SAN LUIS: CAMARAS DE SEGURIDAD, AL FINAL LA PROVINCIA ENVIO EL DETALLE DE UBICACIÓN DE LAS MISMAS EN LA CAPITAL. SE ACABO ESO DE ANDAR JUGANDO A LAS ESCONDIDAS CON LA PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS...
Videovigilancia: envían a la Municipalidad las autorizaciones emitidas por la gestión de Lemme
Ahora habrá que pagar por el uso del espacio público.
Otras jurisdicciones: Entre Rios
Avanzan en el análisis de una ley para regular la videovigilancia en Entre Ríos. Los sistemas tendrán prohibido registrar sonidos.
Entre Rios_ Proponen regular con una ley el uso de las cámaras de seguridad. Quieren armonizar la prevención con el derecho a la intimidad
Rosario: parate frente a una cámara: Para comprobar una infidelidad
Un particular pidió imágenes de cámaras de seguridad y estalló el debate
Videovigilancia: envían a la Municipalidad las autorizaciones emitidas por la gestión de Lemme
Ayer, la Agencia de Noticias de San Luis reportó que, desde el Programa Seguridad y Planeamiento, a cargo de Diego Masci, se respondió al pedido municipal de que se especifique la ubicación de las cámaras de videovigilancia, adjuntando las notas enviadas por la Municipalidad de San Luis el pasado 4 de agosto de 2008 y 19 de noviembre de 2010, donde se autorizaba la instalación de las cámaras de seguridad en los espacios públicos de la ciudad.
“En esa respuesta se informan cuales fueron las autorizaciones para la instalación del sistema de videocámaras y los lugares donde están las cámaras”, explicó Masci, quien además manifestó que hubo “algún problema de archivo donde no encuentra la documentación” y por eso realiza la solicitud.
De igual manera, el funcionario reiteró una vez más que “la falta de formas para pedir aquella documentación que no se encuentra, a nosotros nos llamó la atención”, refiriéndose al hecho de que el pedido de declaración jurada haya sido firmado por el ex director de Ingresos Públicos municipal.
http://lagaceta-digital.com.ar/tempor/index.php?option=com_content&view=article&id=5946:videovigilancia-envian-a-la-municipalidad-las-autorizaciones-emitidas-por-la-gestion-de-lemme&catid=1:latest-news&Itemid=50
1- Av Perón y Junin (frente Hotel 2 Venados)
2- Av Perón y Caidos en Malvinas (Aiello)
3- Av Perón y Av Julio A Roca (frente a Shopping
4- Monseñor Orsali y Ministro Berrondo ( Barrio San Cayetano)
5- Colón y Belgrano ( Edificio nuevo)
6- San Martin y Belgrano (Aiello)
7- Colón y Lavalle
8- Colón y Rivadavia (Los Vascos)
9- San Martín y Ayacucho (Maxi Todo)
10- Calle Artigas al 800 (Paseo del Padre)
11- Av España casi San Martin (frente a Terminal)
12- Av Espana y Lafinur (rotonda)
13- Junín al 1100 (sucursal Supervielle)
14- Av Fuerza Aerea y Berta Vidal de Battini (Barrio Amep)
15- Av Lafinur y 25 de Mayo
16- Av. Illia pasando Caseros
17- Av Lafinur y Junín
18- Av Lafinur y Av Illia (cantero central)
- 19 cámara en Rivadavia y Pringles (poste de la plaza)
5 Cámaras en Policlino Regional (3 por Caidos en Malvinas, 2 por Ciudad de Rosario)
Las Cámaras en el mapa de la ciudad
Avanzan en el análisis de una ley para regular la videovigilancia en Entre Ríos. Los sistemas tendrán prohibido registrar sonidos.
El jefe de Policía fue a Diputados y dio su apoyo al proyecto de Diego Lara. Los sistemas tendrán prohibido registrar sonidos. La semana que viene se produciría el dictamen.
(...)
Finalmente el jefe policial reafirmó que coincide con el proyecto, ya que existe la necesidad de dar un marco a la videovigilancia pública, que tiene que estar en manos del Estado, pero que también tiene que hacerse a través de una ley que proteja todos los derechos personalísimos de los ciudadanos, como son los derechos al honor, a la imagen y a la intimidad, que no pueden ser vulnerados so pretexto de cualquier sistema.
Por su parte, el autor del proyecto destacó que si bien la autoridad de aplicación será el Ministerio de Gobierno, seguramente la tarea recaerá sobre la Policía provincial.
También recordó Lara que la ley prohíbe taxativamente la captación de sonido. “El derecho español, sobretodo el Tribunal Constitucional Español, ha venido sentando opinión doctrinaria en este sentido, y esto ha sido tomado por el resto de la legislación en el mundo. Así, dentro de estos principios que rigen la videovigilancia pública, está el principio de proporcionalidad. Cualquier captación de imágenes para que sea válida y esté habilitada en el marco de una política de seguridad, tiene que respetar el principio de proporcionalidad. Es decir, tiene que haber una necesaria proporción entre lo que se persigue, la finalidad pretendida, y la eventual afectación a los derechos privativos de las personas. Y ese marco de proporcionalidad que es lo que la ley establece como principio rector, es el que indica que sería un exceso captar audio en estos sistemas, ya que la conversación de las personas entra en un fuero más íntimo sobre lo que no se puede avanzar”, señaló.
Lara también explicó a los miembros de la Comisión qué ocurrirá, una vez sancionada la ley, con las localidades que ya avanzaron en la instalación de sistemas de videovigilancia. “La ley fijará un tiempo para que se adapten a la nueva legislación. Esto ocurrirá en la ciudad donde fui intendente por dos períodos, María Grande; o en otras, como Tabossi, que avanzaron en este tema. También hay localidades en las que a la manipulación de las imágenes la tienen a cargo autoridades civiles del municipio, y todos esos sistemas deberán readaptarse en un tiempo que fijará la ley”, explicó.
La Comisión -que integran Estela Almirón, María Emma Bargagna, Fabián Flores, Pablo Mendoza, Jorge Monge, Juan Navarro, Emilce Pross, Rosario Romero, Fuad Amado Sosa, Laura Stratta y Martín Uranga- volverá a reunirse el martes para analizar la eventuales correcciones que propongan los diferentes bloques; ya que la intención es producir un dictamen que cuente con el aval de la totalidad de los miembros de la misma.
http://www.unoentrerios.com.ar/laprovincia/Avanzan-en-el-analisis-de-una-ley-para-regular-la-videovigilancia-en-Entre-Rios-20120410-0036.html
Proponen regular con una ley el uso de las cámaras de seguridad
Cada vez más ciudades colocan sistemas de filmación en la vía pública, pero no hay legislación que controle su utilización. Quieren armonizar la prevención con el derecho a la intimidad
Tras un largo de período de proliferación de sistemas de seguridad que cuentan con cámaras de video que registran imágenes en diferentes lugares públicos, la Legislatura provincial se dedicaría recién este año al estudio de un marco legal para la instalación de estos sistemas y, también, el tratamiento de las imágenes obtenidas.
El disparador de la discusión será un proyecto que pretende, inicialmente, convertirse en un mecanismo de regulación de la función de la videovigilancia, que en la actualidad se ejerce sobre las personas en el ámbito público sin control.
“No existe norma jurídica que reglamente el cada vez más elevado número de videocámaras que vigilan nuestras acciones en los espacios públicos de nuestros municipios y comunas, de manera tal que no afecten nuestra intimidad, por eso proponemos la presente iniciativa”, señaló en los considerando de la norma el diputado Diego Lara (Frente Entrerriano Federal).
Así, el proyecto de ley no solo plantea regular la obtención de las imágenes, sino también su uso posterior con el objeto de garantizar la convivencia ciudadana, la utilización pacífica de los espacios públicos, la prevención de delitos y faltas de cualquier naturaleza; sin poner en riesgo las garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, los que deberán respetarse en la grabación y uso de las imágenes obtenidas.
Por eso el proyecto regula “la captación, grabación, transmisión, conservación y almacenamiento de imágenes, incluida la emisión, reproducción y tratamiento de los datos personales relacionados con aquellas”.
Se propone entonces que en la utilización de videocámaras (o de cualquier medio análogo) deberá mediar “la razonable proporción entre la finalidad pretendida y la posible afectación al honor, a la imagen, a la intimidad y a la privacidad de las personas, de conformidad con los principios consagrados en nuestra Constitución Nacional y Provincial, exigiéndose una razonable ponderación en cada caso entre el propósito perseguido y la eventual afectación a los derechos personalísimos”.
De esta forma, el tratamiento de imágenes de personas obtenidas en lugares públicos será lícito cuando los sistemas que “se utilicen cuenten con la autorización previa de la autoridad de aplicación” y toda la información obtenida tendrá carácter absolutamente confidencial y la misma sólo podrá ser requerida por magistrados, fiscales o defensores, que “se encuentren abocados a la investigación o al juzgamiento de causas contravencionales o penales”.
Responsables
La norma impulsada por Lara, en caso de ser sancionado el proyecto, señala que las personas que sean responsables de los sistemas de seguridad basados en la filmación o grabación serán civil y penalmente responsables por los daños producidos por la difusión de las imágenes por otras vías que “no sean las determinadas por la presente norma”.
Así, se prohíbe la cesión o copia de las imágenes que no encuadre en los supuestos previstos de la ley. Igualmente, se prohíbe instalar y utilizar videocámaras “para captar imágenes del interior de propiedades privadas -salvo por autorización judicial expresa- ni en lugares permitidos por esta ley, pero que se afecten de forma directa y grave la intimidad de las personas”.
Igualmente se prohíbe registrar datos personales o sensibles en archivos, registros o bancos que “no reúnan condiciones técnicas de integridad y seguridad y que conlleven a la obtención de imágenes que revelen el origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o la vida sexual de las personas”. Además, en ningún caso las videocámaras podrán captar sonidos. Asimismo, en el proyecto impulsado por el ex intendente de María Grande se señala que la obtención de las imágenes (siempre según lo dispone la ley) no tendrá, al menos en principio, por objetivo la formulación de denuncias judiciales por parte de la autoridad de aplicación y monitoreo, salvo la presencia de hechos delictivos, lo que “tendrá que denunciarse dentro del plazo de 24 horas desde su captación ante la justicia, o cuando las grabaciones capten hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones administrativas relacionadas con la seguridad ciudadana, se remitirán al órgano competente para el inicio del oportuno procedimiento administrativo correspondiente”.
En el mismo proyecto se establece que las imágenes deben conservarse durante un año, aunque no deben destruirse luego si están relacionadas con infracciones penales o administrativas en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto.
Ubicar las cámaras
En el proyecto se señala que la existencia de videocámaras o cualquier otro medio análogo debe informarse por medio de colocación de carteles gráficos que “especifiquen, de manera clara y permanente, la zona o ámbito en los lugares públicos o de acceso público”, donde funcionan, aunque no el punto de su emplazamiento. Independientemente de lo establecido en el proyecto, cualquier persona interesada podrá ejercer, ante la autoridad judicial competente, los derechos de acceso y cancelación de las grabaciones en que considere que vulneran su privacidad.
Como medio de control, se señala que la autoridad de aplicación publicará en la página web del gobierno provincial los lugares donde se encuentren situados sistemas de videocámaras, y requerirá que los municipios o comunas publiquen los puntos en los cuales se instalen las videocámaras dentro de su ejido.
El legislador justicialista propone también la creación de un registro de sistemas de captación de imágenes que funcionaría en la órbita de la Subsecretaría de Seguridad dependiente de la Secretaria de Justicia, donde tras la inscripción, se dará la aprobación para su funcionamiento. En ese registro constarán las características del sistema.
Según Lara, debe tenerse presente que “necesitamos un Estado que asegure el servicio de seguridad de la población y atienda la demanda de nuestros vecinos, incorporando tecnología y optimizando las políticas de prevención en seguridad; pero no por eso debemos permitir la perdida de derechos individuales so pretexto de aquella seguridad. De algún modo este proyecto plantea y aborda el interrogante de ¿Quién vigila a los que nos vigilan?”
Según el legislador, el Estado debe constituirse como garante de la seguridad pública, pero sin que “lo habilite a una intromisión irracional o desproporcionada en la vida privada de las personas”. Por eso, el proyecto “persigue encontrar un imprescindible equilibrio entre la llamada ‘videovigilancia’ y la protección de derechos fundamentales y personalísimos al honor, a la imagen, a la intimidad y privacidad de las personas”.
http://www.unoentrerios.com.ar/laprovincia/Proponen-regular-con-una-ley-el-uso-de-las-camaras-de-seguridad-20120219-0013.html
Para comprobar una infidelidad
Un particular pidió imágenes de cámaras de seguridad y estalló el debate
Por pedido de un abogado que solicitó imágenes al centro de monitoreo municipal donde habría quedado registrada la infidelidad de su mujer, se abrió la polémica sobre la utilización de las cámaras de seguridad. Por el momento sólo se responde a pedidos con órdenes judiciales pero la legislación al respecto no es clara.
Un abogado pidió imágenes de las cámaras de seguridad al centro de monitoreo municipal para constatar el engaño de su mujer y estalló el debate en torno a la utilización de las grabaciones.
El hombre pidió imágenes de una fecha y hora específica para demostrar la infidelidad de su esposa; el pedido de una grabación por parte de un particular no estaba contemplado cuando se estableció el uso que se le daría a las filmaciones, por el momento sólo pueden ser solicitadas orden judicial mediante, lo que abrió el debate.
Dicha situación siembra el debate sobre si, entre otras cosas, las cámaras de seguridad vulneran el derecho a la privacidad de la gente que circula por la vía pública, cuyos movimientos son registrados y almacenados durante un mes en formato DVD.
El abogado constitucionalista Oscar Puccinelli explicó que para echar luz al tema “es necesaria la reglamentación de la ley, que sea conteste con la ley nacional de protección de datos”.
“De forma debidamente fundada, puedo pedir mis datos casi con libertad, de acuerdo al artículo 43 de la Constitución. Pero acá se pide el dato de otro; habrá que ver qué posición adoptan los jueces, el municipio y la provincia, ya que no hay una legislación clara al respecto" estimó.
Fuente: Notiexpress/Radio2
http://www.notiexpress.com.ar/contentFront/rosa-locales-8/un-particular-pidio-imagenes-de-camaras-de-seguridad-y-estallo-el-debate-118004.html?skin=.Rosario¤tPage=0¤tActionPager=0&orderBy=&orderMode=DESC&force_publish=
Ayer, la Agencia de Noticias de San Luis reportó que, desde el Programa Seguridad y Planeamiento, a cargo de Diego Masci, se respondió al pedido municipal de que se especifique la ubicación de las cámaras de videovigilancia, adjuntando las notas enviadas por la Municipalidad de San Luis el pasado 4 de agosto de 2008 y 19 de noviembre de 2010, donde se autorizaba la instalación de las cámaras de seguridad en los espacios públicos de la ciudad.
“En esa respuesta se informan cuales fueron las autorizaciones para la instalación del sistema de videocámaras y los lugares donde están las cámaras”, explicó Masci, quien además manifestó que hubo “algún problema de archivo donde no encuentra la documentación” y por eso realiza la solicitud.
De igual manera, el funcionario reiteró una vez más que “la falta de formas para pedir aquella documentación que no se encuentra, a nosotros nos llamó la atención”, refiriéndose al hecho de que el pedido de declaración jurada haya sido firmado por el ex director de Ingresos Públicos municipal.
http://lagaceta-digital.com.ar/tempor/index.php?option=com_content&view=article&id=5946:videovigilancia-envian-a-la-municipalidad-las-autorizaciones-emitidas-por-la-gestion-de-lemme&catid=1:latest-news&Itemid=50
1- Av Perón y Junin (frente Hotel 2 Venados)2- Av Perón y Caidos en Malvinas (Aiello)
3- Av Perón y Av Julio A Roca (frente a Shopping
4- Monseñor Orsali y Ministro Berrondo ( Barrio San Cayetano)
5- Colón y Belgrano ( Edificio nuevo)
6- San Martin y Belgrano (Aiello)
7- Colón y Lavalle
8- Colón y Rivadavia (Los Vascos)
9- San Martín y Ayacucho (Maxi Todo)
10- Calle Artigas al 800 (Paseo del Padre)11- Av España casi San Martin (frente a Terminal)
12- Av Espana y Lafinur (rotonda)
13- Junín al 1100 (sucursal Supervielle)
14- Av Fuerza Aerea y Berta Vidal de Battini (Barrio Amep)
15- Av Lafinur y 25 de Mayo
16- Av. Illia pasando Caseros
17- Av Lafinur y Junín
18- Av Lafinur y Av Illia (cantero central)
- 19 cámara en Rivadavia y Pringles (poste de la plaza)5 Cámaras en Policlino Regional (3 por Caidos en Malvinas, 2 por Ciudad de Rosario)
Las Cámaras en el mapa de la ciudad
Avanzan en el análisis de una ley para regular la videovigilancia en Entre Ríos. Los sistemas tendrán prohibido registrar sonidos.
El jefe de Policía fue a Diputados y dio su apoyo al proyecto de Diego Lara. Los sistemas tendrán prohibido registrar sonidos. La semana que viene se produciría el dictamen.
(...)
Finalmente el jefe policial reafirmó que coincide con el proyecto, ya que existe la necesidad de dar un marco a la videovigilancia pública, que tiene que estar en manos del Estado, pero que también tiene que hacerse a través de una ley que proteja todos los derechos personalísimos de los ciudadanos, como son los derechos al honor, a la imagen y a la intimidad, que no pueden ser vulnerados so pretexto de cualquier sistema.
Por su parte, el autor del proyecto destacó que si bien la autoridad de aplicación será el Ministerio de Gobierno, seguramente la tarea recaerá sobre la Policía provincial.
También recordó Lara que la ley prohíbe taxativamente la captación de sonido. “El derecho español, sobretodo el Tribunal Constitucional Español, ha venido sentando opinión doctrinaria en este sentido, y esto ha sido tomado por el resto de la legislación en el mundo. Así, dentro de estos principios que rigen la videovigilancia pública, está el principio de proporcionalidad. Cualquier captación de imágenes para que sea válida y esté habilitada en el marco de una política de seguridad, tiene que respetar el principio de proporcionalidad. Es decir, tiene que haber una necesaria proporción entre lo que se persigue, la finalidad pretendida, y la eventual afectación a los derechos privativos de las personas. Y ese marco de proporcionalidad que es lo que la ley establece como principio rector, es el que indica que sería un exceso captar audio en estos sistemas, ya que la conversación de las personas entra en un fuero más íntimo sobre lo que no se puede avanzar”, señaló.
Lara también explicó a los miembros de la Comisión qué ocurrirá, una vez sancionada la ley, con las localidades que ya avanzaron en la instalación de sistemas de videovigilancia. “La ley fijará un tiempo para que se adapten a la nueva legislación. Esto ocurrirá en la ciudad donde fui intendente por dos períodos, María Grande; o en otras, como Tabossi, que avanzaron en este tema. También hay localidades en las que a la manipulación de las imágenes la tienen a cargo autoridades civiles del municipio, y todos esos sistemas deberán readaptarse en un tiempo que fijará la ley”, explicó.
La Comisión -que integran Estela Almirón, María Emma Bargagna, Fabián Flores, Pablo Mendoza, Jorge Monge, Juan Navarro, Emilce Pross, Rosario Romero, Fuad Amado Sosa, Laura Stratta y Martín Uranga- volverá a reunirse el martes para analizar la eventuales correcciones que propongan los diferentes bloques; ya que la intención es producir un dictamen que cuente con el aval de la totalidad de los miembros de la misma.
http://www.unoentrerios.com.ar/laprovincia/Avanzan-en-el-analisis-de-una-ley-para-regular-la-videovigilancia-en-Entre-Rios-20120410-0036.html
Proponen regular con una ley el uso de las cámaras de seguridad
Cada vez más ciudades colocan sistemas de filmación en la vía pública, pero no hay legislación que controle su utilización. Quieren armonizar la prevención con el derecho a la intimidad
Tras un largo de período de proliferación de sistemas de seguridad que cuentan con cámaras de video que registran imágenes en diferentes lugares públicos, la Legislatura provincial se dedicaría recién este año al estudio de un marco legal para la instalación de estos sistemas y, también, el tratamiento de las imágenes obtenidas.
El disparador de la discusión será un proyecto que pretende, inicialmente, convertirse en un mecanismo de regulación de la función de la videovigilancia, que en la actualidad se ejerce sobre las personas en el ámbito público sin control.
“No existe norma jurídica que reglamente el cada vez más elevado número de videocámaras que vigilan nuestras acciones en los espacios públicos de nuestros municipios y comunas, de manera tal que no afecten nuestra intimidad, por eso proponemos la presente iniciativa”, señaló en los considerando de la norma el diputado Diego Lara (Frente Entrerriano Federal).
Así, el proyecto de ley no solo plantea regular la obtención de las imágenes, sino también su uso posterior con el objeto de garantizar la convivencia ciudadana, la utilización pacífica de los espacios públicos, la prevención de delitos y faltas de cualquier naturaleza; sin poner en riesgo las garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, los que deberán respetarse en la grabación y uso de las imágenes obtenidas.
Por eso el proyecto regula “la captación, grabación, transmisión, conservación y almacenamiento de imágenes, incluida la emisión, reproducción y tratamiento de los datos personales relacionados con aquellas”.
Se propone entonces que en la utilización de videocámaras (o de cualquier medio análogo) deberá mediar “la razonable proporción entre la finalidad pretendida y la posible afectación al honor, a la imagen, a la intimidad y a la privacidad de las personas, de conformidad con los principios consagrados en nuestra Constitución Nacional y Provincial, exigiéndose una razonable ponderación en cada caso entre el propósito perseguido y la eventual afectación a los derechos personalísimos”.
De esta forma, el tratamiento de imágenes de personas obtenidas en lugares públicos será lícito cuando los sistemas que “se utilicen cuenten con la autorización previa de la autoridad de aplicación” y toda la información obtenida tendrá carácter absolutamente confidencial y la misma sólo podrá ser requerida por magistrados, fiscales o defensores, que “se encuentren abocados a la investigación o al juzgamiento de causas contravencionales o penales”.
Responsables
La norma impulsada por Lara, en caso de ser sancionado el proyecto, señala que las personas que sean responsables de los sistemas de seguridad basados en la filmación o grabación serán civil y penalmente responsables por los daños producidos por la difusión de las imágenes por otras vías que “no sean las determinadas por la presente norma”.
Así, se prohíbe la cesión o copia de las imágenes que no encuadre en los supuestos previstos de la ley. Igualmente, se prohíbe instalar y utilizar videocámaras “para captar imágenes del interior de propiedades privadas -salvo por autorización judicial expresa- ni en lugares permitidos por esta ley, pero que se afecten de forma directa y grave la intimidad de las personas”.
Igualmente se prohíbe registrar datos personales o sensibles en archivos, registros o bancos que “no reúnan condiciones técnicas de integridad y seguridad y que conlleven a la obtención de imágenes que revelen el origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o la vida sexual de las personas”. Además, en ningún caso las videocámaras podrán captar sonidos. Asimismo, en el proyecto impulsado por el ex intendente de María Grande se señala que la obtención de las imágenes (siempre según lo dispone la ley) no tendrá, al menos en principio, por objetivo la formulación de denuncias judiciales por parte de la autoridad de aplicación y monitoreo, salvo la presencia de hechos delictivos, lo que “tendrá que denunciarse dentro del plazo de 24 horas desde su captación ante la justicia, o cuando las grabaciones capten hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones administrativas relacionadas con la seguridad ciudadana, se remitirán al órgano competente para el inicio del oportuno procedimiento administrativo correspondiente”.
En el mismo proyecto se establece que las imágenes deben conservarse durante un año, aunque no deben destruirse luego si están relacionadas con infracciones penales o administrativas en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto.
Ubicar las cámaras
En el proyecto se señala que la existencia de videocámaras o cualquier otro medio análogo debe informarse por medio de colocación de carteles gráficos que “especifiquen, de manera clara y permanente, la zona o ámbito en los lugares públicos o de acceso público”, donde funcionan, aunque no el punto de su emplazamiento. Independientemente de lo establecido en el proyecto, cualquier persona interesada podrá ejercer, ante la autoridad judicial competente, los derechos de acceso y cancelación de las grabaciones en que considere que vulneran su privacidad.
Como medio de control, se señala que la autoridad de aplicación publicará en la página web del gobierno provincial los lugares donde se encuentren situados sistemas de videocámaras, y requerirá que los municipios o comunas publiquen los puntos en los cuales se instalen las videocámaras dentro de su ejido.
El legislador justicialista propone también la creación de un registro de sistemas de captación de imágenes que funcionaría en la órbita de la Subsecretaría de Seguridad dependiente de la Secretaria de Justicia, donde tras la inscripción, se dará la aprobación para su funcionamiento. En ese registro constarán las características del sistema.
Según Lara, debe tenerse presente que “necesitamos un Estado que asegure el servicio de seguridad de la población y atienda la demanda de nuestros vecinos, incorporando tecnología y optimizando las políticas de prevención en seguridad; pero no por eso debemos permitir la perdida de derechos individuales so pretexto de aquella seguridad. De algún modo este proyecto plantea y aborda el interrogante de ¿Quién vigila a los que nos vigilan?”
Según el legislador, el Estado debe constituirse como garante de la seguridad pública, pero sin que “lo habilite a una intromisión irracional o desproporcionada en la vida privada de las personas”. Por eso, el proyecto “persigue encontrar un imprescindible equilibrio entre la llamada ‘videovigilancia’ y la protección de derechos fundamentales y personalísimos al honor, a la imagen, a la intimidad y privacidad de las personas”.
http://www.unoentrerios.com.ar/laprovincia/Proponen-regular-con-una-ley-el-uso-de-las-camaras-de-seguridad-20120219-0013.html
Para comprobar una infidelidad
Un particular pidió imágenes de cámaras de seguridad y estalló el debate
Por pedido de un abogado que solicitó imágenes al centro de monitoreo municipal donde habría quedado registrada la infidelidad de su mujer, se abrió la polémica sobre la utilización de las cámaras de seguridad. Por el momento sólo se responde a pedidos con órdenes judiciales pero la legislación al respecto no es clara.
Un abogado pidió imágenes de las cámaras de seguridad al centro de monitoreo municipal para constatar el engaño de su mujer y estalló el debate en torno a la utilización de las grabaciones.
El hombre pidió imágenes de una fecha y hora específica para demostrar la infidelidad de su esposa; el pedido de una grabación por parte de un particular no estaba contemplado cuando se estableció el uso que se le daría a las filmaciones, por el momento sólo pueden ser solicitadas orden judicial mediante, lo que abrió el debate.
Dicha situación siembra el debate sobre si, entre otras cosas, las cámaras de seguridad vulneran el derecho a la privacidad de la gente que circula por la vía pública, cuyos movimientos son registrados y almacenados durante un mes en formato DVD.
El abogado constitucionalista Oscar Puccinelli explicó que para echar luz al tema “es necesaria la reglamentación de la ley, que sea conteste con la ley nacional de protección de datos”.
“De forma debidamente fundada, puedo pedir mis datos casi con libertad, de acuerdo al artículo 43 de la Constitución. Pero acá se pide el dato de otro; habrá que ver qué posición adoptan los jueces, el municipio y la provincia, ya que no hay una legislación clara al respecto" estimó.
Fuente: Notiexpress/Radio2
http://www.notiexpress.com.ar/contentFront/rosa-locales-8/un-particular-pidio-imagenes-de-camaras-de-seguridad-y-estallo-el-debate-118004.html?skin=.Rosario¤tPage=0¤tActionPager=0&orderBy=&orderMode=DESC&force_publish=
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