglamentada, más de siete empresas mineras canadienses están explorando la zona de las sierras centrales, fuente de agua de la provincia, con el objetivo de explotarla.
“Nosotros ponemos en el banquillo de los acusados a la provincia de San Luis porque es ella la responsable de velar por las leyes que se sancionan”, explicó Sede. “Es la provincia que, a través de la Dirección de Minería está incumpliendo la ley número 634 del año 2008”, denunció.
La empresa Marifil Mines sacó la última gacetilla de prensa el 12 de octubre de este año anunciando las reservas aproximadas en su proyecto Las Águilas en la provincia (un contenido mínimo de 18.871 toneladas de cobre, 18.796 toneladas de níquel, 1.381 toneladas de cobalto y 1.222.670 oz de platino paladio) en el que se encuentran “entusiasmados con el desarrollo a corto plazo, esperan asociarse con una compañía que se enfoque en expandir sus recursos y comprometerse con el desarrollo minero. Además, confían en el potencial del proyecto”, agregó el comunicado. (ver texto citado)
En este marco, el ministro de Minería, Walter Padula y la ministra de Medio Ambiente de San Luis Daiana Hissa niegan la necesidad de reglamentar esta ley, al tiempo que la Dirección de Minería de la provincia se comporta como si no existiera otorgando denuncios a particulares y empresas mineras canadienses.
En numerosas oportunidades, a través de asambleas, organizaciones y como ciudadanos autoconvocados de la Provincia han presentado notas al gobernador solicitando la protección de las sierras centrales y sus fuentes de agua de manera concreta con la instrumentación de las leyes existentes, sin obtener respuesta.
La megaminería en el país
Entre 2003 y 2011 se dictaron 9 leyes provinciales de prohibición de la megaminería. Estas leyes ya han sido derogadas en La Rioja y Río Negro. En Mendoza y Córdoba hay dos pedidos de inconstitucionalidad. En Chubut, la ley es víctima del lobby minero. En Veladero (San Juan) para extraer 6 gramos de oro, se necesita explotar una tonelada de montaña. Allí extraen 11 mil onzas de oro por día, facturando más de 15 millones de dólares. Para esto, utilizan más de 100 millones de litros de agua por día. “Esta cantidad devastaría el ecosistema de las Sierras Centrales en San Luis”, explicó Sede.
Proyectos de empresas mineras en San Luis
-“La Carolina” de la empresa TNR Goldcorp (Oro)
-Meritus Minerals (oro) que tiene como apoderado legal a Carlos José Antonio Sergnese
-Las Águilas de la empresa Marifil Mines (Cobre, níquel, cobalto, platino y paladio)
-Rodeo de los Molles de la empresa Wealth Minerals
-San Martín 1, San Martín 2 y Concarán de la empresa U308 Corp (uranio)
-Las Chacras de la empresa Rara Terra Minerals Corp
-Diente Verde de Ama Resources
http://www.periodistasenlared.info/octubre12-30/nota7.html
Emer confirmó la baja en la coparticipación
Ayer, sin que se lo preguntara nadie, el ministro de Hacienda y Obra Pública, José María Emer, detalló los mecanismos que se han comenzado a aplicar en la distribución de la coparticipación de los municipios de la provincia de San Luis, teniendo en cuenta los resultados del último censo poblacional del año 2010.
“La densidad poblacional de cada pueblo hace a uno de los ítems que son considerados a la hora de coparticipar a los municipios. Por lo tanto, aquellos municipios que crecieron en población estos últimos 10 años tienen una incidencia en su copartipación; aquellos que a lo mejor no pasaron la misma suerte tienen un poquito menos. Pasó con la ciudad de San Luis”, señaló Emer, quien aseguró que la población de la Capital solo creció un 1,3% entre los censos de 2000 y 2010.
El funcionario fue claro al explicar que aquellos municipios que crecieron en población en estos últimos 10 años tienen una incidencia en la coparticipación, como así también aquellos que no. “Pasó con la ciudad de San Luis y en muchas otras ciudades que también han bajado un poquito en su coparticipación. En el caso de San Luis, lo que ha ocurrido es que la ciudad creció en nivel poblacional, pero no como sus pares coparticipables del departamento Pueyrredon, como por ejemplo Juana Koslay o Potrero de los Funes que crecieron muy por encima de la ciudad de San Luis”.
De igual manera, Emer comentó que el gobernador, Claudio Poggi, le ordenó crear “un instrumento del Ejecutivo, un decreto”, que habilite al Ministerio de Hacienda y Obra Pública a realizar los ajustes necesarios para que ninguno de los municipios perjudicados cobre menos que en el periodo anterior.
Por último, el ministro aseguró que el de Estancia Grande, el más alto de la provincia en relación a cantidad de habitantes, “es un presupuesto acorde” de acuerdo a este factor. “El municipio de Estancia Grande se creó con una cantidad de habitantes establecida y ahora sufrirá las modificaciones que correspondan en el último censo”, dijo Emer, tratando de que no se noten los favoritismos por el municipio mimado del ex gobernador Alberto Rodríguez Saá.
http://lagaceta-digital.com.ar/tempor/index.php?option=com_content&view=article&id=7014:emer-confirmo-reduccion-de-coparticipacion-a-la-municipalidad-de-san-luis&catid=1:latest-news&Itemid=50
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